Uruguay: Nueva ley de medios, concentración mediática a la carta

Nicolás Centurión

A menos de un año de la finalización de su gobierno, el derechista Luis Lacalle se apunta un nuevo escándalo en su gestión.

Al alarmante estado de la seguridad pública, donde este quinquenio -de mantener la tendencia- será el que cuente con más homicidios posdictadura; a los casos de corrupción, espionaje, pedofilia y toneladas de cocaína que pasan por puertos uruguayos; a la preocupante cifra de pobreza infantil y a la pérdida de poder adquisitivo día a día: se suma una ley de medios servida para los poderes concentrados.

Una norma surgida en año electoral, con toda la suspicacia que ello conlleva ,y que además fue ingresada a sala como “grave y urgente” y saltándose previamente que el proyecto pase por la comisión del Senado.

Votada en la noche del martes 14 con los 16 legisladores de la coalición de gobierno en sala y la ausencia de la oposición. El proyecto, que deberá pasar nuevamente por la Cámara de Diputados, fue impuesto sin la discusión en la Comisión de Industria, sin el aviso en la coordinación de bancada a la oposición y sin escuchar a ninguna delegación sobre su contenido.

El texto incluye un aditivo para obligar a los medios a “brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”.

Esta redacción fue sugerida por el derechista partido Cabildo Abierto, que años atrás había propuesto crear un mecanismo de control de los contenidos de los medios de comunicación, asignando ese cometido a la Corte Electoral, a través de una Junta de Garantías en la Comunicación Política, aplicando sanciones y multas. recuerda el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

Asimismo, esta ley no solo es un retroceso sino que fomenta el aumento de la concentración y el blanqueo de la situación actual de varios grupos mediáticos, extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación, y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias.

Cainfo rechazó la aprobación de esta nueva normativa, que a su vez deroga la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  “aprobada luego de un proceso participativo, abierto y democrático, con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales- para sustituirla por una norma regresiva sin una discusión adecuada y contraria a las obligaciones internacionales que el país asumió en materia de derechos humanos.”

El actual presidente Luis Lacalle, siendo precandidato para el mismo cargo, declaraba en la página de su propio grupo político, el Partido Nacional: «Si me dicen que la mejor ley de medios es la que no existe, y por otro lado se manda una ley que desvía, o que orienta hacia un tipo de medio estatizado, no me parece lógico», continuó en ese momento precandidato presidencial, quien añadió que la experiencia de una ley de este tipo en Argentina fue negativa.”

«Estamos acostumbrados a votar leyes que prohíban, que reglamenten, que dirijan. Yo soy partidario de las leyes de la libertad y cuando una ley no genera libertad es mejor no tenerla», señaló el aún mandatario. Un Lacalle versus Lacalle que cada vez es más frecuente.

Los periodistas

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se expresó sobre la aprobación de esta norma por parte de la coalición de gobierno, calificándola como «una decisión intempestiva”, que impone restricciones que vulneran los principios constitucionales y los convenios internacionales suscritos por Uruguay.

Una de las principales críticas de la APU recae en la obligación impuesta a los medios de brindar opiniones y comentarios de manera «seria», «completa» e «imparcial», bajo amenaza de sanciones por parte del Estado en caso de incumplimiento. Añade qeue esta legislación también limita las expresiones de los ciudadanos sobre partidos, políticos y gobernantes, lo cual representa un claro ataque a la libertad de expresión en el país.

«Esta modificación legislativa no es ni grave, ni urgente, salvo intereses específicos de los partidos integrantes de la coalición gobernante asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos», advierte APU, que insiste en que supone un retroceso en materia de derechos humanos al establecer un marco regulatorio contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los periodistas también denunciaron un aumento preocupante de la concentración de medios y la posibilidad de extranjerización de la propiedad de los mismos.

Otro de los aspectos más preocupantes es el proceso acelerado y poco transparente mediante el cual se aprobó la ley, donde no se respetaron los tiempos políticos ni se realizó una coordinación mínima entre los partidos, lo que plantea serias dudas sobre la legitimidad y la convivencia democrática en el proceso legislativo.

«El Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos», expresó la asociación de periodistas.

De atrás

El actual oficialismo, cuando era oposición a los gobiernos del centroizquirdista Frente Amplio, prometió que de ser gobierno derogaría la Ley 19.307. No solo que no lo hizo sino que propuso otro proyecto que contiene aspectos regresivos.

La Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) conocida popularmente como la “Ley de medios” fue aprobada al final del segundo gobierno del Frente Amplio, en 2014. Fue contemplada en el primer programa de gobierno del Frente Amplio (2005-2010). En el 2006 inició su proceso y no fue hasta ocho años después, entre idas y vueltas, que vio la luz. La LSCA de igual manera nunca se llegó a reglamentar del todo o como la propia ley especificaba.

Dentro de las consecuencias de este nuevo proyecto está la eliminación del concepto de grupo económico al evaluar la propiedad de los medios. El investigador Gabriel Kaplún señaló en su momento que “la realidad uruguaya mostraba –y sigue mostrando– que sin eso el límite no sirve de nada, porque distintas personas de un mismo grupo –familiares o testaferros– pueden acumular un gran número de licencias”.

Si una persona posee menos del 30% de las acciones de una emisora puede ser codueña de la cantidad de radios y canales que quiera en todo el país.

El argumento del gobierno ante la respuesta de especialistas sobre la concentración de medios, es que las radios -sobre todo- están en situación crítica porque el público consume contenido por otros medios. Entonces el gobierno consideró “viable reconocer situaciones de más cantidad de licencias, para dar soporte y sostenibilidad económica con una estructura compartida”.

La nueva ley permite la apertura a capitales extranjeros y la renovación de licencias en algunos casos casi in eternum. El proyecto descarta al Fondo de promoción de la producción nacional de contenidos y el aporte económico que los medios privados debían hacer para conformarlo. La producción nacional seguirá rezagada con esta disposición.

Por esta misma línea, la Comisión Honoraria Asesora de los Medios Públicos desaparecerá. Dicha comisión era un organismo de amplia integración social, pero que tampoco fue convocada por el gobierno anterior.

 Deterioro

Uruguay ha descendido puestos en el ranking de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 44 que ocupa en 2022 en la lista de países, al puesto 52, en 2023. En un informe publicado por Cainfo se señalaba que entre 2022 y principios de 2023 se habían registrado 69 casos de amenazas a periodistas.

Recordemos por ejemplo el caso donde periodistas del medio conservador El Observador, quienes recibieron presiones directas por parte del gobierno actual. Específicamente por Roberto Lafluf, ex asesor de comunicación de Lacalle. Un nombre y apellido que se repiten bastante en varios escándalos, como en de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Además, las instituciones públicas no aplicaron las políticas de transparencia y acceso a la información que estipulaba la Ley 18.381 de 2008, sobre el acceso a la información pública. Según Cainfo, hubo 24 episodios que demostraban un deterioro en la aplicación de las normas de transparencia pasiva en el país.

Como remate, en estas semanas se destapó una trama contra el precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi -las encuestas muestran que puede ser el próximo presidente- que se lo acusaba de agresión física a una trabajadora sexual.

La operación política fue desmentida por la misma persona que la difundió, una militante del Partido Nacional que hoy se encuentra con prisión preventiva al igual que la falsa denunciante. Los medios se hicieron eco y difundieron la noticia, donde muy pocos tuvieron mesura. Resta saber quiénes están detrás de la operación.

Vivimos un Uruguay de mayor opacidad, con terreno fértil para las operaciones mediáticas, con grupos empresariales que leudan al calor de un gobierno que solo actúa para beneficiar esos intereses.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)