EE.UU.-México: La geopolítica de Washington, las Zonas Económicas Especiales y la insurgencia magisterial
Carlos Fazio|Desde finales de los años 80 del siglo pasado, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. El llamado Hemisferio Occidental no escapó a esa lógica de restauración imperial. Mediante un proceso de reingeniería militar post-Panamá, América Latina y el Caribe en general, y Colombia y México en particular, fueron convertidos en una auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia extracontinental por los mercados y los recursos geoestratégicos.
Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar estadounidense en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos y megaproyectos como los contenidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), el Plan Colombia, el Plan Puebla Panamá (PPP), el Tratado de Libre Comercio de Centro América y República Dominicana (CAFTA-RD), la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), el por ahora abortado proyecto de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la Iniciativa Mérida, y a últimas fechas el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza del Pacífico, que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus materias primas y recursos estratégicos, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).
En el marco del renovado expansionismo imperial, México no sería la excepción. Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), que vinculó al país de manera asimétrica y subordinada a Estados Unidos, siguieron el Plan Puebla Panamá (2001); la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLCAN militarizado, 2005), que contiene una redefinición de facto de la frontera entre ambos países de acuerdo con los objetivos de seguridad de Washington y en detrimento de la soberanía mexicana, y la Iniciativa Mérida (o Plan México, símil del Plan Colombia, 2007), que implicó una acelerada readecuación de las Fuerzas Armadas y las distintas fuerzas policiales mexicanas por asesores e instructores de operación e inteligencia estadounidenses, combinada con una reanudación de las actividades paramilitares y el aterrizaje en el territorio mexicano de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono y el Departamento de Estado.
La necropolítica y la dominación de espectro completo
En rigor, desde finales de los años 70 del siglo pasado asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista. Una fase que remite a la acumulación primitiva u originaria descrita por Carlos Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el robo, el fraude y la violencia), y que a comienzos de esta nueva centuria el geógrafo teórico marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo (1), lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de sus tierras comunales o bajo propiedad ejidal en beneficio de grandes corporaciones transnacionales, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.
Del nuevo “arreglo espacial” -según el concepto marco que ha desarrollado Harvey-, se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como al que asistimos en el segundo decenio de este siglo, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio.
El 11/S agudizó esa política ya en curso (piénsese en la ex Yugoslavia, re-balcanizada por las potencias occidentales en los años 90 tras la muerte del mariscal Tito), y generó un nuevo “discurso civilizatorio” sobre la guerra, el enemigo y el terror diseñado por la administración de George W. Bush para justificar ocupaciones e intervenciones neocoloniales como en Afganistán e Irak. Lo que puso en juego nuevas valoraciones y debates académicos sobre los modos de entrelazamiento de nociones tales como violencia y derecho, por un lado, y soberanía y excepción, por otro, que a su vez remiten a ideas sobre la normalización del horror y al hecho avizorado de manera temprana por Walter Benjamin (2), de que el Estado de emergencia no era la excepción sino la regla para los oprimidos (3).
Con base en la normalización de la excepción, Achille Mbembe propuso una nueva categoría, la necropolítica, que exhibe la lógica de la política capitalista de nuestros días como “administración y trabajo de muerte” (4). Recuperando la noción de la biopolítica de Michael Foucault, la aportación del filósofo camerunés nos introduce en fenómenos contemporáneos como la instrumentalización generalizada de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas juzgados como desechables y superfluos (5). Así, según Mbembe, poblaciones enteras, cuerpos y enemigos son ubicados espacialmente en neocolonias cuya administración se da bajo una lógica de guerra que legitima la expropiación del territorio y la distribución y explotación de sus habitantes, en un mundo que se acaba con el límite de la muerte. Para Mbembe, la colonia representa el lugar donde la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin (6).
Y si bien el modelo de colonia contemporánea que plantea ese autor es el del nuevo apartheid instrumentado por Israel sobre la población palestina en los territorios árabes ocupados, vemos que éste se replica en amplios espacios territoriales de Colombia y México, merced a políticas institucionales de depredación, terror y muerte aplicadas por los gobiernos neoliberales de Álvaro Uribe y Felipe Calderón, continuadas por sus sucesores.
A través del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, impulsados por la administración de William Clinton a comienzos del siglo XXI, Estados Unidos desplegó una nueva forma de guerra encubierta y de ocupación neocolonial, que como resumió en 2007 el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, buscaba “transformar el territorio; adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo” (7).
Como parte de una guerra de ocupación integral, la intervención estadounidense de comienzos del siglo XXI responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos (guerras contra no-Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verbigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas), que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes. Lo que ha derivado en los conflictos asimétricos y las llamadas guerras de cuarta generación de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados como parte de un sistema tanático; un sistema de muerte donde el enemigo es la sociedad toda y uno de los objetivos centrales es la destrucción de la cultura (8).
La ocupación integral encubierta de países como Colombia y México forma parte de la “dominación de espectro completo”, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001 (9), que abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento. Esto es, colocar en la sociedad sentidos “comunes”, que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen, como única, la visión del mundo del poder hegemónico.
La fabricación de imaginarios colectivos busca, además, facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la “seguridad nacional” estadounidense y/o la “seguridad hemisférica”. Con tal fin se introducen e imponen conceptos como el llamado “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico que contiene a Canadá, Estados Unidos y México, que como parte de un plan de reordenamiento territorial de facto, fue introduciendo de manera furtiva a México en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005).
La ASPAN incluye una integración energética transfronteriza subordinada a Washington y megaproyectos del capital transnacional que subsumen los criterios económicos a los de seguridad -justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de la soberanía nacional- y una normativa supranacional que hace a un lado el control legislativo, mientras se imponen leyes contrainsurgentes que criminalizan la protesta y la pobreza y globalizan el disciplinamiento social (10).
En ese contexto, cabe resaltar que la guerra y el terror son instrumentos clave al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de para-estados donde operan formas de poder paralelas pero articuladas al marco institucional (para-institucionalidad), en cuyo seno fracciones “pragmáticas” del bloque de poder hegemónico han delegado parte de la regulación y el control territorial de zonas de importancia económica y geopolítica (espacialidad), a aparatos represivos extralegales (paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos brazos armados complementarios y/o que actúan en cohabitación o franca complicidad con las distintas corporaciones de las fuerzas militares del Estado (fuerzas armadas y distintas formas de policías militarizadas), al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista (11).
La irrupción de las nuevas formas de acumulación legales que muchas veces derivan de actividades ilegales (el lavado de dinero es la legalización de recursos negros a cambio de una cuota o porcentaje), ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros. Ello explica, también –al igual que en Colombia-, la imbricación de las fuerzas militares y policiales mexicanas con agrupaciones de civiles armados (paramilitares, autodefensas, grupos de la economía criminal), y de éstos con empresas e instituciones bancarias y financieras transnacionales, para darle un cauce “legal” e “institucional” al actual proceso de acumulación por despojo.
En el caso mexicano, la guerra asimétrica de Felipe Calderón tuvo por objetivo destruir mediante la violencia y el terror el tejido social comunitario y generar desplazamientos forzosos de población en amplias zonas del país consideradas económicamente estratégicas por el gran capital, como paso previo a una reconstrucción y un reordenamiento territorial y poblacional que, con base en la aprobación de la cuarta generación de medidas neoliberales durante el mandato de Enrique Peña Nieto -en particular la contrarreforma energética-, diera paso a una posterior enloquecida carrera transnacional para el despojo.
Michoacán y la geopolítica del Pacífico
El 4 de noviembre de 2013, el gobierno federal anunció que los policías municipales de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, habían sido desarmados por elementos de la Secretaría de Marina y la administración del puerto del mismo nombre había quedado en manos de las Fuerzas Armadas. La “toma” y militarización de ese puerto industrial fue la noticia principal de los medios de difusión masiva.
Según el diario Milenio, el puerto era la verdadera “mina de oro” del grupo delincuencial Los Caballeros Templarios. De acuerdo con información de inteligencia filtrada al diario capitalino, entre las actividades diversificadas del grupo criminal figuraban el control de las operaciones portuarias de contenedores; las operaciones de las empresas navieras transportistas de contenedores; los transportes terrestres portuarios, y el cobro de “cuotas” (venta de protección) a empresas que participaban en licitaciones en el puerto y todo el municipio, a razón de 10 por ciento por cada contrato adjudicado (12), de acuerdo con un padrón de empresas beneficiarias en poder del grupo criminal. El “negocio” incluía a grandes corporaciones como ICA, ganadora de obras gigantescas y multimillonarias (13). Otro importante rubro de ingresos era la exportación de minerales hacia China desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Paralelamente, cobraban un dólar por tonelada exportada a cinco empresas mineras que utilizaban dos muelles del puerto.
Los datos eran una radiografía aproximada de la realidad michoacana y fiel reflejo de lo que ocurría en otros estados de la República. Sin embargo, exhibían una visión unidireccional del problema, ya que se enfocaban exclusivamente en las operaciones legales e ilegales atribuidas por las autoridades a Los Caballeros Templarios y no incluía, como parte activa de las redes de complicidad y corrupción ligadas a la economía criminal, a miembros de la clase empresarial, banqueros, políticos y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), entre ellos, a los responsables del fisco, autoridades aduaneras, portuarias y judiciales, e integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado encargados de brindar “protección” (Ejército, Marina, Policía Federal y las distintas agencias policiales y ministeriales).
Lo que más llamaba la atención, por inverosímil, era que según la versión oficial difundida, Los Caballeros Templarios controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban -o deberían estar- bajo control constitucional de las Fuerzas Armadas (en particular de la Marina) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre Estados Unidos, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas-, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después del de Long Beach, en Los Ángeles, California (EU).
Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, la ciudad de Lázaro Cárdenas se conecta través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional.14 En sus muelles se descargan las materias primas y manufacturas chinas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada desde las privatizaciones del presidente Ernesto Zedillo (1995) por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM, de la que ese ex mandatario es accionista y empleado), se enlaza a través de dos ramales (cuyo destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de la Unión Americana y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.
Diseñado junto con el Plan Puebla Panamá a mediados del año 2000, el eje Lázaro Cárdenas-Nuevo Laredo para el traslado de contenedores por ferrocarril es vital para descongestionar el movimiento interoceánico de mercancías desde y hacia Estados Unidos, debido a la saturación del Canal de Panamá, lo que permite además bajar los costos de transporte (fletes) entre la costa atlántica (donde está concentrada casi el 80 por ciento de la producción estadunidense) y el Océano Pacífico.
Cabe destacar que durante el sexenio de Felipe Calderón -es decir, en los años de expansión y consolidación del dominio territorial de La Familia y Los Caballeros Templarios-, el puerto de Lázaro Cárdenas fue remozado y ampliado, debido a que en las alturas del poder -entre quienes deciden los megaproyectos económicos y los planes geopolíticos de la ASPAN- había sido concebido para servir de enlace con 44 países con los que México tiene tratados de libre comercio, y además como bisagra entre el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés)15 y el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) (16).
Por otra parte, Michoacán aporta 25 % del mineral de hierro del país, y las mayores productoras del recurso en el estado son las transnacionales ArcelorMittal, que en 2006 se quedó con la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa); Ternium, el consorcio ítalo-argentino que compró Hylsa; la canadiense Endeauvour Silver Corp; Pacific Coast Minerals, de Estados Unidos, y la Minera del Norte (subsidiaria del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira), que tienen concesionado poco más de 15 por ciento del territorio del estado.
¿Qué estaba pasando en realidad en Michoacán? Desde una lectura geopolítica, el violento conflicto entre Los Templarios y las autodefensas de Tierra Caliente podría responder a un choque de intereses entre expresiones armadas de grupos políticos, económicos y delictivos en pugna por el control del tránsito de mercancías por el puerto de Lázaro Cárdenas hacia el extranjero, y de las redes de interconexión multimodal de esa ciudad por territorios y rutas que conducían a estados del centro y norte de México, y a las costas del oeste estadunidense y Asia, como parte de una guerra de penetración y ocupación integral encubierta del país por capitales transnacionales y multinacionales, en el marco de la visión geopolítica estratégica de Estados Unidos, cuya hegemonía comenzaba a ser desafiada por China y Rusia (17).
Peña Nieto y las Zonas Económicas Especiales
En realidad, el puerto de Lázaro Cárdenas era una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 de Peña Nieto, y fue reconfirmada en sus diez medidas de acción en materia de legalidad y justicia anunciadas por el jefe del Ejecutivo en noviembre de 2014, donde se establecía que el Gabinete de Seguridad implementaría un “operativo especial” en la zona de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y una estrategia de “desarrollo integral” en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, consistente en crear tres Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial. Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la tierra caliente y la costa grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.
Promovidas por el Banco Mundial (BM) y bendecidas por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las Zonas Económicas Especiales serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.
Según el secretario de Hacienda Luis Videgaray, en las áreas abarcadas por las ZEE las empresas 
multinacionales gozarán de un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo (una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad y acceso a la banda ancha),18 y -aunque Videgaray no lo dijo-, para ser “competitivas” a nivel del comercio mundial, las maquiladoras contarán con mano de obra barata.
Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo. Para apoyar la conectividad también se impulsará la Carretera Transístmica.
En junio de 2014 Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico o Cinturón Transoceánico, que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz,19con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y otro gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que se requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.20
Cabe consignar que en febrero de 2015, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra la Secretaría de Energía y la empresa PMI Cinturón Transoceánico, filial de Pemex, por la violación al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado (según estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) para la construcción de esos dos gasoductos.
Con respecto a Chiapas, la Zona Económica Especial contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Estado estadunidense a través del Buró de Recursos Energéticos.21
Huelga decir que las Zonas Económicas Especiales incluyen estados que como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco son ricos en biodiversidad y recursos forestales, regiones que también albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital, por lo que dichos proyectos podrán detonar conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales.
Al respecto, cabe enfatizar que el proyecto en curso supone también la maquilización de la tierra en el Istmo de Tehuantepec y los otros ejes contemplados. Es decir, el despojo de tierras será una condición intrínseca de las Zonas Económicas Especiales. En un principio, la iniciativa de ley presidencial enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2015, mencionaba que las ZEE son territorios de interés público y las regiones donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas. Cito: “La presente iniciativa de Ley califica a la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación, cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales actividades”.22
El Ejecutivo declara qué territorio puede ser considerado como zona de utilidad pública y es quién expide el decreto de expropiación, por lo que a los propietarios de las tierras afectadas sólo les queda aceptar la indemnización o resistir.
Lo anterior está íntimamente ligado con la aprobación de la ominosa contrarreforma energética, en julio de 2014, cuyas leyes secundarias debilitan en forma significativa la certidumbre de la tenencia de la tierra, abren un margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o transnacionales y son, en esa medida, augurio de conflictos y confrontaciones. En la ley, si bien desapareció el término “expropiación” se le sustituyó por “ocupación temporal” de predios, pero en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para establecer una gasolinera. Asimismo, las disposiciones de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica permitirán a las corporaciones nacionales y extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. Se estableció, también la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a transnacionales a través de la figura denominada “servidumbre legal”. Además, las leyes secundarias contienen disposiciones que avanzan hacia la privatización del agua.
Encomienda y servidumbre, pues, definen la legislación energética, por lo que se legalizó el despojo del patrimonio de miles de familias y comunidades mexicanas por los dueños del dinero y a favor de los negocios corporativos privados. Una vez más queda claro que el derecho a la propiedad privada que consagra la Constitución sólo se aplica a los ricos, porque a los pobres se les despoja de lo poco que tienen.
Mientras las principales megapetroleras globales ExxonMobil (de EU, ligada a la banca JP Morgan), Chevron Texaco (EU y también vinculada a la banca Morgan), Conoco Phillips (EU, con lazos con el Citigroup), la British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs) y la angloholandesa Royal Dutch/Shell (con nexos con el HSBC Holding) se frotan las manos para entrar a saco a depredar a México, la consigna del gobierno de Peña Nieto para los propietarios de tierra rurales, ejidales y comunitarias parece ser “vendes o vendes, porque si no te expropio”.
Diseñada para la extranjerización del sector, la contrarreforma energética legaliza el despojo o expropiación de tierras en nombre de la “utilidad pública”, el “interés nacional” o el “bien común”, lo que podrá traer consecuencias sociales incalculables como el desarraigo de pobladores, la ruptura del tejido social, la aparición de grupos armados privados al servicio de las compañías privadas transnacionales y los cacicazgos locales, mayor injusticia y una exacerbación del resentimiento social. Los mexicanos podrán convertirse en peones y servidumbre en su propia tierra. Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.
El Consejo Coordinador Empresarial toma el control
La designación presidencial de Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirmó la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. Candidato frustrado a la gubernatura de Oaxaca, el nuevo titular de la AFDZEE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Luis Videgaray, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de los grandes empresarios de México) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En su nuevo cargo, Gutiérrez Candiani contará con autonomía técnica, operativa y de gestión. Y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon) y Pedro Aspe (Evercore).
En su artículo segundo la ley prevé que las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como administradores integrales o inversionistas, podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales. El “administrador integral”, entendido éste como “la persona moral o entidad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge como desarrollador-operador de la zona” (recuérdese que una persona moral puede ser una sociedad mercantil, es decir, empresarios), “tendrá entre sus facultades, según la fracción XII del artículo 33: Operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”.23 Es decir, en los nuevos enclaves los empresarios podrán contar con guardias privados.
Según la exposición de motivos de la iniciativa publicada en la gaceta parlamentaria el 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes; pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.
En definitiva, en el caso hondureño se trata de zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del territorio nacional. En el caso mexicano el proyecto es muy parecido, ya que como se puede apreciar en los términos de la ley, se pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.
A manera de conclusión
Junto con las interconexiones energéticas en la frontera norte –de electricidad y ductos para el transporte de hidrocarburos para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos-, las Zonas Económicas Especiales, con sus red de gasoductos y los puertos de Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Chiapas sobre el Océano Pacífico, son un componente básico del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), diseñado para contener a China, y la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile, instrumento político y económico mediante el cual Washington pretende modificar el mapa sociopolítico subregional acabando con los gobiernos de los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y, en menor medida, el Mercosur (Mercado Común del Sur).
Negociado en secreto, el TPP es peor que el TLCAN y amenaza con profundizar la destrucción de la agricultura campesina, la agroecología, la biodiversidad, la salud pública y ambiental, lo que resta de la industria mexicana, afectará también nuestros derechos digitales y aumentará la dependencia neocolonial de la economía y la política a los intereses de las multinacionales con casa matriz en Estados Unidos, profundizando el despojo y la catástrofe humanitaria que vivimos, así como el destino de México como país maquilador.
En perspectiva, México desaparecerá como país petrolero mundial, ya que en virtud de los acuerdos transfronterizos de hidrocarburos con Estados Unidos, Washington controlará toda la infraestructura energética –oleo/gasoductos de petróleo, gas y redes de transmisión eléctrica- en la “meta-región” geoeconómica de Norteamérica, como espacio geopolítico bajo el paraguas militar del Pentágono controlado económicamente por corporaciones multinacionales con casa matriz en la Unión Americana.
Las implicaciones geopolíticas son enormes: con el control de los recursos petroleros y gasíferos de Canadá y México mediante la llamada “seguridad energética de Norteamérica”, Estados Unidos dominará una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que lo hará menos dependiente de los países exportadores de la OPEP, y de Arabia Saudita en particular. La extracción de hidrocarburos de la parte mexicana (México es hoy el tercer abastecedor de Estados Unidos, con 12%) pronto desplazará a Arabia Saudita del segundo lugar (17%). Canadá es el primero, con 23%.
La pertenencia de Canadá y México al Acuerdo Transpacífico de 12 miembros y a la Asociación Transatlántica de Inversiones y Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés) facilitará las actividades de la poderosa flota naval de Estados Unidos en los dos océanos, y a través de sus socios “latinos” de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) Washington se dará el lujo de proyectarse hacia Sudamérica.
Bajo la férula del Comando Norte (NorthCom/Norad) y el control del CiberComando (CiberCom) del Pentágono, y gracias al paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación de Peña-Aspe-Videgaray, al servicio de la plutocracia internacional, un día los mexicanos nos enteraremos que Norteamérica (EU/Canadá/México) le declaró la guerra a China.
Cabe mencionar que salvo Puebla, las Zonas Económicas Especiales incluyen a los otros ocho estados del Plan Puebla Panamá original (2000). Publicitado como un “plan innovador de desarrollo”, las ZEE son el instrumento de la nueva fase de desposesión o despojo en curso y como ya si dijo tiene como blanco prioritario territorios ricos en recursos naturales y materias primas y donde están asentados pueblos originarios y existen proyectos de resistencia autonómicos y contra-hegemónicos.
En esos estados del sur-sureste mexicano donde predomina la propiedad colectiva de la tierra, y que han sido destinados a sufrir profundas reconfiguraciones territoriales, económicas y poblacionales vía el despojo neocolonial, el papel de las maestras y los maestros disidentes -como formadores de una identidad nacional e impulsores de una pedagogía comunitaria, autonómica, autogestionaria, solidaria y emancipadora-, se ha convertido en un obstáculo; de allí la guerra contrainsurgente y mediática de Peña Nieto, Aurelio Nuño y los grandes empresarios a través de Mexicanos Primero (ligado a Televisa) contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluida la criminalización de la protesta y la detención y persecución de sus dirigentes.
Con grandes movilizaciones en varios estados de la República Mexicana, la insurgencia magisterial ha logrado sentar a las autoridades a negociar modificaciones de fondo a la contrarreforma educativa, que en realidad es administrativa y laboral. De la solución del conflicto dependerá, en buena medida, el curso que tomen a corto y mediano plazo los acontecimientos en México.
Notas
1 David Harvey, El nuevo imperialismo. Ediciones Akal, Madrid, 2004.
2 Ver Walter Benjamin, Tesis sobre el concepto de historia.
3 Ver Alain Joxe, El imperio del caos; Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, y Giorgio Agamben, Estado de excepción.
4 Achille Mbembe, Necropolítica, Melusina, 2011.
5 Achille Mbembe, “Necropolítica, una revisión crítica”, en Estética y Violencia: necropolítica, militarización y vidas lloradas, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM, México, 2012.
6 Ver Helena Chávez Mac Gregor, “Necropolítica. La política como trabajo de muerte”. Revista Ábaco número 78, 2013.
7 Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires, 2007.
8 Ver Ana Esther Ceceña, Rodrigo Yedra y David Barrios, Un continente bajo amenaza. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Quito, Ecuador, 2009.
9 Ibíd.
10 En marzo de 2005, en Waco, Texas, el presidente Vicente Fox adhirió a un acuerdo ejecutivo con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, denominado Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).10 Los puntos nodales de la ASPAN (o TLC militarizado), fueron seguridad y energía, y la construcción de Norteamérica como un nuevo espacio político y económico para la competencia interimperialista de Estados Unidos con la Europa comunitaria y la región Asia-Pacífico. Desde su concreción, la ASPAN ha venido funcionando con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militares de Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. Además, dicho acuerdo -que en México elude el control del Senado de la República, encargado por la Constitución de vigilar los acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo-, tuvo como objetivo establecer un “perímetro de seguridad” en el espacio geográfico inmediato a los Estados Unidos, bajo el mando de un nuevo comando militar del Pentágono creado en 2002: el Comando Norte.
11 Ver Jairo Estrada Álvarez y Sergio Moreno Rubio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”, en Capitalismo criminal. Ensayos críticos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008.
12 Tal pareciera que el 10 por ciento es la tasa internacional base: desde Raúl Salinas de Gortari, “Mr. 10 per cent”, a Chuck Blazer de la FIFA, pasando por el esposo de Benazir Bhutto, ministro de inversión y después presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, “Mr. ten per cent”.
13 Ibíd.
14 Ver Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Internet.
15 El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego y están negociando su incorporación: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam.
16 Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”. Revista Trabajadores Nro. 101, Universidad Obrera de México, marzo-abril de 2014.
17 Magdiel Sánchez Quiroz e Iván Martínez Zazueta, “Elementos geopolíticos sobre la situación de Michoacán”, ya citado.
18 África Semprún, “Se invertirán mil 200 mdd en infraestructura al sur”. El Universal, 10 de junio de 2016.
19 En la terminal de Pajaritos también operan la estación de bombeo Nuevo Teapa y la refinería General Lázaro Cárdenas del Río.
20 “Pemex comenzó la operación del poliducto del Corredor Transístmico”. La Jornada, 8 de junio de 2014.
21 Mateo Crossa, “México en el giro de tuerca mundial: Zonas Económicas Especiales”. ALAI, 17 de noviembre de 2015.
22 Ibíd.
23 Ver Julio Hernández López, Astillero, “Privatizar el sur. Cesiones a empresarios. Hata Policías privadas”. La Jornada, 11 de julio de 2016.
*Nació en Montevideo, Uruguay en 1948. Es naturalizado mexicano. Periodista de profesión, es autor de numerosas investigaciones y libros.. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha, de Montevideo. Ha sido consultor de UNESCO y UNICEF, y director de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI).
