Sheinbaum: EEUU usa acusaciones de narcotráfico para debilitar gobiernos
Gerardo Villagrán del Corral
La actual mandataria mexicana Claudia Sheinbaum denunció una grave estrategia política de intervención internacional muy recurrente y denunció que el gobierno estadounidense lanza constantes acusaciones infundadas sobre narcotráfico para debilitar diversas administraciones públicas latinoamericanas. Señaló firmemente este evidente patrón histórico de injerencia política extranjera.
Sheinbaum rechazó las presiones de Washington en materia de narcotráfico y señaló que detrás de las acusaciones existe un patrón histórico de injerencia estadounidense, que no distingue entre gobiernos de izquierda o derecha.
«Muchas veces el gobierno de Estados Unidos ha utilizado la acusación de vínculos con el narcotráfico», advirtió. La mandataria señaló que esta práctica no es exclusiva del periodo gubernamental actual, sino que también fue aplicada previamente contra la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum afirmó que Estados Unidos utiliza históricamente la acusación de vínculos con el narcotráfico contra personas o políticos como una estrategia orientada a generar condiciones de injerencia y debilitamiento de Administraciones soberanas y añadió que esta práctica no es exclusiva del período gubernamental actual, sino que también fue aplicada previamente contra la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para ilustrar estos mecanismos de intervención, recordó casos históricos como el escándalo Irán-Contras, donde se instrumentó a los cárteles de la droga para el traslado de armamento destinado a derrocar a un régimen legítimo.
«Y no necesariamente es el Gobierno de Estados Unidos, sino algunas personas que influyen sobre el Gobierno, también hay que dejarlo claro, porque no es monolítico y no necesariamente viene del presidente», añadió luego de ser cuestionada por las permanentes presiones de EEUU en materia de narcotráfico.
Sheinbaum explicó que México respeta los tratados de extradición y, luego de que se presentan pruebas, envía a los presuntos delincuentes que EE.UU. solicita, pero también exige acciones concretas en ese país como parte de una colaboración sin subordinación.
«Lo que hemos dicho y sostenemos es que, si hay drogas que vienen de México y entran a Estados Unidos, ¿cómo se distribuye, cómo se vende, dónde está el dinero de la venta de esa droga, dónde se lava el dinero? No solo hay delitos en México (…), lo que decimos es que se actúe allá y que se pare la entrada de armas a México», advirtió al subrayar que su prioridad es defender la soberanía.
La jefa de Estado mexicana abordó la controversia en torno a las declaraciones de Ken Salazar, exembajador estadounidense en territorio mexicano, respecto al secuestro y traslado ilegal a suelo norteamericano del capo Ismael «El Mayo» Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Sheinbaum evidenció contradicciones en las posturas oficiales de Washington tras la reciente presentación pública de la aeronave utilizada en el traslado como si perteneciera a un operativo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Ante este escenario, la presidenta ratificó que el fin no justifica los medios y que lo fundamental radica en la abierta violación a la soberanía nacional, motivo por el cual solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar si se cometieron delitos en suelo mexicano, evaluando además el conflicto interno desatado posteriormente en el estado de Sinaloa a raíz del operativo extranjero.
Paralelamente, la mandataria informó que el actual embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, ya revisa una solicitud formal de explicación detallada para aportar mayor información sobre el caso.
Para ilustrar esta grave situación existen múltiples casos escandalosos plenamente documentados en la historia moderna. El famoso conflicto de Irán-Contras utilizó armamento y grupos criminales para intentar derrocar un régimen. México valora siempre los vigentes tratados de extradición bilaterales para mantener la cooperación internacional, señaló la mandataria.
Asimismo, desestimó las versiones que acusan al Gobierno mexicano de proteger o esconder al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, enfatizando que el funcionario permanece en su residencia y que cualquier procedimiento de extradición requiere pruebas legales contundentes en el marco del tratado bilateral vigente.
Finalmente, cuestionó la efectividad de las políticas internas de Washington contra el crimen organizado, exigiendo respuestas sobre los mecanismos de distribución de estupefacientes dentro de la nación norteamericana, los canales de venta, el destino de las ganancias financieras y los esquemas de lavado de dinero, reiterando el compromiso mexicano de colaborar de manera soberana y equitativa para evitar que las drogas afecten a la juventud de ambos países.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)