Judicializan el PJ para fragmentar la creciente oposición y excluir a Cristina/Ataque judicial contra o PJ visa frear crescimento da oposição e excluir Cristin

 

Rubén Armendáriz|

La intervención gubernamental-judicial del principal partido opositor, el Partido Justicialista, destinada a la fragmentación del peronismo y a la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner, es uno de los primeros pasos de la carrera hacia la reelección presidencial de Mauricio Macri en el 2019.

Luis Barrionuevo, líder del gremio gastronómico -que alguna vez quemó urnas tras perder una elección y que declaró que «tenemos que dejar de robar por lo menos dos años»- es hoy el flamante interventor del Partido Justicialista por decisión de la anciana jueza electoral María Romilda Servini de Cubría, y ya afirmó su intención de dejar afuera del PJ al kirchnerismo.

«Ellos no tienen nada que hacer en el PJ. Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera», lanzó Barrionuevo, un gremialista cercano a Macri y al expresidente provisional Eduardo Duhalde (quien quiere volver  los primeros planos), quien adelantó que intentará hablar sobre la unidad del espacio con Pichetto, Diego Bossio y Sergio Massa, referentes de la derecha peronista.

El Partido Socialista manifestó su rechazo al fallo de la jueza Servini de Cubría: “Debilita la democracia del país”, afirmaró. «Esto es una injerencia dentro de un partido político, que genera la posibilidad de divisiones internas con la idea de que no llegue a 2019 con una idea concreta para poder ser una alternativa al gobierno actual», sostuvo el periodista Alberto Emaldi.

«Estamos viviendo un tiempo de lawfare que tiene que ver con la intromisión de la justicia en muchos asuntos de la vida política, una judicialización de la política, como lo sufrió Dilma Rousseff y luego Lula, y parece querer generarse también en Argentina. Lo cierto que este fallo se acerca mucho a la proscripción», añadió.

Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador (de Sergio Massa), dijo no estar de acuerdo con los que ponen límites para pensar la unidad. «Es necesario construir una oposición lo más amplia y unida posible. El punto clave está ahí, porque el Gobierno cree que va a crecer sólo con la soja, el sector financiero y los salarios bajos (por eso propone paritarias por abajo de la inflación), un modelo que deja a 20 millones de personas afuera».

«Lo que tenemos que hacer es construir un mecanismo que nos permita construir una oposición que se oponga pero plantee una alternativa, con el eje en el peronismo. Lo que contribuya a eso suma, lo que no, resta. Si la intervención genera mayor dispersión, entonces sí favorecerá al gobierno. Si no se puede acordar una candidatura, se debe resolver a través de las internas», dijo.

Los gobernadores peronistas consideraron “sorpresiva y arbitraria” la decisión de la jueza Servini de Cubría, que estimaron de “neto corte político”. Cabe recordar que el PJ cuenta con autoridades electas por los propios afiliados, mediante los mecanismos legales establecidos en su Carta Orgánica.

La decisión gubernamental –a través de una  judicial- de intervenir la conducción nacional del Partido Justicialista (peronista) desató el repudio generalizado de gobernadores y dirigentes peronistas que denunciaron la “sorpresiva y arbitraria” decisión de la jueza quien invocó “consideraciones de neto corte político coyuntural” para desplazar a las autoridades electas y nombrar a Barrionuevo al frente de la intervención.

“Se erige arbitrariamente por encima de las garantías constitucionales, poniendo en serio riesgo la institucionalidad y el proceso interno de los partidos políticos como base de nuestra democracia”, advirtieron los “gobernadores del PJ” en un comunicado, donde exhortaron al Poder Judicial a resolver la situación “de manera urgente” y “sin especulaciones políticas”.

El comunicado va en sintonía con la apelación presentada las autoridades partidarias desplazadas por la jueza federal con competencia electoral. “No se puede ordenar una medida de tal gravedad institucional sólo bajo la invocación de una supuesta crisis interna y efectuando consideraciones de neto corte político coyuntural, como los resultados electorales obtenidos, sin detener su análisis en el entorno jurídico de procedencia”, afirman los gobernadores.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y titular del PJ bonaerense, le apuntó a la anciana jueza de 81 años: “Fue un caso de justicia exprés. Los argumentos del fallo son políticos, no jurídicos. Se expresó como una militante y no como una jueza… no tomó ninguna medida previa. Fue irregular. Le toca al peronismo pero le puede pasar a cualquier partido. Es un golpe contra el sistema democrático argentino”, sentenció.

Martín Soria, intendente de la sureña General Roca, puso el hecho en el marco de una situación de degradación institucional. “Deciden intervenir al peronismo con una jueza de bolsillo, pero no intervienen porque cantamos muy fuerte la marcha peronista, ni porque perdimos una elección como dice la jueza, la intervienen porque saben que venimos trabajando ya en la unidad”, agregó el titular del PJ rionegrino.

El palmarés de Barrionuevo

Sus primeros intentos de encumbrarse en el poder comienzan en 1975, cuando asaltó a mano armada la sede de la Unión de Empleados Gastronómicos a su legítimo conductor de entonces, Ramón Elorza, a quien tuvo que devolver el lugar usurpado obligado por la Justicia, tan solo 48 horas luego de haber irrumpido en el mismo. Como presidente del club Chacarita Juniors utilizó  su barra brava como fuerza de choque en el congreso de la CGT, el 10 de octubre de 1989, para arollar violentamente a los partidarios de Saúl Ubaldini.

En la década del 90 cobró notoriedad por negocios espurios en PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, junto al dirigente radical Enrique «Coti» Nosiglia, denunciados por ser dueños de prestadoras de salud del instituto y en distintos UGP (asociaciones de clínicas y sanatorios). Fue investigado por sobornos en el PAMI,

En 2003 envió a quemar urnas en las elecciones por la gobernación de Catamarca, tras conocer que los resultados de la misma no le eran favorables. Posteriormente compró una mansión al empresario Abraham Awada (padre de la primera dama Juliana Awada), a nombre de su segunda esposa, la entonces diputada Graciela Camaño, ya que él era investigado por enriquecimiento ilícito.

En 2017 la jueza Sandra Arroyo ordenó más de 20 allanamientos en busca de facturas apócrifas pertenecientes al sindicato conducido por Barrionuevo, con las cuales se defraudó al fisco por 1.000 millones de pesos durante 2014 y 2015. La investigación detectó un conjunto de empresas de apariencia real pero en verdad ficticia, vinculadas entre sí, con idénticos domicilios, personal y accionistas, cuyas facturas eran ofrecidas en el mercado para fines espurios.

* Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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EN PORTUGUES

Ataque judicial contra o PJ visa frear crescimento da oposição e excluir Cristina

Por Rubén Armendáriz
A intervenção governamental-judicial contra o principal partido opositor argentino, o Partido Justicialista (PJ), busca criar uma fragmentação dentro do peronismo, e isolar Cristina Fernández de Kirchner. Este é um dos primeiros passos da corrida presidencial de 2019, na que Mauricio Macri tentará sua reeleição.

Luis Barrionuevo, líder do setor gastronômico – que alguma vez queimou urnas após perder uma eleição, e que declarou que era preciso “deixar de roubar por pelo menos dois anos” – foi escolhido para ser o interventor do Partido Justicialista, por decisão da veterana juíza eleitoral María Romilda Servini de Cubría, e já afirmou sua intenção de deixar o kirchnerismo de fora do partido.

“Eles não têm nada o que fazer no PJ. Eles montaram o seu próprio partido, o Unidade Cidadã. Querem usar o PJ como se fosse um ninho deles”, reclamou Barrionuevo, um empresário ligado a Macri e ao ex-presidente provisório Eduardo Duhalde (que quer voltar ao primeiro plano da política)

Barrionuevo também assegurou que tentará falar sobre a unidade do espaço com outras figuras como Miguel Ángel Pichetto, Diego Bossio e Sergio Massa, hoje referentes da direita peronista.

O Partido Socialista manifestou sua rejeição à decisão da juíza Servini de Cubría: “debilita a democracia do país”, afirmou. “Isto é uma intromissão dentro de um partido político, o que gera a possibilidade de divisões internas, fazendo com não se chegue a 2019 com uma ideia concreta para poder ser uma alternativa ao governo atual», sustentou o jornalista Alberto Emaldi.

“Estamos vivendo um tempo de lawfare em todo o continente, que tem a ver com a intervenção da Justiça em muitos assuntos da vida política, uma judicialização da política, como aconteceu com Dilma Rousseff no Brasil, e logo depois com Lula da Silva, e que agora parecer querer se instalar como tendência também na Argentina”, acrescentou Emaldi.

Daniel Arroyo, dirigente da Frente Renovadora (de Sergio Massa), disse não estar de acordo com os que tentam impor limites para pensar na unidade. “É necessário construir uma oposição o mais ampla e unida possível. O ponto principal é o fato de que o governo acredita que alcançará o crescimento só com a soja, o apoio do setor financeiro e os salários baixos.

“O que temos que construir é um mecanismo que nos permite conformar uma oposição que se oponha, mas que também apresente alternativas, com o eixo no peronismo. O que contribua a essa ideia será bem-vindo. Quem não vem com o espírito de agregar um algo mais, não está ajudando. Se a intervenção gera maior dispersão, então favorecerá o governo. Se o PJ não acordar do nada com uma candidatura, a disputa poderia ser resolvida através de um plebiscito interno”, disse Arroyo.

Os governadores peronistas consideraram a decisão da juíza “surpreendente e arbitrária”, além de “politicamente parcial”. Vale lembrar que o PJ conta com autoridades eleitas pelos próprios filiados, através de mecanismos legais estabelecidos em sua Carta Orgânica.

A decisão governamental – através de um judicial – de intervir na condução nacional do Partido Justicialista (peronista) desencadeou o repudio generalizado de governadores e dirigentes peronistas, que denunciaram a “surpreendente e arbitrária” decisão da juíza, que invocou “considerações de caráter político e conjuntural” para derrubar as autoridades eleitas e nomear a Barrionuevo como interventor.

“Se agiu arbitrariamente, atropelando as garantias constitucionais, colocando em sério risco a institucionalidade e o processo interno dos partidos políticos como base da nossa democracia”, advertiram, em uma carta assinada pelos “governadores do PJ”, onde instaram o Poder Judiciário a resolver a situação “de forma urgente” e “sem especulações políticas”.

O comunicado sintoniza com a apelação apresentada às autoridades partidárias derrubaras pela juíza federal. “Não se pode impor uma medida de tal gravidade institucional, menos ainda com a frágil justificativa de uma suposta crise interna, e efetuando considerações de evidente caráter político, sem apoiar a análise, em nenhum momento a alguma procedência jurídica”, afirmam os governadores.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo e presidente do PJ da Província de Buenos Aires, não poupou críticas à decisão juíza: “foi um caso de justiça express. Os argumentos da decisão são políticos, não jurídicos. Ela se expressou como uma militante e não como uma juíza. Não tomou nenhuma medida prévia. Foi irregular. Essa situação hoje afeta ao peronismo, mas amanhã pode acontecer com qualquer partido. É um golpe contra o sistema democrático argentino”, sentenciou.

Martín Soria, intendente de General Roca, definiu o caso como uma situação de degradação institucional. “Decidiram intervir no peronismo com uma juíza amiga, mas não conseguirão o que querem, porque nós cantamos muito forte a marcha peronista, e porque sabem que estamos trabalhando em unidade, apesar de que, como disse a juíza, perdemos a eleição”, agregou ó titular do PJ da Província de Rio Negro.

O histórico de Barrionuevo

Sua primeira tentativa de se relacionar com o poder foi em 1975, quando ocupou a mão armada a sede da União de Empregados Gastronômicos, atentando contra o seu legítimo condutor naquele então, Ramón Elorza – e teve que devolver o lugar usurpado, obrigado pela Justiça apenas 48 horas depois. Como presidente do clube Chacarita Juniors, utilizou sua barrabrava (como são chamadas as torcidas organizadas na Argentina) como força de choque no Congresso da central sindical CGT, em 10 de outubro de 1989, para ameaçar violentamente os partidários de seu adversário Saúl Ubaldini.

Nos Anos 90, Luis Barrionuevo ganhou notoriedade por negócios espúrios dentro do PAMI, o Programa de Atenção Médica Integral para aposentados e pensionistas. Foi denunciado por ser um dos donos de uma prestadora de saúde do instituto e investigado por pagamento de propina para receber contratos dentro do programa.

Em 2003, mandou queimar urnas nas eleições para governador da Província de Catamarca, ao perceber que os resultados da mesma não eram favoráveis. Posteriormente, comprou uma mansão do empresário Abraham Awada (pai da primeira dama Juliana Awada), e a colocou em nome de sua segunda esposa, a então deputada Graciela Camaño, já que ele investigado por enriquecimento ilícito.

Em 2017, a juíza Sandra Arroyo decretou mais de 20 mandados de busca e apreensão, na qual encontrou faturas apócrifas pertencentes ao sindicato liderado por Barrionuevo – e com as quais ele se evadiu o fisco em aproximadamente 1 bilhão de pesos argentinos (cerca de 170 milhões de reais), durante 2014 e 2015. A investigação detectou um conjunto de empresas de fachada, vinculadas entre si, com endereços idênticos, os mesmos acionistas, e cujas faturas eram oferecidas no mercado para fins espúrios.

Rubén Armendáriz é jornalista e cientista político uruguaio, analista do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)