La sentencia contra Correa, la judicialización de la política y la inteligencia colombiana
Eloy Osvaldo Proaño-CLAE|
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Colombia, en 2012, luego que la Fiscalía General pidiera la prisión preventiva en base a informes de inteligencia colombianos.
Correa sostiene que solo se busca humillarlo y calificó la decisión como ”nuevo y grave atropello a la justicia” y a sus derechos. “Yo estoy bien. No se preocupen. Buscarán humillarnos y hacernos pasar un mal rato, pero una monstruosidad así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica” (donde reside), señaló.
Mientras, Ernesto Samper, expresidente Colombia y último secretario general de Unasur, indicó que «La judicialización de la política comienza a destruir los líderes progresistas en América Latina. Primero fue Lula, que es el preso político más importante del hemisferio. Ahora es Rafael Correa. A eso le llaman juego sucio».
Daniella Camacho, jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dictó prisión y emitió alerta roja para que la Interpol lo localice, capture y extradite. Se indicó que una vez que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.
En reiteradas oportunidades, Correa ha asegurado que no poseen ninguna prueba para vincularlo con el caso Balda y ha denunciado ser víctima de una persecución política y mediática, ante el hecho de colocar “una medida cautelar imposible de cumplir”.
Recordó que en noviembre del 2017, su acusador Fernando Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que le pondrían orden de captura de Interpol. “¿Adivino o parte de un complot? Hagan sus apuestas. En las próximas horas enviaré un video por redes”, expresó.
Por su parte, Eduardo Franco Loor, defensor de Jorge Glas , el exvicepresidente de Correa, quien cumple prisión desde diciembre del 2017 dijo que “esto es la más grande infamia judicial de los últimos años! Una verdadera arbitrariedad porque se ha violentado el debido proceso penal garantista. Rafael es inocente y lo que se quiere es alejarlo de la vida política activa del Ecuador. Esto es demostración de persecución”.
Como vergonzoso calificó, el exvicecanciller Kintto Lucas al proceso penal que se sigue a Correa,” porque no hay pruebas de que el expresidente haya sido el que dio la orden del supuesto secuestro (…)y además hay que ver los vínculos que tenía Balda en Colombia”. Agregó que el secuestro del exlegislador podría estar vinculado con otro tipo de cosas pues hay investigaciones que demuestran su cercanía con Álvaro Uribe.
Lucas sostuvo que a nivel internacional este tema provoca gracia e indignación por cómo se están manejando las cosas judicialmente y en ese aspecto manifestó que llama la atención el pronunciamiento del Fiscal respecto a que el secuestro de Balda está enmarcado en un crimen de Estado, porque además eso puede llevar a una demanda en contra del mismo Estado provocando una indemnización millonaria.
“Hay suspicacias a nivel internacional de cómo se ha manejado este tipo de cosas, y es claro que hay una persecución”, puntualizó Lucas, tras indicar que es claro que sobre este proceso se nota un odio de determinados sectores. “Y lo más vergonzoso es que algunos de ellos estuvieron con Correa durante diez años y ahora no dicen nada y están aguantando su puesto con Lenín Moreno”, sostuvo.
Como corolario de la solidaridad demostrada por algunos mandatarios para con Correa, la cancillería ecuatoriana señaló que “Vemos con inquietud los pronunciamientos de los presidentes de Venezuela y Bolivia en relación a la orden prisión preventiva dictada por la justicia ecuatoriana en contra del ex presidente. Por esto hemos presentado notas formales de protesta y hemos convocado a sus embajadores en nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna de nuestro país”, reiteró el jefe de la diplomacia ecuatoriana.
El caso Balda y la “inteligencia” colombiana
¿Cómo se volvió Balda, de simpatizante del entonces mandatario Rafael Correa en su acusador? Balda era parte de Alianza PAIS. Tras desacuerdos se fue a Sociedad Patriótica y luego hizo su camino en la oposición más radical al correato. Eso le valió un juicio por injurias y huyó a Colombia.
Según Balda, el secuestro era una orden del entonces presidente Correa, ejecutada en Colombia por agentes ecuatorianos infiltrados, con la ayuda de un oficial de policía colombiano e incluso delincuentes. Por el caso declararon exfuncionarios de inteligencia, como Rommy Vallejo, y el propio expresidente Correa.
Balda vivía en Colombia desde 2009, cuando había salido de Ecuador huyendo de dos procesos legales. El primero lo inició Correa por atentar contra la seguridad del Estado y el segundo fue por por injurias calumniosas no graves, entablado por el exdirector de la Unidad Técnica de Seguros Óscar Herrera, a quien Balda acusó de tráfico de influencias por adjudicar irregularmente un contrato de bróker de seguros.
La revista colombiana Semana, señaló que la información entregada por la Fiscalía de Colombia en mayo de ese año, en el hotel Las Lomas de Bogotá, Balda habría conocido a otros tres ecuatorianos: Luis Chicaiza, Wilson Jarrín y Daniela Gaibor. El primero se acreditó como miembro de una ONG y los otros dos como parte de un movimiento político de oposición a Correa. Chicaiza se acogió al procedimiento judicial de cooperación eficaz.
Los tres decían que participarían en el evento de la Fundación Internacionalismo Democrático presidida por Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Dos meses después, varios hombres y un policía disfrazado habrían hecho un primer intento para deportar a Balda hacia Ecuador, pero como su estancia en Colombia estaba en regla, la deportación no se concretó.
La fiscalía colombiana explicó que el 13 de agosto de 2012, cerca de las 7:40 de la noche, Balda, quien se habría despedido de Chicaiza y mientras caminaba por una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, fue interceptado por una camioneta en la que cuatro hombres y una mujer lo subieron a la fuerza.
Mientras esto ocurría un taxista testigo del suceso, habría llamado a la policía y a otros taxistas que emprendieron una persecución que impidió el supuesto secuestro. Tras la persecución los secuestradores habrían escapado, abandonando a la camioneta y a Balda.
Durante las investigaciones las autoridades colombianas encontraron huellas digitales en el vehículo con las que pudieron detener a uno de los secuestradores (no identificado) en Puerto Tejada, a 301 kilómetros de Bogotá, quien dijo haber recibido una llamada de un amigo, cabo del Ejército (cuyo nombre tampoco ha sido publicado) de Colombia, quieny le dijo que fuera a Bogotá para hacer “una vuelta” (un encargo): secuestrar a una persona y llevarla hasta Ipiales. El detenido iba a recibir unos 10 mil dólares por el secuestro.
La Fiscalía colombiana señaló que en el intento de secuestro también participaron agentes de inteligencia ecuatorianos. Los colombianos señalaron que la camioneta participante en el delito fue rentado por Chicaiza (quien apareció en las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel Capital acompañado del cabo del ejército colombiano que no ha sido identificado). Las autoridades ecuatorianas confirmaron que era un sargento activo de la Policía, parte de la Dirección General de Inteligencia de Ecuador.
En mayo de 2015, cuatro colombianos fueron sentenciados a 60 meses de cárcel en su país por el delito de secuestro simple cometido en contra de Fernando Balda. El 18 marzo de 2018 son detenidos los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza, Jessica Falcón y Jorge Espinoza. Se los acusa de haber participado en el proceso de secuestro de Balda y dos semanas después se vincula al caso al exdirector de inteligencia de la Policía general Fausto Tamayo y a Pablo Romero, ex secretario nacional de Inteligencia (Senain).
Proceso eexpedito en 45 días
El 17 de junio de este año, el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quezada fue detenido en España tras ser vinculado por el supuesto secuestro de Fernando Balda, en 2012. Un día después, Correa es vinculado al caso que investiga en Ecuador el secuestro de Fernando Balda.
El 21 de junio último, Raúl Chicaiza inició su testimonio anticipado su testimonio de cinco horas ante la Fiscalía que “Cuando Rafael Correa era presidente de la República si no obedecíamos, teníamos un problema seguro”. Seis días después un Tribunal de la Corte Nacional declaró improcedente el recurso de apelación y confirmó la prisión preventiva para Pablo Romero en el caso de supuesta asociación ilícita y secuestro a Fernando Balda.
El 28 de junio, ante un tuit del expresidente sobre que Raúl Chicaiza no tendría pruebas para involucrarlo con el secuestro del político Fernando Balda y que todo sería un ‘montaje’, Diego Chimbo, abogado del exagente, asegura que no solo existirían llamadas telefónicas, sino muchos otros ‘indicativos’ que dan soporte a su vinculación al proceso. Un día después, Balda presentó un escrito en el que pidió ser aceptado como acusador particular de Correa..
El 2 de julio, el exmandatario decidió ir al consulado de Ecuador en Bruselas, y en un escrito pidió que esa misión diplomática certifique su presentación. Un día después, la jueza Daniella Camacho aceptó la petición fiscal y cambió para Rafael Correa la medida cautelar de presentarse ante la Corte, por prisión preventiva y emitió una difusión roja para que la Interpol lo detenga con extradición.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
