Los riesgos del plebiscito constitucional chileno

Cecilia Vergara Mattei

Mientras poco más de 15 millones de chilenos se preparan para cumplir con la obligación votar para aprobar o rechazar la nueva Constitución en el plebiscito del 4 de setiembre, el gobierno de Gabriel Boric prorrogó el estado de excepción y la militarización en el sur mapuche, en una medida que puede ser renovada cada 30 o 60 días y que ahora se extiende a la Región de los Ríos y de Antofagasta,

El Congreso aprobó por sexta vez la prórroga del estado de excepción en La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. La ministra del Interior, Izkia Siches, planteó que el estado de excepción “no es una solución de fondo” y planteó que “las soluciones de fondo las tenemos que construir”, pero sin dar absolutamente ningún plazo ni propuesta para acabar con la militarización que se establece en particular contra el pueblo mapuche.

En los hechos los partidos que forman parte de la coalición del gobierno ya no la plantean como una medida excepcional, sino como una situación permanente. Hasta ahora Boric no ha hecho más que profundizar la política represiva que desplegó Sebastián Piñera en el Wallmapu. La coalición de Gobierno habla de plurinacionalidad mientras mantiene a los militares reprimiendo comunidades.

Si un extraterrestre visitara Chile quedaría profundamente confundido con tanto ruido y tan pocas nueces. ¿Será cierto eso de que estamos perdiendo la oportunidad de reconstruir una casa común, de reaprender a escucharnos, de hacer política en serio, de aprender a empatizar y a cuidarnos mutuamente?, se pregunta Antonio Elizalde Hevia.

La crónica roja con que se abastece la televisión de sensaciones, vincula una carencia de políticas públicas con el crecimiento de la delincuencia, cada vez más violenta, y la falta de medidas para el resguardo de la seguridad de las personas y las familias. Voces que alimentan la idea de que  la nueva constitución no va a cambiar el día a día del chileno medio, se infiltra en los sentidos comunes.

Deslegitimar el esfuerzo por más democracia que nace de la revuelta de octubre del 2019, ya no fue solo misión de la derecha, sino de una centroizquierda, que en tanto elite apartada de las decisiones, parece ser caldo de cultivo para dejar las cosas como estaban, es decir “el oasis chileno”, un somnífero efectivo que permita mantener los privilegio de una casta transversal que manejando el poder, no tiene colores, ni ideologías, salvo la del dinero, señala Leonel Yáñez Uribe

La nueva Constitución

Casi tres años después del estallido social que condujo no solo a la elección del centroizquierdista Boric y al referendo para cambiar la Consitución pinochetista de 1990. los chilenos tendrán que decidir ahora y en un Plebiscito Nacional si aprueban el nuevo texto propuesto por los 154 miembros de la Convención Constituyente.

Ambas opciones son las únicas que dispone esta convocatoria electoral, por lo que constituye una falacia o un mero truco electoral convocar al apruebo o al rechazo para reformar. Estas hipotéticas opciones añadidas al debate solo demuestran que los propios partidarios de una u otra alternativa no están plenamente convencidos de su posición y temen que el resultado del plebiscito pueda ser fatal para la convivencia política y la estabilidad institucional.

La postura oficial en favor del Apruebo podría convertirse en un grave traspié de quienes gobiernan en caso de que gane el Rechazo que la encuestas viene prediciendo. Si hay algo en lo que coinciden las encuestas, en medio de una grave crisis y una alta inflación, es en la desaprobación mayoritaria del gobierno de Gabriel Boric.

Es lamentable el espectáculo que siguen brindando los partidos políticos y sus coaliciones, con los “golpes de estado” al interior de la Democracia Cristiana, la controversia entre socialistas y comunista, y la flagrante la disparidad de criterios al interior de las bancadas legislativas.

Por el Rechazo no solo está la derecha conservadora propinochetista, y aquella que pudiera pensarse más renovada, sino también una lista de exdirigentes de la Concertación Democrática, coalición que gobernará los primeros 20 años y luego alternara el poder con la derecha. Estos, autodenominado “amarillos”, han llamado a Rechazar para reformar lo escrito por la Constituyente. Es decir, buscar el modo que, a través de un acuerdo parlamentario, se escriba luego, una constitución que les satisfaga.

El Congreso trata de derogar una por demás cuestionada Ley de Pesca (conocida como Ley Longueira), pero el trámite se encuentra paralizado, porque si bien Diputados aprobó su derogación, en el Senado se ha encontrado con trabas en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, debido a ausencias de sus integrantes y declaraciones de «inconstitucionalidad» del senador ultraderechista Iván Moreira.

Esta situación hace rememorar tres grandes aristas que rondan a la polémica ley: abuso de poderosos, corrupción e impunidad, tres ejes que fueron claves durante el estallido social que desembocó en el proceso constituyente. La ausencia de parlamentarios y las declaraciones de Moreira hacen temer que nada cambiará con una nueva Carta Magna, porque las propuestas populares siempre se encontrarán con la denuncia de inconstitucionalidad de los poderosos.

Para los analistas, evidentemente existe una política transversal de los partidos del régimen por mantener y aumentar la militarización en Chile. Parte de este acuerdo es la negociación de los partidos del Gobierno hacia el plebiscito del 4 de setiembre sobre el texto de la nueva constitución y la campaña para que se apruebe el texto, pero desde ya proponen hacer modificaciones y moderarlo de acuerdo a las exigencias de la derecha.

Rául Espina señala que en el tramo final de la campaña, cuando restan solo dos semanas para el plebiscito que decidirá el futuro de la propuesta de nueva Constitución, los partidos políticos de derecha adoptaron el diseño táctico del silencio absoluto, haciendo caso omiso de los emplazamientos del oficialismo, hasta que llegue el día del referéndum constitucional, momento en que esperan triunfe el Rechazo.

En este esquema –observan analistas–, las principales figuras, que ahora han estado en modo hermético, a partir del 5 de septiembre intentarán ocupar todos los espacios que cedieron ante la ex Concertación que apoya el Rechazo.

El problema aparece en el aspecto estratégico de este diseño de campaña, y es que, ante un eventual triunfo del Rechazo, existen enormes diferencias en el camino a seguir, donde los sectores más duros podrían instalar una especie de «vetocracia» para evitar el avance de un nuevo proceso constituyente, generando un complejo escenario de gobernabilidad.

La “nueva transición” que quieren imponer los poderosos, ya sea que en el plebiscito de la nueva Constitución gane el «apruebo» o el «rechazo», quieren asegurarla con la tutela de las Fuerzas Armadas. Quizá demasiado acostumbrados al feroz neoliberalismo pinochetista y posdictatorial, quieren asesinar el sueño de construir una sociedad en la cual el respeto de la Naturaleza, la dignidad, la justicia y la fraternidad se hagan costumbre.

* Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)