Perú: una derecha acorralada, reprime y mata para conservar el poder

Mariana Álvarez Orellana y Álvaro Verzi Rangel

Después de una jornada caótica en que miles de manifestantes de todo el país confluyeron en  Lima el jueves, quedó un balance con numerosos detenidos, un gran edificio quemado, más de 14 viviendas dañadas, pero la protesta popular no cesa, pese al asesinato de más 55 personas.

El Gobierno prolongó el estado de emergencia por 30 días en los departamentos de Amazonas, La Libertad y Tacna tras las protestas antigubernamentales y enfrentamientos.  El viernes se repitieron las manifestaciones de protesta en el centro de Lima y la Policía volvió a reprimir a los manifestantes lanzando bombas lacrimógenas, igual que el día anterior.

En el norte y en el sur del país, siguen los cortes de ruta y enfrentamientos de pobladores con las llamadas fuerzas del orden, además de un incendio del Oleoducto Norperuano en la provincia de Condorcanqui, informó Petroperú, la empresa que opera dicha infraestructura.

Las manifestaciones se vienen repitiendo en Perú desde el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del presidente conmstitucional  Pedro Castillo. Luego de una tregua navideña, las protestas volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur del país. La presidenta Boluarte prefirió asegurar su permanencia en el poder, pero sin capacidad ni influencia, y asumió el discurso y las acciones de los grupos de extrema derecha.

Perú vive  un desborde social: el pueblo llano, que se siente secularmente postergados y explotado,  quiere ser escuchada se ha volcado a las calles, las plazas, las carreteras, en movilizaciones son masivas, . Obviamente las movilizaciones tienen liderazgos regionales, que aún no han logrado organizar, centralizar su conducción.

La movilización mostró la intransigencia de la policía, que permanentemente obstruyó toda la marcha. La estrategia oficial ante las marchas fue disparar a matar para desmovilizar a la gente, para bajar la intensidad de la respuesta social y popular. No lo

Mientras, la presidenta Dina Boluarte aplaudió la represión y criminalizó las protestas, en un mensaje irresponsable, que muestra la desesperación del gobierno de no poder controlar la situación, revela que sienten que no tienen salida ante el temor que tienen a las luchas populares que se van incrementando y también  que su salida significa ser procesados por crímenes de lesa humanidad.

Es difícil prever una salida a la crisis con Boluarte, ya que muchas de las exigencias de las poblaciones son irrenunciables: No van a perdonar  la cantidad asesinados. Las protestas van a seguir porque las heridas son muy grandes y los niveles de movilización también. Nada se va a resolver mientras haya impunidad. La renuncia de Boluarte ya parece inevitable.

Perder esta pulseada ante un pueblo movilizado, significa el advenimiento cambios de fondo, estructurales. Lo que está en juego no es Dina Boluarte, sino el futuro de la derecha y del sector militarista, aparentemente encabezado por el actual presidente del Congreso, el represor general José Williams, para el cual la salida es a sangre y fuego.

Una de las razones por las que no renuncia Boluarte es porque sabe que no hay marcha atrás para ella. Si renuncia sin duda será procesada por los asesinatos de manifestantes y va a terminar en la cárcel. Su renuncia no soluciona la crisis, porque la población también exige la renuncia de Williams yc que haya elecciones este año, se procese a todos los asesinos  y se convoque un referéndum para una Asamblea Constituyente.

El plan del gobierno-

El plan de la derecha, que usurpó el gobierno, es instaurar un régimen policíaco, dictatorial,  con algunos rasgos populistas: planificar elecciones con exclusiones, que la garantice ganarlas y quedarse con el poder.

Y para eso deben desestimular a balazos los reclamos del pueblo, acusándolos de extremistas, de terroristas. Como forma de justificar la barbarie. A ninguno de los asesinados se le encontró un arma. Según los peritos, los disparos han sido para matar. Hay un movimiento violentista de ultraderecha ligado al fujimorismo que se llama La Resistencia, que está muy organizado y tiene capacidad operativa.

El pueblo identifica a los enemigos de clase, a los grupos de poder, y resurge la necesidad de luchar contra la corrupción y por cambios profundos. Eso la derecha no lo ha podido matar. Pero los sectores progresistas y de izquierda tienen el desafío de ajustar su programa a lo que el Perú quiere y necesita, de buscar niveles de coordinación y unidad necesario.

La derecha tiene una fuerza que no la puede enfrentar un partido de izquierda aislado, aunque tiene un enorme capital, que es la esperanza de la gente, y eso quedó demostrado con estas movilizaciones masivas de cientos de miles que no se han dejado embaucar por la derecha, cuya única propuesta es la masacre de quienes protestan.

Castillo

Las movilizaciones populares demostraron que más allá que no cumplió sus promesas, Pedro Castillo sigue siendo un referente popular, aunque la gente no focaliza en un retorno de Castillo que las cosas se resuelvan en un país que nunca llegó a ser una Nación, con muchas regiones donde el Estado no existe.

La gente que se siente postergada se identificó con la candidatura de Castillo porque lo vio como un hombre de la sierra, como un cholo humilde como ellos, no un cholo como el expresidente Alejandro Toledo.

Hernando Cevallos, médico y primer ministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo señala que los medios están más preocupados por el que se roba un caramelo que por los que se han robado el país. Sobre Castillo señaló que avanzó en algunos retoques a la crisis, pero nunca se animó a tocar los grandes intereses en el país.

No rompió el contacto con el pueblo, pero fue perdiendo terreno, desencantando a mucha gente, pero el pueblo seguía con la expectativa que Castillo pudiera tomar decisiones de fondo. El pueblo sabe que la derecha lo bloqueó, lo amenazó, lo arrinconó, que los medios lo atacaron. La Constitución es un chaleco de fuerza para cualquier gobierno, no permite tocar los intereses de las empresas, los contratos no se pueden discutir, el Estado no puede planificar ni hacer empresa”, dijo Cevallos.

** Alvarez es antropóloga, docente e investigadora peruana. Verzi es coordinador del Observatorio en Comunicación y Democracia, ambos analistas asociados al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)