Sunchuluminaria, retrato de la incoherencia ecologista boliviana

Nahí Nascimento|

Así como los cientistas sociales bolivianos decidieron mirar para otro lado y desentenderse de los amargos hechos que afectan y trastocan a Bolivia desde los conflictos postelectorales de octubre y noviembre 2019 a esta parte, con la misma fórmula, los colectivos, fundaciones y expertos ambientalistas decidieron callar y mirar de palco cómo arde el oriente boliviano desde enero de 2020. Su moral y ética se asemeja a las cenizas consumidas al calor de sus gritos por los incendios en la misma región un año atrás. Una variación central: un gobierno depuesto y un nuevo gobierno que ya nada tiene de transitorio.

Cerca de un centenar de agrupaciones medioambientales, además de “influencers”, inflamaron los medios de comunicación y las redes sociales ante los incendios de la Chiquitanía en 2019, además de realizar pronunciamientos sectoriales de cuestionamiento a la entonces respuesta gubernamental frente al desastre ambiental. Hoy su silencio es sepulcral. Pareciera que, en su escala de valores, la flora y la fauna nacional no son una prioridad a la luz de tres temas que serán a continuación desarrollados.

En primer lugar, se registraron incendios de gravedad en Santa Cruz de la Sierra desde enero 2020, los cuales tuvieron su mayor pico de focos de calor en marzo, cuando ardieron cerca de 5000 hectáreas de pastizales de parque. Para julio, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, ubicado en el municipio de Puerto Suarez, se consolidó como principal nodo de las quemas. Aún, se registra 42% más de focos que el año precedente para el mismo periodo en reservas forestales. En grueso, se estima que la cantidad de hectáreas actualmente consumidas asciende a 6 millones a nivel nacional.

Hoy las autoridades comunales portan la voz de la denuncia, así como sectores cívicos municipales, quienes declaran que, hasta el momento, el gobierno central no implementó planes de mitigación del fuego ni desplegó guarda parques, a la vez que cuestionan al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ante la inexistencia de un plan de acción a este respecto.

El monitoreo de quemas e incendios forestales –enero a abril de 2020– de la Fundación de Amigos de la Naturaleza registra el máximo de focos de calor el 25 de enero con 510 focos. Esta cifra revelaba con preocupación, hasta entonces, el incremento de 35% de puntos de fuego en referencia al mismo periodo de tiempo durante la gestión precedente.

Al consultar por los focos de calor en la misma fuente entre los días 1 y 2 de agosto del presente, se obtiene un inusitado incremento a 1977 focos simultáneos, centralizados en Santa Cruz, principalmente en el parque Otuquis. Es decir, este incremento representaría un 140% más de siniestros comparado al 2019. Hasta el 29 de julio de 2020, el fuego consumió 72.000 hectáreas tan solo en dicho parque.

Al respecto, el presidente del Comité Cívico de Puerto Suarez cuestiona la razón por la cual las autoridades centrales siguen esperando para actuar ante los siniestros a la vez de manifestar “Ahora yo me pregunto ¿por qué no están los helicópteros que estaban el año pasado echando agua, ¿por qué no hacen algo con eso?” . Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, a tiempo de relativizar la magnitud de los incendios, pidió a los ciudadanos no acudir a los llamados de voluntarios y rescatistas para mitigar el fuego, ya que para ella “no es necesario” .

Basta una revisión de los sitios oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para constatar que la institución recibió donaciones de equipamiento para combatir los incendios, sin embargo, no da cuenta del uso de recursos estatales para una gestión de respuesta planificada. Consideremos que el 17 de febrero de 2020, la Unión Europea consolidó su compromiso de apoyo a “las políticas de Gobierno y a la transición democrática” mediante un desembolso al Tesoro General de la Nación de 27 millones de euros “para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como la política sectorial de agua, saneamiento, cuencas y recursos naturales”, de los cuales, 17 millones estaban justamente destinados a gestiones correspondientes a dicho ministerio. ¿Qué se hizo con tales fondos?

En 2019, la viralización del clamor e indignación ciudadana en redes sociales pasó por las consignas #SosBolivia, #SosAmazonía y, tardíamente enterados, #SosChiquitanía, mediante plataformas ciudadanas e influencers a nivel nacional, quienes utilizaron diversos recursos gráficos a fin de establecer un falso relato y llamar la atención internacional, difundiendo masivamente fotografías de animales silvestres y paisajes descontextualizados, mezclados con la bandera tricolor y memes de personajes políticos. No obstante, la consigna #SOS… en redes sociales ya fue utilizada –y perfeccionada– en otros países por sectores privilegiados con fines “ambientalistas”. Para un análisis en profundidad sobre los operadores de similares campañas y su financiamiento, recomendamos remitirse a Reed.

Por su parte, en 2019, asambleístas de la otrora oposición urgieron al gobierno depuesto a declarar emergencia nacional, solicitaron la intervención internacional, además de numerosas Peticiones de Informe Escritos, plasmando una imagen de que el gobierno jamás se movilizó por responder a la crisis medioambiental. No obstante, el gobierno boliviano en 2019 desplegó, no solamente 4500 efectivos militares, bomberos y voluntarios para paliar el fuego, sino que además contrató los aviones y helicópteros regantes más grandes del mundo, Supertanker, Ilyiushin y Chinook, respectivamente, con recursos propios.

Igualmente, coordinó cooperación técnica internacional con Bélgica, Canadá, Rusia, Francia, Suiza, Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Perú y Colombia. Los recursos estatales para ello ascendieron a 23 millones de USD. La respuesta gubernamental boliviana fue, entonces, loada por organismos internacionales, especialmente, comparada a la total negación del tema por parte del vecino país y principal afectado, Brasil.

Se creó rápidamente el Gabinete de Emergencia Ambiental en Roboré, desde donde el gobierno central coordinaba todas las acciones con los gobiernos departamental y municipales afectados. Inconsecuentes, de marzo a la fecha, ningún asambleísta realizó pedidos de declaratoria de emergencia o informes en la materia. Más aún, la primera mandataria interina, hasta el momento, no emite ni una palabra sobre la acuciante situación medioambiental.

Estrechamente vinculado al tema precedente tenemos la expedita aprobación e introducción de diferentes semillas transgénicas a territorio nacional mediante Decreto. En 2019, la administración de Morales promulgó el Decretó Supremo 3973, al cual se atribuyó la causa de los siniestros. Sin embargo, el único transgénico autorizado en Bolivia, actualmente, fue aprobado en 2005 durante el mandato de Carlos Mesa, el cual se elevó a rango de DS por Rodriguez Veltzé.

Pues bien, el actual gobierno de facto promulgó el Decreto Supremo 4232 del 7 de mayo de 2020 que “autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados, en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”, movida que no solamente rebasa sus atribuciones como gobierno transitorio e incumple todo marco normativo, si no que además, devela los intereses del actual gabinete como estrechos colaboradores de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) principal sector beneficiario de la expansión de la frontera agrícola y de la apresurada aprobación del uso de semillas transgénicas.

Finalmente, podría considerarse cándido el tercer tema: el caso del zorro andino Antonio. Éste resulta ser un pésimo precedente de la arbitrariedad en las vulneraciones institucionales en las que incurren las actuales autoridades, más precisamente, el ministro de gobierno transitorio, Arturo Murillo. Como suele estilar, públicamente ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua revertir la decisión de que el zorro cautivo volviera a su entorno natural, pasando por una etapa transitoria en una reserva y para ser devuelto a su “única familia”, léase, humana. (Hecho que es una interesante metáfora de transitoriedad y cautiverio, hoy extrapolable).

El tema rebasa las malas maneras de la mencionada autoridad y del uso electoral que hizo la mandataria al festejar la funcional posterior decisión de la cartera de medio ambiente, fotografías mediante, como si se tratara de un perrito exótico. Esto se llama tráfico de especies silvestres. Asimismo, consideremos que se estima que por cada animal traficado sobreviviente, 8 de ellos mueren. Más aún, en tiempos pandémicos, ¿acaso no estábamos indignados por que se atribuye el origen del coronavirus a espacios de trata de animales silvestres en el lejano gigante oriental?

En suma, recordar que los cabildos #SOSChiquitanía pronto se tornaron en eventos políticos, que sirvieron para llamar a “desconocer la eventual victoria del MAS” en los comicios electorales de 2019, como señala el pronunciamiento del cabildo de 10 de octubre de 2019, donde se inició el llamado a la desobediencia civil y anticiparon un supuesto fraude.

Resulta vano esperar más coherencia del gremio de los “influencers”, que al fin y al cabo, no se especializan más que en la viralización y banalización de la información. No obstante, los temas arriba mencionados ilustran que sus fines no eran medioambientales, sino principalmente políticos. De fondo, molesta el poco rigor de ecologistas y ambientalistas, ese sector “informado” que se dejó llevar por quiénes, en 2019, confundían la Amazonía con la Chiquitanía sin mayor reparo. Penoso es que su causa y disciplina de estudio se hayan desvanecido en un guión casi pornográfico –mórbido y silvestre– de nuestra flora y fauna, cuando alterados difundían fotos de animales y paisajes que ni siquiera eran nacionales.

Confinados como nos encontramos, con plena accesibilidad a las redes sociales, es por demás cuestionable que aún no estalle el llamado viral #SOS. Así, constatamos la falsa indignación de ciudadanos y organizaciones que no cabían en su supuesta angustia. Aparentemente, la convicción ecologista de las élites es, pues, privilegiada y selectiva; su moral es inmoral. En Bolivia, los cientistas sociales y medioambientales más parecen cuentistas.

*Comunicadora social, con estudios posgraduales en mediación cultural, lenguas, análisis del discurso y política exterior. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégicoi (CLAE, estrategia.la).