Panorama Económico Latinoamericano – Del 19 al 26 de agosto de 2026
Argentina: se perdieron más de 16.400 empresas empleadoras en un año
En mayo había 477.463 firmas privadas con al menos un trabajador registrado, 3,3% menos que un año atrás, según un informe de Politikon Chaco. Fue la mayor caída interanual de los últimos 27 meses. Desde noviembre de 2023, la reducción alcanza a más de 30.000 empleadores. Un relevamiento del CEPA advierte, además, por la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo registrados.
El entramado empresarial argentino volvió a mostrar señales de deterioro en mayo. La cantidad de empresas empleadoras del sector privado cayó 3,3% interanual, lo que significó la pérdida de 16.422 firmas respecto del mismo mes de 2025, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
En total, en mayo de 2026 se contabilizaron 477.463 empresas empleadoras activas en el sector privado. Además, el retroceso no aparece como un fenómeno aislado: el indicador acumuló 27 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas y la dinámica se profundizó durante los últimos meses.
“Con esta caída de mayo, ya son veintisiete meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador”, señaló Politikon Chaco, que además destacó que “desde septiembre 2025 la velocidad de caída viene acelerando”. De hecho, la baja registrada en mayo fue la más pronunciada de todo ese período.
El relevamiento define como empresas empleadoras a las personas humanas o jurídicas que tienen al menos un trabajador declarado bajo la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Para delimitar el universo al sector privado formal, Politikon excluye a la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico.
Industria y comercio, entre los sectores más golpeados
El deterioro alcanzó a todos los grandes sectores analizados, aunque con diferentes magnitudes. La industria manufacturera registró la mayor caída relativa, con una reducción del 5,5% interanual y 2.639 empleadores menos.
El comercio, en tanto, retrocedió 4,4% y perdió 6.490 firmas, convirtiéndose en la actividad con la mayor reducción en términos absolutos. El agro cayó 2,6%, equivalente a 1.361 empresas, mientras que la construcción disminuyó 2,3%, con 456 empleadores menos. El resto de las actividades agrupadas mostró una contracción del 2,4%, equivalente a otras 5.476 firmas.
La caída también tuvo un alcance prácticamente generalizado a nivel territorial. De las 24 jurisdicciones del país, solamente Neuquén logró incrementar la cantidad de empresas empleadoras respecto de mayo de 2025: avanzó apenas 0,1%, con 13 firmas adicionales.
En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, con un derrumbe interanual del 16,1%. Entre las jurisdicciones con los descensos porcentuales más pronunciados también aparecieron Misiones (-8,9%), Tierra del Fuego (-8,2%), Catamarca (-7,6%) y Santa Cruz (-6,7%).
Por volumen, sin embargo, la mayor pérdida se produjo en la provincia de Buenos Aires, que contabilizó 4.786 empresas menos en un año, una contracción del 2,9%. Le siguieron Córdoba, con 2.664 firmas menos (-5,4%); la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 1.704 (-1,4%); y Santa Fe, que perdió 1.509 empleadores (-3,1%) Las cuatro jurisdicciones concentran alrededor del 78% de las empresas del país, por lo que su evolución tiene un impacto decisivo sobre el resultado nacional.
Más de 30.000 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023
La fotografía se profundiza cuando el punto de comparación se lleva a noviembre de 2023, el mes previo al inicio del gobierno de Javier Milei. Desde entonces, el universo relevado por Politikon se redujo 6%, equivalente a 30.385 empresas empleadoras menos.
La construcción encabezó la caída relativa durante ese período, con una contracción del 9,3% y 2.033 firmas menos, seguida por la industria manufacturera, que retrocedió 8,1% y perdió 4.020 empleadores. El comercio bajó 5,6%, lo que representó una reducción de 8.408 firmas, mientras que el agro perdió 2.421 empleadores, una baja del 4,5%.
También en ese período Neuquén fue la excepción: registró 148 empresas más que en noviembre de 2023, una mejora del 1,7%. En cambio, seis provincias acumularon retrocesos de dos dígitos, con La Rioja (-19,1%), Catamarca (-14,2%) y Tierra del Fuego (-13,9%) a la cabeza.
En valores absolutos, Buenos Aires perdió 8.076 empresas desde noviembre de 2023; Córdoba, 4.796; CABA, 3.184; y Santa Fe, 3.043.
El impacto sobre el empleo registrado
Los datos sobre empresas se complementan con otro informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), también sobre la base de información de la SRT, que amplía el análisis hacia la evolución del empleo y el tamaño de las empresas.
El CEPA contabilizó 30.633 empleadores menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, al pasar de 512.357 a 481.724, lo que equivale a un promedio de 33,5 empresas menos por día. El propio informe considera que esa contracción termina “reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período”.
El número presenta una pequeña diferencia respecto de las 30.385 firmas contabilizadas por Politikon debido a que este último utiliza un universo específicamente delimitado al sector privado formal empleador, excluyendo, entre otros, a la Administración Pública, las organizaciones extraterritoriales y los hogares con servicio doméstico.
Más allá de esa diferencia metodológica, ambos relevamientos muestran una tendencia similar. Según el CEPA, durante el período analizado la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó 4,18%, al pasar de 9.857.173 a 9.445.560. Esto representa 411.613 puestos de trabajo menos, un promedio de alrededor de 450 empleos diarios.
La industria manufacturera encabezó la pérdida en términos absolutos, con 97.312 trabajadores menos, seguida por la construcción (-80.399), transporte y almacenamiento (-72.480) y la administración pública (-72.312). En términos relativos, la construcción fue la actividad más afectada, con una contracción del empleo registrado del 16,8%.
Si se incorporan además los trabajadores de casas particulares —donde el CEPA identificó una pérdida adicional de 30.133 empleos registrados—, el empleo privado registrado pasó de 10.486.833 personas en noviembre de 2023 a 10.045.087 en mayo de este año. La diferencia asciende así a 441.746 puestos en dos años y medio.
El informe también muestra una particularidad en cuanto al tamaño de las empresas. El 99,78% de la reducción en la cantidad de empleadores se concentró en firmas con hasta 500 trabajadores, que registraron 30.565 casos menos. Sin embargo, al analizar dónde se produjo la mayor destrucción de puestos de trabajo, la situación se invierte: las compañías con más de 500 empleados explicaron el 61,02% de los empleos perdidos, con una reducción de 251.176 trabajadores.
De esta manera, los datos de mayo no sólo muestran que continúa disminuyendo el número de empresas privadas con trabajadores registrados, sino también que la contracción se extendió por casi todo el territorio y alcanza a sectores centrales como la industria, el comercio y la construcción, al tiempo que la pérdida de empleadores convive con una reducción significativa del empleo formal.
El Niño restó cerca de un punto al crecimiento del Perú
El fenómeno de El Niño (FEN) restó cerca de un punto porcentual al crecimiento económico durante el segundo trimestre del año. De esta manera, la economía peruana avanzó 2.6% entre abril y junio, mientras que entre enero y marzo lo hizo en 3.6%. Este menor ritmo respondió a un menor dinamismo de sectores como pesca y agro.
«El impacto del FEN sobre la actividad económica viene siendo mayor al esperado, en la medida que la magnitud del evento climático es superior a la prevista meses atrás», informó Scotiabank..
En ese sentido, indicó que, a fines de marzo, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (Enfen) preveía que el evento cálido podría alcanzar una magnitud “moderada” entre mayo y julio; no obstante, a partir de junio este ya alcanzó un nivel “fuerte”, siendo más probable que registre un nivel “extraordinario” a partir de agosto.
Esta situación, según precisó, seguirá afectado a los sectores primarios en el tercer trimestre, en particular agropecuario y pesca, aunque este último tiene una menor incidencia sobre el PBI total en este periodo.
«Si bien mantenemos nuestra proyección que los sectores no primarios crezcan alrededor de 4.5%, nuestra proyección del PBI total de 3.5% para el tercer trimestre de 2026 tiene un sesgo a la baja», aseguró.
A principios de julio, el Ejecutivo declaró en emergencia 796 distritos ante lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. La norma dispuso que gobiernos regionales y locales adopten medidas para reducir riesgos, responder y rehabilitar las zonas afectadas.
No obstante, las cifras disponibles del MEF no son alentadoras. Del total de distritos en emergencia, solo 84 municipios (10.6%) registran presupuesto para obras de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Es decir, 9 de cada 10 de estos distritos no asignaron recursos para enfrentar El Niño.
Entre aquellos que sí disponen de recursos, una parte importante todavía no los ha ejecutado. Estos últimos concentran S/134.2 millones, pero al cierre de ayer solo habían gastado S/53.9 millones, por lo que su avance conjunto llegaba al 40.2%.
De los 84 con presupuesto, solo 26 registraron una ejecución de 75% o más, de los cuales 12 gastaron el 100% de sus recursos. En contraste, 20 municipios con presupuesto registraron una ejecución de 0% y 32 se ubicaron por debajo de 25%.
Cerveza y tequila, principales exportaciones agropecuarias mexicanas
La cerveza fue el producto agroalimentario más exportado por México durante el primer semestre, con un valor de 3 mil 221 millones de dólares, una cifra 5 por ciento menor a los 3 mil 390 millones de dólares del mismo periodo de 2025.
Según datos del Banco de México (BdeM) recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). el tequila se ubicó en segundo lugar entre los productos de mayor exportación, con 2 mil 331 millones de dólares, un avance de 21.8 por ciento respecto al primer semestre del año anterior, el incremento más alto entre los principales rubros del sector.
Frutos rojos como fresa, frambuesa, zarzamora (conocidos como berries) ocuparon el tercer sitio, con mil 933 millones de dólares, cifra 0.5 por ciento menor a la reportada en la primera mitad de 2025.
El aguacate cayó a la cuarta posición luego de que sus ventas se contrajeron 24.4 por ciento, a mil 690 millones de dólares, la baja más pronunciada en la lista. En contraste, los productos bovinos, que incluyen ganado y carne, avanzaron a la quinta posición, con mil 566 millones de dólares, un incremento de 8.1 por ciento.
El tomate se colocó en sexto lugar, con mil 455 millones de dólares (2.4 por ciento más), sostenido por mayores precios pese a la cuota compensatoria de 17.09 por ciento que Estados Unidos aplica desde julio de 2025. Los chiles ocuparon el séptimo puesto, con mil 48 millones de dólares –un crecimiento de 1.8 por ciento–, mientras el azúcar cerró en octavo lugar, con mil 45 millones de dólares, una baja de 10.1 por ciento.
En el acumulado enero-junio, las exportaciones agroalimentarias sumaron 27 mil 811 millones de dólares, 1.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Las importaciones, por su parte, ascendieron a 23 mil 278 millones de dólares, un alza de 4.9 por ciento. El resultado fue un superávit de 4 mil 533 millones de dólares, 12.1 por ciento menor a la registrada un año antes, cuando era de 5 mil 155 millones de dólares.
Sólo en junio, las exportaciones del sector sumaron 4 mil 635 millones de dólares, 7.6 por ciento más que en el mismo mes de 2025, y las importaciones llegaron a 4 mil 45 millones de dólares, un alza de 4.9 por ciento. El superávit mensual fue de 589 millones de dólares, 31.3 por ciento superior al de junio de 2025.
Con este desempeño, el sector agroalimentario se mantuvo como el cuarto mayor generador de divisas del país en el primer semestre, sólo por debajo de manufacturas, la industria automotriz y las remesas, y por encima del turismo y el sector petrolero.
Por subsector, el hortofrutícola concentró la mayor parte de las exportaciones agroalimentarias, con 12 mil 439 millones de dólares, equivalentes a 44.73 por ciento. Le siguió el rubro de otros productos, que incluye pesca, preparaciones alimenticias, bebidas y tabaco, con 8 mil 555 millones de dólares, o 30.76 por ciento. Los subsectores agroindustrial, de granos y oleaginosas y pecuario tuvieron participaciones menores.
En importaciones se observó un comportamiento inverso. Granos y oleaginosas representaron 32.21 por ciento del total importado, con 7 mil 497 millones de dólares, seguidos del subsector pecuario, con 6 mil 222 millones de dólares, o 26.73 por ciento. El hortofrutícola, líder en exportaciones, sólo representó 15.73 por ciento de las compras al exterior del sector.
La razón de la baja tasa de ahorro en Brasil
Fernando Nogueira da Costa *
La explicación de que la tasa de ahorro de Brasil es baja debido al alto consumo es incorrecta. En todos los países existe un patrón de consumo determinado, y las variaciones en el nivel de ahorro dependen de la tasa de crecimiento del ingreso nacional, que en el caso de Brasil es baja. La tasa de ahorro en China es más alta precisamente debido a este consumo agregado relativamente estable en comparación con la tasa de crecimiento del PIB.
Es necesario comprender cómo se estima el consumo en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). Si se trata de un residuo debido a la diferencia entre el PIB y el ahorro, ¿cómo se estima este ahorro?
Esta pregunta toca un punto donde a menudo se confunden los conceptos contables con las relaciones causales. La respuesta convencional —«Brasil ahorra poco porque consume demasiado»— se basa en principios contables, pero resulta insuficiente como explicación causal.
Comencemos con la identidad fundamental de las Cuentas Nacionales. En una economía cerrada: Y = C + I + G, donde: (Y) = PIB (o renta nacional); (C) = consumo de los hogares; (I) = inversión; (G) = gasto público. El ahorro nacional se define como la parte de la renta que no se destina al consumo final.
Por lo tanto, S=YCG. Sustituyendo la primera identidad: S=I. Esta igualdad entre ahorro e inversión es una identidad contable ex post , no una teoría sobre quién causa a quién.
En la mayoría de los países, el consumo agregado es relativamente estable como proporción del ingreso. Los hogares buscan mantener su nivel de vida. Cuando el ingreso crece rápidamente, el consumo aumenta, pero generalmente a un ritmo más lento en relación con el crecimiento del ingreso. PIB ↑ > Consumo ↑ Por lo tanto: Ahorro ↑
No porque la gente decidiera «apretarse el cinturón», sino porque los ingresos crecieron más rápido en relación con el consumo. Esta idea aparece en varias teorías del consumo, como la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman: las familias tienden a estabilizar su consumo a lo largo del tiempo.
China ilustra bien este mecanismo, aunque intervienen otros factores. Durante décadas, el PIB creció entre un 8 % y un 10 % anual, y los ingresos de los hogares aumentaron rápidamente. El consumo se incrementó hasta cierto nivel, pero la inversión continuó creciendo aún más.
En consecuencia, la proporción de la renta destinada al consumo se redujo considerablemente en comparación con el resto del mundo. Así, la tasa de ahorro nacional superó el 40% del PIB en pocos años.
Esto no se debió simplemente a que «los chinos necesitan ahorrar». Otros factores que contribuyeron fueron el extraordinario crecimiento de los ingresos, las elevadas ganancias empresariales, los importantes ahorros corporativos (reservas para la autofinanciación), el fuerte ahorro público (superávit fiscal), un sistema de pensiones que aún no cubre a toda la población y la falta de financiación para la vivienda para toda la población en proceso de urbanización.
En consecuencia, el consumo de los hogares representó una menor proporción del PIB. Por lo tanto, el elevado ahorro en China se debe a una configuración estructural, y no simplemente a una decisión individual de consumir menos.
El error de la causalidad simplificada radica en que el argumento convencional se presenta de la siguiente manera: alto consumo → bajo ahorro → baja inversión . Esta cadena de eventos es una hipótesis teórica. Sin embargo, podría existir otra igualmente plausible: baja inversión → bajo crecimiento de la productividad → bajo crecimiento de los ingresos → bajo ahorro . O incluso: altas tasas de interés → menor inversión → bajo crecimiento → bajos ingresos → bajo ahorro . Las Cuentas Nacionales, por sí solas, no nos permiten determinar cuál de estas explicaciones causales es la correcta.
Un error común es creer que el Sistema Nacional de Consumo (SNC) aún calcula el consumo como desperdicio. Ahora se mide directamente. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística utiliza una gran cantidad de información.
El consumo de los hogares se estima utilizando, entre otras fuentes: la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF); la Encuesta Anual de Comercio; la Encuesta Anual de Servicios; la producción industrial; las ventas minoristas; la producción agrícola destinada al mercado interno; datos tributarios; registros administrativos; consumo de energía; y encuestas económicas. Por lo tanto, el consumo es una variable que se observa y se estima directamente.
La inversión tampoco es residual. La formación bruta de capital fijo se estima mediante la producción nacional de maquinaria, las importaciones de equipos, la construcción civil, las obras públicas, los edificios, los activos intelectuales, el software y la investigación empresarial. Además, se miden las variaciones de los inventarios.
El ahorro es residual. Primero se calcula el PIB, el consumo de los hogares y el consumo público. Luego se utiliza la fórmula S=YCG. Por lo tanto, el ahorro no se investiga directamente. Resulta de la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo final. Precisamente por eso, la contabilidad nacional presenta el ahorro como una variable residual.
Esto es importante porque demuestra que un alto nivel de ahorro se debe a un alto nivel de ingresos. Supongamos que en el Año 1: PIB = 100; Consumo = 80; Ahorro = 20. Por lo tanto, la tasa de ahorro es del 20%. Año 2: PIB = 120; Consumo = 92; Ahorro = 28. El consumo aumentó un 15%. Los ingresos aumentaron un 20%. Resultado: la tasa de ahorro subió aproximadamente al 23%.
Nadie necesitaba consumir menos. Los ingresos simplemente crecieron más rápido.
Otro aspecto que suelen pasar por alto los economistas ortodoxos es que el ahorro nacional no pertenece exclusivamente a los hogares. Además del ahorro familiar, se compone del ahorro empresarial (utilidades retenidas) y del ahorro público, es decir, el superávit primario.
En China, por ejemplo, la elevada tasa de ahorro refleja claramente la reinversión de los beneficios empresariales, el ahorro de las empresas estatales, los superávits fiscales de diversos periodos y las ganancias retenidas.
Por lo tanto, en cualquier caso, reducir el debate a las decisiones familiares sobre consumir más o menos es una simplificación excesiva.
En el enfoque sistémico de la complejidad, la secuencia causal más completa sería: Innovación → Productividad → Inversión → Crecimiento de los ingresos → Mayor ahorro ex post → Mayor capacidad de inversión futura . Se forma un ciclo de retroalimentación positiva.
También puede ocurrir lo contrario: Baja inversión → Baja productividad → Lento crecimiento de los ingresos → Bajo ahorro → La inversión se mantiene baja. En este caso, el bajo ahorro deja de ser la causa inicial y se convierte en un eslabón de un círculo vicioso.
Por lo tanto, mi observación es coherente con la contabilidad nacional y una interpretación keynesiana de la causalidad económica. La afirmación convencional de que «Brasil ahorra poco porque consume mucho» es simplemente una interpretación de la identidad contable, ya que el ahorro es la porción del ingreso que no se consume. Sin embargo, no necesariamente identifica la causa del bajo ahorro .
La evidencia internacional sugiere que países como China presentan altas tasas de ahorro principalmente debido a la combinación de un crecimiento de ingresos muy rápido, una fuerte inversión, un elevado ahorro empresarial y, en diversos momentos, un ahorro público significativo. El consumo ha aumentado en términos absolutos, pero los ingresos han crecido aún más rápido.
En las Cuentas Nacionales, el consumo de los hogares y del gobierno se estima directamente a partir de un amplio conjunto de encuestas y registros administrativos. El ahorro, en cambio, se obtiene de forma residual, como la diferencia entre la renta disponible y el consumo final.
Por lo tanto, afirmar que «el país ahorra poco» solo describe un resultado contable; explicar por qué ahorra poco requiere una teoría sobre el crecimiento, la inversión, la distribución del ingreso, la productividad, las instituciones financieras y el comportamiento macroeconómico. Es precisamente en este punto donde divergen los economistas ortodoxos y heterodoxos: los primeros tienden a ver el ahorro como un determinante de la inversión, mientras que los segundos enfatizan que la inversión y el crecimiento del ingreso son los principales determinantes del ahorro observado a posteriori .
*Catedrático del Instituto de Economía de la UNICAMP.
Evasión y gasto tributario en Uruguay: atrápame si puedes
Mate Amargo
En tiempos de Rendición de Cuentas el tema impositivo siempre está presente, por las necesidades de financiamiento de gastos adicionales, y no solamente por el volumen de lo recaudado y lo que se espera recaudar, sino también por lo que se ha dejado de recaudar. Ahí es cuando entran dos temas centrales, por un lado, la evasión por parte del sujeto gravado –persona física o jurídica – y por otro, lo que se denomina el gasto tributario, producto de exoneraciones impositivas que determinan que lo que la norma legal previó recaudar a través de una tasa determinada no se produzca.
Estos dos fenómenos, evasión y gasto tributario, ubican a nuestro país en los extremos del ranking en América Latina. En efecto, la evasión impositiva de Uruguay es una de las más bajas en América Latina, especialmente en lo que refiere a la recaudación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), mientras que el gasto tributario es de los más abultados, ocupando el 2° lugar después de Colombia, como indica el cuadro siguiente.
Ambos fenómenos son limitantes al financiamiento del gasto público social, componente indispensable de toda propuesta de política económica en gobiernos del Frente Amplio. Entre evasión impositiva y gasto tributario estamos frente a nada menos que 12 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) anual, una cifra de 10.000 millones de dólares. El IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) aplica una tasa de 25% a los beneficios empresariales, y es el impuesto que registra la mayor proporción de evasión, un 40%, restando 1.500 millones de dólares a la recaudación de la DGI (Dirección General Impositiva), casi 2% del PIB. EL IVA presenta una evasión de 20%, y dada su importancia en los ingresos estatales suma 2.000 millones de dólares a la pérdida por esta razón.
La evasión en el IVA fue disminuida en la década 2003-13 desde 40% a 13%, un umbral que se consideró entonces casi imposible de superar. El aumento a 20% sitúa nuevamente a la evasión IVA en un nivel susceptible de reducir. Es así que la DGI se ha planteado el objetivo de reducir la evasión impositiva global de los impuestos que recauda el organismo en un 20%[i], lo cual significaría un aumento en los ingresos, solo por concepto de IVA cercano a los 400 millones de dólares anuales. Es un objetivo para el quinquenio, para 2027 podría financiar una parte del gasto adicional que contiene el proyecto de ley de la Rendición de Cuentas 2025.
A propósito de dicho gasto adicional[ii], que asciende a 31 millones de dólares, la mitad de su financiamiento tiene que ver con el otro tema impositivo que estamos analizando, el gasto tributario. Resulta que a partir de enero 2027 se quita la exoneración de IMESI (Impuesto Especifico Interno) a la compra de vehículos eléctricos e híbridos de alta gama – valores superiores a 19.000 dólares – con lo cual se estima recaudar una cifra aproximada a los 16 millones de dólares[iii].
Es muy positivo el diseño de este “espacio fiscal” que ya había adelantado la UTECO[iv] (Unidad Temática de Economía) del Frente Amplio, para solventar la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que se suma a lo que recaude el Impuesto Mínimo Global (Renta de Inversiones de Transnacionales en Uruguay que hasta 2026 aportan en el país sede de su casa matriz), el IRPF a las ganancias por activos en el exterior de residentes en Uruguay, y el impuesto TEMU que aplica IVA a compras en plataformas web.
Además, a partir de 2027 comenzará a operar la disminución, en algunos casos eliminación, en la devolución del FONASA (Fondo Nacional de Salud) a aquellos contribuyentes que superan ciertos montos promedio de ingresos, por lo cual se espera un ahorro fiscal estimado entre 70 y 80 millones de dólares anuales, que sin duda reducirá el déficit estructural del Sistema Nacional de Salud cubierto con recursos de Rentas Generales.
El Gasto Tributario
La DGI define el Gasto Tributario (GT) como “la ausencia de recaudación, consecuencia de un tratamiento impositivo diferente o excepcional del previsto en la estructura normal de un impuesto o de un sistema tributario de referencia”. De allí la calificación de “gasto”, asociado a la ausencia de una recaudación, aunque no se puede hablar estrictamente de una pérdida de recaudación, en la medida de que su objetivo puede no concretarse, por ejemplo cuando está asociado a una promoción de inversiones. De todas maneras, “Para el caso de la estimación del GT en Uruguay, el método utilizado es el de la pérdida de ingresos” que “refiere a la práctica de estimación que determina una pérdida de recaudación ocurrida en un período pasado en el cual la exoneración estuvo vigente”.
Se presume que en la ausencia de la política de exoneraciones de impuestos, el desarrollo de algunas actividades económicas no se habría producido, en sectores tan diversos como la inversión, el desarrollo regional, la salud, la vivienda, la agroindustria, la energía, entre otros. En 2007 la promoción de inversiones tuvo un gran empuje, se universalizó, sin discriminar actividades, en función de la creación de empleo, descentralización, innovación y exportación. En un contexto de globalización acelerada las inversiones extranjeras se multiplicaron, pero sin discriminación sectorial se dirigieron hacia la mayor disponibilidad de recursos histórica del país en un proceso de reprimarización de la economía. Avanzaron también las Zonas Francas, y a su ritmo los servicios globales de exportación, en particular la industria del software. Por ello el GT en el IRAE se concentra en estos dos últimos, la forestación y la celulosa.
El FMI (Fondo Monetario Internacional), que recientemente en la voz de su directora general alabara la política macroeconómica desplegada por el ministro de economía Odonne, ha puesto reparos en lo que hace al volumen de la renuncia fiscal que representa el abultado gasto tributario de Uruguay. Sugirió entonces una reforma del sistema de promoción de inversiones que evite privilegios regresivos, alertando además sobre la concentración de los beneficios en un número reducido de incentivos. Solamente el IRAE y el IP (Impuesto al Patrimonio) representan más de la tercera parte de las exoneraciones y constituyen 3 puntos del PIB por año (2.500 millones de dólares).
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) por su parte advierte que los altos niveles de GT, que no dejan de aumentar, reducen el margen de maniobra del estado, limitando el gasto social y de inversión pública en infraestructura. Asimismo señala la falta de evaluación en el cumplimiento de los objetivos buscados y el pronunciado sesgo hacia las grandes empresas y la localización en zonas francas.
El Programa del Frente Amplio considera explícitamente la problemática del GT: “será necesario ajustar y perfeccionar los mecanismos de promoción y exoneración de inversiones, acorde con los objetivos de desarrollo productivo”, fortaleciendo además los mecanismos de control parlamentario y ciudadano en el caso de acuerdos con inversiones de gran porte.
Lo cierto es que el GT no ha dejado de crecer. Como podemos apreciar en el cuadro del anexo, creció a un ritmo de casi 4% anual en el período 2019-2024, y 7,5% en 2025 (y en 2025 la inversión no creció). Seguramente en 2026 aumente aún más, en función de los cambios introducidos mediante el decreto 329/25, donde resalta los mayores beneficios otorgados a los grandes proyectos de inversión, ampliando los casos en que se exonerará el 100% del IRAE.
El ministro de economía ha fijado como un punto central de la política económica incrementar el flujo de inversiones extranjeras, en la medida de que el ahorro nacional sería insuficiente para los volúmenes necesarios que se necesitan para lograr los niveles de empleo, consumo y recaudación impositiva que eleven el bienestar de todos los uruguayos. La importancia de las exoneraciones que promueven la inversión extranjera directa (IED) adquiere entonces un mayor relieve y se instalan como un instrumento difícil de modificar en los términos que señala el programa del Frente Amplio. En el IRAE y en el IP se concentran dichos alicientes, a tal punto que en el IP las exoneraciones superan a la propia recaudación, y en el IRAE significan el 62% (cuadro del Anexo). Sin duda que dichos instrumentos contienen fortísimas distorsiones en la forma en que se aplican, y no más atentos a las sugerencias de la CEPAL y el FMI se podrían disminuir prácticamente en medio punto del PIB (más de 400 millones de dólares).
Atento a esta problemática, la UTECO del FA ha propuesto varias medidas de tal forma que el instrumento de promoción, que en la búsqueda de la inversión y el crecimiento aumentaría los ingresos fiscales, no atente en el corto plazo contra el financiamiento del gasto social y de las inversiones públicas superadoras de la teoría del derrame. Entre ellas, la necesidad de detectar entre los proyectos presentados a la COMAP aquellos que “por sus características, se concretarían igualmente sin necesidad de beneficios”, transformándose luego en una ganancia extraordinaria. Asimismo, en los casos de proyectos de gran volumen, verificar su rentabilidad para asegurarse de la necesidad real del nivel de exoneración impositiva. En estos proyectos de gran porte muchas veces es tal el costo de las exoneraciones para el estado que “su magnitud es mucho mayor al valor de la masa salarial que genera el proyecto, lo que no parece tener sentido”.
Un caso particular es el IRPF y el IRNR (Impuesto a la Renta de No Residentes) que gravan las rentas del capital, como alquileres, intereses, dividendos. La tasa general es del 12%, pero los dividendos producto de la distribución de utilidades solamente son gravados con una tasa del 7%. La DGI considera un gasto tributario la tributación a tasas más reducidas, esta diferencia genera una pérdida de recaudación anual de 108 millones de dólares. ¿Aumentarían en esta cifra los ingresos de la DGI si fueran gravados a la tasa general del 12%? Los resultados no son lineales. Como bien indica la DGI también opera un probable cambio en la conducta del contribuyente, pues tal vez algunos no accedan a la distribución y reinviertan o capitalicen sus utilidades.
Es obvio que la cuestión fiscal merece una respuesta desde la propia estructura impositiva y las bases imponibles que afecta, muy relacionadas por cierto con desigualdades económicas que no han encontrado solución en el campo de la economía real, pero ha quedado de manifiesto lo mucho que se puede hacer por incrementar los ingresos fiscales desde el combate a la evasión y la racionalización de la renuncia fiscal que significan exoneraciones impositivas sin control tanto en su designación como en el seguimiento y evaluación de los compromisos que generan a los beneficiarios. La magnitud de la renuncia fiscal nos plantea la posibilidad de establecer un tope de monto exonerado para cada año y para los nuevos proyectos que sean presentados, que competirían en ese entorno por beneficios fiscales finitos.
Notas
[i] Declaraciones del economista Gustavo González, Director de Rentas, a Informativo Radio Carve el 2/9/2025
[ii] Los 31 millones de dólares se suman a los 50 millones que ya están aprobados en el Presupuesto Nacional para el año 2027.
[iii] El Informe de la DGI al Parlamento en la Rendición de Cuentas 2025, da cuenta del gasto fiscal producto de exoneraciones del IMESI a vehículos eléctricos e híbridos por la suma de 87 millones de dólares en 2025.
[iv] El documento de la UTECO fue comentado en La Diaria del 16/4/2026 y en Brecha del 24/4/2026
PBI peruano bajo sospecha: medir la economía con la estructura de 2007
Alejandro Narváez Liceras *
Un país que no conoce con suficiente precisión cuánto produce, cómo produce y qué sectores generan realmente su valor agregado difícilmente podrá diseñar una estrategia seria de desarrollo.
El Producto Bruto Interno (PBI) es uno de los indicadores más influyentes de la economía. Se utiliza para determinar si un país crece o retrocede, evaluar la deuda pública, calcular la presión tributaria, orientar la asignación presupuestaria y diseñar políticas económicas y sociales. Sin embargo, detrás de su aparente precisión existe una compleja construcción estadística basada en encuestas, registros administrativos, ponderaciones, supuestos y estimaciones.
En el Perú, el problema adquiere especial relevancia porque, en 2026, el PBI real continúa publicándose a precios constantes de 2007. Es decir, se intenta representar una economía profundamente transformada mediante una estructura productiva definida hace casi veinte años.
El objetivo de este breve artículo es analizar qué implica utilizar un año base tan desfasado, cómo puede afectar la representatividad del PBI y qué medidas deberían adoptarse para mejorar su calidad y credibilidad.
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El año base no es un simple recurso aritmético. Constituye una fotografía detallada de la estructura económica del país en un momento determinado. Permite establecer qué sectores producen, cuál es su participación en el PBI, qué insumos utilizan, cómo se relacionan entre sí y cuáles son los precios relativos de los bienes y servicios que se consume.
El problema aparece cuando esa fotografía envejece con el tiempo. Con el correr de los años cambian la tecnología, los patrones de consumo, la productividad, las formas de producción, los precios relativos, la importancia de los distintos sectores económicos, el comportamiento de la economía informal, etc.
Por esta razón, los organismos internacionales recomiendan realizar actualizaciones de referencia del PBI cada cinco o diez años, preferentemente cada cinco. En los países que emplean índices de volumen encadenados, las ponderaciones pueden actualizarse incluso anualmente, como se hace en los países la OCDE, de la UE (coordinados por Eurostat) y en América Latina: Chile y Colombia.
No se trata de una cuestión meramente técnica. Cuanto más antigua es la estructura utilizada como referencia, mayor es el riesgo de que la medición se aleje de la economía que pretende representar, consecuentemente induce a interpretaciones y decisiones equivocadas.
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Este es el núcleo del problema. Entre 2007 y 2026, la economía peruana ha cambiado de manera sustancial. Se expandieron los servicios digitales, el comercio electrónico y las telecomunicaciones; se transformó el sistema financiero, medios de pago, la logística y los servicios empresariales; aparecieron nuevas tecnologías aplicadas a la minería y cambiaron profundamente los patrones de consumo de los hogares.
También cambiaron los precios relativos, la productividad, la participación sectorial y las relaciones entre los diferentes sectores de producción. En cifras el PBI en 2007 ascendía a 102 mil millones de dólares y pasó a 308 mil millones de dólares en 2026. Por tanto, la pregunta es inevitable: ¿por qué una economía que ha cambiado fuertemente durante casi dos décadas debería seguir midiéndose con la estructura de 2007?
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Probablemente el cambio estructural más evidente sea el crecimiento de actividades vinculadas con telecomunicaciones, información, servicios financieros y otros servicios modernos. Telecomunicaciones pasa, dentro de la medición a precios de 2007, de aproximadamente 2,7% a 5,1%, y finanzas y seguros de 3,2% a 5,3% en 2025. Por su parte, la manufactura no primaria, cuyo peso de referencia era 12,4% en el 2007, mientras que la ponderación utilizada por el BCR para 2025 se sitúa alrededor de 8,5%.
En 2007 la minería e hidrocarburos representaban 14,4% del PBI: 12,1% correspondía aproximadamente a minería metálica y 2,2% a hidrocarburos. Para 2025 las ponderaciones utilizadas por el BCR eran aproximadamente 9,1% y 1,2%, respectivamente.
Pero hay algo todavía más importante. Hace 19 años eran incipientes o inexistentes en su dimensión actual el comercio electrónico, billeteras digitales, fintech, plataformas digitales, servicios en la nube, streaming, el teletrabajo y numerosos servicios asociados a datos y tecnología. Es indiscutible, la frontera productiva de 2026 es muy distinta de la de 2007.
El problema también alcanza a los precios relativos. Las relaciones de precios en telecomunicaciones, servicios digitales, energía, transporte, servicios financieros y numerosos bienes son hoy muy distintas de las existentes en 2007. Por ello, mantener durante demasiado tiempo una estructura fija reduce progresivamente su capacidad para representar la realidad económica.
Cuando han transcurrido casi veinte años desde el año base, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y se convierte también en una cuestión de credibilidad estadística. Si el país cambia profundamente, sus instrumentos de medición deben cambiar con él.
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El PBI es una herramienta indispensable, pero no una verdad absoluta. Sus limitaciones son ampliamente conocidas y, en el caso peruano, se agravan por la prolongada utilización de una estructura que corresponde a 2007. Tenemos un PBI anclado en la economía del 2007. Seamos honestos, nuestros indicadores sirven de muy poco.
Una economía profundamente transformada necesita una medición capaz de reflejar los cambios señalados. De lo contrario, aumenta el riesgo de construir diagnósticos sobre una realidad que ya no coincide plenamente con la estructura estadística utilizada.
El problema del año base 2007 no consiste simplemente en que sea “viejo”. El problema es que pretende representar la economía peruana de 2026 con precios relativos, ponderaciones, productos, tecnologías y relaciones productivas pertenecientes a una economía de hace 19 años.
Por eso, una actualización integral del año base podría modificar no solamente las tasas de crecimiento sectoriales, sino también la fotografía que tenemos sobre dónde se produce realmente la riqueza del Perú y cuánto aporta cada actividad económica.
Con datos débiles se construyen diagnósticos frágiles; y con diagnósticos frágiles pueden adoptarse decisiones equivocadas. Medir correctamente no es un lujo estadístico, sino una condición para gobernar mejor y diseñar políticas económicas más eficaces.
Finalmente, un país que no conoce con suficiente precisión cuánto produce, cómo produce y qué sectores generan realmente su valor agregado difícilmente podrá diseñar una estrategia seria de desarrollo. Actualizar las cuentas nacionales no es simplemente modernizar una estadística: es actualizar la manera en que el Perú se observa y toma decisiones sobre su futuro.
* Profesor principal de economía financiera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Panorama internacional
La guerra y la caída en picado de los beneficios de las petroleras.
El alza de los precios del petróleo generó beneficios para ocho compañías petroleras por un total de 90.000 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que provocó críticas incluso de Donald Trump.
Incluso Donald Trump se quejó de las ganancias excesivas de las petroleras —el lunes pasado criticó a las compañías estadounidenses ExxonMobil y Chevron— tras el aumento de los precios del petróleo a raíz de la guerra con Irán. Para alguien que siempre busca beneficiarse de las acciones del gobierno estadounidense, la crítica resulta un tanto cínica; pero la preocupación de Trump no parece ser las ganancias de las petroleras, sino más bien el impopular aumento de los precios de la gasolina en las gasolineras.
Lo cierto es que el alza del precio del barril de petróleo ha llevado a algunas de las mayores petroleras del mundo a obtener beneficios récord en el segundo trimestre de 2026. El periódico británico The Guardian estima que ocho compañías petroleras (Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron y ExxonMobil) acumularon beneficios de alrededor de 90.000 millones de dólares en tan solo tres meses.
| Beneficios en el segundo trimestre de 2026 | Al alza en comparación con el segundo trimestre de 2025. | |
| Aramco | 32.690 millones de dólares estadounidenses | 44% |
| BP | 5.730 millones de dólares estadounidenses | 124% |
| Caparazón | 9.840 millones de dólares estadounidenses | 130% |
| Equinor | 4.800 millones de dólares estadounidenses | 267% |
| Energías totales | 6 mil millones de dólares estadounidenses | 67% |
| Eni | 2.650 millones de dólares estadounidenses | 106% |
| Chevrón | 12.100 millones de dólares estadounidenses | 385% |
| ExxonMobil | 14.500 millones de dólares estadounidenses | 105% |
Los resultados de Petrobras se publicarán el próximo jueves. El equipo de análisis de XP estima una ganancia neta de 8.000 millones de dólares, lo que representaría un aumento del 70% con respecto al segundo trimestre de 2025.
No solo las petroleras están ganando (mucho) más. El martes, el banco HSBC, con sede en Londres, informó que su beneficio neto aumentó un 68% interanual, alcanzando los 7.690 millones de dólares en el trimestre que finalizó en junio. Los altos tipos de interés, mantenidos para controlar la inflación, están contribuyendo a impulsar los beneficios bancarios.
Los resultados reavivaron los llamamientos a favor de una tributación extraordinaria de los beneficios ( impuesto sobre las ganancias inesperadas ), que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas.
Trump: 10 mil millones de dólares para la compra de tierras raras
El presidente Donald Trump ha intensificado la ofensiva estadounidense en materia de minerales críticos al anunciar un paquete de nuevas inversiones mineras. El eje central del plan es un acuerdo de préstamo de 1.400 millones de dólares con Sila Nanotechnologies, destinado a ampliar la producción de ánodos de silicio y componentes para baterías de iones de litio.
Al presentar las medidas, Trump resumió el objetivo de la estrategia: «Estamos reincorporando a nuestros mineros al trabajo y recuperando el lugar que le corresponde a Estados Unidos como superpotencia minera mundial», afirmó. El presidente argumentó además que Estados Unidos «nunca más debería depender de naciones extranjeras hostiles».
¿Adónde va el dinero?
Además de la inversión en Sila, el paquete incluye 400 millones de dólares estadounidenses para Sunrise Energy Metals, relacionados con la expansión de la producción de escandio, y 150 millones de dólares estadounidenses para Niron Magnetics en Minnesota.
También se han destinado mil millones de dólares para el proyecto de cobre de Santa Cruz en Arizona y 25 millones de dólares para el desarrollo de una mina de grafito en Alabama.
El gobierno también anunció una financiación de 180 millones de dólares para programas educativos relacionados con la minería. En total, el gobierno federal de Estados Unidos ya ha comprometido 10.000 millones de dólares en inversiones centradas en elementos de tierras raras e imanes permanentes.
Entre las empresas del sector mencionadas se encuentran el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, Ivanhoe Electric, Rio Tinto, BHP, MP Materials, USA Rare Earth, Energy Fuels, US Antimony y The Metals Company.
La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa y el Pentágono también participan en esta iniciativa. El año pasado, el Pentágono anunció la compra de 400 millones de dólares en acciones preferentes de MP Materials.
China y la visita de Xi Jinping
La ofensiva se produce en medio de una disputa entre Washington y Pekín. Una tregua comercial alivió los controles chinos sobre las exportaciones de minerales críticos e imanes. La visita de Xi Jinping a Washington está prevista para septiembre.
Durante una reunión con ejecutivos de empresas mineras, Robert Friedland, de Ivanhoe Electric, analizó la trayectoria de Estados Unidos en el sector. «Hemos actuado con inacción durante muchos gobiernos», afirmó. Para él, el tema tiene una importancia estratégica: «Esto es fundamental para nuestra seguridad nacional».
El vínculo con Brasil
La carrera por los elementos de tierras raras ahora se extiende a proyectos fuera de Estados Unidos. En abril, USA Rare Earth adquirió Serra Verde, una empresa que opera en Pela Ema, Goiás, por 2.800 millones de dólares. Serra Verde también obtuvo 565 millones de dólares en financiamiento de la DFC.
El movimiento se extiende a otras regiones. Este viernes se anunció una inversión de 4,8 millones de dólares en Harena Rare Earths, vinculada al desarrollo de una mina de tierras raras en Madagascar.
Entre las empresas que participan en el sector se encuentran Aclara Resources, con Ramón Barúa, así como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USIDFC).