Nicaragua: Detienen a empresario periodístico por “instigación al odio”
Victoria Korn
El director y propietario de 100% Noticias, Miguel Mora, fue presentado el sábado ante los juzgados de Managua, un día después de su detención y el allanamiento a su medio de comunicación, y será procesado por supuesta “instigación al odio” a través de su medio, crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Según el Ministerio Público de Nicaragua, a Miguel Mora se le acusa de “ejecutar la acción de fomentar e incitar al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas conforme está establecido en el Artículo 398 del Código Penal”.
Una semana después del allanamiento y confiscación de tres medios de comunicación propiedad del conocido periodista Carlos Fernando Chamorro (hijo de la expresidenta Violeta Chamorro), la policía intervino las instalaciones del canal 100% Noticias y envió a juicio a Mora, de 52 años, arrestado la noche del viernes junto a su esposa, la periodista y directora ejecutiva del canal, Verónica Chávez, y la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau.
El director del canal 100% Noticias recibió el 19 de octubre en Salta, Argentina, el premio de la empresarial Sociedad Internacional de Prensa a la libertad de prensa, “por defender la libertad de expresión” en medio de la crisis sociopolítica que vive la nación centroamericana.
El 3 de diciembre último, Karla Teresa Torres y Santiago Castillo denunciaron a Mora y al padre Harvin Padilla de la parroquia San Juan Bautista de Masaya por promover o incitar al odio por medido del canal 100 % Noticias en las protestas sociales de Nicaragua. Simpatizantes sandinistas lo denunciaron ante el Ministerio por la desaparición de Bismarck Martínez, quien fue supuestamente secuestrado en un tranque en Jinotepe, Carazo el pasado junio.
El operativo fue realizado por policías armados con fusiles de guerra que irrumpieron en el edificio del canal, situado en el antiguo centro de Managua y frente a la cárcel policial conocida como El Chipote. También se informó del arresto del chofer de la empresa, Joseph Hernández.
Pineda denunció el asalto mediante un mensaje de audio que circuló en las redes sociales, en el que imploraba auxilio a sus colegas del gremio mientras filmaba el ingreso de los agentes a una de las oficinas, escondida aparentemente, detrás de un escritorio. “Antimotines aquí en 100% Noticias. Por favor ayúdennos a tuitear. Esta es una emergencia, se quieren llevar preso a nuestro director injustificadamente”, advirtió.
Verónica Chávez, esposa de Mora, y dirigente de la Iglesia evangélica Hosanna Arsenio Herrera de la Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua, fue liberada durante la noche, confirmó el canal, que el fin se semana seguía emitiendo noticias también en sus cuentas de Facebook y Twitter. En una rueda de prensa desde su casa, Chávez exigió la libertad inmediata de su esposo y demandó al Estado respetar el derecho a la libertad de prensa consignado en la Constitución.
En tanto, la cancillería de Costa Rica activó sus mecanismos y protocolos de atención a nacionales y pidió información sobre Pineda Ubau, de 45 años y que tiene doble nacionalidad, costarricense-nicaragüense, en medio de rumores de que la periodista sería deportada al vecino país, tal como sucedió con la feminista Ana Quirós el pasado 26 de noviembre.
100% Noticias era un canal de televisión crítico del gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, con 24 horas de noticias ininterrumpidas. La empresa estatal Telecomunicaciones y Correos (Telcor) dispuso la clausura de la televisora, al amparo de un oficio judicial que también circuló en las redes y en el que se notificó la detención de Mora, la cancelación de las cuentas bancarias de la empresa y la incautación de sus bienes muebles e inmuebles.
Según se informó, la Fiscalía había recibido denuncias de personas que acusaron a Mora por distintos hechos de violencia ocurridos durante las protestas que estallaron contra el gobierno Ortega-Murillo el pasado 18 de abril y que derivaron en la crisis más grave que ha enfrentado Nicaragua en cuatro décadas.
Tanto Mora como Chávez tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que supone que deben recibir protección de las autoridades policiales, por encontrarse su vida e integridad personal en situación de gravedad y urgencia. También goza de ese beneficio la periodista Leticia Gaitán, que en la primera etapa de las protestas fue retenida y amenazada por policías.
Esta no es la primera vez que el gobierno de Ortega sanciona a 100% Noticias. Su servicio de cable fue suspendido días atrás y luego de esta última intervención policial, el canal dejó de transmitir por internet. A principios de diciembre, Mora denunció que fue interceptado y amenazado de muerte y culpó al gobierno de Ortega si algo le llegaba a pasara él o a algún miembro de su familia.
En declaraciones a la estadounidense Voz de América, Verónica Chávez narró cómo se produjo el allanamiento y confirmó que la detuvieron junto a su esposo, Lucía Pineda y dos personas más.
“Vamos a continuar del lado del pueblo denunciando las arbitrariedades del régimen… De las cenizas nos levantaremos, nos levantaremos en el nombre de Jesús. Daré testimonio de que vamos a salir de esta. Mi esposo es inocente de todo lo que se le acusa, Dios lo va a guardar”, expresó, tras hacer un llamado a la comunidad nacional e internacional:“Es momento de no que solo se limiten de estar condenando, sino dar un paso más, que lo hagan por Nicaragua”, agregó.
En las últimas semanas se ha intensificado la represión contra medios de comunicación críticos del Gobierno. Y aparte de radioemisoras destruidas o secuestradas, ha habido periodistas encarcelados, perseguidos, asediados, golpeados e intimidados con el objetivo de acallar las voces que piensan diferente y eliminar espacios donde se practica la libertad de expresión, señaló el diario La Prensa.
NicAct y los costos de la protesta
El presidente estadounidense Donald Trump, rubricó el jueves último el proyecto de ley conocido como «Nica Act»( Nicaraguan Investment Conditionality), que busca bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua e imponer una serie de sanciones económicas.
El proyecto había sido presentada por la entonces congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y por el congresista demócrata Albio Sires, en septiembre de 2016 y pretende que EEUU vote en contra de los préstamos que el Gobierno de Nicaragua busque ante entidades financieras multilaterales.
Ortega y varios funcionarios de su gobierno rechazaron este proyecto de ley asegurando querepresenta «la continuidad de las políticas históricas de injerencia imperial de EEUU en Nicaragua».
El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) reveló este sábado que las pérdidas económicas del país superan los 1.300 millones de dólares (casi 10% del PBI) tras la paralización de las actividades comerciales y turísticas, consecuencia de las protestas violentas de grupos opositoras iniciadas en abril, que ha afectado económica y laboralmente a más de 400 mil nicaragüenses.
El turismo y la empresa privada son los sectores más afectados de la economía nacional, que también se ha visto perjudicada por las recientes sanciones financieras impuestas por EEUU. Por su parte, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que las manifestaciones afectaron gravemente el crecimiento sostenible que venía registrando la nación centroamericana tras la gestión social.
“Para nadie es desconocido que antes del 18 de abril del 2018 nuestro país navegaba en aguas tranquilas, en un crecimiento, en una seguridad social ciudadano, en diálogo y consenso antes de abril del 2018 “, añadió Barbosa.
No obstante, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovido Reyes, aseguró que pese a las dificultades presentadas en los últimos 8 meses de protestas, sel ector económico se ha recuperado “tomando la senda de la normalidad” con la que se venía desarrollando la economía del país. Ovidio prevé que ésta crecerá entre 2019-2020 de manera progresiva, en el marco de las estrategias implementadas para optimizar políticas financieras que logren mitigar las sanciones del Nica Act.
*Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la), desde Managua
