ONU determinó que el gobierno brasileño debe permitir a Lula ser candidato/ ONU determina que Brasil deve respeitar os direitos políticos de Lula

Eduardo Camin|

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicó el viernes 17 de agosto que el gobierno (de facto) de Brasil debe permitir al ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien permanece en prisión, ejercer sus derechos políticos y que no sea descalificado para la próxima elección presidencial del 7 octubre, ya que su apelación está en trámite.

El Comité, con sede en Ginebra, que es un órgano convencional formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados que lo han ratificado, instó a Brasil a que «tome todas las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer, mientras permanezca preso, sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial de 2018» y pueda hacer campaña desde la cárcel.

«Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político», indicó en una declaración remitida a la prensa. El organismo consideró, además, que el ex mandatario de 72 años no puede ser excluido como aspirante «hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos». El Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene como máximo hasta el 17 de septiembre para decidir el futuro de Lula.Resultado de imagen para ONU determinó el el gobierno brasileño debe permitir a Lula ser candidato

En previsión de esta resolución, la cancillería brasileña desarrolló en Ginebra una amplia presión para impedirla. Ya en la víspera, en la delegación oficial evidenciaba el pánico de la dictadura empresarial-mediática con la consolidación de la conciencia mundial de que Lula es un preso político que tiene sus derechos civiles arbitrariamente conculcados.

Son conscientes que Lula, que aún preso duplica en intención de votos a los candidatos de la derecha, representa la posibilidad de interrumpir el estado de excepción feinante desde el golpe de Estado contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, para dar inicio a la restauración democrática y la reconstrucción económica y social del país.

La decisión y la posterior reacción pone en evidencia que a los golpistas brasileños no les importa transformar a Brasil en un estado paria, en vergüenza para el mundo, aun cuando el costo de ello sea la profundización del arbitrio y el totalitarismo jurídico-mediático, el lawfare.

El Comité de la ONU, que supervisa violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la aplicación de Protocolo Facultativo, señaló además que la «medida urgente para preservar los derechos de Lula» no implica que haya constatado una violación de esos derechos; subrayó que el caso continúa en estudio y el veredicto de la ONU se espera el próximo año.

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió poco después en un comunicado que «las conclusiones del comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto vinculante jurídicamente», y se comprometió a «encaminar al Poder Judicial» las decisiones adoptadas por el organismo formado por expertos, tras señalar que su país «cumple fielmente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos» y que sus principios son también «constitucionales brasileños, aplicados con celo y absoluta independencia por el Poder Judicial».

Lula (presidente de 2003 a 2010), amplio favorito en los sondeos para los comicios de octubre, purga desde abril en Curitiba una sentencia de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Fue condenado como supuesto beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS para obtener contratos en la estatal petrolera Petrobras, hecho que nunca se comprobó.

Heinrich Aikawa/Instituto LulaEnfrenta además otras cinco causas judiciales aunque se declaró inocente en todas y denuncia una persecución político-judicial para impedirle volver al poder.

El miércoles 15, el Partido de los Trabajadores inscribió su candidatura a la presidencia, que de inmediato fue impugnada por la Fiscalía General y sobre la que debe decidir el Tribunal Superior Electoral. El gobierno de facto sostiene que la candidatuta debe ser invalidada en función de la Ley de Ficha Limpia, que determina que un condenado no está habilitado para presentarse a cargos de elección, según su interpretación.

El Comité aclaró que se trata de una «medida interina» con la que se pretende «preservar los derechos» del exmandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso. Los abogados de Lula denunciaron el pasado mayo ante el Comité al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.

Actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el argentino Raúl Zaffaroni, advirtió que se está dando un proceso de “agresión a la democracia”, que responde a los vínculos entre el poder judicial y el financiero, y que tiene su correlato en la “dominación del poder transnacional” en el mundo. Y alertó que en América Latina “se manipulan los medios de comunicación concentrados en combinación con segmentos de la Justicia” como arma política, lo que en derecho se llama “lawfare”.

Evitó hacer declaraciones que impugnen su voto en una potencial apelación de Lula en la Corte Interamericana de la que forma parte, pero se refirió a la supuesta lucha contra la corrupción que encabezan algunos jueces.

“La corrupción pareciera ser solo del Estado, sobre todo cuando éste está en manos de los populistas y entonces dicen que hay que achicarlo, lo que garantiza no solo la impunidad de una corrupción sistémica mucho mayor sino también la virginidad moral del no estado (…) Los casos de privados no corren la misma suerte porque “quien está más cerca del poder es más impune y hoy éste está del lado del poder trasnacional”, dijo.

*Periodista uruguayo, miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU. Redactor Jefe Internacional del Hebdolatino en Ginebra. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

 

VERSIÓN EN PORTUGUÉS

ONU determina que Brasil deve respeitar os direitos políticos de Lula
Por Eduardo Camín

O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) indicou nesta sexta-feira (17/8) que o governo (de facto) do Brasil deve permitir ao ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, que permanece preso, o exercício dos seus direitos políticos, e que não seja desqualificado para a próxima eleição presidencial, no dia 7 de outubro, já que sua apelação ainda está tramitando.

O Comitê com sede em Genebra, que é um órgão convencional formado por especialistas independentes, vigia o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos por parte dos Estados que o ratificaram, e instou o Brasil a “tomar todas as medidas necessárias para assegurar que Lula possa exercer, mesmo enquanto estiver preso, seus direitos políticos como candidato, na eleição presidencial de 2018”, e que possa fazer campanha mesmo estando na prisão.

“Isso inclui ter um acesso apropriado aos meios de comunicação e aos membros do seu partido político”, indicou a entidade, em uma declaração direcionada à imprensa. O organismo considerou também que o ex-mandatário de 72 anos não pode ser excluído da disputa eleitoral “até que suas apelações perante os tribunais sejam apreciadas, completando todos os trâmites judiciais correspondentes”. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil tem um prazo máximo até o dia 17 de setembro para decidir a situação eleitoral de Lula.

Em resposta a essa resolução, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil tentou realizar uma forte pressão em Genebra. Já na véspera, a delegação oficial evidenciava o pânico da ditadura empresarial-midiática com a consolidação da consciência mundial de que Lula é um preso político que tem seus direitos civis arbitrariamente cerceados.

São conscientes de que Lula é o grande favorito deste pleito. Mesmo preso, o ex-presidente duplica os candidatos da direita em intenções de votos. Ele representa a possibilidade de interromper o Estado de exceção reinante desde o golpe de Estado de 2016, que derrubou a presidenta constitucional Dilma Rousseff para dar início à restauração democrática e à reconstrução econômica e social do país.

A decisão do Comitê e a posterior reação a ela deixam em evidência que os golpistas brasileiros não se importam em transformar o Brasil num estado pária, em uma vergonha para o mundo, mesmo quando o custo disso seja o aprofundamento do arbítrio e do totalitarismo jurídico-midiático, o chamado lawfare.

O organismo da ONU afirmou também que “a medida urgente para preservar os direitos de Lula” não significa que se tenha constatado uma violação desses direitos, e indicou que o caso continua sendo estudado, e que o veredito deveria sair no próximo ano.

Contudo, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil respondeu horas depois, através de um comunicado no qual dizia que “as conclusões têm o caráter de recomendação, e não possuem efeito vinculante juridicamente”, e se comprometeu a “encaminhar ao Poder Judiciário” as decisões adotadas pelo organismo formado pelos especialistas, ressaltando que o país “cumpre fielmente o Pacto de Direitos Civis e Políticos”, e que seus princípios também são “constitucionais brasileiros, aplicados com zelo e absoluta independência pelo Poder Judiciário”.

Lula (presidente do 2003 a 2010), o grande favorito para as eleições de outubro segundo as pesquisas, está preso em Curitiba desde abril deste ano, cumprindo uma pena de 12 anos e um mês, ao ser considerado culpado pela Justiça brasileira, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, através do suposto recebimento de um apartamento da construtora OAS, em troca de também supostos contratos com a estatal petroleira Petrobras, fatos que nunca se comprovaram.

Ele enfrenta também outras cinco causas judiciais, embora tenha se declarado inocente em todas, e denuncia uma perseguição político-judicial para impedir sua volta ao poder.

Na quarta-feira (15/8), o Partido dos Trabalhadores (PT) inscreveu sua candidatura à Presidência, que foi imediatamente impugnada pela Procuradoria Geral da República, embora seja o TSE o responsável pela palavra final no caso. O governo de facto afirma que a candidatura deve ser invalidada em função da chamada Lei da Ficha Limpa, que determina que um condenado em segunda instância não está habilitado para se candidatar a cargos de eleição direta, segundo a sua interpretação.

O Comitê da ONU esclareceu que trata de uma “medida interina”, com a que se pretende “preservar os direitos” do ex-mandatário, e não de um pronunciamento mais profundo sobre o caso. Em maio, os advogados de Lula denunciaram o Estado brasileiro ao mesmo Comitê por perseguir Lula politicamente.

O atual juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o argentino Raúl Zaffaroni, advertiu que há um processo de “agressão à democracia”, que responde aos vínculos entre o Poder Judiciário e o financeiro, e que têm sua correlação na “dominação do poder transnacional” no mundo. Também fez um alertar sobre a América Latina: “estão manipulando os meios de comunicação concentrados em combinação com segmentos da Justiça” como arma política, o que, no mundo do direito, se chama lawfare”.

Evitou fazer declarações que impugnem seu voto em uma potencial apelação de Lula na Corte Interamericana da qual forma parte, mas se referiu à suposta luta contra a corrupção encabeçada por alguns juízes: “a corrupção parece ser só do Estado, sobretudo quando ele está nas mãos dos populistas, e então dizem que se deve reduzi-lo, o que garante não só a impunidade de uma corrupção sistêmica muito maior, como também a virgindade moral do não-Estado (…) os casos de privados não sofrem o mesmo incômodo, porque quem está mais próximo do poder é mais impune, e quem disfruta desse benefício hoje é o poder transnacional”.

Eduardo Camín é jornalista, ex-diretor do semanário Siete Sobre Siete, membro da Associação de Correspondentes de Imprensa da ONU, redator-chefe internacional do Hebdolatino e analista associado ao Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)

 

 

 

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