Panorama Económico Latinoamericano – del 12 al 19 de junio de 2024

México: de AMLO a Sheimbaum

Por Michael Roberts

Con una población de más de 130 millones, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y la segunda economía más grande de América Latina.

Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, ha sido presidente desde 2018 y, por lo tanto, no puede volver a presentarse. Su partido, Moreno, que formó en 2012, está apoyando a la ex alcaldesa de la capital, Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum enfrenta la oposición de Xóchitl Gálvez, que representa una coalición de partidos «favorables a las empresas». La campaña ya terminó y Sheinbaum tiene una ventaja de 21 puntos sobre Gálvez en las encuestas de opinión.

La victoria presidencial de AMLO en 2018 fue vista como un giro hacia la izquierda en interés de los trabajadores en México sobre el gobierno de larga data de los partidos corruptos y procapitalistas del PRD y el PAN. En 2018, AMLO hizo campaña sobre tres temas clave : el aumento de la violencia cotidiana y generalizada en todo el país; corrupción endémica entre políticos y funcionarios; y una desigualdad elevada y creciente entre ricos y pobres.

¿Cómo le fue a AMLO en esos temas? Bueno, parece haber habido poca mejora en la violencia y el crimen. Los ’homicidios intencionales’ han disminuido un poco desde 2018, pero siguen siendo mucho más altos que en 2010. En 2020, México tuvo el peor récord entre los principales países latinoamericanos en esta medida. Pero recuerde que esta larga ola de criminalidad es principalmente producto de las guerras de los cárteles de la droga, y la enorme industria exportadora de drogas es en realidad una consecuencia de la adicción de los consumidores en Estados Unidos y de los elementos criminales allí.

¿Qué pasa con la corrupción? AMLO se ha destacado por ser el presidente más incorrupto que ha tenido México desde la década de 1930. El índice de corrupción de Transparencia Internacional muestra que la corrupción entre funcionarios y profesiones es de hecho un poco mejor que en 2018 (cuanto más bajo es el puntaje, mayor es la corrupción), pero aún mucho peor que en la década de 2000.

¿Qué pasa con la desigualdad de ingresos y riqueza? Bueno, según la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad, en 2012, el 1% de los mexicanos con ingresos más altos se llevó el 27,4% de todos los ingresos personales y el 10% más rico se llevó el 64,1%, mientras que el 50% más pobre se quedó solo el 5,4%. Las últimas cifras son para 2022 y muestran que el 1% superior se queda con el 26,8% y el 10% superior se queda con el 64,6%, mientras que el 50% inferior tiene solo el 6,0%. Así que no ha habido ninguna mejora visible en la desigualdad de ingresos durante los años de AMLO.

El profesor Aberlardo Marina, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, muestra que el programa de AMLO de aumentar los niveles del salario mínimo y otros beneficios sociales ha ayudado a los ingresos de quienes están en la parte inferior. En los últimos seis años, el salario mínimo aumentó un 82% y los salarios manufactureros aumentaron un 27%.

Como resultado, la proporción del PIB que se destina a la mano de obra ha aumentado desde un mínimo bajo la presidencia procapitalista de Peña (24,6% en 2012) a 27,6% en 2022, mientras que la participación en las ganancias ha retrocedido. Pero la proporción destinada a los trabajadores sigue siendo muy baja en comparación con la década de 1970, antes del inicio de las políticas neoliberales adoptadas por los gobiernos procapitalistas en México (y a nivel mundial). Luego la participación salarial cayó y la participación en las ganancias aumentó.

Cuando se trata de desigualdad de riqueza, la situación para la mayoría es aún peor. En 2012, el 1% superior de los poseedores de riqueza tenía el 27,4% de toda la riqueza personal en México; el 10% superior tenía un asombroso 80%, mientras que el 50% inferior tenía riqueza negativa (más deuda que activos). En 2022, el 1% superior tenía el 26,8% de toda la riqueza personal; el 10% superior tenía el 79,1% y el 50% inferior todavía tenía riqueza negativa. Nuevamente, no hay ninguna mejora visible.

Y cuando analizamos los índices de pobreza, aunque la tasa de «pobreza extrema» (ganar menos de 2,15 dólares al día) ha caído bajo el gobierno de AMLO, sacando a 8,8 millones de mexicanos de la pobreza –una gran ganancia–, México todavía tiene una mayor proporción de personas que viven con menos ingresos. más de 3,65 dólares diarios que el promedio latinoamericano.

México tiene la relación impuestos/PIB más baja de la OCDE. Los ricos no pagan muchos impuestos……

obligando al gobierno a incurrir en grandes déficits presupuestarios y a endeudarse más para financiar el gasto social y los servicios públicos.

Además de estos temas, ¿cuál es el estado de la economía mexicana? Durante las últimas tres décadas, México ha tenido un desempeño inferior en términos de crecimiento. Su crecimiento económico ha promediado poco más del 2% anual entre 1980 y 2022, lo que limita cualquier progreso en la convergencia en relación con las economías de altos ingresos. De hecho, desde la pandemia, la tasa promedio de crecimiento del PIB real ha sido de solo el 0,7%, aunque en 2020 y 2023, tras el repunte tras la pandemia, la economía se expandió más del 3% cada año. Si se excluyen los aumentos de población, encontramos que el PIB per cápita de México sigue siendo menor que en 2018.

A lo largo de décadas, el sector capitalista de México no ha logrado generar inversión productiva y, por ende, crecimiento de la productividad. La profesora Marina muestra que la inversión productiva (es decir, excluyendo la construcción de viviendas y bienes raíces) nunca ha superado el 17% del PIB y ha caído bajo la presidencia de AMLO. Y hubo estancamiento durante la Larga Depresión de la década de 2010.

Los niveles de productividad son inferiores a los de hace diez años, aunque ha habido cierta recuperación desde la pandemia.

La razón por la que los capitalistas mexicanos no están invirtiendo productivamente, a pesar de una alta participación en las ganancias y bajos impuestos, es que la rentabilidad del capital mexicano ha estado en declive secular y por eso la inversión productiva ha sido rechazada en favor de la especulación inmobiliaria y financiera. Y gran parte de la rentabilidad ha acabado en empresas estadounidenses.

El capital mexicano está dominado por el capital estadounidense. Desde que pasó a formar parte del TLCAN (la zona de libre comercio de Estados Unidos, Canadá y México), luego rebautizado como acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), impuesto por Trump, la economía de México depende cada vez más de las exportaciones a Estados Unidos y de las inversiones de los EE.UU. Las empresas estadounidenses aprovecharán la mano de obra barata de México. Las exportaciones han estado en auge, con un aumento de más del 11% este año. En el otro lado de la ecuación, las remesas de los mexicanos que trabajan en el extranjero (principalmente en Estados Unidos) se han disparado al 4% del PIB.

Más recientemente, mientras Estados Unidos aplica sanciones comerciales contra productos chinos, México se ha convertido cada vez más en un conducto de «tercero» para las importaciones chinas a Estados Unidos.

Todo esto ha ayudado a las cuentas externas de México. En 2023, el comercio de bienes estaba prácticamente en equilibrio y el déficit general en cuenta corriente era solo del 1,4% del PIB.

Esto mantuvo al peso relativamente fuerte frente al dólar, subiendo de MXN19,2/USD en 2018 a MXN17,8/USD en 2023, aunque el peso todavía ha bajado un 30% desde 2012.

Un crecimiento más fuerte en los últimos dos años ha reducido la tasa oficial de desempleo a nuevos mínimos, aunque la alta tasa de empleos «informales» (casuales) oculta la realidad del empleo en México.

Pero la economía no pinta tan bien desde aquí. Sheinbaum enfrentará grandes desafíos. La economía estadounidense se está desacelerando debido al estallido de la ’fiebre del azúcar’ tras el fin de la pandemia y el fin del estímulo fiscal de Biden. Si Trump regresa como presidente en 2025 e impone su plan de aranceles y restricciones generalizados contra todas las importaciones, México podría verse muy afectado.

Mientras tanto, la economía interna se está debilitando. La producción industrial cayó un 3% en marzo, la primera caída desde 2021. Las encuestas de actividad manufacturera revelan que el sector se está contrayendo. Y el gasto minorista de los hogares mexicanos también está disminuyendo. Se espera que el crecimiento del PIB real se desacelere a menos del 2% en 2024.

La presidencia de AMLO mejoró la suerte del 50% más pobre de los mexicanos. Sin embargo, los problemas fundamentales de una economía débil, con una inversión insuficiente de capital, de desigualdades extremas de ingresos y riqueza, de altos niveles de corrupción y criminalidad (con los cárteles de la droga en libertad), no se han resuelto.

El problema es que el programa de AMLO era fundamentalmente keynesiano y apuntaba a utilizar la inversión pública para «cebar la bomba» de la inversión privada. Continuó confiando en el sector capitalista para lograr resultados en lugar de poner a cargo al sector público y la planificación, tomando el control de los bancos (principalmente extranjeros), la compañía petrolera estatal PEMEX y las principales operaciones multinacionales dentro de México. Una transformación tan radical habría provocado una respuesta cruel del capital interno y del imperialismo estadounidense (como se ha aplicado a Venezuela). Entonces AMLO y Sheinbaum no están preparados para seguir ese camino.

Si durante el resto de esta década la economía mundial se desacelera o entra en recesión y México no puede exportar para salir de esa crisis, Sheinbaum se verá presionada a aplicar «austeridad fiscal» para revertir los avances logrados por los sindicatos bajo AMLO. Cuando Lula en Brasil dio paso a Dilmar Rousseff como presidenta, una situación similar a la actual en México, la desaceleración de la economía mundial en la década de 2010, obligó a Rousseff a adoptar medidas procapitalistas, lo que eventualmente condujo a su caída mediante un juicio político por parte del Congreso. Sheinbaum tendrá que evitar un destino similar como primera mujer presidenta de México.

 

Colombia: El fantasma de la recesión

Por Libardo Sarmiento Anzola*

El crecimiento de la economía colombiana se ubicó en 0,7 por ciento durante el primer trimestre del 2024. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda Ricardo Bonilla se apresuraron a declarar que ellos lograron exorcizar el fantasma de la recesión y que gracias a la gestión de la actual administración las actividades productivas se encuentran en una senda positiva y sostenible. ¿Corresponde su optimismo con la realidad?

El espectro de la contracción de la actividad económica está más vivo que nunca. La supervivencia del capitalismo a largo plazo depende de su capacidad para mantener una tasa de crecimiento compuesto del 3 por ciento. En Colombia, desde mediados de 2023, el desempleo crece, la inversión cae, los bancos registran aumentos de las deudas vencidas, se eleva el número de empresas en situación de crisis o quiebra, incrementa la parte del excedente que es despilfarrado, la corrupción y la impunidad campan a sus anchas, caen los ingresos de la Hacienda Pública, la deuda externa se torna impagable y el Gobierno registra problemas de efectivo para cumplir con sus obligaciones corrientes, ante lo cual amenaza con declarar la “emergencia económica” si el Congreso no aprueba aumentar los cupos de endeudamiento. Anuncio que genera pánico, devaluación de la moneda, pérdidas en el mercado accionario y de bonos, encarecimiento del crédito y baja calificación por las evaluadoras. La ampliación que propone el Gobierno de Gustavo Petro es la más alta que se ha hecho en la historia.

Sombras del espanto recesivo. En Colombia, la incertidumbre y pérdida de confianza económica tiene anclajes en la realidad; no son fantasmas imaginarios. Durante los años avanzados del siglo XXI, las economías mundial y colombiana presentan una media de crecimiento (2,6 y 3,6 por ciento) persistentemente inferiores en relación al comportamiento durante la segunda mitad del siglo XX (3,8 y 4,2 por ciento, respectivamente). Aún más, la economía nacional marcha a un ritmo más lento que el promedio mundial: en 2023 la economía mundial creció en 2,6 por ciento y la colombiana en 0,6; para 2024 se proyecta un aumento del PIB mundial en 2,4 y el del país no alcanza a 1 por ciento (gráfico 1).

Durante los tres últimos trimestres (junio de 2023 a marzo de 2024) la economía colombiana no crece. En economía, una recesión describe un periodo en el que por dos o más trimestres consecutivos se registran contracciones en el PIB a través de caídas en la producción y usualmente incrementos en el desempleo. Esta definición permite contar con un estándar claro para diferenciar las recesiones de simples desaceleraciones en el crecimiento de la economía. La tasa de desempleo aumentó de 9,3 por ciento en junio a 10,0 en diciembre de 2023 y en marzo de 2024 escaló a 11,9. Las tasas altas de interés (12,3% en marzo de 2024) se mantienen ante el poco enfriamiento del IPC; la Junta directiva del Banco de la República no da pasos a ceder por el costo de vida que sigue arriba del umbral de 7 por ciento, aún lejos de la meta de inflación del 3 por ciento. La tasa de interés nominal y el nivel de precios están correlacionados positivamente (gráfico 2). A la vez, como lo destacan Marx y Keynes, la inversión es guiada por la diferencia entre la tasa de ganancia (la eficiencia marginal del capital) y la tasa de interés. El crecimiento de la producción real esta correlacionado fuerte y positivamente con este rendimiento neto real sobre la inversión neta.

De manera adicional, desde la temporada de aumento de tasas (1,8% en 2020 y 13% en 2023), se ha visto cierta tendencia de impago en las personas, pues adquirir una deuda comenzó a ser cada vez más costoso en materia de intereses, y aunque estos han reducido progresivamente, la cartera vencida sigue en aumento. Con corte a marzo de 2024, este tópico de los establecimientos de crédito alcanzó $35,4 billones, cifra que aumentó 22,1 por ciento al compararla con las cifras de marzo de 2023, cuando estaba en $29 billones.

No hay espacio para la duda, el espanto de la recesión es real. Se registra una disminución o pérdida generalizada sostenida de la actividad económica. Los datos de crecimiento económico desde el segundo semestre de 2023 son preocupantes e igualmente aumenta el desempleo y el costo de vida se mantiene alto; entonces, cuando se tiene una combinación de tasas de interés altas, la economía no crece, nadie invierte, hay un alto desempleo, caen los ingresos y la inflación no baja al ritmo necesario, la gente se empobrece y las empresas quiebran, se reduce la demanda, la incertidumbre es mayor, la desconfianza se incrementa y los deudores empiezan a colgarse en los créditos.

El presidente Petro culpa a las altas tasas de interés del Banco de la República por el bajo crecimiento de la economía. En el marco del resultado del PIB que presentó el Dane para el primer trimestre del 2024, el cual se ubicó en el 0,7 por ciento, el primer mandatario aseguró que “Mientras la tasa de interés estrangula la economía colombiana, la acción anticíclica de mi Gobierno la hace reflotar”.

Hay algo cierto en la afirmación del Presidente. Durante el primer trimestre de 2024, la economía crece 0,7 por ciento jalonada únicamente por el gasto público. Si se descuenta el aporte del sector público, la economía cae a -0,1 por ciento, acumulando tres trimestres de contracciones consecutivas del sector privado (gráfico 3). Es importante recordar que el gasto público es una especie de “consumo social”, en gran parte el Estado despilfarra el excedente de la economía, no es producción, por tanto nada añade al producto nacional; en consecuencia, las actividades del gobierno pueden considerarse improductivas.

Un fantasma endoparásito. A nivel nacional, una economía asume rasgos endoparasitarios (internos al sistema) en la medida en que los sectores improductivos acaparan partes significativas y crecientes del ingreso nacional generado, de la ocupación y de las ganancias. En el plano internacional, el parasitismo se manifiesta por el peso creciente que asumen las rentas que los países del centro obtienen desde la periferia del sistema mundo capitalista. En las economías capitalistas maduras, el parasitismo creciente implica que los sectores improductivos de la economía (denominado beta: β) se va elevando a lo largo del tiempo, y, consecutivamente, las actividades productivas (denominadas alfa: α) se van reduciendo. En resumen, la parte del PIB que es apropiado por los sectores improductivos va creciendo en términos tendenciales. Estos sectores (financiero, comercio, Estado, etc.) no producen valores ni plusvalía; pero sí se apoderan del plusvalor, de otro modo no podrían existir. El plusvalor o producto excedente solo surge cuando la duración de la jornada laboral excede el tiempo de trabajo necesario para reproducir el nivel de vida de los trabajadores empleados, esto es, sólo cuando se realiza un trabajo excedente. La plusvalía apropiada por los sectores improductivos reduce los beneficios de los capitales productivos, lo cual, a su vez, afecta negativamente la inversión productiva y el crecimiento.

La evidencia empírica muestra que en los países capitalistas centrales el coeficiente β (capital improductivo) se elevó en términos seculares de 37,1 por ciento en 1959 a 80 por ciento a principios del siglo XXI (1).

Para los propósitos del análisis del caso colombiano se precisan las siguientes categorías: i) plusvalía producida o generada (Pg); ii) plusvalía transferida (Pt); iii) plusvalía apropiada (Pa). La primera corresponde a la plusvalía generada por los trabajadores productivos de la rama económica que se está analizando; la segunda es la plusvalía cedida o recibida de otros sectores; la tercera corresponde a la plusvalía que finalmente queda en manos de la empresa o sector económico. En términos formales:

Pa=Pg+Pt

En un mundo caracterizado por el crecimiento endémico del sector militar, de la burocracia, del asistencialismo, la corrupción y de las actividades financieras y comerciales, el tema del trabajo improductivo se niega a ser enterrado (2). Estos sectores y actividades se apropian de plusvalía más no intervienen en su producción; su existencia exige que el sector productivo les ceda parte de la plusvalía generada por el mismo. En consecuencia:

Pt (KI)=-Pt (KP)

Donde (KP) significa capitales productivos y (KI) capitales que se localizan en los sectores improductivos de la economía. La plusvalía apropiada total (Pa) es igual a:

Pa = Pa (KP) + Pa (KI)

Al dividir esta expresión entre la plusvalía apropiada (Pa), obtenemos:

Pa/Pa= Pa (KP)/Pa + Pa (KI)/Pa

Al denominar alfa (α) al primer término después de la igualdad y con beta (β) al segundo, obtenemos que la tasa de apropiación de plusvalía de los capitales y sectores improductivos es equivalente a:

β = 1- α

Los resultados de realizar este análisis para el sistema económico colombiano permite obtener tres resultados: i) un cambio estructural de la economía a partir de mediados de la década de 1970 que implica una reducción del trabajo y los sectores productivos y, en paralelo, una ampliación de las actividades improductivas (gráfico 4); ii) el parasitismo creciente, por tanto β se va elevando a lo largo del tiempo y, consecutivamente, α se va reduciendo (gráfico 5); iii) a partir del momento en que el trabajo improductivo se torna dominante, la tendencia del valor agregado real es descendente.

La evidencia empírica muestra que en Colombia hasta mediados de la década de 1970, las actividades laborales en la producción que desembocan en la generación de mercancías que satisfacen necesidades básicas registran un mayor peso relativo en el PIB (los servicios también son considerados actividades productivas). Las actividades laborales que no están en la producción elevan su participación a partir de mediados de la década de 1970; éstas dan lugar a otros resultados impuestos socialmente, como la distribución de bienes, servicios, y dinero, actividades administrativas generales en los sectores público y privado, y varias otras actividades sociales como los trabajos en la policía, los bomberos, los militares y los vigilantes privados.

Toda actividad laboral satisface sus requisitos de consumo con la producción pasada o presente, pero sólo el trabajo productivo añade simultáneamente algo al PIB. En contraste, dentro de la economía neoclásica, todas las actividades que puedan comercializarse (que potencialmente se puedan vender) son consideradas actividades productivas; quedó así incorporado en las Cuentas Nacionales convencionales. Durante el período 1925-2024 las actividades económicas productivas pierden 16,6 puntos porcentuales de participación en el PIB; de representar el 76,1 por ciento en 1925, para 2024 su importancia cae a 59,5; esta pérdida benefició las actividades improductivas (gráfico 5).

En Colombia existe una tendencia secular al aumento del peso del capital financiero y la apropiación de la riqueza generada socialmente por parte del aparato estatal. De una parte, desde el inicio de la fase neoliberal –segunda mitad de los años 1970– el sector financiero registra un crecimiento sostenido; en la economía neoliberal el capital financiero tiende a ocupar posiciones hegemónicas, en consecuencia, el resto de sectores capitalistas disminuye su peso económico relativo. De otra parte, la correlación entre la participación del gasto público en el PIB es inversa o negativa con el crecimiento económico; el promedio de participación del gasto público en el PIB en el período 1947-2024 es de 16,7 por ciento, la relación entre el tamaño de la media y la variabilidad del gasto público relativo (varianza) es de 47,1 por ciento mostrando un comportamiento estructural poco sensible a los ciclos económicos. El rango es de 28,2 puntos porcentuales, registrando un aumento constante en el tiempo: el mínimo es de 5,4 por ciento de participación en el PIB en el año 1947 y un máximo de 33,6 en 2024.

En este contexto histórico, el crecimiento promedio de la economía nacional durante el período 1925-1980 es de 4,6 por ciento; en contraste, durante el período de expansión de los capitales improductivos y de mayor peso del sector público (1981-2024) la dinámica promedio del PIB anual desciende a 3,3 por ciento.

Los tres rostros del fantasma. El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. El PIB se calcula desde 3 puntos de vista: i) desde el punto de vista del valor agregado; ii) desde la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios; iii) desde los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes (ver diagrama).

PIB desde el enfoque de la producción. De acuerdo con el Dane, en el primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2023 (ver gráfico 6). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3 por ciento (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5 por ciento (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,5 por ciento (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).

De los sectores productivos, la industria de transformación es el más decisivo, por lo menos en el sentido cualitativo: la industria es el sector que funciona como generador del progreso tecnológico, aumento de la productividad laboral y como impulsor de la inversión productiva. Por lo mismo, el funcionamiento global de la economía depende en muy alto grado de la suerte que corre el sector industrial. De aquí la importancia de monitorear su comportamiento. En Colombia, la industria manufacturera registra una severa caída desde el año 2023: en el cuarto trimestre de 2022 creció 3 por ciento; en el primer trimestre de 2023 el ritmo de crecimiento cayó a la mitad, esto es, 1,5 por ciento; en adelante los resultados trimestrales son negativos: -3,7 en el segundo trimestre de 2023; -6,4 en el tercer trimestre; -5,3 en el cuarto; durante el primer trimestre de 2024 la actividad manufacturera cae en -5,9 por ciento.

Otros descensos significativos durante el primer trimestre de 2024 son los de “Minas y canteras” (-1,5%); “Comercio al por mayor y menor” (-0,8%); “Información y comunicaciones” (-1,6%); “Actividades financieras y seguros” (-3,0%); “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (-0,2%).

PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones. Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital – Importaciones.

En el primer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 0,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2023. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (gráfico 7):

•   Gasto en consumo final crece 0,4%.

•   Formación bruta de capital decrece 13,4%.

•   Exportaciones crecen 0,7%.

•   Importaciones decrecen 12,9%.

El gasto en consumo final (0,4%) incluye el gasto de consumo final individual de los hogares y el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (0,6%) y el gasto de consumo final del gobierno (-0,7%). La formación bruta de capital (-13,4%) incluye la formación bruta de capital fijo (-6,5%) y la variación de existencias (se registró un cambio no planificado en los inventarios).

PIB desde el punto de vista de los ingresos. El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto.

El excedente de explotación e ingreso mixto son dos denominaciones alternativas del mismo saldo contable de la cuenta de generación del ingreso, que se utiliza para diferentes tipos de empresas. Se denomina excedente de explotación en el caso de las sociedades e ingreso mixto cuando se trata de empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares, excepto para los propietarios privados que ocupan sus propias viviendas, caso en el que también se le llama excedente de explotación porque se les trata como negocios que se rentan a sí mismos sus casas (las cuentas nacionales conjuntan al capital y a la riqueza duradera porque define al “capital” como riqueza que dura más de un año). En las empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares, al saldo se le denomina ingreso mixto en razón a que en ellas trabajan los propietarios o sus familias, sin percibir un salario.

En Colombia, el 54,3 por ciento de la fuerza laboral ocupada (22,7 millones de personas) obtiene sus ingresos de relaciones salariales; allí se incluyen los obreros y los empleados particulares (43,8%) y del gobierno (4,0%), los empleados domésticos (3,0%) y los jornaleros o peones (3,5%). Los trabajadores por cuenta propia concentran el 40,9 por ciento de la fuerza laboral del país. Los patrones o empleadores corresponden al 2,8 por ciento del total de ocupados a nivel nacional. Los trabajadores familiares sin remuneración son el 2 por ciento de la fuerza laboral ocupada.

La población asalariada se apropia del 31,7 por ciento del PIB. Los impuestos menos subvenciones concentra el 10,8 por ciento del PIB. El “Excedente Bruto de Explotación” obtiene el 38,3 por ciento del PIB. El “Ingreso Mixto”, que agrupa a pequeños propietarios y microempresas familiares de la economía popular, controla el 19,2 por ciento de los ingresos del país.

En precios corrientes, el PIB durante el primer trimestre del 2024 creció en 3,5 por ciento; en general, todos los grupos perceptores registran una fuerte desaceleración o caída en sus ingresos. Hasta finales del año 2023, los asalariados venían obteniendo un crecimiento en los ingresos reales debido a los aumentos salariales por encima del costo de vida y del comportamiento de la productividad; también el Estado obtenía ingresos por encima del crecimiento del PIB como consecuencia de las continuas reformas tributarias. En contraste, el “Excedente Bruto de Explotación” e “Ingreso Mixto” concentran las severas caídas desde 2022 (gráfico 8).

La rentabilidad a corto plazo regula toda la oferta capitalista al igual que la demanda de consumo, mientras que la rentabilidad a largo plazo regula la demanda de inversión privada. El Estado, sin duda, puede influir en el curso de los eventos, pero siempre opera en una etapa turbulenta motivada por la ganancia. La intervención del gobierno no evita las depresiones recurrentes (3).

La tasa de ganancia es el eje que sostiene todo el sistema capitalista. Cuando los salarios suben por encima de la productividad y del costo de vida (es decir, los costos laborales unitarios reales aumentan) la rentabilidad disminuye en relación con su tendencia. El alza en los impuestos a las empresas también genera una menor tasa de ganancia. El declive de rentabilidad desacelera el crecimiento y por ende la demanda de mano de obra. La tasa de acumulación (tasa de crecimiento del capital) responde a la tasa de ganancia neta esperada (tasa de ganancia neta esperada menos la tasa de interés).

La caída en el “Excedente Bruto de Explotación” y en el “Ingreso Mixto” ha generado, además de la fuerte reducción en la “Formación bruta de capital” y cambios no planificados en los inventarios, una avalancha de quiebra de negocios. Es así como, con corte a diciembre de 2023, se registraron 4.471 empresas en Ley de Insolvencia para reorganizar sus pasivos y tratar de mantenerse activas en el mercado (4). De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Sociedades, si se comparan las solicitudes para entrar en reorganización entre 2014 y 2023, hubo un incremento de 147 por ciento. Un hecho para resaltar tiene que ver con la variación en la cantidad de solicitudes a partir de la pandemia; en 2020, año en el que se vivió el ‘crash’ de la economía, hubo 1.292 solicitudes para entrar en proceso de reorganización; para 2021, el total fue de 1.193 y la reducción anual de 8 por ciento; en 2022 la cifra subió a 1.219 y la disminución fue de 6 por ciento; para 2023 el número totalizó 1.420 y aumentó 10 por ciento con respecto a 2020.

El aumento de empresas en situación de crisis o quiebra implica la pérdida de empleos y la disminución del ingreso de numerosas familias, lo que exacerba la ya existente desigualdad económica y social. Además, estos procesos pueden generar un efecto dominó en el tejido empresarial, afectando a proveedores, clientes y otras empresas vinculadas, lo que podría llevar a una contracción generalizada de la actividad económica. Asimismo, la disminución de la confianza de los inversores y consumidores en el mercado podría desencadenar una reducción en la inversión y el consumo, lo que a su vez afectaría el crecimiento económico a largo plazo.

En estas circunstancias, no cabe duda: la lectura del presidente Gustavo Petro y la del ministro de Hacienda sobre resultados del PIB en 2024 es equivocada. El fantasma de la recesión no se ha alejado y no existe ninguna reactivación económica en curso. El declive es estructural y tiende a escenarios más negativos. En efecto, la economía no crece debido al bajo desempeño de los principales sectores productivos y generadores de empleo, conforme a la menor demanda por parte de los hogares, a la caída general de ingresos y de rentabilidades del capital, al peso elevado y gravoso del “parasitismo” o de las actividades improductivas, cambio no planificado en los inventarios y a los bajos niveles de inversión.

Las lecturas de los opositores al gobierno también son erradas e ideológicas. Afirman que los resultados revelados por el Dane reflejan la crisis de confianza que enfrenta la economía, que ha impactado los niveles en la inversión agregada. En esta narrativa, la situación es autoinfligida por parte del Gobierno. Resulta de la incertidumbre y desconfianza de los inversionistas por ‘las malas reformas en trámite y los discursos polarizadores, dogmáticos y falaces del Presidente’. Adicionalmente, señalan los críticos, la reforma tributaria no salió bien, pues significó un exceso de tributos para las empresas y los empresarios. En general, afirma la oposición, inversionistas y consumidores lo piensan dos veces para invertir y gastar; así, se genera un círculo vicioso que incluso afecta las finanzas públicas. Finalmente, la Paz Total y la situación de orden público afectan enormemente el potencial de crecimiento de la economía y de ahí también el resultado.

En medio de los relatos polarizados la realidad se impone. Un trino del presidente Gustavo Petro el día 23 de mayo del año en curso puso nervioso a los mercados, esta vez tras alertar sobre una posible cesación de pagos por parte del gobierno. El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta oficial de X, resaltó la importancia del proyecto de ley que planea aumentar el cupo de endeudamiento hasta por US$17.000 millones e incluso advirtió que, de no ser aprobado, el país entrará en cesación de pagos por lo que decretará la emergencia económica. Si el presidente declara la emergencia económica (en el caso que el Congreso no apruebe elevar el cupo de endeudamiento), ésta sería la octava vez que se declara tal emergencia en el país durante los últimos 30 años. Según lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el presidente puede declarar un estado de emergencia económica si existen circunstancias graves e inminentes que perturben el orden económico del país.

Lo que el gobierno pretende es elevar los topes de endeudamiento. Esto significa modificar la Regla fiscal. De lograrlo, en el fondo lo que se permite es más deuda para un país que carga una pesada o onerosa deuda. Cuando esta crece también lo hacen los compromisos para apalancarla; en consecuencia, se reducen las posibilidades de inversión y de gasto público en general y se requieren nuevas reformas tributarias. En 2012, cuando se comenzó a aplicar la “Regla fiscal” (5), el porcentaje de la deuda pública con respecto al PIB era de 33,2 por ciento; actualmente, en 2024, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 57,1 por ciento. De acuerdo con Ricardo Bonilla, de no aprobarse la ampliación del techo de la deuda, el país tendría que asumir un déficit de US$1.366 millones para el cierre de 2024. En cuanto a la extensión del cupo de endeudamiento, el líder de la cartera de Hacienda explicó que tanto para 2024 como para 2025, se destinarían US$2.346 millones para cumplir los compromisos de deuda con el FMI; y adicional a ello, se pagarían US$188 millones en intereses y US$3.205 en pagar las deudas con la banca multilateral y bonos. Finalmente, los costos de operación de prefinanciamiento (de 2023) cerrarían en US$2.117 millones.

En consecuencia, el “Servicio de la deuda pública nacional” podría alcanzar una participación de alrededor del 25 por ciento en la estructura del “Presupuesto de gastos o Ley de Apropiaciones”.

Ante el trino presidencial, la reacción de la economía fue inmediata: la moneda se devaluó, el precio de los bonos y las acciones (ambas son consideradas activos financieros, los bonos son una opción de renta fija, mientras que las acciones de renta variable) cayeron y las sociedades calificadoras de riesgos alertaron a los inversionistas. El Bank Of America declaró que hay que tener mucho cuidado con los bonos y con los títulos de deuda pública colombiana porque no compensan el riesgo fiscal: “Vemos también el Gobierno hablando de que se está quedando sin plata, entonces todo está generando muchas alertas”, agregó el Banco. También hizo la salvedad sobre la calificación de Moody’s Ratings a Ecopetrol, que bajó a la compañía de b1 desde ba3 en el riesgo crediticio: “Vienen muchas bajas de calificación para empresas en Colombia y el riesgo país aumentando, entonces esto hace caer los bonos, las acciones y el dólar para arriba”. En efecto, la tendencia a la baja con la que venía el dólar cambió tras el comentario del presidente; esto hizo que el peso borrara las ganancias y se convirtiera en los días siguientes en una de las monedas de peor desempeño en los mercados emergentes.

Finalmente, el déficit fiscal en primer trimestre de 2024 confirmaría problemas de caja del Gobierno. Al cierre del primer trimestre el déficit total con relación al PIB fue de -1,2%. El déficit es superior al que se registró en el mismo periodo, pero de 2023, cuando fue de -0,9%, incluso el de 2022, en plena pandemia, que llegó a -1,1%.

En resumen, política y economía se entrelazan para generar una situación compleja, incierta y negativa. Emergen nuevos peligros y los riesgos aumentan. La polarización actual no permite establecer una senda consensuada para resolver la policrisis que enfrenta el país (combinación de crisis globales interrelacionadas). En un mundo cada vez más conectado, los análisis y debates democráticos exigen una acción colectiva urgente sobre un proyecto colectivo de sociedad. El sistema se va descomponiendo más y más, pero a la vez no existen sujetos históricos capaces de promover un movimiento de transformación social, económica, política, cultural y ambiental radical a la altura de los tiempos que transcurren.

Notas

1. Esta sección tiene como referencia el trabajo de José Valenzuela Feijóo (1940-2023): ¿Capitalismo o socialismo? Problemas de transición. Fondo de Cultura económica, México, 2021, primera parte: “Decadencia del capitalismo”, pp. 15-124.

2. Shaikh, Anwar. (2022). Capitalismo. Competencia, conflicto y crisis. FCE, Mé4xico, p. 227.

3. Shaikh, Anwar. Op. Cit. pp. 43-47.

4. La ley 1116 de 2006, comúnmente conocida como la ley de insolvencia, ha estado haciendo eco en la actualidad económica del país. Esta legislación se activa cuando el valor total de los activos o bienes de una compañía resulta insuficiente para cubrir la totalidad de sus deudas, a lo que se suma la falta de liquidez o ingresos para cumplir con estas obligaciones. En este sentido, la ley de insolvencia actúa como un salvavidas legal que permite a las empresas en dificultades establecer compromisos de pago con sus acreedores, sin que esto ponga en riesgo su supervivencia.

5. Instrumento de planeación financiera del Gobierno nacional que tiene como objetivo establecer metas puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública, garantizando la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia y desdeabajo.

 

La promoción del desarrollo de Brasil por Petrobrás, eclipsada

Por Gustavo José Simés-AEPET

Brasil es una de las 10 economías más grandes del mundo, en 2024 se espera que alcance la octava posición. Sin embargo, se necesitan algunas consideraciones más completas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el PNUD, el país ocupó en 2022 y 89o posición sin marcar sobre el índice de desarrollo humano. Además, teniendo en cuenta que el coeficiente de Gini de Brasil, 0,6518 en 2022, es el más grande entre los países del G20, cualquier objetivo de desarrollo socioeconómico debería tener en cuenta la altísima concentración de ingresos en Brasil.

Sin duda, las necesidades sociales (o déficits sociales, ya que muchos de los académicos que estudian las desigualdades) en este país desigual están secos. Sin embargo, a menudo se ocultan las limitaciones estructurales que impiden satisfacer esas necesidades. La sociedad en general ya no los conoce, el país, que experimenta el capitalismo periférico, profundizó un modelo neoliberal, de concentración de ingresos y riqueza. En Brasil, el 50% más pobre gana 29 veces menos que el 10% más rico. Además, los 20 multimillonarios más grandes del país tienen más riqueza que 128 millones de brasileños (60% de la población) [1].

Magda Chambriard, la nueva presidenta de Petrobras, escribió artículos en 2023, describiendo algunas de estas necesidades sociales que podrían ser, al menos parcialmente, satisfechas a través del estado.

Al informar de los efectos de la falta de inversiones del Estado en el aumento del desempleo, Chambriard dijo que en 2012, Brasil se enorgullecía de su pleno empleo… las inversiones de la empresa estatal se redujeron muy… Río de Janeiro perdió el 9,5% de sus puestos de trabajo con un contrato formal entre 2014 y julio de 2023 [2]. Y se vinculó al papel del Estado a las promesas de campaña del gobierno y de la creación de empleo.

En otra parte del mismo artículo, Chambriard comenta sobre el sector de Exploración y Producción (E&P), en el que entrarían en producción 14 nuevas plataformas en el quinquenio, pero que todo este crecimiento no se está utilizando como eje fundamental del fortalecimiento de la industria naval del país. Aquí está el análisis de Magda Chambriards en este sentido:

La construcción de un tanque de petróleo puede asignar unas 2.000 personas. Además, los trabajos indirectos e inducidos que se derivan de estas actividades… En Río de Janeiro, más de 10 astilleros están ociados, mientras que el estado necesita seriamente asignar su trabajo productivo [2].

En otro artículo, el nuevo presidente de Petrobras comenta sobre el sector refino, criticando los efectos negativos de la falta de expansión del refino y, al mismo tiempo, analizando que una mayor inversión en este segmento puede agregar más valor al petróleo nacional. Más concretamente, Chambriard comentó que con la expansión del refinado podría implicar la reducción de las importaciones de derivados:

Por lo tanto, no fue de extrañar cuando las importaciones de derivados alcanzaron la cifra de 17.100 millones de dólares, de enero a noviembre de 2023, y las importaciones de diesel alcanzaron US$8.500 millones en el mismo período. La refinación puede añadir valor al crudo brasileño y mitigar los grandes desembolsos derivados de la importación de derivados.

Hay límites claros en contraste con las necesidades del país, factores estructurales que representan los verdaderos límites para el desarrollo del país, en general, las políticas neoliberales que se siguen implementando en un país periférico del capitalismo global, una visión a corto plazo. En el caso de Petrobras, se ha observado desde 2021 el pago de dividendos sustanciales y la reducción de las inversiones de la empresa.

Petrobrás es la empresa más grande del país. Es una empresa estatal que fue creada con funciones específicas, como el suministro estratégico de petróleo y sus productos derivados a costos compatibles con la realidad de la sociedad brasileña, y actuar en vista de su papel único para la promoción de un proyecto de desarrollo brasileño. De hecho, es necesaria una política de precios más justa, al igual que fomentar la reindustrialización del país. La drástica reducción de las inversiones de Petrobras refleja una política gubernamental que redujo significativamente las inversiones públicas en Brasil. En contraste, los dividendos pagados a los inversores nunca han sido mayores; en 2023, por ejemplo, se pagaron 2028 mil millones de reales en dividendos a los accionistas de Petrobras.

La relación entre los dividendos pagados a los accionistas por inversiones netas representa un parámetro que muestra un notorio cambio reciente en las decisiones de la compañía. Antes de 2020, esta razón nunca fue superior al 30%. En 2021, el ratio dividend/inversión alcanzó el 829,94%, en 2022 al 78,71% y, en 2023, alcanzó el nivel del 232,63%, todavía muy por encima de la serie histórica, de 2005 a 2020.

Es decir, a partir de 2021, se observa una estrategia a corto plazo, que llevó a la compañía a ampliar los pagos a los accionistas y a reducir las inversiones. Esta tendencia, inexorablemente, compromete el futuro de la empresa y la capacidad de Petrobras, al menos hasta cierto punto, para cumplir su papel en relación con el desarrollo socioeconómico de Brasil.

El valor de la ratio de Petrobras, en 2023, entre los dividendos pagados a los accionistas por inversiones netas, fue 4,7 veces superior al promedio practicado por otras grandes petroleras mundiales (como Exxon Mobil, British Petroleum o Shell).

Una visión esencialmente neoliberal que defiende un estado mínimo; de hecho, un estado radicalmente menos de lo que se observa, en general, en el neoliberalismo practicado en los países desarrollados, donde los déficits sociales son notablemente mucho más pequeños que en el caso de Brasil, caracterizando algo así como una desafortunada sinergia de injusticias socioeconómicas para el pueblo brasileño.

Esta opinión se refleja en las recientes acciones financieras de la empresa estatal cuando se observa una inversión baja y un alto valor de los dividendos pagados, por encima incluso de otras grandes compañías petroleras mundiales [4]. La sociedad de economía mixta y las empresas estatales en general no pueden tener un objetivo de beneficios a corto plazo, sin ninguna preocupación por la sociedad y el futuro del país e incluso sus propias actividades económicas.

Después de la recesión causada por la Pandemic COVID-19, sería esencial aumentar el crecimiento de algunas actividades fundamentales para el desarrollo de la economía brasileña, especialmente las actividades de Transporte, Producción de Combustible, Consumo de Energía Industrial y Generación de Electricidad. Son sectores de importancia fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo. Es de gran importancia establecer políticas que apoyen la reindustrialización de Brasil.

En 2000, Petrobras comenzó a cotizar papeles en la Bolsa de Nueva York. Tener acciones en la Bolsa de Nueva York no trae ningún beneficio al pueblo brasileño y somete a Petrobras a la legislación de Estados Unidos. Este es el principal límite que impide al Estado desempeñar su función de acuerdo con la Constitución Federal, que establece los requisitos relativos al interés colectivo.

 

Perú: 3,6 millones de trabajadores informales de clase media

El año pasado, de un total de 6.5 millones de trabajadores pertenecientes a la clase media en el Perú, 3.6 millones laboraron en condiciones de informalidad, reveló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De acuerdo con el gremio, de esta manera el 55.3% de la clase media trabajadora es informal.

“La clase media es fundamental para sostener el consumo privado y la reactivación económica por lo que resultan preocupantes las cifras de informalidad laboral y de negocios, pues eso conlleva a efectos negativos en la productividad y la competitividad del país”, sostuvo Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL.

El análisis realizado en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023 indica que la clase media representó el 37% de la fuerza laboral, la cual llegó a 17.7 millones de trabajadores. Se establece esta condición de clase media cuando el ingreso mensual del hogar fluctúa entre S/3,125 y S/18,079.

De acuerdo al análisis, los sectores que concentran más trabajadores de clase media son Servicios (42.4%) y Comercio (20.7%). Le siguen Manufactura (10.9%), Transportes y Comunicaciones (9.1%) y Agropecuaria (8.3%).

Por otro lado, el Iedep reveló que un 71.6% reside en vivienda propia y de esa cifra, el 65.1% tiene el inmueble completamente pagado, lo que les permite una distribución diferente en su estructura de gastos. El 15% comparte una vivienda y el 13,3 % vive en una alquilada.

Respecto a contar con una vivienda ya pagada, Óscar Chávez explicó que esto también posibilita tomar decisiones financieras donde el inmueble puede usarse como garantía, ya que 7 de cada 10 viviendas propias totalmente canceladas cuentan con título de propiedad o este se encuentra en trámite.

 

Bolivia: Pueblos indígenas y el despojo de tierras ricas en recursos

Franz Chávez

Mujeres y pueblos indígenas de varias regiones de Bolivia resisten el avasallamiento de tierras, la destrucción de bosques y la extracción de recursos naturales que afectan a su entorno de vida y mientras se advierte la ausencia de autoridades que respalden la defensa de sus derechos.

Hay una natural relación entre la mujer y su apego a la tierra, al entorno natural, al agua clara y los alimentos libres de contaminación, coincidieron en afirmar las entrevistadas por IPS que lideran la defensa de territorios originarios de sus comunidades indígenas.

Un recuento de datos del ultimo año elaborado por IPS con base en diversas fuentes periodísticas, describe que al menos ocho de los nueve departamentos de Bolivia, tienen la presencia de empresas y mineros cooperativistas que están en conflicto con comunidades y pueblos indígenas que denuncian la contaminación de fuentes de agua y ríos, daño a tierras de cultivos y pastoreo.

Bolivia es un país con una superficie geográfica de un millón 99 000 kilómetros cuadrados y está localizado en el centro de Sudamérica.

La geografía de este país altiplánico y amazónico comprende la región andina, con 28 % del territorio, la zona intermedia de valles y yungas, con 13 %, y las llanuras que conforman la Amazonia boliviana y que abarcan 59 % del total.

Entre los recursos naturales que abundan en gran parte del territorio se destacan el monocultivo de la soja, junto con el oro, la plata, el estaño, el litio y el gas natural, que inició una que ingresó en fase de declinación productiva.

Una virtud: defender la vida

La mujer percibe “los riesgos, los cambios en la comunidad, se preocupa por la seguridad de la familia, los niños y por los recursos como el agua”, explicó a IPS Ruth Alipaz, la lideresa del pueblo uchupiamona, asentado en el municipio de San Buenaventura, en el occidental departamento de La Paz.

Recordó que son ellas las que atienden sus hogares, cocinan y cuidan a sus hijos. “Para la mujer es esencial el agua y cuando la ven afectada” asumen la defensa de “su vida, la vida de sus hijos y la defienden no solo para su comunidad”, comentó Alipaz.

En su memoria guarda la lucha librada por las mujeres indígenas Paula Gareca y Jenny Meza, ambas de la zona protegida de Tariquía, ubicada en las provincias Arce, Cercado, O’Connor y Gran Chaco, del departamento sureño de Tarija, donde lideraron marchas contra el ingreso de empresas petroleras interesadas en la exploración de reservas de gas natural.

La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía alcanza a 246 870 hectáreas, fue creada en 1989 y la superficie comprometida para la exploración de hidrocarburos asciende a 128 083 hectáreas, lo que representan 52 % del área protegida.

Los contratos firmados entre las estales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la brasileña Petrobras comprenden operaciones en las zonas conocidas como San Telmo Norte, San Telmo Sur, Churumas y Astillero, todas dentro del área protegida.

En el corazón de esta reserva natural habita una de sus defensoras, Lourdes Zutara, junto a su esposo e hijos, y desde allí habló con IPS.

“A nosotras las mujeres nos motiva proteger, resguardar y salvar la vida, y por eso tomamos la iniciativa” de defender la ecorregión. “No quiere decir que los varones no estén involucrados, ellos están ahí para poner su granito de arena”, dijo la lideresa de 45 años.

Pobladores de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, localizada en el departamento de Tarija, en el extremo sur de Bolivia, hacen una de sus recurrentes vigilias para ratificar la defensa de su ecorregión frente al proyecto gubernamental de iniciar operaciones de exploración gasífera. Imagen: Tariquía Hoy

La tierra como fuente de seguridad para la familia

Zutara asume que las mujeres son la “cabeza de defensa del territorio” porque “necesita el agua libre de contaminación para preparar los alimentos, y se preocupan por el bienestar de toda la familia”. Esta lideresa comenzó su lucha hace siete años y admite que aún no consiguieron suspender los proyectos, anular los decretos y contratos que autorizan la exploración hidrocarburífera en la zona.

La comunidad indígena Totoral Chico, situada en el municipio Pazña, en la provincia Poopó, del departamento occidental de Oruro, fue invadida en abril por hombres y mujeres de la empresa minera boliviana Salvada Sociedad Colectiva, y varias familias fueron obligadas a abandonar sus tierras originarias.

Los espacios de cultivo y pastoreo fueron tomados, según denunció la secretaria general de la comunidad, Sorayda Ventura. “No queremos a la minería”, resumió desde su comunidad.“Nos están echando de nuestras tierras, han hecho desaparecer las fuentes de agua, los manantiales se han secado, no tenemos riego”, denunció la responsable del Consejo de Justicia del Cañadón Antequera, Guadalupe Fernández, en referencia a las acciones de los mineros en la misma región altiplánica de Oruro.

Unos nueve pueblos indígenas, entre ellos aymaras, mosetenes, uchupiamonas, esse ejjas, tacana, lecos y tsimanes, distribuidos en regiones del altiplano, valles y zonas semitropicales y tropicales, sufren agresiones de empresas mineras, cooperativistas del oro y empresas ilegales, según denuncias recopiladas por IPS en el último año.

Bolivia tiene una población estimada en 12 millones de personas, y el censo del año 2012 determinó que 41 % asume su pertenencia a naciones y pueblos indígenas originarios o campesinos, así como afrobolivianos. De ese porcentaje, la mayoría de habitantes son quechuas, con 1,8 millones, seguidos de los aymaras con 1,5 millones.

Codicia por los minerales

De los datos difundidos ampliamente en las denuncias de las comunidades afectadas se obtiene que entre los minerales que alientan la extracción descontrolada están el oro, la plata, la scheelita (wolframio y cadmio), el plomo, el zinc y el cobre.

La explotación y comercialización de los minerales generaron ingresos por exportaciones de 5665 millones de dólares en el año 2023, según cifras preliminares del Instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE). Lideraron las ventas al exterior de Bolivia, relegando al segundo lugar a los  hidrocarburos, con 2124 millones de dólares.

En esta vorágine contra los recursos naturales, en que tienen papel destacado los mineros furtivos o informales de desordenadas y descontroladas explotaciones auriferas, el protagonismo de las mujeres en la defensa de territorios tiene una clara explicación para la socióloga Lina Gutiérrez.

“Desde el embarazo la mujer adquiere un instinto maternal y de protección. Ya no piensa solo en ella, lucha por su familia, por dar un pan y techo a sus hijos. Ellos le dan la fuerza, la vitalidad y el aliento de lucha”, comentó a IPS en La Paz, capital política del país.

La especialista coincide con Alipaz y Zutara al señalar que las madres se ocupan de la crianza de los hijos, de la conservación de la casa, de la alimentación y otras tareas más, y que “de allí surge la fuerza que la motiva a enfrentarse a cualquier situación que atente contra la paz de su hogar, su familia y su comunidad”.

“Hemos analizado cómo vendemos en los pueblos indígenas nuestro futuro por el pan de hoy, pero ya no pensamos hacia el futuro. Eso conlleva que …hemos perdido los principios y valores culturales, gracias a esta mirada de modernidad de la minera, que te va a construir una casa, que te vas a poder comprar un carro (vehículo), como que te ha seducido”.

Con esas palabras describió la crítica situación una mujer indígena a los investigadores del estudio titulado “Defensoras, experiencias ambientales y del territorio en Bolivia”, publicado a fines de abril.

El estudio, elaborado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), destaca que desde el gobierno mantiene un discurso aparentemente protector y respetuoso de los territorios y la soberanía de los pueblos promoviendo conceptos como el respeto a la Madre Tierra, a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Pero con esa narrativa mediática, en las esferas oficiales, los sectores sociales y las oenegés afines al gobierno, “se elude la pérdida de soberanía sobre los territorios, se estigmatiza y difama a quienes piensan y denuncian lo contrario”, concluye el informe.

Panamá estudia construir nuevo embalse para el canal

El Canal de Panamá, por donde transita cerca de 5 por ciento del comercio global, busca que su sistema integral de reservas de espacios para buques que quieren cruzarlo sea más permanente y explora construir un nuevo embalse con el fin de aumentar su capacidad, dijo el martes el administrador del paso marítimo, Ricaurte Vásquez.

Debido a la sequía causada por el fenómeno de El Niño, el canal centroamericano tuvo que imponer desde 2023 restricciones de tráfico, incluyendo la disminución del calado permitido a los barcos y una rebaja del número máximo de naves autorizadas a cruzarlo.

En nuestro afán por conseguir mejoras operativas duraderas, nuestro objetivo es hacer que este sistema de reservas sea más permanente, incluso cuando los volúmenes de tránsito empiecen a normalizarse, para aumentar todavía más la fiabilidad del canal, escribió Vázquez en un artículo publicado en la página web de la institución.

Antes sólo tenían que reservarse con antelación espacios para embarcaciones en 70 por ciento de los tránsitos, detalló.

El administrador recalcó que la variabilidad climática plantea un riesgo a largo plazo para las operaciones de la vía marítima, al igual que el crecimiento de la población panameña y la expansión del comercio marítimo, que se prevé generen una mayor demanda de agua.

Ante este panorama, el canal busca opciones. Una solución prometedora que estamos explorando es la construcción de un nuevo embalse, que proporcionaría capacidad para 11 tránsitos adicionales.

A fines de mayo y ante la llegada de la temporada de lluvias, la administración del paso transoceánico anunció que aumentaba a 45 pies el calado máximo autorizado para embarcaciones en las esclusas Neopanamax del cauce.

Panorama Internacional

Venezuela quiere unirse a los BRICS «lo más rápido posible»

Venezuela espera incorporarse al grupo de los BRICS lo antes posible, dijo el vicepresidente Sectorial de Economía y ministro de Industrias y Producción Nacional de la nación caribeña, José Félix Rivas Alvarado.

«Tenemos la esperanza que sea lo más rápido posible, porque Venezuela, que está en la confrontación contra las fuerzas que quieren disolver los Estados nacionales, está del lado de la construcción de ese mundo multipolar y de la nueva arquitectura económica y financiera, y ahí los BRICS son importantes», manifestó Rivas Alvarado, entrevistado en una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra del 5 al 8 de junio en Rusia.

«Es también importante el apoyo de los BRICS a la recuperación de Venezuela, es una plataforma que necesitamos para fortalecer y para sellar con un material bien poderoso nuestra vinculación con Rusia, por ejemplo, y con todos los miembros del bloque», añadió.

Una arquitectura financiera alternativa

Consultado sobre el caso particular de las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Rusia, Rivas Alvarado subrayó que las partes han avanzado mucho en «la construcción de mecanismos alternativos, tanto de financiamiento, como de medios de pago».

«Las mismas medidas coercitivas nos han llevado a buscar otras formas de pago, pasar al uso de las monedas nacionales, consolidar una arquitectura financiera alternativa a la dominante. Ya no es asunto de los académicos, de discursos, sino que lo estamos haciendo con hechos y con lazos fuertes, hemos avanzado muchísimo en eso y seguiremos avanzando», enfatizó.

Según Rivas Alvarado, una de las claves de la recuperación económica de Venezuela es la colaboración con Rusia, algo que permitió hacer frente a los ataques occidentales contra sectores como «la industria petrolera, la industria energética», sus blancos principales.

El dominio silencioso de los fondos de inversión

Paco Cantero

La concentración del mercado en pocas manos convierte a los consumidores en actores pasivos, víctimas de una dinámica que empuja a la acumulación de bienes innecesarios.

En el mundo actual, los fondos de inversión se han convertido en una herramienta popular para que los inversores diversifiquen sus carteras y potencien sus ahorros.

Sin embargo, no todos los fondos tienen los mismos objetivos. Por una parte, existen aquellos que buscan construir riqueza de forma gradual y sostenible a través de inversiones en empresas sólidas y estables, basándose en la paciencia, la disciplina y la reinversión de los beneficios para obtener un crecimiento del capital a lo largo del tiempo. Por otra parte, existen otros cuyos objetivos son la búsqueda de beneficio inmediato, priorizando la maximización de la rentabilidad a corto plazo, incluso asumiendo mayores riesgos y sacrificando la sostenibilidad a largo plazo con consecuencias como:

– Concentración de la propiedad en diversos sectores económicos, algunos de ellos estratégicos para la sociedad, como pueden ser los sectores agrícola y e inmobiliario, a través de fusiones y adquisiciones, creando oligopolios que controlan una gran parte del mercado y limitan la competencia, lo que puede llevar a un aumento de los precios para los consumidores, una menor innovación y una menor eficiencia en la economía, a la vez que limitan el margen de maniobra de los gobiernos y condiciona las políticas públicas.

– Penetración en los servicios públicos que tradicionalmente han sido provistos por el Estado, gracias a las políticas de privatización impuestas por los gobiernos neoliberales, degradando los servicios de educación, sanidad y agua públicos, o vendiendo viviendas de protección social a estos fondos para que obtengan pingües beneficios con la especulación.

– Aumento del riesgo sistémico en el sector financiero, sobre todo a partir de la ley estadounidense  Gramm-Leach-Bliley de 1999, que eliminó las barreras entre bancos comerciales, compañías de seguros y fondos de inversión y dio lugar a la creación de entidades financieras gigantescas, conocidas como too big to fail (demasiado grandes para caer). Estas entidades, con los fondos de inversión a la cabeza actuando en muchos casos como bancos en la sombra, asumieron riesgos desmedidos en busca de mayores beneficios a través de los derivados financieros, lo que finalmente desembocó en la crisis de 2008. Pero, lejos de ser debilitados por la crisis, los fondos de inversión se han convertido en los nuevos actores dominantes de la economía.

Tres grandes fondos

Actualmente, se calcula que el volumen total de activos que manejan los fondos de inversión supera los 100 billones de dólares. Las tres primeras gestoras de activos —BlackRock, Vanguard y State Street— son las principales accionistas del 88% de las 500 empresas más grandes del mundo, con un volumen de activos que ascienden, aproximadamente, a 24 billones de dólares. Una de las características de estos fondos es el carácter especulativo de la gestión a través de su inteligencia artificial llamada Aladdin, propiedad de BlackRock pero que cede a otros fondos para que busquen su mayor rentabilidad.

El poder de las grandes corporaciones

En los últimos tiempos observamos que los beneficios financieros de las grandes corporaciones han disparado las cuentas de resultados, incluso en algunos casos por encima de los beneficios obtenidos por la propia actividad del negocio. Muchas corporaciones han puesto al frente de su organización a CEO provenientes del sector financiero que han ido implantando la filosofía de fortalecer la rentabilidad y maximizar el valor para los accionistas por encima de todo.

Un ejemplo paradigmático es el de Boeing, una empresa conocida históricamente por la calidad y seguridad de sus aviones que, a partir de 2003 y de su fusión con McDonnell Douglas —con un cambio en la dirección de la compañía y la presión para aumentar la rentabilidad y la prioridad de sus accionistas— provocó la toma de decisiones que no fueron las más óptimas para la seguridad de los aviones, como la política de ahorro de costes, que posiblemente fuera la causa de los accidentes ocurridos en su modelo 737 MAX y los incidentes de estos últimos tiempos, que han ocasionado una cierta alarma en el mundo de la aviación.

Hacia un nuevo modelo

La concentración del mercado en pocas empresas y la falta de alternativas reales nos convierte a los consumidores en actores pasivos, víctimas de una dinámica económica que empuja al consumo desaforado y a la acumulación de bienes innecesarios. Es hora de despertar de la ensoñación y abrir los ojos a la realidad. Es hora de un debate político profundo y urgente que ponga en jaque el poder de estos fondos de inversión y apueste por un modelo económico que priorice el bienestar de las personas y la salud del planeta; un modelo que redistribuya la riqueza, democratice el poder y ponga el foco en la sostenibilidad y la justicia social. Para lograr este objetivo tenemos tres tareas importantes:

1. Democratizar el sistema monetario haciendo que los bancos centrales sean los únicos autorizados a generar dinero, impidiendo, de esta manera, que los bancos comerciales lo hagan cuando conceden préstamos.
2. Controlar la concentración de poder en las empresas estratégicas impidiendo que un solo fondo, o la suma de varios con participación cruzada, controle una parte significativa de una corporación o un sector económico.
3. Recuperar los servicios públicos privatizados y promover las regulaciones necesarias para impedir la privatización de estos servicios.

La batalla por un futuro en el que todas las personas puedan tener una buena vida no será fácil. Habrá que desafiar el statu quo, luchar contra los intereses creados y construir un nuevo paradigma económico. Es un camino que exige la participación activa de la ciudadanía, la movilización social y la construcción de un movimiento político capaz de plantar cara al poder  corporativo.

En definitiva, el poder de estas corporaciones es una realidad tangible que amenaza con asfixiar la democracia, la justicia social y la salud del planeta. Es hora de tomar las riendas de nuestro destino y construir un futuro en el que la economía esté al servicio de las personas y no al revés.