Panorama Económico Latinoamericano – del 18 al 25 de setiembre de 2024

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Argentina: el pago de la deuda tendrá prioridad absoluta en 2025

Raúl Dellatorre *

El presupuesto nacional argentino para 2025 prevé un crecimiento económico del 5%, inflación del 18% y dólar oficial de 1207 pesos a fin del próximo año. Los gastos corrientes, incluido sueldos, bajarían si cae la recaudación de impuestos.

Las proyecciones económicas para 2025 del gobierno nacional no podrían ser más optimistas, pero además avanzando a ciegas en su cerrada visión de la estabilidad macroeconómica. Javier Milei confía en que el anclaje del dólar le permita prácticamente salir del ciclo inflacionario antes de cerrar este mismo año.

Apuesta, además, a que el violento recorte fiscal le conceda un crecimiento de la actividad del 5 por ciento. Un resultado extraño si, como anunció, el gasto fiscal tendrá un comportamiento procíclico: si cae la recaudación impositiva por baja de la actividad, bajará el gasto público para equilibrar las cuentas: ante signos de recesión económica, responderá con medidas recesivas.

Dichas proyecciones, incluídas en el proyecto de Presupuesto Nacional que ingresó anoche en la Cámara de Diputados, define además una previsión de inflación del 18 por ciento para todo el año 2025, y una evolución del tipo de cambio oficial (¿no habrá libertad cambiaria antes de finalizar el año próximo?) en igual proporción. Concretamente, el valor de la divisa estadounidense al cierre de este año se anticipa en 1019 pesos, y al cierre de 2025 llegaría a 1207 pesos. Esto representa, al igual que para la inflación, una devaluación mensual entre el uno y el 1,5 por ciento.

El elemento más novedoso del mensaje presidencial que acompañó la presentación del presupuesto fue el anuncio de una suerte de «blindaje fiscal».

«El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar, y después ver cómo conseguirlo. Nosotros vamos a hacer al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar», definió Milei, como preámbulo a lo que sería su anuncio.

«Por eso estamos proponiendo una regla fiscal inquebrantable, para este presupuesto y todos los que vengan de acá en adelante: el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por el monto de deuda a pagar».

El pago de la deuda pasa al primer lugar en la escala de prioridades en el uso de los recursos públicos. Incluso por delante de los salarios estatales, que están englobados en lo que Milei definió como gasto primario. Si los ingresos primarios (recaudación fiscal, esencialmente) no superan a los gastos primarios en un volumen suficiente como para pagar la deuda en el período, deberán achicarse esos gastos primarios (para agrandar el superávit y así cumplir con el pago de la deuda).

Pero Milei en su discurso fue todavía más explícito. «Si la economía no crece y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto. Con lo cual, esta vez, será el sector público y no el privado el que absorberá eventuales recesiones».

No se trata de un error en el discurso, sino de la mirada fundamentalista que tiene el presidente de la Nación sobre la economía. Reiteró, varias veces, que el déficit fiscal es la madre de todos los males de la economía, y esa convicción se ve reflejada en estos párrafos. Podría simplificarse sus palabras, sin tergivesar su sentido, diciendo que la eliminación del déficit es lo único que importa.

Pero según él mismo lo expresó, utilizando una muletilla muy repetida en tiempos de la dictadura cívico militar 1976/83, «achicar el Estado es agrandar la nación», que ayer Milei transformó en «achicar el Estado es engrandecer la sociedad», con un lenguaje ni siquiera maquillado del nacionalismo que usaban aquellos militares genocidas.

El otro concepto de consecuencias peligrosas es el de suponer que si hay crisis económica, o recesión directamente, eso es responsabilidad de un gasto excesivo y de un Estado que «ahoga» al capital privado. Es bajo esa concepción que supone que, cuando la recaudación impositiva cae por depresión económica, si al mismo tiempo el Estado se achica estará aportando una solución.

«Esta vez, será el sector público y no el privado el que absorberá eventuales recesiones», afirma. Cuando la experiencia económica demuestra, y no hace falta ser embanderado del keynesianismo para asegurarlo, que si se produce una recesión por la depresión del consumo (es el escenario al cual Argentina corre el riesgo de caer), si a la caída de la demanda privada se le suma una reducción de la demanda pública (el gasto fiscal), es casi inevitable que se esté provocando una profundización de la recesión.

El blindaje fiscal que propone Milei es el reflejo de esa concepción. Lo enfatizó en su planteo sobre el rol del Estado: garantizar la estabilidad macroeconómica y la seguridad personal y de la propiedad privada. «Para lo demás, está el mercado, o los estamentos de gobiernos sub nacionales (provincias y municipios)». Ni salud, ni educación, vivienda, obra pública o alimentación básica entran en su definición. Todos esos gastos pueden ser objeto de «ajuste» si el superávit fiscal primario no es el suficiente para satisfacer la demanda de los acreedores. Esto es, los vencimientos de deuda (capital e intereses) de cada período.

Falacias y ocultamientos

En su afán de responsabilizar al déficit fiscal de todos los males, Milei argumentó que Argentina lleva «más de 120 años de déficit fiscal, de los cuales apenas diez años no tuvieron déficit porque ya había saltado todo por los aires y estábamos en default«. Y que ese déficit permanente se compensaba con más impuestos, mas emisión o más endeudamiento, lo que provocaba inflación, pobreza, falta de inversión y ahuyentar a los capitales.

No explicó, en cambio, que las políticas neoliberales que él defiende, fueron las que terminaron en las peores crisis inclusive de deuda externa. Sólo tomando en cuenta los últimos cincuenta años, hubo tres procesos neoliberales con cuyos responsables el presidente Milei siente una elevada afinidad, que terminaron en las peores crisis de este medio siglo.

No fue la política neoliberal de la dictadura cívico militar de 1976, que encabezaba Jorge Videla pero tenía en José Alfredo Martínez de Hoz, su ministro de Economía, al principal mentor de un nuevo modelo económico. Una transformación que, en diversos puntos, se relaciona con el modelo de país que ahora impulsa Milei. Esa política económica de extranjerización y concentración terminó en una brutal crisis de deuda en 1981/82, la cual ayer Milei mencionó pero sin referir que había estado originada en una política neoliberal, y no «populista».

Dos decadas después, en los 90, fue el turno de la convertibilidad de Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Carlos Menem, que terminó en el desastre de 2001, ya con Fernando de la Rúa en el gobierno pero con Cavallo y Federico Sturzenegger en el Palacio de Hacienda. El estallido de la convertibilidad fue la consecuencia de un último y fallido plan de salvataje instrumentado junto al FMI, y el default final que no fue obra del Congreso y del presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa, como señaló ayer el presidente, sino del estallido de la convertibilidad.

Finalmente, el tercer momento cumbre de esta historia del neoliberalismo en Argentina fue el gobierno de Mauricio Macri y el nefasto acuerdo stand by con el FMI que todavía pesa como una condena sobre la economía nacional.

Cuando Milei califica al endeudamiento como una forma de «cargarle a las generaciones futuras el despilfarro de hoy, que no es otra cosa que entregar en el altar del populismo la vida de nuestros jóvenes», no debería dejar de mencionar a cada uno de estos responsables. Inclusive su experiencia propia, en la que pese al brutal ajuste aumentó la deuda pública en varias decenas de miles de millones de dólares.

No se trata de un error en el discurso, sino de la mirada fundamentalista que tiene el presidente de la Nación sobre la economía. Reiteró, varias veces, que el déficit fiscal es la madre de todos los males de la economía, y esa convicción se ve reflejada en estos párrafos. Podría simplificarse sus palabras, sin tergivesar su sentido, diciendo que la eliminación del déficit es lo único que importa.

Pero según él mismo lo expresó, utilizando una muletilla muy repetida en tiempos de la dictadura cívico militar 1976/83, «achicar el Estado es agrandar la nación», que ayer Milei transformó en «achicar el Estado es engrandecer la sociedad», con un lenguaje ni siquiera maquillado del nacionalismo que usaban aquellos militares genocidas.

El otro concepto de consecuencias peligrosas es el de suponer que si hay crisis económica, o recesión directamente, eso es responsabilidad de un gasto excesivo y de un Estado que «ahoga» al capital privado. Es bajo esa concepción que supone que, cuando la recaudación impositiva cae por depresión económica, si al mismo tiempo el Estado se achica estará aportando una solución.

«Esta vez, será el sector público y no el privado el que absorberá eventuales recesiones», afirma. Cuando la experiencia económica demuestra, y no hace falta ser embanderado del keynesianismo para asegurarlo, que si se produce una recesión por la depresión del consumo (es el escenario al cual Argentina corre el riesgo de caer), si a la caída de la demanda privada se le suma una reducción de la demanda pública (el gasto fiscal), es casi inevitable que se esté provocando una profundización de la recesión.

El blindaje fiscal que propone Milei es el reflejo de esa concepción. Lo enfatizó en su planteo sobre el rol del Estado: garantizar la estabilidad macroeconómica y la seguridad personal y de la propiedad privada. «Para lo demás, está el mercado, o los estamentos de gobiernos sub nacionales (provincias y municipios)». Ni salud, ni educación, vivienda, obra pública o alimentación básica entran en su definición. Todos esos gastos pueden ser objeto de «ajuste» si el superávit fiscal primario no es el suficiente para satisfacer la demanda de los acreedores. Esto es, los vencimientos de deuda (capital e intereses) de cada período.

Falacias y ocultamientos

En su afán de responsabilizar al déficit fiscal de todos los males, Milei argumentó que Argentina lleva «más de 120 años de déficit fiscal, de los cuales apenas diez años no tuvieron déficit porque ya había saltado todo por los aires y estábamos en default«. Y que ese déficit permanente se compensaba con más impuestos, mas emisión o más endeudamiento, lo que provocaba inflación, pobreza, falta de inversión y ahuyentar a los capitales.

No explicó, en cambio, que las políticas neoliberales que él defiende, fueron las que terminaron en las peores crisis inclusive de deuda externa. Sólo tomando en cuenta los últimos cincuenta años, hubo tres procesos neoliberales con cuyos responsables el presidente Milei siente una elevada afinidad, que terminaron en las peores crisis de este medio siglo.

No fue la política neoliberal de la dictadura cívico militar de 1976, que encabezaba Jorge Videla pero tenía en José Alfredo Martínez de Hoz, su ministro de Economía, al principal mentor de un nuevo modelo económico. Una transformación que, en diversos puntos, se relaciona con el modelo de país que ahora impulsa Milei. Esa política económica de extranjerización y concentración terminó en una brutal crisis de deuda en 1981/82, la cual ayer Milei mencionó pero sin referir que había estado originada en una política neoliberal, y no «populista».

Dos decadas después, en los 90, fue el turno de la convertibilidad de Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Carlos Menem, que terminó en el desastre de 2001, ya con Fernando de la Rúa en el gobierno pero con Cavallo y Federico Sturzenegger en el Palacio de Hacienda. El estallido de la convertibilidad fue la consecuencia de un último y fallido plan de salvataje instrumentado junto al FMI, y el default final que no fue obra del Congreso y del presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa, como señaló ayer el presidente, sino del estallido de la convertibilidad.

Finalmente, el tercer momento cumbre de esta historia del neoliberalismo en Argentina fue el gobierno de Mauricio Macri y el nefasto acuerdo stand by con el FMI que todavía pesa como una condena sobre la economía nacional.

Cuando Milei califica al endeudamiento como una forma de «cargarle a las generaciones futuras el despilfarro de hoy, que no es otra cosa que entregar en el altar del populismo la vida de nuestros jóvenes», no debería dejar de mencionar a cada uno de estos responsables. Inclusive su experiencia propia, en la que pese al brutal ajuste aumentó la deuda pública en varias decenas de miles de millones de dólares.

 

Industria petrolera en Brasil vive una nueva era de crecimiento

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La industria petrolera en Brasil está experimentando una fase de crecimiento intenso, alcanzando niveles de actividad cercanos a los registros de 2014. El número de plataformas de perforación y buques de apoyo a la producción va en aumento, y el empleo en el sector ha aumentado más de un 40% desde 2020.

Con un escenario prometedor para los próximos años, las empresas de servicios de apoyo de la industria enfrentan desafíos para cubrir la creciente demanda de mano de obra calificada. El presidente de Ocyan, Jorge Mitidieri, advierte de que la escasez de profesionales cualificados es el «gran cuello de botella» para el continuo crecimiento. La compañía, que ha abierto 500 vacantes para el mantenimiento de plataformas, ha tenido dificultades para encontrar candidatos capaces de cubrir estas plazas.

Las proyecciones de la Asociación Brasileña de Empresas de Bienes y Servicios Petrolíferos (Abespectro) indican que el sector debe continuar en expansión hasta al menos 2029, apoyados por inversiones ya contratadas en nuevas plataformas de producción. Telmo Ghiorzi, secretario ejecutivo de Abespetro, señala que el volumen de inversiones planeadas para el sector es robusto, con unos R$500 mil millones en inversiones para 2028, además de R$ 24.000 millones dedicados a la explotación de nuevas reservas.

El Instituto Brasileño de Petróleo, Gas y Biocombustibles (IBP) señala que la maduración de los descubrimientos previos a sal y el atractivo del petróleo brasileño, con menos azufre y menos impacto ambiental, han impulsado la expansión. Sin embargo, el presidente del IBP, Roberto Ardenghy, advierte sobre el riesgo de un «apagón laboral» debido a la falta de una estrategia efectiva para formar a nuevos profesionales calificados en el sector.

Además del crecimiento de las operaciones de exploración y producción, el segmento de buques de apoyo también se enfrenta a problemas similares. Con la creciente demanda de transporte de insumos e instalación de equipos submarinos, el sector ha solicitado el apoyo de la Armada para impulsar la formación de nuevos profesionales.

El impacto del sector petrolero en la economía brasileña es significativo. Datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que la industria petrolera ha sido uno de los principales motores del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En el segundo trimestre de 2024, el sector extractivo creció un 1% en comparación con el mismo periodo de 2023, impulsado en gran medida por la producción de petróleo.

La expectativa es que la producción nacional de petróleo, que hoy ronda los 4 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, supere los 5 millones en 2030.

Sin embargo, los expertos advierten que para mantener este ritmo de crecimiento, es fundamental invertir en la apertura de nuevas fronteras de exploración, como el Margen Ecuatorial, que se extiende a lo largo de la costa brasileña desde Rio Grande do Norte hasta Amapá, abarcando las cuencas hidrográficas de la desembocadura del río Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará y Potiguar.

Uruguay: oficialismo contra la protección del campo natural

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Camila Méndez

“Como uruguayo, si tuviera que decir cuál es el ecosistema natural que más valoro, sin duda diría que es el campo natural. El campo natural es nuestra Amazonia”, dijo Walter Baethgen, ingeniero agrónomo y vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. La declaración tuvo lugar el martes ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, que se reunió para tratar el proyecto de ley que busca proteger el campo natural, uno de los ecosistemas más amenazados de nuestro país, incluyendo “la producción agropecuaria en emprendimientos familiares y las manifestaciones y modos sociales y culturales que constituyen el patrimonio cultural y social de los modos de producción del campo natural”.

La iniciativa parlamentaria fue promovida por la Asociación Uruguaya de Ganaderos de Pastizal –de la que forma parte el exministro de Ganadería Carlos María Uriarte– y diputados del Frente Amplio, también fue apoyada por el Ministerio de Ambiente. Durante más de un año se recibieron delegaciones, pero no se llegó a un consenso. Los cuatro representantes de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados –Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto– votaron en contra del proyecto. Únicamente los tres diputados del Frente Amplio votaron a favor de su aprobación.

“Creemos en la importancia del campo natural, creemos en la importancia de haber puesto el tema arriba de la mesa, creemos que Uruguay está lejos de tener las luces prendidas en cuanto a campo natural y creemos también que el productor uruguayo lo ha cuidado, pero, a su vez, el campo natural uruguayo nunca va a bajar de determinada cantidad de hectáreas, porque es para lo que, justamente, más se necesitan esas nueve millones de hectáreas”. dijo Gonzalo Onetto, diputado por el Partido Nacional.

“Estaríamos discutiendo esto por un margen de un millón de hectáreas que podrían cambiarse o no cambiarse, sobrepastorearse o no sobrepastorearse”, añadió Onetto, el único legislador de la coalición de gobierno que hizo uso de la palabra para dar su postura durante la instancia.

Curiosamente, la sesión tuvo lugar el mismo día en que un grupo de académicos de las ciencias agrarias apoyó el proyecto de ley y advirtió la necesidad de que se desarrollen políticas públicas para detener su pérdida.

Ubaldo Aita, diputado del Frente Amplio e impulsor del proyecto de ley, señaló que la discusión estuvo “atravesada por un fuerte componente ideológico”. Sostuvo que también influyó que estemos transitando por un año electoral y la “presión que tienen las grandes organizaciones rurales en los partidos de la coalición” de gobierno.

“Uno analiza cuál ha sido el posicionamiento de quienes han manifestado estar en contra del proyecto y hay un miedo a restricciones en término de lo que pueden hacer con su propiedad. Uruguay pierde una muy buena oportunidad de tener una ley que proteja un recurso que, como se dijo ayer, es nuestra Amazonia”, planteó.

Es que no debemos olvidar que en nuestros pastizales viven 222 de las 351 aves que habitan Uruguay, 55 de los 74 mamíferos, 36 de los 65 reptiles, cuatro de los 48 anfibios y 114 de las 315 plantas leñosas, por nombrar sólo algunos ejemplos. La biodiversidad que existe en estos ecosistemas es la encargada de hacerlos más resilientes a los efectos de las sequías y otros eventos climáticos extremos. En pocas palabras, se convertirán en un tesoro para los años venideros de crisis climática.

Aita indicó que el proyecto hubiera protegido al pequeño productor garantizándole “rentabilidad” y asesoramiento técnico, y, por lo tanto, “si tienen una afirmación de su modo de vida, no van a abandonar el campo y no van a vender la tierra”.

El legislador también consideró que definir el proyecto como “prolatifundista”, como surgió en el intercambio, es “un elemento terrorista para defender la negativa a votar”. “Se pierde una gran oportunidad en términos de cómo legislar en materia de recursos naturales. Aquí hubo un incipiente proceso de búsqueda de una política de Estado, que en materia de recursos naturales es altamente necesaria. Sin embargo, se frustró en función del fuerte componente ideológico que tuvo la discusión”, finalizó.

Peñarol, Nacional y el talón de Aquiles

El mismo día que discutieron el proyecto de ley, la comisión recibió a una delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Entre los presentes estuvieron el ministro, Fernando Mattos, el subsecretario, Juan Ignacio Buffa, el director nacional de Recursos Naturales, Martín Mattos, y el director de la Dirección Forestal, Carlos Faroppa.

“Entendemos que se puede confluir o coincidir con los objetivos generales a los que apunta este proyecto de ley, pero sin la necesidad de la ley”, manifestó Mattos, según la versión taquigráfica. “No nos coloquemos como Nacional y Peñarol, como que estamos en contra de esto y estamos en contra de la iniciativa. Entendemos que no es necesario avanzar en un proceso legislativo porque también deberíamos tener aquí una cantidad de consideraciones sobre el articulado”, insistió.

Asimismo, Mattos afirmó que “hay oportunidades de mejora” que “puede ser importante incorporar en la legislación o en la reglamentación actual, como, por ejemplo, cómo podemos capturar, o mejorar, o generar ingresos adicionales al productor en los servicios ecosistémicos”.

Por otro lado, el jerarca manifestó que “vamos a un camino de mayor reglamentación, regulación, donde no está muy claro quién es el que va a determinar la libertad de empresa y la libertad de trabajo que está consagrada en la Constitución”. Este argumento va en la misma línea que lo expuesto por la Asociación Rural Uruguaya (ARU) semanas atrás cuando manifestó su oposición al proyecto de ley porque afecta “la libertad de trabajo”.

El ministro señaló que “confluyen los intereses de la preservación ambiental y también los derechos de la preservación al trabajo y a la libre empresa”. “Tratemos de buscar el equilibrio justo para que tengamos una definición clara”, acotó. Más adelante, también planteó: “En el campo natural vemos distintas cifras. Hay gente que dice que venimos deteriorándolo en forma acelerada, y yo entiendo que no es esa la película, no es esa la realidad, y evidentemente hay una condición de preservación del campo en sus distintos estadios que en Uruguay todavía se mantiene en un porcentaje bastante alto”.

Mattos también hizo referencia a la normativa que aprobó el Parlamento de la Unión Europea en 2023, en la que se establece que las empresas que vendan productos al conglomerado de países deberán certificar que su producción no procede de tierras deforestadas. Describió que “ha generado algunos ruidos” y que están trabajando intensamente, porque “en Uruguay hay tres cadenas productivas importantes que estarían comprendidas dentro de esa reglamentación; me refiero a la cadena de la soja, a la cadena de la madera y a la cadena de la carne”. “Podemos pensar que el día de mañana podrán decir ‘Uruguay tiene una reglamentación del campo natural; entonces, todas aquellas producciones que provengan del campo degradado –estoy dando un ejemplo aleatorio– también las vamos a poder restringir porque están afectando la biodiversidad, el bioma’. Sin duda, esto puede generar –no digo que sea así, no lo estoy afirmando– un talón de Aquiles para nuestras exportaciones”, dijo.

¿Lo mejor es no hacer nada?

Luego del intercambio con las autoridades del MGAP, la comisión recibió al presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Bonica, y su vicepresidente, Walter Baethgen. “Vinimos sólo nosotros dos porque los integrantes de la Junta del INIA, que pertenecen a gremiales agropecuarias, han expresado su voz, viniendo con sus gremiales o a través de ellas. De esta manera, mantenemos la individualidad de cada uno. Venimos sin técnicos investigadores para no comprometerlos”, aclaró Bonica.

Luego, el presidente de la institución que se dedica a la investigación para mejorar la producción agropecuaria dio paso a su visión de la iniciativa parlamentaria: “Estoy seguro de que ustedes han escuchado muchas voces en todo sentido. Quiero manifestar mi gran respeto por todas esas voces, más allá de que se hayan manifestado para un lado o para el otro. Profeso un gran respeto por todas ellas, pero creo que lo mejor acá es no hacer nada; de corazón lo digo, con una convicción muy grande, con una convicción que surge de mis años de experiencia, pero permítanme nombrar a mis padres y a mis abuelos, que son los que me han transmitido esto, y no voy más atrás porque me tendría que ir a otro continente porque mis antepasados no estaban acá. Vivir con la naturaleza es importante, es divino, y hay veces que lo mejor es no hacer nada; este es nuestro mejor comentario y el más sano que queremos dejarles a ustedes”.

Luego tomó la palabra Walter Baethgen, que, tras sostener que “el campo natural de Uruguay es la Amazonia uruguaya”, también adhirió a la idea del presidente del INIA. “Como decía Bonica, hay veces que con la mejor intención del mundo el ser humano busca reglamentar cosas, pero en algunos casos, y lo digo por mi experiencia en el mundo, no sólo en Uruguay, con esa buena intención se reglamentan cosas que terminan perjudicando lo que uno quiere proteger. Ese es el peligro que veo como científico”.

Sin embargo, el peligro que ve otro gran conjunto de científicos para el campo natural de Uruguay no es la torpeza a la hora de reglamentar acciones y redactar leyes, sino la evidencia pura y dura de la pérdida de pastizal natural, así como de las dificultades, con el conocimiento actual, para su regeneración o restauración.

Rechazado el proyecto, lo mejor que podemos ofrecerle a nuestra Amazonia uruguaya es “no hacer absolutamente nada”.

*Periodista de temas ambientales de Ladiaria, Uruguay

Egipto busca importar carne bovina y subproductos bolivianos

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La República Popular de Egipto busca importar carne bovina y subproductos bolivianos, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) agiliza su habilitación.

En una reunión presencial, el director general ejecutivo del Senasag, Juan Quiroz, y el embajador de la República Árabe de Egipto, Hatem Elnashar, conversaron sobre la exportación de productos y subproductos bolivianos.

“Se tiene interés comercial para exportación de productos y subproductos de origen animal y vegetal. En la reunión se habló del tema de agilización para la habilitación de  carney subproductos de bovino”, informó el Senasag mediante sus redes sociales.

En el encuentro, Quiroz y Elnashar coordinaron realizar una visita a la República Popular de Egipto y recibir en el país a una misión de esa nación para una inspección in situ a los establecimientos de producción cárnica.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en los tres últimos años, Bolivia logró obtener 362 millones de dólares por la exportación de carne bovina sin desabastecer el consumo del mercado interno.

Actualmente, Bolivia exporta carne bovina y sus derivados a los mercados de China, Rusia, Perú y Ecuador, principalmente, entre otros, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Crecen exportaciones de urea

Las exportaciones de urea producida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) crecieron en 42% y alcanzaron a s 56 millones de dólares a junio del presente año, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las exportaciones del agrofertilizante se incrementaron de 40 millones, entre enero y junio de 2023, a 56 millones de dólares en el mismo periodo de este 2024, con un crecimiento de 42%.

La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) de YPFB exporta el agrofertilizante a Brasil, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú y Chile, los tres primeros mercados naturales y los últimos solicitan cada cierto tiempo.

La urea es el fertilizante nitrogenado más reconocido y de mayor importancia a escala mundial. El producto “Hecho en Bolivia” es reconocido por su calidad no sólo por agricultores locales, sino también internacionales.

Su aplicación contribuye a aumentar el rendimiento de los cultivos agrícolas, ayuda a garantizar la seguridad alimentaria del Estado y permite generar mayores ingresos para los productores agropecuarios.

 

Crece la deuda pública de América Latina

El problema de la deuda externa en América Latina - NODAL

La deuda pública de los países de América Latina y el Caribe creció durante la pandemia covid-19 y pasó de los cuatro billones (millones de millones) de dólares, registró la ONU Comercio y Desarrollo (Unctad). Los niveles de deuda aumentaron desde el inicio de la pandemia en 2020, ya que los países respondieron para fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva, lo que llevó a déficits fiscales récord.

Ya en la década anterior, el fin del superciclo de las materias primas -cuya exportación masiva favoreció a las economías de la región- y la desaceleración del crecimiento, junto con déficits fiscales elevados y persistentes, dieron lugar a un aumento constante de los niveles de deuda pública regional.

La deuda pública en la región aumentó así de 2,44 billones de dólares en 2010 a 3,52 billones en 2019, y al cierre de 2022 alcanzó a 4,01 billones. Los mayores deudores son Brasil, con 1,84 billones, y México, con 950 000 millones de dólares.

La deuda pública se refiere a la deuda interna y externa del gobierno general, éste formado por los gobiernos central, estadales y locales, y los fondos de seguridad social controlados por esas unidades.

El incremento fue un patrón generalizado y, en 2022, 19 de 33 países de la región tenían niveles de deuda pública equivalentes a 60 % del producto interno bruto (PIB) o más, en comparación con solo nueve países en 2010.

De ellos, 12 registraron un nivel de endeudamiento de 80 % del PIB o más, en comparación con cinco en 2010. Los mayores aumentos durante el período 2010-2022 se observaron en Venezuela, Suriname, Bahamas, Bolivia y Argentina. En contraste con la tendencia general en la región, los niveles de deuda pública cayeron en Belice, Granada, Guyana, Jamaica y Saint Kitts y Nevis. Los dos últimos países implementaron grandes consolidaciones fiscales en el contexto de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La deuda externa, señala el instrumento de la Unctad, es una fuente cada vez más importante de financiamiento para las operaciones gubernamentales en algunos países de América Latina y el Caribe. En la mitad de los países, la deuda externa ha crecido, de 17,5 % a 30,3 % del PIB entre 2010 y 2021, y ese aumento ha supuesto una mayor carga para los ingresos de divisas por exportaciones.

En la mitad de los países, la relación entre deuda pública externa y exportaciones aumentó durante ese período, de 74 a 114,3%. Ese empeoramiento de la tendencia advierte de que los países enfrentan desafíos cada vez mayores para cumplir con sus obligaciones financieras externas con su capacidad exportadora actual.

Además, la proporción de deuda pública en manos de acreedores no residentes, que incluye a los tenedores de deuda en moneda nacional, aumentó en la región durante la última década, de 23,4 % en 2010 a 32,5 % en 2021.

La proporción de acreedores no residentes aumentó marcadamente durante el período en Chile, Colombia y Paraguay, cada uno con un aumento de más de 20 puntos porcentuales. Los tres países solicitaron préstamos activamente en los mercados financieros internacionales durante ese período.

Otros países que también hicieron un uso extensivo de los mercados internacionales de bonos, como Perú, registraron pocos cambios, ya que la emisión de deuda interna también aumentó. En cambio, la proporción de deuda pública externa disminuyó marcadamente en Guatemala y México.

A pesar de estas tendencias generales, la proporción de acreedores externos en la mayoría de los países de la región se encuentra por encima de los parámetros de vulnerabilidad de alerta temprana del FMI (dentro de un rango de 20 a 60%). Se destacan la República Dominicana y Paraguay, con una proporción de no residentes de 74 y 89 %, respectivamente.

Los tenedores de bonos privados son los acreedores externos más importantes de América Latina y el Caribe, pues el predominio de los prestamistas multilaterales y bilaterales se erosionó rápidamente en la década de 2010, a medida que la deuda pública externa se concentraba cada vez más en manos de acreedores privados.

La proporción de acreedores multilaterales y bilaterales cayó de un máximo de 33 % en 2010 -tras la crisis económica y financiera mundial de 2008-2009- a 26% en 2021. La porción de deuda pública externa en manos de acreedores privados es mayor en América Latina que en el conjunto de todas las economías en desarrollo.

La importancia relativamente mayor de los tenedores de bonos de deuda externa es evidente en muchos países: representan más de la mitad de la deuda externa pública total en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Los prestamistas multilaterales y bilaterales siguen siendo acreedores importantes para países con acceso limitado a los mercados financieros internacionales, como Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua.

El aumento de los pagos de intereses por la deuda desplaza cada vez más los recursos internos disponibles para la inversión pública y el gasto social. En varios países de la región esos pagos superan el gasto público en salud, educación e inversión. Puede ser el indicador más claro del sufrimiento del desarrollo causado por los altos niveles de servicio de la deuda, observa la Unctad, hasta el año pasado denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

En 2021, los gastos públicos destinados al pago de intereses superaron al de educación en Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago, y equivalieron a 60 % o más del gasto en educación en muchos otros países. Resultados similares se observan en comparación con el gasto en atención de la salud, donde las proporciones superan el 100 % en Barbados, República Dominicana, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe, 351 millones de personas, vive en países que gastan más en intereses que en salud. Los pagos de intereses, en relación con la inversión pública –adquisición de activos fijos- son elevados en muchos países, y particularmente en Brasil y Costa Rica.

En conjunto, estas tendencias están llamadas a exacerbar la dinámica de la deuda e intensificar los desafíos de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe en un momento crítico, asienta el panel de control de la Unctad. Hoy, en todo el mundo, más de 3300 millones de personas viven en países que gastan más en pagos de intereses de la deuda que en educación o salud.

La deuda pública mundial casi se ha duplicado desde 2010, con un récord histórico de 97 billones de dólares en 2023, y el aumento de las tasas de interés ejerce una presión adicional sobre los presupuestos gubernamentales de los países en desarrollo.

 

Sequía, apagones y falta de inversión jaquean al sector petrolero ecuatoriano

 

Sergio Pintado 

La sequía en la región amazónica y los apagones masivos obligan a la petrolera Petroecuador a paralizar pozos, dejando de producir decenas de miles de barriles al día. El analista José Orellana dijo a Sputnik que la baja en la producción es de 35.000 barriles diarios desde enero y atribuyó el problema a la falta de inversión.

La sequía que afecta a la región amazónica de Ecuador no solo provoca apagones y problemas energéticos al país, sino que también profundizó los problemas de la petrolera estatal Petroecuador que podrían, incluso, comprometer el futuro del país como exportador de petróleo.

A través de un comunicado, Petroecuador confirmó el 6 de septiembre que la sequía que afecta desde hace meses a la región de Orellana (en el este ecuatoriano) y más precisamente al río Napo, ha obligado a la compañía a cerrar pozos ubicados en la zona. La medida, según la propia empresa, redunda en una reducción de la producción en unos 4.300 barriles diarios de petróleo.

Para peor, la propia compañía indica que, debido a las condiciones climáticas en la zona, «no existe una fecha estimada de mejora del nivel del río para que el abastecimiento de combustible vuelva a la normalidad».

Pero lo ocurrido con el río Napo puede ser solo una cuenta más en un collar de malas noticias para Petroecuador. Según datos del analista petrolero ecuatoriano Nelson Baldeon, un apagón masivo ocurrido el 7 de septiembre provocó la paralización temporal de otros pozos de Petroecuador, provocando que ese día se extrajeran 11.895 barriles menos en todo el país.En diálogo con Sputnik, el asesor empresarial y experto ecuatoriano en temas petroleros, José Orellana, advirtió que la baja en la producción petrolera de la empresa resultó en 35.000 barriles diarios menos en promedio, si se considera desde enero hasta septiembre de 2024.

Además, podría haber otros 50.000 barriles diarios menos cuando el país acabe de cerrar el bloque 43 ITT, un yacimiento cuya explotación fue limitada en un plebiscito realizado en 2023.»La baja de 35.000 barriles de petróleo por día en promedio es muy importante, dado que el precio del crudo está a la baja y potencialmente el Brent apunta a los 60 dólares», apuntó el especialista.El experto puso énfasis en que la baja del precio internacional del petróleo hace más preocupante la disminución en la producción. En ese sentido, recordó que el descenso en el precio se siente particularmente en países productores de petróleo como Ecuador, dado que «un barril de petróleo compra cada vez menos».

En efecto, si bien la baja en el precio del petróleo puede redundar en una disminución del precio de los combustibles, sobre todo las gasolinas Eco, Extra y Super para los consumidores, actualmente el precio del barril WTI, utilizado como referencia por Ecuador, está por debajo de la cifra utilizada en el presupuesto nacional ecuatoriano.De todos modos, Orellana consideró que el problema de fondo en la baja de la producción petrolera ecuatoriana es la falta de inversiones.»

Ecuador ha realizado muy pocas licitaciones petroleras, conocidas en Ecuador como rondas, y ha habido poca inversión en upstream (exploración y producción), lo que representa gran parte del problema», sostuvo.Para el experto, revertir la situación Ecuador requiere de captar «grandes inversiones para incrementar la producción en campos maduros, así como la exploración y producción en campos nuevos». Sin embargo, advirtió que ese tipo de inversiones no llegarán antes de que finalice el proceso electoral que el país tiene fijado para 2025.

En un artículo para el medio ecuatoriano Expreso, Orellana consideró que si llegan al país inversiones que sirvan para aumentar la producción de petróleo, comenzarán a operar recién en 2026, siempre y cuando el país logre generar estrategias que permitan atraer a grandes petroleras privadas al país.

Para Orellana, la crisis energética solo ahondará la problemática, dado que los problemas con la electricidad impulsan al sector privado a utilizar generadores diésel. Esa nueva demanda alimenta la necesidad de Ecuador de importar cada vez más combustibles.

En efecto, la brecha entre exportaciones e importaciones de combustible se achican cada vez más en Ecuador. El diario Expreso consigna que, mientras la balanza comercial petrolera tenía un saldo favorable de 7.710 millones de dólares en 2013, se redujo a 1.695 millones de dólares en el primer semestre de 2024. El medio advierte que, de acuerdo a analistas económicos, se espera que Ecuador deje de ser un país exportador de petróleo en los próximos años, para pasar a importar más de lo que exporta.

 

Panorama internacional

1.- OPEP: la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025

La OPEP recortó el martes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 en función de los datos recibidos en lo que va de año y también recortó sus expectativas para el próximo año, lo que supone la segunda revisión a la baja consecutiva del grupo productor.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo indicó en un informe mensual que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2,03 millones de barriles diarios (bpd) en 2024, por debajo del crecimiento de 2,11 millones de bpd que esperaba el mes pasado. Asimismo, cifra en 104,24 millones de barriles diarios (mbd) y 105,99 mbd los volúmenes de crudo que el planeta quemará este y el próximo año, respectivamente.

El ajuste supone crecimientos interanuales de la demanda de 2,03 mbd (2024) y de 1,74 mbd (2025). Hace un mes preveía que los aumentos serían de 2,11 y 1,78 mbd, respectivamente.

Pese a esos “pequeños” ajustes a la baja (de 80 mil barriles en 2024 y 40 mil en 2025), el crecimiento del consumo petrolero se situará este año “muy por encima del promedio histórico de 1,4 mbd observado antes de la pandemia de la COVID-19”, destaca el documento.

Estos cálculos se basan en la previsión de que la economía mundial crecerá en un “saludable” 3% este año, y en 2,9% en 2025. La OPEP también recortó su estimación de crecimiento de la demanda mundial para 2025 a 1,74 millones de bpd desde 1,78 millones de bpd.

“El crecimiento económico global demostró ser resiliente” en la primera mitad de 2024, y “ese patrón se extendió al tercer trimestre, impulsado por un fuerte gasto de los consumidores”, destaca la OPEP al resaltar la razón de su optimista visión, que contrasta con la de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Existe una división más amplia de lo habitual entre los pronosticadores sobre la fuerza del crecimiento de la demanda de petróleo en 2024, en parte debido a las diferencias sobre China y, más ampliamente, sobre el ritmo de la transición mundial hacia combustibles más limpios. La reducción sigue dejando a la OPEP en el extremo superior de las estimaciones de la industria.

«De cara al futuro, se espera que el crecimiento económico de China siga estando bien respaldado.»Sin embargo, es probable que los vientos en contra en el sector inmobiliario y la creciente penetración de los camiones de GNL y los vehículos eléctricos lastren la demanda de gasóleo y gasolina en el futuro», señala el informe

Ajuste a la baja

Sitúa el crecimiento de la demanda por debajo del millón de bd, tanto en este como en el próximo año. Las preocupaciones por el debilitamiento del consumo de “oro negro”, especialmente en China, ha presionado con fuerza a la baja los ‘petroprecios’ en las últimas semanas, cuando se precipitaron hasta mínimos anuales.

El barril del brent se vendía este martes por debajo de los 70 dólares, mientras que el del petróleo de Texas (WTI) caía a menos de 68 dólares. Ante la fuerte tendencia bajista, la OPEP y sus aliados decidieron el pasado jueves aplazar al menos hasta principios de diciembre, el aumento de la producción que tenían previsto aplicar a partir de octubre.

Se trata de ocho países que habían abierto los grifos de forma voluntaria y adicional a los fuertes recortes vinculantes que ha adoptado el grupo de 22 ‘petroestados’ en los últimos dos años con el objetivo de apuntalar los precios del “oro negro”.

2. Competencia EEUU – China: ¿security-shoring vs nuevas fuerzas productivas?

Enrique Dussel Peters *

Hemos insistido sobre la importancia de las recientes políticas de Estados Unidos sobre China bajo el concepto de security-shoring desde 2022-2023 (y a diferencia de la moda del near-shoring). Desde entonces la estrategia de EU en contra de China (bajo el lema de invertir, competir y alinear) ha subordinado todas las relaciones bilaterales a su propia seguridad nacional.

No se trata de una estrategia abstracta: en 2022 las tres medidas presupuestarias más relevantes de la administración Biden –la Ley para la reducción de la inflación, la Ley CHIPS para la ciencia y la Ley de infraestructura, todas con el objetivo de enfrentar la competencia con China– ofrecieron un presupuesto de casi 15 por ciento del PIB de Estados Unidos.

Estas medidas, por lo pronto, se han concentrado en cuatro cadenas globales de valor: semiconductores, baterías de gran tamaño, minerales y metales críticos, así como farmacéutica y farmoquímicos. La Casa Blanca está realizando un esfuerzo mayúsculo –con presupuesto y miles de ingenieros y personal– para sobrellevar la dependencia china y retomar el liderazgo tecnológico en estas cadenas globales de valor.

¿Y qué está haciendo China en esta reciente y explícita confrontación y competencia por el liderazgo tecnológico en cadenas globales de valor y tecnologías de punta?

El sector público chino –como se ha venido destacando en esta columna– ha logrado coordinar objetivos educativos, industriales y tecnológicos en las últimas décadas; con la propiedad de alrededor de 45% de su PIB, China ha logrado avances notables en cadenas específicas en las últimas décadas (véase el caso de los autos eléctricos, como resultado de políticas en el corto, mediano y largo plazos). Como resultado de esta programación, China ha logrado escalar en ciencia y tecnología, con un coeficiente de sus gastos sobre el PIB cercanos ya a 2.5% en 2021 (en México estamos cercanos a 0.3% del PIB y con tendencia a la baja desde 2010).

Ante las medidas estadunidenses, y desde el último trimestre de 2023, el presidente Xi Jinping ha insistido en la relevancia de las nuevas fuerzas productivas, es decir, profundizar los esfuerzos de China para sustituir importaciones tecnológicas (particularmente de Estados Unidos, por ejemplo en semiconductores) y, aspecto novedoso, de apostar a tecnologías disruptivas que permitirían el liderazgo tecnológico chino en el futuro: robótica y manufactura biológica y nanomanufactura, telecomunicaciones de nueva generación, internet satelital y grandes modelos de inteligencia artificial, semiconductores avanzados, energía nuclear, exploración de la luna y Marte, así como interfaces cerebro-computadoras y tecnologías celulares y genéticas, entre otras.

En el Tercer Pleno del Partido Comunista de China, en julio de 2024, se reiteraron y profundizaron estos objetivos para los siguientes cinco años: la ciencia y tecnología (CT) como el centro de los esfuerzos chinos (y en su competencia con Estados Unidos) para convertir a China en una superpotencia en 2035. Xi enfatizó que históricamente bajos niveles tecnológicos y subdesarrollo no le permitieron a China desarrollar CT e innovación y que la historia no debiera repetirse. Si bien en el Tercer Pleno no se señalaron objetivos cuantitativos específicos, tampoco presupuestos, es de esperarse que hasta 2029 y 2035 China dedique masivos recursos para continuar y profundizar con el escalamiento tecnológico logrado durante el siglo XXI. La apuesta china, sin embargo, también implicará que muchas inversiones no serán exitosas en aras de apostar a innovaciones disruptivas a diferencia de mejorar y hacer más eficientes tecnologías ya existentes. Detrás de los éxitos actuales de las baterías y autos eléctricos existen un sinnúmero de apuestas fracasadas, con sus respectivos costos.

Los efectos de las políticas de Estados Unidos y China serán significativas en el corto y mediano plazos; las dos mayores economías del mundo buscarán no sólo el liderazgo tecnológico, sino sustituir importaciones de su respectivo competidor. Lo anterior podrá resultar en un futuro interesante ante la sistémica competencia e importantes resultados tecnológicos, de los que terceros países –por ejemplo en América Latina y el Caribe– podrán hacer uso. Esto pudiera llevar a inesperados avances globales en transporte, telecomunicaciones y, sobre todo, en energías renovables y no fósiles en el mediano plazo. Tampoco es descabellado imaginarse escenarios más complejos y catastrofistas, incluso con desenlaces militares entre ambas economías. En 2024, por lo pronto, estamos ante escenarios de alta competencia.

Países como México seguramente pudieran beneficiarse si logramos mantener un equilibrio en la relación con ambos países (y no sólo con uno). ¿Será?

Profesor del Posgrado en Economía y Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM

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