Humo blanco tras 41 días de zozobra: hay nuevo acuerdo de paz en Colombia

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en La Habana este sábado 12 de noviembre la firma de un acuerdo modificado – Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera -, que toma en cuenta los señalamientos y condiciones a las que se oponían los detractores del primer pacto.

Tras 41 días de incertidumbre por la victoria del No en el plebiscito, el presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que se recibieron 500 propuestas para modificar el antiguo pacto firmado en Cartagena el 26 de septiembre, desde distintos sectores sociales, religiosos, de víctimas y partidos políticos, que se agruparon en 57 temas para ser discutidas en Cuba con las Farc.

En 56 de las temáticas abordadas se hicieron ajustes y cambios, pero en una no hubo modificaciones y tiene que ver con la participación política de las Farc. “Un punto que reclamaban muchos de los del No era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos.  Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar”, afirmó Santos.

Es decir, en las elecciones de 2018 y 2022 se les garantizarán a las Farc en el Senado y en la Cámara cinco curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Pero ellos ingresarán a las listas de candidatos como los demás partidos.

El mandatario explicó que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. “Este proceso con las Farc no es una excepción, ni puede serlo. Las Farc tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, agregó Santos. Y agregó que los guerrilleros no tendrán curules a dedo, pero sí podrán ser elegidos.

Santos fue enfático en decir que los miembros del nuevo movimiento político que surja tras la desmovilización de las Farc no podrán competir por las 16 curules en la Cámara de Representantes, dadas por la circunscripción especial para la paz por dos periodos electorales. Están dirigidas entonces, como lo aseguró el primer acuerdo, a los ciudadanos en zonas afectadas por el conflicto armado. Los candidatos y candidatas deberán ser personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de esos mismos territorios.

 Este sábado Santos se reunió con el expresidente Uribe en Rionegro (Antioquia), y conversó varias veces con el expresidente Andrés Pastrana y la exministra Martha Lucía Ramírez. Todos los voceros del No recibirán los textos definitivos este domingo.

El jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y el jefe del equipo negociador de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, fueron los responsables de firmar el pacto con el que se espera poner fin de manera definitiva a más de 50 años de conflictos en el país. De la Calle dijo que el nuevo texto rubricado es mucho mejor que el conseguido en septiembre pasado: “Estamos convencidos de que este acuerdo muestra caminos que son viables y posibles”

Sobre las modificaciones, De la Calle sostuvo que se agregaron precisiones sobre las sanciones y la aplicación de la justicia a los actores de la guerra, aunque los detalles específicos se darán a conocer más adelante. Señaló que las características de la restricción de la libertad de todos los responsables fueron precisadas, a la vez que se fijaron los lugares en que los rebeldes pagarán sus penas. Este es uno de los puntos que preocupa a los opositores del acuerdo inicial, quienes han reprochado que los responsables de delitos no sean encarcelados, sino sometidos a castigos alternativos.

Las FARC presentarán también un inventario detallado de sus bienes y activos para reparar a las víctimas, informó De la Calle.El proceso para de los delitos de narcotráfico, en tanto, se ajustará al código penal colombiano y será conocido por las altas cortes del país, añadió.

El jefe negociador dijo que se precisó el concepto de enfoque de género que tanta polémica desató entre las iglesias católica y protestante del país. Dijo que se trata de que en el acuerdo quede claro que la mujer fue una víctima especial del conflicto y que merece un trato diferencial en cuanto a medidas de reparación. También anunció que se dio marcha atrás en la decisión de incorporar a la Constitución el acuerdo de paz y se precisó que en el punto de desarrollo rural no se afectará la propiedad privada.

Iván Márquez: Hasta los límites de lo razonable

Es tiempo de paz, afirmó el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, quien aseguró que para lograr un nuevo acuerdo tuvieron que ceder hasta los límites de lo razonable y aceptable, pero con el objetivo de dar inicio a la construcción del país de la concordia. “De nuestra parte hemos cedido, incluso extendiendo las fronteras que nos habíamos trazado, desplazándolas hasta los límites de lo razonable y aceptable para una organización político-militar cuyas armas no fueron vencidas, aseguró Márquez.

El jefe guerrillero llamó al nuevo texto el acuerdo de la esperanza y señaló que mantiene la estructura y el espíritu del anterior a pesar del sinnúmero de ajustes y precisiones que se han realizado para despejar dudas sobre los aspectos que generaban rechazo.

Los puntos del nuevo acuerdo:

Santos anunció que las precisiones, los ajustes y los cambios que se hicieron al nuevo acuerdo son:

*Las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas.

*Un reclamo generalizado de los del No y los del Sí era que se definiera en qué consistía la restricción efectiva de la libertad, pues fue criticado como impreciso. Eso se logró.

*El Tribunal debe fijar en cada caso: Los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción, imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

*Se estableció que el tiempo que pasen en las zonas veredales Transitorias de Normalización se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.

*La Jurisdicción Especial de Paz funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años.

*Las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentar información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.

*Todos los jueces serán colombianos, no extranjeros, y tendrán las mismas calidades de los magistrados de nuestras cortes.

*Las tutelas contra decisiones de la Jurisdicción Especial de Paz podrán a ser revisadas.

*Una de las principales preocupaciones del Centro Democrático era el respeto a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente.

*Han surgido algunas inquietudes sobre la legislación agraria que no hacen parte del Acuerdo de Cartagena. Por tal razón, se crea una comisión de expertos para revisar esos temas.

*El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.

*No se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente que hay sobre estas zonas.

*Se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.

*Otra preocupación de los empresarios era que se desatara una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la justicia transicional. Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.

*Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica.

*El partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos para las curules transitorias en la Cámara de Representantes.

*Se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las Farc para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.

*Las Farc no participarán en una nueva comisión de protección y garantías de seguridad que creó el acuerdo. Se eliminó también las facultades de esa comisión para revisar hojas de vida, o ejercer facultades de inspección y vigilancia sobre las empresas de seguridad privada.

*Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. En este tema fue particularmente insistente el expresidente Pastrana.

*Se reiteró y subrayó también que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos.

*No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos.

*La idea de incorporar todo el acuerdo al bloque de constitucionalidad generó mucho rechazo en los expresidentes Pastrana y Uribe, en Marta Lucía Ramírez,  y en muchos voceros del No y algunos del Sí. Eso se corrigió. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si hacen parte de la constitución.

* El gobierno será el único responsable de la implementación. Habrá, eso sí, una comisión que hará seguimiento, impulso y verificación del cumplimiento de los acuerdos.

*Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida.

*Se busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos.

*Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto.