Carlos Heller| Desde su inicio, la gestión de Mauricio Macri en Argentina expresó las líneas directrices de su modelo económico: liberalización, desregulación y desinflación, tres componentes esenciales de su plan neoliberal, que se conjugan para terminar impulsando la pérdida de empleos e impactando negativamente en el salario real. Les propongo que analicemos esta deducción.

La devaluación de diciembre de 2015 aceleró los precios en forma significativa estimulando un incremento inflacionario del 41% para todo 2016. El Banco Central decidió establecer un sistema de Metas de Inflación para el manejo de la política monetaria: la meta de la Autoridad Monetaria para 2017 se ubica en un rango de entre el 12% al 17% anual. Persiguiendo tal objetivo, establecerá las tasas de interés de referencia y a través de ella pretenderá influir sobre el manejo de las variables monetarias y la inflación. Dejó bien en claro que no le interesa intervenir en el valor del tipo de cambio.

A su vez, el Gobierno Nacional tiene por objetivo reducir el gasto fiscal, fuertemente influenciado por los subsidios a las empresas energéticas, que durante los doce años anteriores se aplicaron para reducir los costos de los usuarios residenciales. De paso, se intenta recomponer las tasas de ganancia de las empresas energéticas, para, según explican los funcionarios, ex CEOs de esas mismas empresas, obtener mayores inversiones en el sector: un objetivo que considero que no lograrán dejando la decisión a la exclusiva voluntad de las empresas privadas.

Estos dos objetivos inciden en el aumento de tarifas reguladas por el Estado Nacional, que en los casos de los servicios energéticos, además, se han dolarizado. Las tarifas eléctricas subirán en febrero entre un 61% y un 148% para la zona urbana del Gran Buenos Aires, dependiendo del nivel de consumo, y se espera otra suba en noviembre. Los precios del gas estarían subiendo un 33% en abril, y otro 33% en octubre. En el caso de los consumos productivos de estos fluidos energéticos, los aumentos se trasladarán en gran parte al precio de los bienes y servicios, en lo que se llama “efectos de segunda ronda”. Otros precios regulados por el Estado, como las prepagas, aumentarán cerca del 30% en todo el año. El impuesto inmobiliario, uno de los principales tributos de las administraciones provinciales, en el 2017 subió algo más del 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Provincia de Buenos Aires, dos distritos importantes y gobernados por representantes del riñón político de Macri.

Con este panorama, entonces, ¿cómo se llegará a cumplir con las metas del BCRA, o a estar cerca de ellas? Las respuestas son aterradoras: todas indican que tratará de hacerlo a costa de la recesión del mercado interno y de la continuidad de la pérdida del poder de compra salarial.

La libertad de precios y la competitividad son dogmas para el neoliberalismo y el gobierno macrista. Tal es así que el ministro de Producción indicó recientemente que si se verificaran aumentos de precios, “vamos a incentivar (…) la apertura para que se compita con artículos importados cuando se disparan algunos precios en el mercado interior”. Estas políticas ya se han aplicado en Argentina, y han dejado en claro que tienen escaso impacto para bajar los precios, pero un fuerte efecto de destrucción de las producciones locales, en especial de las pymes industriales y de economías regionales.

Los salarios de los trabajadores formales han perdido entre un 6% y un 10% de su poder de compra en 2016. Los trabajadores informales o no registrados (el 34% del total de la fuerza laboral) seguramente habrán perdido mucho más. Al anunciar el otorgamiento de un exigua bonificación de fin de año para 2016 por única vez para los trabajadores (y siempre a discreción de las empresas) el ministro de Trabajo dijo que con dicha bonificación se cerraban las discusiones salariales del año 2016 (cristalizando de esa forma las pérdidas reales de las remuneraciones), y que las próximas tendrían que tener en cuenta exclusivamente la inflación pautada para 2017.

Además de la fuerte impronta del Gobierno para profundizar la flexibilización laboral, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana (uno de los tres funcionarios más influyentes en el diseño de las políticas económicas), expresó: “queremos que la paritaria tome como referencia la inflación de 17% para este año”.

Resulta un hecho grave, puesto que significaría poner un techo a las negociaciones paritarias que se desarrollaron en un marco de libertad durante los gobiernos kirchneristas, y porque está por debajo de las proyecciones de inflación que recoge el BCRA de los participantes del mercado, que pronostican el 21% para 2017 (cifra que puede resultar superior). De confirmarse, configuraría una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios, y haría recaer todo el peso de la desinflación en los trabajadores y en su capacidad de consumo. Adicionalmente, se profundizaría la recesión.

No será fácil para el gobierno imponer tal medida. Los trabajadores están pidiendo aumentos del 30 al 35% para recuperar el poder adquisitivo perdido y presionando a sus dirigentes gremiales para que enfrenten al gobierno y defiendan los derechos laborales. En definitiva, el límite del ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

(*) Diputado Nacional por el Partido Solidario de Argentina.