Horacio Rovelli
En economía, la “matriz productiva” se refiere a cómo se organiza una sociedad para producir determinados bienes o servicios en un tiempo y precio determinado; cómo emplea los recursos que tiene a su disposición (o desarrolla los inexistentes) para generar procesos de producción que permitan el crecimiento y el desarrollo, propendiendo a la generación de mayor valor agregado, de creación de riqueza y para el bien común, la igualdad de oportunidades y el progreso.
Observamos, después de más de 10 meses de gobierno de Javier Milei, que la matriz productiva es sesgada, con ganancias extraordinarias para un sector minoritario de la población y niveles de pobreza y exclusión social que no tienen calificativo. Y, lo que es peor, que el modelo extractivista y financiero propuesto y legitimado en la ley 27.742, que denominaron “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», profundiza la dualización de la sociedad argentina.
En efecto, dicha ley incluye dos capítulos fundamentales; por un lado, el RIGI (Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que concede beneficios de todo tipo, estabilidad fiscal por 30 años, prioridad para usar el agua y otras fuentes naturales, la no obligación de abastecer el mercado interno y, al quinto año, quienes adhieran pueden no liquidar en el país las divisas de las exportaciones. Y por el otro, el cambio de las relaciones laborales, propiciando medidas de flexibilidad laboral que desconocen los derechos adquiridos por los trabajadores, que busca la caída de los salarios (incluidos los salarios sociales, la educación y salud públicas, y demás), la flexibilidad para contratar y despedir.
El costo de la Canasta Básica Total (CBT) de septiembre de 2024 para una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos fue de 964.620 pesos para no ser pobre (sin contemplar el pago de alquiler por una vivienda). Para no caer en la indigencia, que es la canasta básica alimentaria solamente, 428.720 pesos. Mientras que el salario mínimo vital y móvil para ese mes fue de 268.056,50 pesos para aquellos trabajadores mensualizados que cumplen con la jornada laboral completa, mientras que la hora trabajada para los trabajadores jornalizados se establece en 1.340,28 pesos.
No hay datos oficiales del salario promedio, pero aunque fuera tres veces mayor, estaría por debajo de la CBT. Es decir, podés tener un trabajo registrado y ser pobre. Y la línea de indigencia por debajo del SMVyM configura la peor distribución de ingreso en serie (de varios meses) que se tenga registro en la Argentina.
En el segundo semestre de 2024, el 36,4% de los asalariados no tuvo descuentos jubilatorios. Significa que esos trabajadores no tienen beneficios básicos como obra social, vacaciones pagas o derecho a indemnización en caso de despido. En la construcción, el 70% de los trabajadores no está registrado y el gobierno permite tomar el modelo de fondo de despido de la construcción para generalizarlo a toda la actividad económica.
Los comedores barriales, escolares, parroquiales y asistenciales de todo tipo no dan abasto ante la creciente población que asiste a estos. Las personas y familias que viven en la calle reflejan mejor la situación que los indicadores del INDEC, que al primer semestre de 2024 afirma que el 52,9% de la población (alrededor de 24,8 millones de personas) son pobres. A fines de 2023 la pobreza era del 42%. Hoy hay 5,4 millones más de pobres que en el primer semestre de 2023. La pobreza infantil abarca al 66%; dos de cada tres niños son pobres, en un país que es el tercer exportador mundial de alimentos y forrajes, que exporta cada vez más petróleo y gas y en el que gran parte de la población no puede pagar su consumo.
Un país que cuenta con energía y alimento debería crecer en forma sostenida y distribuir ingresos en forma creciente, solucionando definitivamente el drama de la pobreza e indigencia. El problema es que se apropia de lo que nos corresponde a todos los habitantes de esta Nación, de esta generación y de las generaciones futuras (los nietos de nuestros nietos y más también), una minoría parásita y rentista beneficiada de una deuda pública que no se investigó y no se investiga.
La producción y la deuda
Al mes de agosto de 2024 la UCI (utilización de la capacidad instalada) de la industria alcanzó al 61,3%, por debajo del 67,9% de igual mes del año pasado. En ese marco de retroceso, sin embargo, hubo un sector que trabajó mejor, que es la refinación del petróleo, con el 82% de la UCI (el año pasado, la UCI fue de 72,2%).
Todos los demás sectores: metálicas básicas; papel y cartón; alimentos y bebidas; sustancias y productos químicos; minerales no metálicos; industria automotriz (con el 59,9% de la UCI, cuando en agosto de 2023 fue del 74,3%); tabaco; edición e impresión; metalmecánica; textiles (50,4% de la UCI contra 59,3% del año pasado), y caucho y plástico, tienen datos coincidentes con una caída del PIB del 3,8% y de la Inversión Interna Bruta Fija del 22,2% prevista para este año por este gobierno, pero que va a ser incluso mayor.
Obviamente, las principales empresas de los principales sectores (pensemos en Arcos S. A., Molinos Río de la Plata S. A., Ledesma S. A., Coca Cola, y los grandes laboratorios —Bayer, Roemmers, Bagó, etc.—), gracias a su posición dominante, produciendo y vendiendo menos han mejorado su rentabilidad porque subieron fuertemente sus precios.
En el caso del precio del gas y de los combustibles líquidos, como en la electricidad, el precio propuesto por la Secretaría de Energía no es resultado de la puja de precios del mercado, sino producto de la aceptación de la propuesta oligopólica de los productores y distribuidores que incluyen enormes beneficios a los mismos para estos; tanto es así que se genera en el país y obligan al grueso de la población a pagar incluso por encima del precio internacional.
Y es peor, si cabe, en los productos primarios, cuyo techo en sus precios estaba fijado por el de los mercados externos, y hoy ni siquiera respetan ese límite. Por eso, en las provincias limítrofes (y en las no limítrofes también), los que pueden realizan tours de compras a los países vecinos.
En el marco del modelo extractivista y financiero exportador, las PyMES y microempresas no tienen y no pueden tener capacidad de tejer una red productiva y distributiva independiente de las características antedichas de apropiación de rentas de los grandes empresarios, salvo que le sean de utilidad al modelo extractivista.
Para volver a reimplantar el modelo extractivista y rentístico fue necesaria la deuda que es, a la vez, una fuerte restricción y con ello un mecanismo de dominación. En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda externa de la Argentina en más de 100.000 millones de dólares (de esa suma 45.000 millones de dólares son deuda con el FMI, y a su supervisión y control); deuda que prometió investigar el gobierno de Alberto Fernández y no lo hizo; es más, con reservas internacionales del BCRA les vendió, en los cuatro años de su gestión, 28.472 millones de dólares al precio oficial a las empresas privadas para que paguen sus supuestas deudas.
El déficit fiscal heredado de la gestión de Macri (que tampoco se auditó) se agravó, en parte, justificadamente, por la asistencia a la población por la pandemia del Covid-19 y dio como resultado, según la Cuenta de Inversión de 2023, un déficit fiscal de 4,7% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 22.500 millones de dólares). El gobierno de Milei colocó títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos por el total del déficit fiscal, refinanciando su pago, pero son títulos ajustados por inflación (por el IPC del INDEC).
El gobierno colocó títulos de deuda en pesos por 54.820 millones de dólares (la equivalencia de monedas la realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación). A los que se debe sumar del rubro “otros”, deuda en pesos por 48.007 millones de dólares más. En total suman 102.827 millones de dólares, que son en pesos, pero ajustables por inflación; por ende, una devaluación de nuestra moneda no “licua” la deuda en pesos, sino que se ajusta en forma similar. Es más, en economía se conoce como pass-through el impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.
Todos los que compraron los títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos ganaron fortuna.
Recordemos que los títulos públicos de deuda se ajustan por el IPC del INDEC con 30 a 45 días de atraso desde la publicación del índice. Esto es, los que adquirieron los bonos del Tesoro después de la devaluación de nuestra moneda del 12 de diciembre de 2023 recibieron el beneficio del ajuste del 25,5% del IPC del INDEC de ese mes.
Y a posteriori lo mismo:
En lo que va del año, ganaron en dólares la diferencia entre la inflación (101,6% de los nueve meses de 2024) y la devaluación del dólar CCL (Contado con Liqui de 22,9% en el mismo lapso) que es el dólar de salida, tal el compromiso asumido por Vladímir Werning, vicepresidente del BCRA, el 15 de julio de 2024 en Manhattan ante 40 CEO de fondos de inversión financiera de los Estados Unidos. Lo que fue ratificado en Washington el 27 de agosto de 2024, ante el American Council. Y todos ellos van a apoyar que los Estados Unidos y/o el FMI le presten a la Argentina, porque los que cobran son ellos, mientras la deuda del país aumenta, y esos títulos de deuda van a ser tomados al 100% de su valor en el RIGI.
La ambición sin límites
Y para eso se preparan, para convertir la ganancia exorbitante que les paga el país por sus títulos de deuda, para cancelarlos en petróleo y gas (y otros recursos naturales que la Argentina posee en calidad y abundancia).
Esto explica el pedido de renuncia, el 17 de octubre de 2024, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien fue puesto por los capitales locales del sector (esencialmente los Rocca y los Eurnekián), ahora reemplazado por María Tettamanti, actual gerenta general en NRG Energía S. A., un pool empresarial cuyos principales accionistas son el capital financiero de Manhattan (Vanguard Group, BlackRock, Elliot Investiment, Morgan Stanley, entre otros).
El cómo se reparte el poder y la riqueza en una colonia explica por qué la minera anglo-australiana Río Tinto , con operaciones en 35 países, compró en 6.700 millones de dólares los activos de Arcadium Lithium, la sociedad que nació en enero de 2024 de la fusión de la australiana Alkem y la estadounidense Livent, que es propietaria de los principales yacimientos de litio en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. En las dos empresas (Río Tinto y Arcadium Lithium) tiene participación BlackRock.
La firma de automóviles eléctricos Tesla, en la que es consejero delegado Elon Musk y es el mayor accionista con aproximadamente el 20% del paquete accionario —pero los otros grandes inversores son las empresas de gestión de activos Vanguard Group, BlackRock, y State Street Corporation— procesará el litio para las baterías eléctricas en su nueva megaplanta en Texas (Estados Unidos) que se abastece de Arcadium Lithium (ahora comprada por Río Tinto).
A su vez, Tesla está interesada en comprar las cuatro centrales hidroeléctricas de la Patagonia: Alicurá, Cerros Colorados, Chocón y Piedra del Águila, que se ponen en venta por el decreto 718/2024 del 9 de agosto de 2024, dada la mayor demanda de electricidad de los centros de datos, inteligencia artificial y criptomonedas, que se incrementa años tras año y que duplicaría el consumo eléctrico del planeta para el año 2030.
Esos capitales, ¿con qué van a pagar todo lo que construyó nuestro país y/o sus cada vez más valiosos recursos naturales? Lo van a comprar con los títulos de deuda, que crecen por la renta financiera (para eso nombraron a Caputo y a Bausili), cuyo origen nunca se investigó.
Conclusión
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía (donde tiene importante participación BlackRock) manifestó: “Este es el momento de más optimismo desde que estoy en el negocio, porque Vaca Muerta es un boom que ya se está produciendo. Nunca fuimos más optimistas que ahora: en seis o siete años podríamos producir lo mismo que todo el agro”.
Atahualpa Yupanqui diría: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”. Y también: “Color de sangre minera tiene el oro del patrón”.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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