La consulta popular contra los expresidentes no conmovió a los mexicanos

Marcos Salgado|

El primer ejercicio mexicano bajo la Ley Federal de Consulta Popular tuvo escasa participación, pero el 90 por ciento apoyó llevar adelante  un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por cinco expresidentes neoliberales, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La participación de unos siete millones de ciudadanos quedó muy por debajo del 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal del padrón electoral, proporción requerida por la ley para que los resultados de la consulta tuvieran carácter de mandato obligatorio para las autoridades; esto es, se habría necesitado que acudieran a las urnas 37 millones 468 mil 678 votantes.

Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia, que desfiguró el sentido de la pregunta original, y las autoridades electorales se empeñaron en desdibujar y edulcorar el fondo y el propósito de la consulta, que era dar formalidad institucional al deseo social de llevar a juicio a los ex presidentes por los crímenes y los actos de corrupción perpetrados desde el poder, es claro que el carácter abrumadoramente mayoritario de ese sentir quedó ampliamente expresado y confirmado, señala el diario La Jornada

Igualmente, la consulta popular dejó en claro que la mayoría de la sociedad quiere esclarecimiento y justicia para los atroces desempeños de los gobiernos neoliberales y que al país le urge una renovación profunda de sus instituciones judiciales y electorales.

Unos personajes amanecieron contentos: los últimos presidentes con mandato cumplido: Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes por una iniciativa impulsada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, se pretendía enjuiciar por acciones políticas como delitos de lesa humanidad, represión, desapariciones forzadas, desplazamientos de comunidades, despojo de tierras de pueblos originarios y venta de estos territorios a transnacionales, entre otros delitos…

Pero también se podía ir más allá, e incluir en la investigación la voluntad de estos expresidentes de asumir las deudas de los empresarios, la consolidación de políticas neoliberales que ha limitado a la ciudadanía a acceder a sus derechos como la salud, la educación, trabajo, vivienda, entre otras.

Los impulsores de esta consulta no solo buscaban nombrar los agravios y los crímenes cometidos por los expresidentes, y también por otros personajes, como exgobernadores, expresidentes municipales y exlegisladores. Un ejercicio que hubiera llevado también a decir lo que en México se sabe pero no se dice: la existencia de redes criminales en los tres niveles de poder.

Un ejercicio que hubiera sido modelo para otros países, donde ex presidentes y ex funcionarios se pasean por ahí, a salvo de la justicia, mientras la población paga con la precarización de sus condiciones de vida las decisiones tomadas por ellos.

Pero a esta hora ya hay que usar el pretérito pluscuamperfecto, porque este esperanzador escenario, al menos por ahora, no ocurrirá, porque aunque hubo una abrumadora mayoría por el SI a las megainvestigaciones contra los ex presidentes, la consulta estuvo lejos de congregar al 40 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas habilitadas.

Las mayores participaciones se dieron en la capital, el Tlaxcala y en la Ciudad de México, dos distritos que están prácticamente pegados en el centro del país. Y en otras zonas, donde los estragos de anteriores administraciones son más evidentes y se podría haber esperado una mayor movilización electoral, la participación fue todavía menor.

Pero quienes se oponen al esclarecimiento de las atrocidades renunciaron a hacer campaña por el no y optaron por desalentar la participación ciudadana y desacreditar el acto de democracia participativa mediante los argumentos disparatados y falaces, entre ellas  desvincular la consulta de los comicios del pasado 6 de junio, a contrapelo de la práctica democrática establecida en los países en los que los referendos y las consultas populares son prácticas establecidas y se realizan el mismo día de las elecciones.

Con desidia y falta de promoción, las propias autoridades electorales contribuyeron a fomentar la apatía, bajo el pretexto de un presupuesto insuficiente. Hubo pésima información previa e irregularidades que pudieron documentarse en decenas de centros de votación.

Pero también, entre los promotores del sí no hubo la organización suficiente para alentar una mayor participación ni para articular el extenso sentimiento de agravio. De acuerdo con el conteo rápido, el sí se impuso abrumadoramente en la primera consulta popular con reconocimiento institucional que se lleva a cabo en la historia del país.

A la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, entre 89 y 96 por ciento los sufragantes votó de manera afirmativa, en tanto que menos de 2 por ciento se inclinó por el no y de 2 a 9 por ciento optaron por anular su voto.

Los ex presidentes panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, emitieron mensajes en los que se congratularon de la baja participación. Fox señaló que fue un “Día histórico, la más baja votación de todos los tiempos”, mientras que Calderón manifestó que “fracasó la consulta popular”. Los ex presidentes priístas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Enrique Peña Nieto hicieron mutis en sus redes sociales respecto a la consulta

Del otro lado, desde el partido de gobierno y sectores que impulsaron la consulta, se apuntó al Instituto Nacional de Elecciones, por haber saboteado la consulta, al poner obstáculos a la participación, como la instalación de muchas menos mesas electorales que lo habitual y la restricción de la participación de los mexicanos y mexicanas en el exterior.

Llegará ahora el momento de revisar las causas de esta baja participación. ¿Es que la población no quiere o en todo caso no le interesa ir detrás de estos personajes cuyas políticas sufrieron por décadas? ¿Es que no está preparada para ejercer la democracia participativa? ¿Es que es deficiente el aparato comunicacional del gobierno?

Quizá la respuesta está en el rol de los medios de comunicación, que se ocupan consecuentemente de proteger en México y toda América Latina, a personajes como los que en México amanecieron aliviados y blindados. Sin duda. Es un largo camino en un reclamo de justicia, que recién empieza.

*Periodista argentino del equipo fundacional de Telesur. Editor de questiondigital.com, corresponsal de HispanTv en Venezuela. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)