Jorge Elbaum|

El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusación de ordenar el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del territorio de Colombia. Según la información oficial difundida por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenin Moreno, la orden de detención será presentada a la brevedad a Interpol para solicitar su detención en Bruselas, donde vive actualmente con su familia el líder de la organización Revolución Ciudadana.

La solicitud del más alto tribunal  ecuatoriano se efectivizó cuatro días después de que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, concluyera su visita a Quito y –según los medios hegemónicos locales— anunciara el fin de diez años de tensas relaciones entre ambos países, el exacto periodo en el que Correa instrumentó una política autónoma de los mandatos provenientes de Washington. La solicitud de detención coincide, también, con la recepción efectuada por el actual presidente de los técnicos del FMI –raleados durante el último decenio— y el anuncio de privatización de funciones que otrora realizaba el Banco Central, como la gestión y el control del dinero electrónico.

La visita de Pence es concordante, además, con la liberalización de las importaciones que provocó una caída del 21 por ciento del superávit comercial y el consecuente deterioro del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio –notificado por Moreno— de limitar la denominada “ley de plusvalía” que impedía la especulación económica y financiera sobre tierras en zonas urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el centro de las ciudades.

También fue (aparentemente) azaroso el anuncio sobre la potencial pérdida del status de asilado de Julian Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno restringió hace meses –a pedido de Estados Unidos.— la comunicabilidad de Assange para evitar que continúe con su política de democratizar la información de los centros de poder internacional, desde el interior de la delegación diplomática.

Además, el último 5 de julio la cancillería de Ecuador informó que “el señor Assange debe de llegar a un entendimiento con las autoridades británicas. Ecuador es un facilitador”. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de abandonar Ecuador felicitó a Moreno por su compromiso en la lucha contra la corrupción evidenciado en el encarcelamiento –con una pena de seis años de cárcel— de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se encuentra actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

La causa contra Glas se inició a partir de un informe provisto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6 millones de dólares, provenientes de la empresa brasileña, a las arcas de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.

La documentación enviada por Washington arribó a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaña electoral de 2016. La difusión de esas denuncias benefició electoralmente a la formula derechista de Guillermo Lasso y Andrés Páez, quienes –a pesar de las ayudas del norte— no lograron derrotar a la Alianza País, cuya fórmula la compartían Moreno y Glas.

El vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de Correa cuando el gobierno expulsó de territorio ecuatoriano a la empresa brasileña Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas en el contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica de San Francisco.

En diciembre de 2016, cuando los documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradicción que suponía recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a quienes se suponía que eran los coimeros (por no cumplir contratos públicos).

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Balda, con Álvaro Uribe

La causa judicial por la que se ha pedido la captura de Rafael Correa se inició a partir de la denuncia del abogado Fernando Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo después a 12 meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la cárcel, huyó a Colombia, siendo un prófugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010.( NE: ver http://questiondigital.com/la-sentencia-contra-correa-la-judicializacion-de-la-politica-y-la-inteligencia-colombiana/)

Balda sufrió en 2012 un intento de secuestro en Bogotá por el que culpó a integrantes de los servicios de inteligencia ecuatorianos. Tres meses después, en octubre de 2012, Balda fue deportado por Colombia hacia su país natal para dar cumplimiento a las dos sentencias de prisión inconclusas por fuga.

En el marco de un evidente acuerdo jurídico-político, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa, partiendo de la sola declaración testimonial –sin más pruebas— de un agente policial que se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia de Ecuador (Raúl Chicaiza), que se encuentra detenido a disposición de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operación de lawfare (utilización de la justicia como herramienta de persecución política, o guerra jurídica).

Ecuador, Brasil, ArgentinaResultado de imagen para dilma lula cristina correa

El neoliberalismo latinoamericano ha operativizado un nuevo dispositivo orientado a perseguir a los líderes sociales y/o políticos que se oponen al pensamiento único, diseñado en los centros financieros internacionales, como aptos y funcionales para la supervivencia de sus intereses estratégicos. La judicialización de la política se viabiliza y desarrolla en los países cuya cultura política no permite –en la actualidad— la ejecución paramilitar de dichos activistas opositores, como sucede habitualmente en Colombia, México u Honduras, donde semanalmente se asesina referentes sociales. El lawfare existe –por lo tanto— donde no se puede, aún, desaparecer o asesinar. Es un recurso que suple el exterminio.

Las características de la judicialización política represiva se asientan en una dictadura de los jueces que se asumen a sí mismos como una supra-institución que no puede ser evaluada por la sociedad civil ni rectificada por ninguno de los otros poderes.

Los socios estratégicos del lawfare son los principales medios de comunicación (generalmente monopólicos, como el Grupo Clarín en Argentina, la Red O ‘Globo en Brasil o Televisa en México), crecientemente articulados con las redes sociales, cuya Big Data es monitoreada por centrales de inteligencia, como queda en evidencia con el escándalo Cambridge Analytica/Facebook. El objetivo es la “desaparición” del enemigo político del neoliberalismo, que se instrumenta –inicialmente— mediante la deslegitimación al interior de la opinión pública, como paso previo a su judicialización.

El sambenito o comodín lingüístico, asociado a la cruzada contra los dirigentes políticos (que se atreven a enfrentarse a la lógica rentista y especulativa) es la afamada corrupción. Pasan a ser corruptxs todxs aquellxs que demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las empresas o las corporaciones. Son pasibles de ser judicializados quienes reivindican lo público por sobre lo mercantil y quienes establecen política de desarrollo productivo como modelos sustitutos a las aperturas comerciales, que tienden a destruir tejidos productivos locales.

Serán víctimas prioritarias del lawfare quienes consideren que hay un territorio de lo político asociado a lo valorativo, superior a la eficiencia y la lógica tecnocrática de los expertos (formados habitualmente en microclimas favorables a intereses transnacionales).

El lawfare es la superación de la imparcialidad jurídica. Es el estado de excepción al servicio de la lucha contra la centralidad del Estado y la política (equiparables ipso facto a corrupción) y la defensa del sentido común neoliberal, auto percibido como una forma de naturalidad que los populistas (progresistas, izquierdistas, justicialistas, keynesianos, etc.) desafían. Para sus detractores –los dirigentes populares— no hay presunción de inocencia porque los medios se encargan de instalar la culpabilidad con insistencia diaria y sistemática. Eso permite encarcelar preventivamente (incluso sin peligro de fuga) o instruir una causa simplemente con la denuncia testimonial de cualquier ciudadano, e imponer jueces ad hoc destruyendo todo protocolo de jurisdicción.

En Argentina, la dirigente social Milagro Sala permanece detenida hace tres años por una causa que juzga el lanzamiento de huevos al entonces diputado Morales, hoy gobernador de Jujuy. En ese gravísimo atentado, Sala no estuvo presente. Sin embargo, para su detención fue vital el testimonio de un empleado de Morales, quien indicó que Milagro alentó ese “lanzamiento de huevos”. Julio De Vido –diputado nacional electo y ex ministro de Cristina Kirchner— permanece detenido por promover mejores condiciones de vida a los trabajadores de Rio Turbio y por supuestos sobreprecios en la adquisición de gas licuado.

En ambos casos las evidencias fueron sustentadas en peritajes reconocidos como incorrectos o fraudulentos (uno de los peritos, David Cohen, fue procesado por aportar datos falsos para incriminar a los funcionarios), a pesar de lo cual no le han concedido aún la excarcelación.

Cristina Kirchner acumula tres causas estrafalarias: una ligada al memorándum de entendimiento con Irán (votado en el Congreso por más de dos centenas de legisladores de las dos Cámaras), la muerte del fiscal Nisman (en la que se busca transformar –a costa de violentar incluso las evidencias fácticas— un suicido en un homicidio) e imputaciones (risibles) ligadas a la gestión de los hoteles familiares, en el sur del país, que estaban a cargo de administradores autónomos. Carlos Zannini (ex Secretario Legal y Técnico) y Luis D’Elía (dirigente social) permanecieron 100 días en prisión preventiva por el primero de los delitos imputados a CFK. Fernando Esteche permanece encarcelado por esa misma causa, sin fecha de inicio del juicio oral y público.

En Brasil, Lula fue condenado a 13 años de prisión en el marco de una causa conocida como Lava Jato, en la que se lo acusó de “corrupción pasiva” por la tenencia de un “apartamento triplex en Guarujá”, cuya titularidad pertenece a otra persona, lugar en el que nunca vivió ni habitó ningún día de su vida. Para condenarlo, el juez de primera instancia Sergio Moro tuvo en cuenta la evidencia de un mail y un testimonio y desechó a 73 testigos que negaron la “ocupación del departamento por parte de Lula”. La contracara de esta escena es que el máximo responsable del esquema de corrupción al interior de América Latina –por coimas distribuidas por valores superiores a los 300 millones de dólares—, Marcelo Odebrecht, CEO de su empresa, permanece en arresto domiciliario desde el 17 de diciembre último gracias a delaciones premiadas brindadas a la justicia.

Tácticas de guerra

El lawfare tiene particularidades en relación con la prisión preventiva. La mayoría de las constituciones de América Latina la habilitan –en la etapa de instrucción— tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigación de la causa de la que es imputado o si existe una posibilidad de fuga. La supervivencia del neoliberalismo ha necesitado tergiversar esa doctrina para encarcelar preventivamente como mensaje mediático disciplinador (un ex vicepresidente en pijama y esposado pasa a expresar el éxtasis del lawfare comunicacional).

En todos los casos de las detenciones preventivas –incluso la causa por la que está detenido Lula, dado que aún no hay sentencia firme, porque está presentada la apelación— los jueces no han explicado los motivos que justifican dichas detenciones en el marco de los potenciales peligros de fuga u obstrucciones de las investigaciones. Ergo: marche preso.Imagen relacionada

El concepto de lawfare fue generado por el general estadounidense, asesor del Pentágono, Charles Dunlap,  quien lo definió como la táctica para utilizar la ley como medio para lograr un objetivo militar. Se trata  de transformar “códigos legales en balas”. El lawfare es menos letal, más económico, pero –en muchas oportunidades— más efectivo qie acciones militares planificadas. Su principio deviene de tratar de dar una apariencia de legalidad a la excepcionalidad, a la persecución y al hostigamiento. Es ajeno al sistema democrático porque lo sustituye. Elige quién no tiene que participar en él y quién debe ser excluido. Promueve el descrédito mediático a través de la utilización del tiempo jurídico: la condena no es lo importante sino el trayecto; puede resultar inocente pero la instrucción debe ocupar las primeras planas para deslegitimar una carrera y –sobre todo— el vínculo del dirigente con los sectores sociales más desfavorecidos, sobre el que hay que imponer el máximo de inversión comunicacional mediática y de redes sociales.

*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).

 


EN PORTUGUÉS

Lawfare: as masmorras da política latino-americana

Por Jorge Elbaum

No dia 3 de julho, a juíza da Corte Nacional de Justiça do Equador ordenou a captura do ex-presidente Rafael Correa, sob a acusação de ordenar o sequestro de um delinquente equatoriano, Fernando Balda, dentro do território da Colômbia. Segundo a informação oficial difundida pela secretaria de comunicações do atual presidente, Lenín Moreno, a ordem de detenção será apresentada em breve à Interpol, para solicitar sua detenção em Bruxelas, onde o líder da Revolução Cidadã vive atualmente com sua família.

A medida tomada pelo mais alto tribunal equatoriano se efetivou quatro dias depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, concluir sua visita a Quito e – segundo os meios hegemônicos locais – anunciar o fim de “dez anos de tensas relações entre ambos os países”, o exato período em que Correa impulsou uma política autônoma dos mandatos provenientes de Washington. A ordem de detenção coincide também com a recepção dada pelo atual presidente aos técnicos do FMI – também rejeitados no Equador nesses últimos dez anos – e o anúncio da privatização de funções que outrora eram realizadas pelo Banco Central, como a gestão e o controle do dinheiro eletrônico.

A visita de Pence também acontece em paralelo com a liberalização das importações, que provocou uma queda de 21% do superávit comercial, e a consequente deterioração do tecido produtivo. Outra das coincidências foi o anúncio de Moreno de medida que limita a chamada “lei da mais-valia”, que impedia a especulação econômica e financeira sobre terras em zonas urbanas, para impedir que os pobres se vejam obrigados a abandonar o centro das cidades.

Também foi (aparentemente) coincidência o anúncio sobre a possível (ou provável) perda do status de asilado de Julian Assange, o ciberativista que se encontra na embaixada equatoriana em Londres, desde que Correa lhe concedeu abrigo. Há dois meses, o governo de Moreno – a pedido dos Estados Unidos – já havia restringido a comunicabilidade de Assange, para evitar que continue com sua política de democratizar a informação dos centros de poder internacional de dentro da sede diplomática.

Assim, no dia 5 de julho a chancelaria do Equador informou que “o senhor Assange deve chegar a um entendimento com as autoridades britânicas. O Equador é um facilitador”. Não há dúvidas de que Mike Pence foi convincente. Antes de abandonar o Equador, felicitou Moreno por seu compromisso na luta contra a corrupção, evidenciado no encarceramento – com pena de seis anos de prisão – de seu vice-presidente eleito, Jorge Glas, que é acusado de receber propina da empresa brasileira Odebrecht.

A causa contra Glas se iniciou a partir de um informe entregue pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que falava de pagamentos de 33,6 milhões de dólares provenientes da empresa brasileira entre 2007 e 2016.

A documentação enviada por Washington chegou aos tribunais equatorianos poucos meses antes da campanha eleitoral de 2017. A difusão dessas denúncias beneficiou eleitoralmente a fórmula direitista de Guillermo Lasso e Andrés Páez, que, apesar das ajudas imperiais, não conseguiram derrotar a Aliança País, de Moreno e Glas.

O vice-presidente eleito, foi um dos funcionários de maior confiança de Correa quando o governo expulsou do território equatoriano a empresa brasileira Odebrecht, em 2008, pelo não cumprimento das normas no contrato para a construção da represa hidroelétrica de San Francisco.

Em dezembro de 2016, quando os documentos provenientes de Washington foram conhecidos em Quito, os analistas internacionais se interrogavam sobre a óbvia contradição que a respeito de receber recompensas ilegais e ao mesmo tempo expulsar aqueles que supostamente eram os corruptores.

A causa judicial pela qual se emitiu a ordem de captura de Rafael Correa se iniciou a partir da denúncia do advogado Fernando Balda, que foi condenado em 2010 por injúrias e calúnias contra um funcionário próximo a Correa. O próprio Balda foi sentenciado, tempo depois, a 12 meses de prisão, por atentar contra a segurança do Estado. Em ambos os casos, para evadir a detenção, ele fugiu para a Colômbia, sendo um prófugo da Justiça equatoriana entre 2009 e 2010.

Em 2012, Balda sofreu uma tentativa de sequestro em Bogotá, pela qual culpou integrantes dos serviços de inteligência equatorianos. Três meses depois, em outubro de 2012, Balda foi deportado pela Colômbia ao seu país natal, para cumprir as duas sentenças de prisão contra si.

Em meio a um evidente acordo jurídico-político, os governos da Colômbia e do Equador concordaram em endossar a tentativa de sequestro de Balda a Correa, partindo por uma única declaração testemunhal – sem nenhuma prova material que confirme o relato – de um agente policial que se desempenhava na Direção Geral de Inteligência do Equador (Raúl Chicaiza), que se encontra preso e à disposição da Justiça. Correa rechaça as acusações, e as classifica como uma farsa, um elemento que compõe toda uma operação de lawfare – utilização da justiça como ferramenta de perseguição política, ou guerra jurídica.

Brasil, Argentina e Equador

O neoliberalismo latino-americano vem concretizando a operacionalização de um novo dispositivo orientado a perseguir os líderes sociais e/ou políticos que se opõem ao pensamento único desenhado nos centros financeiros internacionais, que são essenciais para o funcionamento e sobrevivência dos seus interesses estratégicos. A judicialização da política é viabilizada e desenvolvida em países cuja cultura política não permite, na atualidade, a execução paramilitar de tais ativistas opositores, como acontece habitualmente na Colômbia, no México e em Honduras, países onde esses referentes sociais são assassinados semanalmente. O lawfare existe, portanto, onde não se pode ainda desaparecer ou assassinar. É um recurso que supre o extermínio.

As características da judicialização política repressiva se assentam numa ditadura dos juízes que se assumem como uma supra-instituição, acima da sociedade civil e que não pode ser avaliada nem retificada por ela ou por nenhum outro dos poderes.

Os sócios estratégicos do lawfare são os principais meios de comunicação (geralmente monopólicos, como o Grupo Clarín na Argentina, a Rede Globo no Brasil ou a Televisa no México), crescentemente articulados com as redes sociais, cuja big data é monitorada por centrais de inteligência, como fica em evidência com o escândalo envolvendo Cambridge Analytica e Facebook. O objetivo é a “desaparição” do inimigo político do neoliberalismo, que se instrumenta a partir da deslegitimação dessa ameaça, passo prévio à posterior judicialização do seu atuar político.

O estratagema linguístico lançado para impulsar essa cruzada contra os dirigentes políticos (que se atrevem a enfrentar a lógica rentista e especulativa) é a famosa “luta contra a corrupção”. Passam a ser corruptxs todxs aquelxs que pregam a favor da centralidade do Estado e contra os interesses das empresas multinacionais e grandes corporações. São passíveis de ser judicializados todos aqueles que reivindicam o público e questionam o mercantil, ou que estabelecem política de desenvolvimento produtivo como modelos que substituam as aberturas comerciais, que tendem a destruir tecidos produtivos locais.

Serão vítimas prioritárias do lawfare aqueles que considerem que há um território do político associado ao valorativo, superior à mitológica “eficiência tecnocrática dos especialistas (formados habitualmente dentro do microclima favorável aos interesses das multinacionais).

O lawfare é a superação da imparcialidade jurídica. É o Estado de exceção a serviço da luta contra a centralidade do Estado, contra a política (equiparáveis à corrupção) e contra a defesa do sentido comum neoliberal – auto percebido como uma forma de naturalidade – desafiado pelos populistas: rótulo que serve para progressistas, keynesianos, peronistas, lulistas e esquerdistas em geral, não somente comunistas. Para os que se colocam contra essa lógica dominante (especialmente os dirigentes sociais e líderes políticos de esquerda), não existe presunção de inocência, e os meios de comunicação se encarregam de instalar a culpabilidade com uma insistência diária e sistemática desse discurso. Isso é o que justifica as prisões arbitrárias ou até mesmo a instrução de uma causa somente a partir de provas testemunhais ou outras superficialidades, ou até a atuação de juízes enviesados capazes de destruir todo o protocolo de jurisdição.

Na Argentina, o caso da dirigente social Milagro Sala, que permanece presa há três anos por uma causa que julga o lançamento de ovos ao então deputado Morales, hoje governador de Jujuy. Nesse gravíssimo atentado, Sala não esteve presente, e o fator que determinou a sua detenção foi simplesmente o testemunho de um empregado de Morales, que a indicou como a pessoa que “incitou o lançamento de ovos”. Julio de Vido – deputado e ex-ministro de Cristina Kirchner – também está preso, pelo crime de trabalhar por melhores condições de vida dos trabalhadores da indústria petrolífera e por um suposto superfaturamento de preços na compra de gás.

Em ambos os casos, as evidências foram sustentadas em perícias que foram comprovadamente incorretas ou fraudulentas – um dos peritos do caso de Julio de Vido, David Cohen, foi processado por entregar dados falsos para incriminar os funcionários – e ainda assim não foi concedida a liberdade a nenhum dos dois.

Cristina Kirchner enfrenta três processos, que são tratados pela mídia com o sensacionalismo que o roteiro pede para estes casos: um deles ligado ao memorando de entendimento com o Irã (votado no Congresso por mais de duzentos legisladores das duas câmaras), outro sobre a morte do promotor Nisman (na qual se busca transformar um suicídio em homicídio, ainda que isso signifique violentar as evidências) e um terceiro sobre acusações (risíveis) ligadas à gestão dos hotéis da sua família, no sul do país, que estavam a cargo de administradores autônomos. Carlos Zannini (ex-secretário Legal e Técnico) e Luis D’Elía (dirigente social) permaneceram cem dias em prisão preventiva pelo primeiro dos delitos atribuídos à ex-presidenta. Fernando Esteche permanece detido por essa mesma causa, sem data de audiência programada.

No Brasil, Lula da Silva foi condenado a 13 anos de prisão dentro de um processo conhecido como Operação Lava Jato, no qual é acusado de “corrupção passiva”, por supostamente ter recebido um “apartamento tríplex” localizado na cidade de Guarujá, cuja titularidade, como já foi comprovado, nunca pertenceu a ele, e se encontra dentro do patrimônio da empreiteira OAS. Lula e sua família não habitaram o apartamento sequer um dia. Para condená-lo, o juiz de primeira instância considerou apenas uma mensagem de correio eletrônico e um testemunho favorável à tese da promotoria, e simplesmente ignorou outras 73 testemunhas que negaram a “ocupação do apartamento por parte de Lula”.

O outro lado dessa moeda é o fato de Marcelo Odebrecht, o maior responsável pelo esquema de corrupção na América Latina – com propinas distribuídas por valores superiores aos 300 milhões de dólares –, CEO de empresa que leva o seu sobrenome, permanece em prisão domiciliar desde 17 de dezembro, graças a delações premiadas aceitas pela Justiça brasileira.

Táticas de guerra

O lawfare tem particularidades com relação à prisão preventiva. A maioria das constituições da América Latina possuem esse dispositivo – na etapa de instrução – para ser usado somente quando o acusado pode obstruir uma investigação que o envolve ou se existe a possibilidade de fuga. A sobrevivência do neoliberalismo requer a tergiversação dessa doutrina de encarceramento preventivo como mensagem midiática disciplinadora (um ex vice-presidente em pijamas e algemado passa a expressar o êxtase do lawfare comunicacional). Em todos os casos das detenções preventivas – inclusive a causa que mantém Lula preso, na qual não há sentença em última instância, porque está apresentada uma apelação que ainda não foi analisada – os juízes não explicaram os motivos que justificam essas decisões, detalhando quais são os potenciais perigos de fuga ou obstrução das investigações.

O concepto de lawfare foi gerado pelo general estadunidense Charles Dunlap, assessor do Pentágono, que o definiu como a tática para utilizar a lei como meio para alcançar um objetivo militar. Se trata de transformar “códigos legais em balas”. O lawfare é menos letal, mais económico, e – em muitas oportunidades – mais efetivo que ações militares planificadas. Também é baseado na ideia de dar uma aparência de legalidade à excepcionalidade, à perseguição e à hostilidade. É uma manobra alheia ao sistema democrático, porque o substitui, escolhe quem não pode ou não deve participar dele, e o exclui. Promove o descrédito midiático através da utilização do tempo jurídico. A condenação nem sempre é o importante, e sim o trajeto. O alvo pode parecer inocente, desde que se crie o ambiente para manter o relato condenatório nas primeiras páginas e nos blocos de destaque dos noticiários televisivos e radiofónicos, visando deslegitimar uma carreira, e sobretudo o vínculo do dirigente com os setores sociais mais desfavorecidos, sobre o que se deve impor o máximo de investimento comunicacional e de redes sociais.

Jorge Elbaum é sociólogo, doutor em Ciências Econômicas e analista sênior do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)