Argentina: La construcción del Ministerio de la Venganza

 Carlos A Villalba|

Todo es oscuro cuando empiezan a encenderse las llamitas en el horizonte inmediato. El primer golpe en el cuero de los tambores llama a los sonidos guturales y los gritos agudos de la danza sioux que anuncia el comienzo de la “misa”. Son 85 segundos hasta que la voz engolada de Indio Solari convoca a sus “Fundamentalistas del Aire Acondicionado” y arrancan con «Barbazul versus el Amor Letal»,  el tema inicial de Gulp!, el primer álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, publicado allá por un lejanísimo 1985.

Treinta y cuatro años después de aquel puntapié inicial, una dama que durante dos períodos fue presidenta de la Nación Argentina, que es viuda, madre, abuela, candidata a vicepresidenta y perseguida de modo implacable por los juzgados federales, sin respeto por el “debido proceso” que se le debe a cualquier ciudadano o ciudadana, es convocada a los escenarios desde donde va a encantar a propios y extraños con sus anécdotas, sentencias y consideraciones políticas. Las que incluyó en su libro “Sinceramente” y las que en cada presentación hilvana en función de la coyuntura y la decisión de abordar determinados temas.

“Buenas tardes a todas, todes y todos”, saluda el “telonero” y anuncia que “Hoy toca Cristina”(Fernández de Kirchner). Es el escritor Marcelo Figueras, no casualmente biógrafo del fundador de los Redonditos, quien dijo que nunca vió “nada más parecido a los recitales del Indio Solari”, que las reuniones multitudinarias que se suceden en todo el país alrededor de la ex mandataria y su libro, el más vendido a lo largo de la historia de la literatura política argentina. “Ver ese mar de gente agitando sus ejemplares, para un escritor, es una experiencia extraña y maravillosa”, palpita el autor de Kamchatka y El muchacho peronista.

 

Venganza, ven ganso

El Frente de Todxs llegó al urnazo del 11 de agosto a pesar de las  denuncias en serie formuladas desde Comodoro Py, en particular las instruidas por el dúo Claudio Bonadío-Carlos Stornelli, flojas de papeles y metodología, con acusaciones sostenidas en base a la violación de principios constitucionales como el de presunción de inocencia, con declaraciones obtenidas en base a exigencias que orilla lo extorsivo y exceso de detenciones preventivas de eterna duración.

Los mandantes judiciales alojados en la Casa Rosada fogonearon la imagen de una ex presidenta “multiprocesada” yrodeada de funcionarios”corruptos”, con la intención de contrapesar el rechazo electoral que sus decisiones económicas causaban en el conjunto de la ciudadanía, por encima del sector social al que pertenezca cada uno. En ese camino recibieron la ayuda del mismo Juzgado, que convocó al jefe de la fórmula presidencial para que declarase como testigo a partir de una opinión vertida el 26 de febrero de 2015.

Alberto Fernández consideró con obviedad que “el único objetivo era hacerme entrar en Comodoro Py en plena campaña electoral”. El pasado 10 de julio entró, salió -igual que CFK cada vez que la convocaron- y, un mes después, ganó las elecciones, que de internas de convirtieron en decisivas gracias a la diferencia aplastante de 17 puntos sobre el binomio Mauricio Macri-Miguel Pichetto,con el respaldo de una brecha semejante entre la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magarioy la de los gobernantes bonaerenses María Eugenia Vidal y Daniel Salvador.

A partir de ese domingo de resultado irreversible -salvo para el Presidente y un par de dirigentes más- las figuras televisivas de la alianza electoral entre el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica intentan presentar ante la opinión pública imágenes tergiversadas de los rivales que arrasaron con las posibilidades de su Juntos por el Cambioy hasta debilitaron las posibilidades de Horacio “si vos querés” Rodríguez Larreta de imponerse en primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires.

El repertorio de especulaciones y “datos”, rayanos con la calumnia, vehiculizado a través de los grupos de medios de mayor peso en la construcción de agenda informativa apuntan a la presentación, primero de “monstruos” políticos, para después adjudicarles funciones en el próximo gobierno que, en realidad, no tendrán, además de presentar inminentes conflictos poco menos que nucleares entre sus máximos representantes, sobre todo entre Fernández y Fernández. Ante expresiones referidas a la necesidad de “romper la grieta” por parte de la dirigencia opositora, por ejemplo, es común leer notas en las que los editores insertan párrafos que afirman que las mismas se formulan “en contraposición con quienes plantean un ´Ministerio de la venganza´ desde el Frente de Todos”, dando por hecho la existencia de esa postura.

Frente a los flancos judiciables que presenta un sinnúmero de decisiones macristasadoptadas desde el 10 de diciembre de 2015, por ilícitas o por incompatibles con los deberes de funcionarios públicos, ya trabajan en convertir en “venganza” cualquier acción judicial en su contra.

El mismo enfoque se usó durante la campaña electoral contra Los Fernández, en ese caso con la intención de descalificar a la fórmula que a la postre les ganó y de generar “miedo” ante la llegada de un gobierno “autoritario”. La máxima construcción en ese sentido fue el sketch del PPT de Jorge Lanata, que convirtió a la telenovela producida por Adrián Suar “Argentina, tierra de amor y venganza” en “Tierra de rencor y venganza” alusiva a un, entonces hipotético, gobierno de Alberto Fernández.

La parodia incluía una clon de Cristina Kirchner, reconvertida en máxima autoridad de un «tribunal” de la, precisamente, “venganza» de la que hoy habla el macrismo y los medios que lo acompañan hasta el final, ya no con la esperanza de que siga en la Rosada, sino con la intención de condicionar a su sucesor.

La parodia malintencionada incluyó un “Albertín” que imitaba al verdadero, atado a sus hilos de marioneta manejados por su amiga y compañera de fórmula; intento grosero de completar la imagen con la que todavía tratan de descalificar a quien conquistó más de 12 millones de votos, 4 millones por encima del actual mandatario.

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todxs, Sergio Massa, lejos de la construcción que propone el oficialismo, remarcó que “el centro de la discusión de la Argentina tiene que ser cómo encendemos la economía, cómo volvemos a poner de pie a millones de argentinos que hoy sienten sus esperanzas frustradas por un gobierno que gobernó para poquitos” y no el juzgamiento de los dirigentes de Cambiemos que, en caso de tener causas en la Justicia «deberán responder y estar a derecho».

El propio Fernández pidió «dejar de valerse de jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones» y se comprometió a no “hacer nada por la libertad de nadie ni (a) presionar a ningún juez», a pesar de considerar que, por ejemplo, Cristina Kirchner sufre “una persecución sistemática, que construyó teorías políticas para favorecer su procesamiento”.

Caso a Caso

 En realidad, el paraguas que abre el presidente Mauricio Macri y enarbolan los medios que acompañan el tramo final de su gestión fracasada, pretende cubrir la serie de situaciones irregulares cometidas por el propio mandatario, sus ministros y secretarios de Estado, convertidas en causas judiciales y ya interpretadas como “venganza” por los sospechados de ilícitos y sus traductores mediáticos.

En su edición del 2 de septiembre pasado, el diario Clarín aludió a “La situación judicial de funcionarios de Cambiemos”, manifestó la “Inquietud en el Gobierno por las causas abiertas contra Mauricio Macri y sus ministros” y el temor a que “el kirchnerismo impulse investigaciones para vengarse por el avance en los expedientes por corrupción”.

Tres semanas después profundizó su construcción al presentar a “Tres funcionarios obligados a pensar en irse a vivir a otro país”, en alusión a Laura Alonso, a cargo de la Oficina de Anticorrupción; Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Aseguró que los nombrados “están convencidos que a partir del 10 de diciembre, si Macri se va a la casa, habrá una embestida hacia ellos desde los sectores con quienes ´se metieron´, judicialmente, en sus respectivas gestiones”.

Un día después, Bullrich no dejaría lugar a la duda. En entrevista con Luis Novaresio en A24 aventuró  que podría generarse un «Ministerio de la Venganza» si el Frente de Todos gana las elecciones, ya que “el kirchnerista” se considera “perseguido y que todo su gobierno está perseguido, que no hay delito sino que hay persecución. En consecuencia, si esa es la filosofía, ellos pueden decir: ‘Bueno, si ellos nos persiguieron, nosotros podemos perseguir'».

Cerrando el círculo, el mascarón de proa del Grupo Magnetto incluyó un textual en el que Macri afirmaba que “En Comodoro Py nos están esperando”, le respondían con un “¿Por qué? No tenemos de qué preocuparnos. No presionamos jueces, no fuimos corruptos, no tienen nada para venir contra nosotros” y un tercero cerraba el círculo al presumir que “Los jueces no necesitan tener ´algo´; acuérdense de la causa de dólar futuro (contra Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli)”, impulsada por Claudio Bonadío.

Negadores de las concepciones del ganador concluyente de las PASO o carentes de información de la dirección de sus propuestas, también de las relacionadas con el área de Justicia”, aludieron a supuestos datos en manos de la “mesa judicial” del Gobierno que, a pesar de su vindicación formal de “la República”, opera sin tapujos sobre magistrados y fiscales. Ese grupo de funcionarios y dirigentes de fútbol analizaban la diferencia que habría “si La Cámpora se mete en Justicia y otra si va (Marcela) Losardo”, histórica asesora de Alberto Fernández en el tema. En realidad, los mínimos trascendidos específicos que se filtran del local de Todxs de la calle México aluden a otra figura, justicialista y capitalina, de relación histórica con el candidato.

 Los operadores judiciales oficialistas analizan con mucho detenimiento los movimientos de un grupo de causas presentadas contra funcionarios que integraron el Ejecutivo desdeel 10 de diciembre de2015, sobre todo ante la inminencia de su eyección de la Presidencia de la Nación por efecto de los votos de agosto que confirmarán los de octubre.

Contra Macri y su familia hay cerca de un centenar de causas abiertas, la mayoría de las cuales estuvieron “estacionadas” durante gran parte de su gestión, que empiezan a desempolvarse cada vez a ritmo más acelerado; prácticamente la totalidad de sus ministros y secretarios de Estado también tienen citas cantadas en Tribunales. Algunos de los casos a los que más tiempo dedican los estudios jurídicos que ya están preparando sus defensas son los siguientes:

 

• DEUDA DEL CORREO ARGENTINO, en manos del juez federal Ariel Lijo, en la que son investigados por el acuerdo “abusivo” el Presidente y el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, actual titular de la cartera de Defensa, en el intento de acuerdo de acreedores con el Estado con el que pretenden eludir una deuda de $70 mil millones.
• BLANQUEO DE CAPITALES, ampliado por Decreto de Necesidad y Urgencia para habilitar a familiares de funcionarios, entre los que figura el clan Macri y el ex secretario y ex ministro de Finanzas Luis “Toto y Messi de las ídem” Caputo, contra lo dispuesto por una Ley de la Nación. La Corte Suprema debe resolver, además, sobre el reclamo del diputado Felipe Solá para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares presidenciales y los demás funcionarios del gobierno.
• DÓLAR FUTURO, un bumerán lanzado contra Cristina Kirchner, por decisiones adoptadas en función de la política económica de su gobierno, por lo tanto no judiciables, que luego rebotó sobre gran parte de quienes integrarían el gabinetemacrista. La diferencia es que estos compraron “dólares futuro” durante los meses previos a las elecciones,en previsión de un triunfo electoral y el domingo 13 de diciembre de 2015 decidieron los montos que percibirían por aquel negocio.
• Ese día el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y el entonces secretario de Finanzas Luis Caputo, fijaron la suma que cobrarían las firmas de su propiedad Pegasus y Axispor contratos futuros de 1.480.000 y 4.300.000 de dólares que, por su propio arbitrio, les dieron utilidades equivalentes a unos 2,8 y 5 millones de color verde. Bonadío declaró que en esos hechos “no existió conducta delictual alguna”; por el contrario y ante un mecanismo semejante pero en el que no estaba involucrado su patrimonio, procesó a CFK por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
• PASEO DEL BAJO, causa captada por el omnipresente Bonadío -la tomó del juez Sebastián Casanello-, en la que están implicados el multiprocesadoministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, investigados por estafa, defraudación por administración fraudulenta, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles, a partir de la denuncia inicial formulada por la auditora General de la Ciudad, Cecilia Segura. El organismo a su cargo comprobó “anomalías” por la “adjudicación indebida mediante direccionamiento” de la obra, a través de un mecanismo grosero de alteración del orden de las licitaciones, en beneficio de IECSA, constructora que fue propiedad del Grupo Macri, transferida luego al primo presidencial AngeloCalcaterra, quien la vendió al titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.
• AUTOPISTAS DEL SOL, pleito que preocupa tanto a Macri y Dietrich y como al ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, luego Ministro de Energía de la Nación. Las acusaciones por las maniobras de corrupción surgidas por el direccionamiento de las concesiones de los peajes por u$s 500 millones en beneficio del Grupo Socma, propiedad del mandatario, están radicadas en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, con la instrucción del caso a cargo de Carlos Stornelli, el fiscal de las fotocopias.
• CAUSA DE LOS PEAJES, tramitada en el juzgado de Sebastián Casanello e involucra a las mismas figuras a partir de la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales que, durante dos años, les permitió seguir cobrando sin licitación peajes y certificados de obra por $30 mil millones a un grupo de empresas, lideradas por IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Hace dos semanas el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios.

Ante el volumen de la denuncia, el martes pasado el Ejecutivo intentó dejar sin efecto la acción penal contra los delitos ya cometidos al dar de baja siete contratos de peajes que pasaron a la administración provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” de la estatal Corredores Viales S.A.

Dietrich enfrenta además una demanda por irregularidades en la ejecución del acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa presidencial, a cambio de retirar la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por 1.100 millones xe dólares.

• CONCESIÓN DEL PUERTO DE BUENOS AIRES por 50 años, que el gobierno pretende adjudicar antes del fin de su mandato, el 10 de diciembre próximo. Sobre Dietrich pesa una acusación parlamentaria en vías de judicialización por «direccionamiento notorio» de la licitación para que la gane PSA, empresa de Singapur «cuyo lobbysta en Argentina es el cónsul del país asiático, Nicolás Caputo, íntimo de Macri”. La denuncia también afirma que se hicieron contrataciones directas y no se realizaron los estudios de impacto ambiental.

El ministro que mira a la Casa Rosada desde un piso 12 se prepara para recibir una fuerte andanada judicial en cuanto deje el  viejo edificio de la calle Hipólito Yrigoyenal 200. La oposición, que se constituirá en oficialismo en ese mismo momento, considera que Dietrich actuó con “mala fe”, junto al mencionado Iguacel, en la conformación de las causas por las que fueron encarcelados distintos funcionarios del ministerio de Planificación del anterior gobierno, incluido el ex ministro Julio de Vido, y que las “argumentaciones supuestamente probatorias” aportadas por ellos fueron usadas por el dispositivo de Comodoro Py para violar el principio de presunción de inocencia y proceder a capturas “injustificadas”.

• PARQUES EÓLICOS, una causa en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano investigan si el Gobierno favoreció a empresas de la familia Macri, con participación del boquense Carlos Tevez, en la adjudicación de seis contratos de parques eólicos sin pasar por licitación pública, que después revendió con una ganancia cercana a los 50 millones de dólares en un año y 9 meses. Los cargos presentados son los de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
• VENTA DE MACRI AIR A AVIANCA, con adjudicación fraudulenta de rutas aéreas, proceso a cargo del juez federal Sergio Torres y el fiscal Di Lello. El Presidente es imputado por supuestas irregularidades en la explotación del espacio aéreo, asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el trapaso de la compañía Sideco, de propiedad del grupo familiar.
• PANAMÁ PAPERS, hoy dormidos en el fuero Penal Económico, con un mínimo de $460 millones de pesos en danza y 50 sociedades armadas por el Grupo Macri que faltan investigar. Incluye denuncias contra lo más granado de la dirigencia de Cambiemos, sus familias y su entorno. La causa estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien trabajó bajo presión mediática, del Ejecutivo y de sus propios pares, hasta declararse incompetente y decidir el cambio de fuero, a pesar de que el caso incluye maniobras de lavado de activos, cuya investigación corresponde al ámbito Federal.
• CASO D´ALESSIO, a cargo del juez de la ciudad bonaerense de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga el espionaje ilegal que tiene bajo la lupa a Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, que en cualquier momento puede rebalsar e implicar a lo más granado de la actual “inteligencia” gubernamental, dirigida por  Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y llegar hasta el jefe del Ejecutivo.

La lista es mucho más larga, muy documentada e incluye los movimientos y las inacciones presidenciales y del ex ministro Nicolás Dujovne durante las turbulencias del dólar a lo largo del mes de agosto. Las causas en su mayoría se congelaron porque jueces y fiscales, palmeras al viento, se movieron en la dirección que soplaba la Rosada.

Sin embargo, la primavera es una época que se caracteriza por la rotación de las brisas y una de las primeras figuras del Gobierno en advertirlo fue Elisa Carrió, quien en el mismo momento en que se retiraban de apuro los globos amarillos del fracaso del 11 de agosto le escupió un “Voy a ir presa por tu culpa” al codiseñador de la campaña de la derrota, Jaime Durán Barba.

En ese mismo instante, además de reconocer el triunfo irreversible de Los Fernández, al aventurar que van a ir “todos presos los que buscamos la verdad”, puso la primera piedra en la construcción de la fantasía sobre el “Ministerio de la Venganza”. Por el contrario, Alberto Fernández aspira a una justicia “independiente de la presión mediática y la política”, que “todavía no existe y tenemos que construirla”. Faltan poco más de 70 días para que intente el camino.

 

*Psicólogo y periodista argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)