Venezuela en la mira: El dilema de Estados Unidos

El pasado 12 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a dieciséis funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la FANB. Un acto que, más que tener un efecto real, parece destinado a mostrar de forma simbólica que la Casa Blanca toma una posición activa. No obstante, estas medidas no despejan la incógnita sobre la estrategia que Estados Unidos adoptará para lograr su objetivo de reinsertar a Venezuela en su esfera de influencia.

La fecha de la juramentación, el 10 de enero se acerca rápidamente, pero aún se desconocen los planes y las medidas económicas que Washington podría implementar. El fracaso de la campaña de «máxima presión» de la administración Trump ha dejado lecciones importantes. Aunque las sanciones lograron ejercer presión sobre el Gobierno, también repercutieron directamente en el suministro de petróleo al mercado global y, lo que es peor, causaron un impacto devastador en la población, lo que tuvo un fuerte efecto en la migración. Irónicamente, estas sanciones resultaron ser contraproducentes incluso para los propios intereses de Estados Unidos.

Entre las posibles estrategias que Estados Unidos podría adoptar hacia Venezuela se encuentran varias modalidades de intervención o acciones encubiertas destinadas a la desestabilización. Desde la perspectiva histórica, este tipo de operaciones ha sido una herramienta de uso frecuente en la política exterior estadounidense. ¿Deberíamos pensar que el caso de Venezuela es diferente?

Recientemente, seis ciudadanos extranjeros han sido relacionados con lo que se ha descrito como un complot para generar caos y propiciar un golpe de Estado. Entre los detenidos, figura Wilbert Joseph Castañeda, un infante de marina estadounidense y miembro de los Navy Seals.

Se ha informado que dos detenidos españoles estarían vinculados al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Aunque Madrid ha negado cualquier implicación y la conexión es difícil de confirmar, no se puede ignorar el historial de colaboración entre el CNI y agencias como la CIA. La actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, fue expulsada de Cuba por actividades de espionaje, un antecedente que agrega elementos a este caso.

En planes como los mencionados, la línea entre lo real y lo ficticio es siempre tan difusa que resulta difícil discernir lo auténtico. Precisamente, las operaciones secretas, por su naturaleza, están diseñadas para ocultar intenciones y acciones, lo que obliga a los observadores a estar atentos y verificar cada hecho, sin descartar ninguna posibilidad a priori.

Se ha conocido que la Casa Blanca evalúa otras opciones estratégicas. Una de ellas es la de continuar con el actual esquema de sanciones, pero aplicando ajustes moderados. Esto implicaría mantener las licencias vigentes, aunque bajo ciertas restricciones, mientras se negocia en la sombra un acuerdo político de mediano o largo plazo.

Sin embargo, en Washington no todos están de acuerdo con esta posición. Algunos exigen la suspensión inmediata de licencias como las de Chevron y abogan por un aislamiento diplomático completo. Por su parte, voceros de la oposición venezolana han pedido la cancelación de estas licencias y las califican como “un salvavidas para el régimen”.

Mientras Washington sigue evaluando su política hacia Venezuela, lo que está claro es que las sanciones no han logrado sus objetivos y han tenido consecuencias nefastas. Ante este panorama, la prioridad debe ser redirigir los esfuerzos hacia negociaciones que abran una vía diplomática más efectiva y menos destructiva. La intransigencia extrema cierra más puertas de las que abre: solo a través del diálogo se podrá avanzar hacia acuerdos futuros que consideren tanto los intereses geopolíticos de ambos países como el bienestar del pueblo venezolano.