Panorama Económico Latinoamericano- Del 22 al 29 de julio de 2026

Bolivia: nuevo esquema cambiario con devaluación del 10%

Como parte de las reformas estructurales para revertir la recesión económica en Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz modificó el régimen cambiario del dólar, de fijo, establecido hace 15 años, a flexible desde el pasado 29 de junio. La medida busca oficializar el nuevo, pero informal, costo de la moneda extranjera, dictaminado por un mercado paralelo abierto hace tres años, cuando el Banco Central admitió falta de liquidez.

El nuevo modelo comenzó con un dólar a 9,76 bolivianos y, poco más de dos semanas después, se cotiza a 10,75, una subida del 10,5%. Si bien la iniciativa ha sido aplaudida por organismos financieros internacionales y aumenta la credibilidad del esquema económico, se implementa en un momento financieramente sensible, cuando las reservas de divisas han caído más del 70% desde 2014.

Para el economista y docente investigador Fernando Romero, el nuevo tipo de cambio es necesario, pero no cree que se haya aplicado en el momento justo. “Se ha develado un problema estructural de una crisis cambiaria: un mercado con mucha demanda y poca oferta. Si esta medida no viene apoyada de otras leyes estructurales, carece de credibilidad”. Para inyectar dólares que regularicen el mercado se debe, dice Romero, incrementar las exportaciones, atraer inversión extranjera y reactivar el aparato productivo.

El precio oficial del dólar antes del 29 de junio (6,96 bolivianos) era ilusorio y las importaciones y transacciones con la moneda estadounidense se realizaban tomando en cuenta el costo del mercado informal, provocando una inflación anual del 12,5% en junio y que el FMI pronostica que será del 20% para fin de año. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió más del 2% de abril a mayo, según los datos recién difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el nuevo modelo cambiario no ofrece señales de invertir la tendencia por sí solo: organizaciones de transportistas y pequeños comerciantes han advertido de una mayor subida de costos en sus servicios y productos.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió a la población no alarmarse con la tendencia al alza de la divisa. “Hoy por hoy hay una escalada, pero la fluctuación del dólar se trata de eso, va a subir y bajar”. El economista Romero, no obstante, cree que hay que tomar con cautela las palabras del portavoz. “La gente entra en pánico cuando sucede un acontecimiento político o social, empieza a demandar dólares para resguardarse. Es parte de una paranoia social y de la idiosincrasia del boliviano que continuará mientras no haya una señal clara por parte del Gobierno de que habrá dólares”.

La inyección del billete norteamericano al sistema financiero parece ser el camino evidente para restablecer el equilibrio del mercado cambiario, el problema es el estado de los mecanismos del país para conseguirlos. La captación de inversión extranjera es mínima: de cada 100 dólares que llegaron a América Latina en 2025, Bolivia solo atrajo 30 centavos, de acuerdo con Romero, en base a un estudio de la Cepal. En cuanto a las exportaciones, el Estado recauda apenas alrededor del 12% de los ingresos por esta vía, asegura el ingeniero financiero Rodrigo Fernández.

“En 1996, por ejemplo, las exportaciones estaban obligadas a liquidarse en el Banco Central de Bolivia. Hoy nadie mete dólares en el Banco Central ni en el sistema financiero. No hay incentivos para traer dólares”, apunta Fernández. La confianza en la moneda nacional es inexistente, además de que Bolivia vive una especie de corralito desde 2023, con restricciones a los retiros de dólares en los bancos. Es cierto que el Gobierno de Paz decretó que desde principios de este año se podían empezar a retirar los dólares de forma escalonada y solo pueden acceder los ahorristas, con un máximo de 3.000 dólares en sus cuentas.

Frente al desalentador panorama, la vía más accesible para conseguir la moneda estadounidense parece ser un crédito del FMI. El mismo Gobierno anunció que estaban en marcha negociaciones para acceder a un préstamo. Los economistas coinciden en que, en caso de concretarse el crédito, el precio del dólar bajará, pero puede ser solo una solución momentánea, apenas un parche.

El principal problema de una cooperación con el FMI, opina Fernández, son “las duras condiciones”. “Una de ellas es que bajes el déficit fiscal. Sucede que, cuando la austeridad es muy fuerte, la economía se deprime y, además de poner en riesgo a los sectores vulnerables, deja de responder y sucede lo que el propio FMI llama consolidación autodestructiva. Tu actividad económica se reduce, pero aumenta tu deuda”.

El préstamo sería beneficioso, apunta Fernández, si es canalizado a sectores productivos para tener un alto impacto social. O decidir invertirlo en los llamados multiplicadores, áreas en las que cada dólar que se invierte en sectores específicos genera un mayor retorno al PIB. En Bolivia, por ejemplo, destaca el área de saneamiento básico, servicio del que carecen alrededor de 4,4 millones de bolivianos y al que dedican un promedio de 3,5 horas. “Imagínate si ese tiempo pudieran dedicarlo a producir, educarse o cualquier otra cosa. Por eso tiene el mayor multiplicador”.

Venezuela: EEUU impone «plan de tutela»  económica y financiera 

Álvaro Verzi Rangel *

Tras los terremotos, Estados Unidos ha adoptado un plan de tutela para “asumir la administración temporal” de Venezuela supuestamente para la reconstrucción, que incluiría el control sobre áreas políticas, económicas y financieras que contempla el envío de 3.000 efectivos, principalmente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, además de especialistas en infraestructura, urbanismo, energía y ordenación territorial.  El proceso comenzaría con un fondo de 3.000 millones de dólares.

Estados Unidos ha acelerado sus planes para la transición política en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, evaluando una fórmula excepcional de administración temporal que permita coordinar la reconstrucción, evitar un vacío institucional y preparar elecciones en las que la otrora oposición pueda imponerse. El proyecto, aún preliminar, contempla el envío de unas 3.000 personas —principalmente ingenieros y especialistas civiles, con foco en infraestructura, servicios básicos y planificación territorial.

Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado y jefe de la diplomacia de Estados Unidos, calificado como «virrey», se encarga de supervisar y dar órdenes a la presidenta interina Delcy Rodríguez, a pesar de que no ha puesto allí los pies en mucho tiempo. La que fuera mano derecha de Nicolás Maduro hasta que fue secuestrado en su casa y trasladado a Nueva York a principios de año, aceptó ser la testaferro del nuevo imperialismo de Donald Trump, quien ha modificado el orden de las cosas y ahora se refiere a Venezuela como el próximo estado 51 de EE.UU. en lugar de Canadá, señala el periódico español La Vanguardia.

Al caer Maduro, Rubio informó a la presidenta interina que o se sometía a Trump o acabaría mal.Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó, según relató  The New York Times en un extenso reportaje con el que ilustra como Rubio es el verdadero gestor de Trump en ese país caribeño. Esto no significa que haya cambiado sus propósitos expansionistas, sino que los ha ampliado, además de Groenlandia o el canal de Panamá.

Desde los sectores que respondían al secuestrado presidente Nicolás Maduro señalan que «el descarado gobierno del rodrigato, o mejor, la gerencia de la filial gringa en la que han convertido a Venezuela ha entregado al país, a lo material y a lo espiritual, al petróleo y a la autoestima nacional, al espíritu patriota: los militares gringos nos han invadido con infantería en el puerto y aeropuerto de la Guaira y el rodrigato los recibe con cariño, los condecoró, los abrazó. Tienen preso a Maduro en New York y estos maduristas sinvergüenzas se olvidaron de él, de su líder, borran hasta su imagen de las vallas».

Mientras, Elliott Abrams, exenviado especial de Donald Trump para Venezuela, criticó la estrategia que actualmente mantiene el gobierno de Estados Unidos en el país y el apoyo que ha demostrado a la presidente encargada Delcy Rodríguez. Abrams afirmó que Estados Unidos dejó de impulsar una transición democrática y pasó a respaldar la continuidad de Delcy Rodríguez.

Abrams sostuvo que el secuestro de Maduro en enero generó expectativas sobre el inicio de un proceso electoral libre. Sin embargo, señaló que la administración de Trump optó por priorizar la estabilidad inmediata, la recuperación petrolera y la llegada de inversiones A su juicio, la democracia quedó relegada a un plazo indefinido, según publicó en un artículo en The Free Press. Añadió que el gobierno de Trump tampoco habría exigido la liberación de todos los presos políticos ni el retorno de los dirigentes que permanecen en el exilio.

La propuesta busca establecer una estructura provisional con capacidad operativa en el país, sin implicar una intervención militar ni una anexión formal. Washington pretende supervisar la reconstrucción sin dejarla en manos exclusivas de las instituciones vinculadas al gobierno venezolano, mediante una tutela limitada y temporal. Sin embargo, el plan carece aún de definición jurídica, liderazgo claro y plazos, y enfrenta resistencias internas dentro de la propia Administración estadounidense.

Como primer paso, desde España se anunció una mesa de trabajo entre la Asamblea Nacional de 2015 (la que designó a Juan Guaidó como presidente) y la controlada por el bolivarianismo, que iniciará el 1 de agosto con respaldo de EEUU. El diálogo se presenta como respuesta a la emergencia tras los dos terremotos, que dejaron 4.829 muertos, aunque todavía no aborda temas clave como elecciones, presos políticos o reparto de poder. La prensa estadounidense señala que soldados de EEUU fueron desplegados en el aeropuerto Simón Bolívar para descargar y distribuir ayuda en todo el país.

Se habla de elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el jueves 16 de julio que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) muestran que los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro urdieron un plan para manipular electrónicamente resultados electorales entre 2004 y 2020.

«Existía un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela», afirmó Trump durante un discurso en horario estelar emitido desde la Casa Blanca en el que se centró en subrayar supuestas vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense. La declaración de Trump se basa en los documentos publicados por la Casa Blanc y que incluyen un análisis de la CIA, elaborado el 29 de junio con información de inteligencia recopilada durante casi dos décadas, sobre la capacidad venezolana para manipular elecciones mediante tecnología de máquinas de votación electrónica.

El informe señala que Venezuela tenía «probablemente cierta capacidad» para manipular sistemas de votación electrónica dentro del país, incluidos los sistema de la empresa británica Smartmatic y de la que Estados Unidos se desvinculó en 2007. Trump habla de  «cierta capacidad», lo que no significa que se produjera fraude alguno.

Jorge Rodríguez,  actual presidente de la Asamblea Nacional dirigió el árbitro electoral entre 2005 y 2006 -cuando se consolidó el modelo de votación electrónica- y ha sostenido en reiteradas ocasiones que Venezuela posee uno de los sistemas de votación más confiables del mundo. La desclasificación de un memorando de la CIA sobre presuntas capacidades de manipulación electoral volvió a poner el tema en el centro del debate. y principal negociador del chavismo en distintos procesos de diálogo con la oposición.

Médico psiquiatra de profesión e hijo -al igual que Delcy- del dirigente socialdemócrata Jorge Rodríguez padre, fue vicepresidente ejecutivo ca entre 2007 y 2008, alcalde del municipio Libertador de Caracas durante dos períodos y, desde enero de 2021, presidente de la Asamblea Nacional. Actualmente es uno de los que lidera las conversaciones y negociaciones con EEUU.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez reportó la atención a más de 20.000 personas en campamentos transitorios tras los devastadores sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Según las cifras presentadas en el reporte oficial, se han asignado un total de 106 campamentos, los cuales cuentan con una capacidad instalada para albergar a 25.351 personas. De esta infraestructura disponible, se registra actualmente una capacidad ocupada de 20.857 personas que reciben asistencia en estas instalaciones.

Un reciente estudio realizado por la consultora Hinterlaces reveló que el 91 por ciento de sus entrevistados coinciden con que el levantamiento de sanciones y del bloqueo contra Venezuela ayudaría a que el país se recupere rápidamente tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Tan solo el seis por ciento de los encuestados no está de acuerdo con esta

Mientras, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que petroleras estadounidenses están “haciendo fortuna” en Venezuela tras apoderarse de la producción de crudo venezolano, durante un discurso en Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania.

El diario británico The Guardian destaca que el gobierno venezolano y la oposición iniciarán conversaciones formales el 1 de agosto para “fortalecer la democracia”.  Según el reporte, Washington ha estado “dirigiendo” las cosas en Venezuela desde enero y Marco Rubio ha sido descrito como “virrey de facto”.

Mientras, Estados Unidos asegura que no obstaculizará el regreso de la promocionada líder oposicionista María Corina Machado a Venezuela, pese a que nadie la reclama en su país. La aceleración de los planes estadounidenses, a partir de la tragedia, puede ir generando un sentimiento de rechazo que tratan de diluir con pleitos internos.

La presidenta Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que está dispuesta a sentarse en un diálogo con María Corina Machado y los extremistas, después que se levanten las sanciones que estos sectores pidieron en contra del país. «Esto es un proceso más complejo, más profundo de lo que la gente imagina  y yo miro ese proceso cuando cada sanción que  pidió ese sector y el extremismo ya no exista para Venezuela, ahí me podré sentar tranquila a un proceso de diálogo político».

Asimismo, destacó que «Venezuela es mucho más grande que nosotras, que una persona o dos mujeres, o dos hombres. En Venezuela es mucho más amplio», dejando abierta la posibilidad de un diálogo.

Según el responsable diplomático de EEUU para América del Sur, Luis Mendez, el gobierno estadounidense ya ha hablado con Delcy Rodríguez sobre el retorno de Machado. El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, afirmó que hay  que «realizar gestiones en el contexto de la situación en Venezuela para garantizar que, al regresar, no sea detenida». La legislación vigente impide regresar a Machado, que salió clandestinamente del país en diciembre para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, con ayuda estadounidense.

*Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El agua revela las grietas del crecimiento urbano en El Salvador

Edgardo Ayala-IPS

Para amplios segmentos de la población salvadoreña, el acceso al agua potable, de calidad y en cantidad, sigue siendo una aspiración que se topa con décadas de ineficiencia en la gestión del recurso y con políticas de libre mercado que generan aún más inequidad para que llegue a todos por igual.

“El agua nunca nos ha caído realmente como debe de ser, y desde hace aproximadamente dos meses vivimos una crisis, no cae a ninguna hora del día”, dijo a IPS Abigaíl Hernández, una de las residentes en Valle Verde I que han sufrido, por dos décadas, un servicio de agua deficiente en ese populoso vecindario obrero, en el distrito de Apopa, en el norte de San Salvador.

Esa realidad la viven a diario miles de personas en El Salvador, un país de algo más de seis millones de habitantes dentro del istmo centroamericano.

En Valle Verde I, así como en Valle Verde II, dos colonias o barrios residenciales, el servicio de agua potable, gestionado por una empresa privada, lejos de aliviarse, ha ido empeorando con el tiempo, afirmó a IPS Luis Montoya, residente de Valle 1 desde hace 28 años. Unas 15 000 familias sufren actualmente la falta de agua en sus grifos.

“Cuando se construyeron estas colonias, hace como tres décadas, el servicio de agua ya venía como parte del proyecto residencial, privado, y al principio funcionó bien, pero luego se fue deteriorando hasta los niveles críticos que tenemos ahora”, agregó Montoya, un mecánico de vehículos de 57 años.

El servicio de agua es suministrado por la Administradora de Pozos (Ampo), compañía que en 2024 fue multada con 274 000 dólares, por extraer el agua del acuífero sin el permiso de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el ente rector del recurso.

Pese a esa sanción, la compañía continuó como proveedora de agua a las colonias Valle Verde I y II, pues no fue suspendida. “El agua nunca nos ha caído realmente como debe de ser, y desde hace aproximadamente dos meses vivimos una crisis, no cae a ninguna hora del día”, dice Abigaíl Hernández.

Montoya contó que el suministro se volvió cada vez más irregular, mientras la tarifa mensual se mantuvo en 9,64 dólares, muy por encima del cargo fijo mensual cobrado a las personas cuyo servicio es provisto por la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda). El cargo mínimo mensual es de 2,29 dólares, e incluye el consumo de hasta 10 metros cúbicos de agua.

«Al principio hasta caía en la ducha, ahora eso es un lujo ya, un sueño», dijo, sentado bajo la sombra de un árbol, en el parquecito del vecindario, lugar al que poco a poco fueron llegando más afectados para contar a IPS la dura situación que atraviesan.

Cañerías vacías

De la población salvadoreña, 90,7 % tiene acceso al agua por cañería y en las áreas urbanas esa cobertura alcanza el 95,7 %, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025. Sin embargo, ese indicador no significa que los hogares reciban agua de forma continua.

De acuerdo con la hidróloga Marcia Barrera, coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Gestión Integral del Agua, de la pública Universidad de El Salvador, la medición únicamente registra si existe una fuente de abastecimiento, pero no con qué frecuencia llega el agua a las viviendas. «No es lo mismo que me caiga agua de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, que me caiga agua de 2:00 a 4:00 de la madrugada», ejemplificó la especialista.

Esa diferencia, añadió, explica por qué las estadísticas pueden mostrar una cobertura elevada mientras numerosas comunidades siguen enfrentando racionamientos y se ven obligadas a almacenar agua para cubrir sus necesidades diarias. Barrera sostuvo que las dificultades de abastecimiento responden a una combinación de factores. Entre ellos mencionó el deterioro de las redes de distribución, las fugas, la pérdida de presión en las tuberías, la ubicación de las viviendas respecto de los tanques de distribución y el desperdicio de agua por parte de algunos usuarios.

También reconoció avances en la modernización de la infraestructura de potabilización y en la reparación de fugas, aunque consideró que aún existen limitaciones propias de sistemas construidos hace décadas. La académica distinguió entre dos formas de escasez de agua. La primera es la escasez física, cuando la disponibilidad natural del recurso resulta insuficiente para atender la demanda. La segunda es la escasez económica, que ocurre cuando existe agua, pero faltan los recursos o la infraestructura necesarios para extraerla, tratarla y distribuirla.

En algunas zonas del país, particularmente en el oriente, ambas condiciones comienzan a coincidir debido a la reducción de caudales y a las limitaciones para ampliar los sistemas de abastecimiento, acotó.

Menos agua por persona

Las Naciones Unidas estiman que El Salvador registra un nivel de estrés hídrico cercano a 13 %. Ese indicador mide la presión que ejercen las extracciones sobre los recursos hídricos disponibles, pero no la cantidad de agua que corresponde a cada habitante. Bajo este último indicador, el país presenta la menor disponibilidad de agua por persona entre los siete países centroamericanos.

Según Barrera, la disponibilidad ronda los 3500 metros cúbicos por persona al año, mientras Guatemala prácticamente duplica esa cantidad y Nicaragua supera los 25 000 metros cúbicos por habitante. Para la especialista, esa condición obliga al país a administrar el recurso con mayor eficiencia. “Esto nos dice: ojo, El Salvador, hay que hacer más eficiente el uso del agua”, subrayó.

Si bien el estrés hídrico nacional no figura entre los más altos a escala mundial, advirtió que El Salvador dispone de un margen mucho menor que el resto de países de la región para responder a períodos de sequía o a una disminución de las precipitaciones asociada al cambio climático.

El balance hídrico elaborado para el Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos estimó que El Salvador dispone de alrededor de 20 292 millones de metros cúbicos de agua al año, considerando tanto las aguas superficiales como las subterráneas.

Esa cuantificación incorpora no solo el agua generada dentro del territorio nacional, sino también las aportaciones provenientes de las cuencas transfronterizas.

Barrera explicó que esa condición convierte al país en un territorio con una importante dependencia hídrica de sus vecinos Guatemala y Honduras. Precisó que, en el caso de los acuíferos, una parte del agua es recargada en esos dos países y luego migra de forma natural hacia territorio salvadoreño.

Las leyes del mercado: más inequidad

Si bien existen directrices de planificación estatal, en El Salvador la gestión del suelo y de sus recursos hídricos responde más a las dinámicas del libre mercado.

Aunque el Área Metropolitana de San Salvador cuenta con una planificación técnica desde 1950, el desarrollo urbano real ha sido conducido por el sector privado con escasa intervención reguladora del Estado, explicó Carlos Grande, académico del Departamento de Organización del Espacio, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

“En El Salvador nunca ha habido un uso de la tierra sino bajo la forma del libre mercado”, aseguró Grande. Según el investigador, esta inercia liberal en la construcción de la ciudad reproduce de manera sistemática un patrón de desarrollo territorial desigual, en el cual el acceso al agua potable se distribuye de forma asimétrica.

El crecimiento urbano del Área Metropolitana de San Salvador “no crece desordenado, creció ordenado, pero ordenado en función del libre mercado», afirmó. Bajo ese esquema, advirtió, “ese crecimiento en función del libre mercado, casi por inercia va a crear injusticia, va a crear inequidad”, al concentrar las inversiones y los servicios en determinadas zonas mientras otras quedan rezagadas.

A su juicio, el papel del Estado debería ser moderar esas desigualdades mediante la planificación territorial y la aplicación de los instrumentos existentes. Sin embargo, Grande sostuvo que esos mecanismos se utilizan de manera limitada o no se aplican en las áreas más sensibles, lo que perpetúa un desarrollo urbano desigual. “No es un tema realmente técnico. Es un tema político”, resumió.

El marco institucional para corregir estas asimetrías se encuentra además fragmentado, aseguró. El Salvador carece de sinergias entre las entidades que gestionan el territorio y el recurso, y varias instituciones “meten mano”, destacó.Por ejemplo, las municipalidades controlan el suelo, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opams) vigila el desarrollo metropolitano, y el agua es competencia de la Anda y la ASA, entre otras.

El Salvador es hoy un país predominantemente urbano. De los 6,37 millones de habitantes estimados por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 3,93 millones, equivalentes a 61,7 %, viven en ciudades, mientras 2,44 millones (38,3 %) residen en áreas rurales.

Aunque la población continúa concentrándose en los centros urbanos, Grande advirtió que el país ha entrado en una etapa de bajo crecimiento demográfico e incluso de eventual decrecimiento, por lo que recalcó que los desafíos del acceso al agua responden menos al aumento de habitantes que a la forma en que se ha planificado y gestionado el desarrollo urbano.

Los costos económicos extras

Mientras tanto, para las familias de Valle Verde, la falta de agua también se tradujo en un gasto adicional. Lorenzo López, otro afectado, calculó que, además de la cuota mensual del sistema, su hogar gasta entre 24 y 25 dólares al mes para comprar agua suministrada por privados camiones cisterna, llamados “pipas” en El Salvador. Otras “pipas” del gobierno llegan también con agua, gratuita.

López añadió que gasta 12 dólares al mes para comprar el agua purificada para beber y cocinar. López, de 38 años, dijo que invirtió 350 dólares en un sistema de filtración para aprovechar el agua de la red, pero terminó dejándolo de usar porque la turbidez aumentó y perdió confianza en su funcionamiento.

“Somos una familia de tres personas, mi esposa y mi hijo. Hoy que ya somos más hoy gastamos más agua, porque mi niño toma agua y hay que hacerle refresquitos. Llegamos un momento de hervirle el agua y meterla en la refri para poder amortiguar el gasto”, subrayó.

Lucha colectiva

Mientras tanto, la falta del servicio de agua en Valle Verde I y II llevó a los habitantes a organizarse para exigir una solución. Representantes comunitarios recolectaron firmas entre los vecinos y solicitaron, el 10 de julio, reuniones con funcionarios de Anda y de la ASA, mientras preparan una denuncia colectiva ante la Defensoría del Consumidor.

“Eso nos motivó a levantarnos, alzar la voz y buscar ayuda por otros medios también”, afirmó Abigail Hernández, de 28 años, una de las representantes comunitarias. Y añadió: “La gente ha estado pagando recibos y no ha recibido el servicio. Entonces es un robo”.

Aunque reconoció que el servicio es prestado por la empresa privada Ampo y no por Anda, la comunidad busca que la institución estatal asuma el sistema. En la zona existen seis colonias, pero únicamente Valle Verde I y II continúan dependiendo del operador privado.

Las reuniones con Anda y ASA permitieron conocer que el caso requiere evaluaciones técnicas y legales debido a que el sistema pertenece a una empresa privada. Ambas instituciones coordinan el suministro mediante pipas gratuitas, una medida que, según los vecinos, no cubre las necesidades de una comunidad donde muchas personas trabajan fuera de casa o tienen dificultades para transportar el agua.

Aunque reconocieron las limitaciones de Anda y los racionamientos que enfrentan muchas comunidades abastecidas por la institución, los afectados sostuvieron que recibir agua algunas horas al día les permitiría almacenarla y cubrir sus necesidades básicas, una situación preferible a la actual, en la que el servicio ya no les llega.

“Ya esperamos lo más, ahora debemos seguir en la lucha”, sostuvo Hernández.

Perú: Bancos Centrales, mandato dual versus mandato único

Alejandro Narváez Liceras *

El Perú no necesita debilitar su banco central ni someterlo al poder político. Necesita urgente ampliar el debate. La estabilidad monetaria es indiscutible, pero no suficiente. Una inflación baja con empleo informal masivo, salarios débiles y crédito caro no es éxito pleno.

Falso dilema entre estabilidad de precios, trabajo digno y desarrollo productivo

Los bancos centrales tienen hoy un poder enorme sobre la economía. Una decisión sobre la tasa de interés puede encarecer o abaratar el crédito, mover el tipo de cambio, enfriar o estimular el consumo, postergar inversiones y afectar el empleo. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: la política monetaria es necesaria, pero no es omnipotente. Puede ayudar a contener la inflación, pero no puede producir combustibles, alimentos, fertilizantes, semiconductores, ni construir puertos, carreteras ni generar empleo formal de calidad.

El objetivo de este artículo es analizar por qué algunos bancos centrales de países desarrollados tienen mandato dual —estabilidad de precios y empleo—, mientras que en el Perú y en muchos países en desarrollo predomina un mandato único, centrado en la estabilidad monetaria. La pregunta es especialmente relevante cuando la inflación está en un dígito y, en buena parte, responde a factores de oferta y no a un exceso de demanda interna.

El mandato dual y el mandato único

El debate de fondo es si los bancos centrales deben preocuparse solo por la estabilidad de precios o también por el empleo. En los países desarrollados, el caso más conocido es la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene un mandato dual: estabilidad de precios y máximo empleo. Esta arquitectura institucional reconoce una tensión real: una economía no puede ser evaluada únicamente por la inflación si, al mismo tiempo, deteriora el empleo, debilita los salarios o destruye tejido productivo.

En cambio, en el Perú y en muchos países en vías de desarrollo, el mandato suele ser único o predominantemente monetario. En el caso peruano, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene como finalidad preservar la estabilidad monetaria. Esta prioridad tiene una explicación histórica: el país sufrió una hiperinflación traumática a fines de los años ochenta, asociada al desorden fiscal, monetario e institucional. Por ello, la autonomía del BCRP y su concentración en la inflación fueron una respuesta razonable para recuperar confianza, proteger la moneda y evitar que el gobierno de turno usara la emisión como mecanismo de financiamiento del gasto público.

La diferencia, por tanto, no responde solo a una preferencia técnica. Tiene raíces históricas, institucionales y políticas. Los países desarrollados suelen tener mercados laborales más formales, estadísticas más confiables, monedas fuertes, menor vulnerabilidad cambiaria, política fiscal más potente y bancos centrales con reputación consolidada. En ese contexto, mirar el empleo no se interpreta necesariamente como abandono de la disciplina antiinflacionaria.

En los países en desarrollo, el temor es distinto: que un mandato amplio abra la puerta a la presión política, al populismo monetario, al financiamiento indirecto del déficit fiscal o a la manipulación de tasas con fines electorales. Por eso se privilegió el mandato único: blindar al banco central frente al poder político. El argumento no es menor. En economías con instituciones frágiles, proteger la independencia monetaria es importante.

La inflación no siempre nace de la demanda

Pero una cosa es entender esa página de la historia peruana y otra muy distinta es convertirla en dogma permanente. Si la inflación está en un dígito y casi siempre dentro del rango meta que los propios bancos centrales se han fijado y, además, buena parte de ella proviene de factores de oferta —combustibles, alimentos, fertilizantes, transporte, tipo de cambio, conflictos geopolíticos o disrupciones logísticas—, entonces la pregunta es legítima: ¿por qué seguir actuando como si toda inflación fuese exceso de demanda interna?

Subir la tasa de interés puede moderar el gasto, pero no aumenta la producción de alimentos, combustibles, fertilizantes o energía. Puede enfriar la economía, pero no elimina los cuellos de botella productivos. Esa es la gran limitación de aplicar una medicina monetaria a una enfermedad productiva. Cuando la inflación nace de la escasez o de costos importados, el alza de tasas puede reducir la demanda, pero también puede golpear el crédito, la inversión, el consumo y el empleo.

A largo plazo, inflación alta y empleo digno no conviven. La inflación elevada reduce salarios reales, encarece el crédito, deteriora expectativas, desalienta inversión y golpea con más fuerza a los hogares pobres. Pero a corto plazo, una desinflación mal calibrada puede destruir pequeñas empresas, restringir crédito y aumentar el desempleo. El arte de la política monetaria consiste en bajar la inflación con el menor daño posible sobre la producción y el trabajo.

América Latina no puede descansar solo en sus bancos centrales

En América Latina, y en particular en el Perú, este debate es urgente. La región no puede descansar solo en sus bancos centrales. Si un país importa combustibles, fertilizantes, bienes de capital, insumos industriales y tecnología, cada shock externo puede convertirse rápidamente en inflación interna. Por eso, la estabilidad de precios no es solo un asunto monetario; también es política productiva.

El Perú necesita seguridad energética, infraestructura logística, competencia efectiva, reservas estratégicas, diversificación de proveedores, agricultura moderna, industria básica, mejor transporte y protección focalizada para los hogares vulnerables. También necesita una política fiscal aliada, no enemiga. Si el banco central sube tasas mientras el Estado gasta mal, invierte poco o subsidia sin criterio, la desinflación será más costosa. Pero si la política fiscal impulsa productividad, alimentos, energía e infraestructura, el ajuste monetario puede ser menos doloroso.

Además, la credibilidad depende de las estadísticas. Si los datos de inflación, empleo, informalidad, crédito o actividad económica son dudosos, incompletos o poco confiables, el banco central pierde fuerza. La política monetaria no solo administra tasas; administra confianza. Y la confianza exige transparencia, independencia técnica y comunicación clara.

El banco central moderno debe mirar la inflación, pero también el empleo, el crédito, la liquidez, el tipo de cambio, el apalancamiento y los precios de los activos. Una economía puede tener inflación baja y, al mismo tiempo, incubar una crisis bancaria, bursátil o inmobiliaria. Por eso, la estabilidad monetaria debe dialogar con la estabilidad financiera y con la economía real que crea riqueza.

Conclusión

El Perú no necesita debilitar su banco central ni someterlo al poder político. Necesita urgente ampliar el debate. La estabilidad monetaria es indiscutible, pero no suficiente. Una inflación baja con empleo informal masivo, salarios débiles y crédito caro no es éxito pleno. Precios estables sin empleo digno son una victoria incompleta; empleo sin estabilidad de precios es una ilusión que termina en pérdida de poder adquisitivo.

Por tanto, el reto peruano consiste en superar ese falso dilema. Una economía sana no es aquella que solo baja la inflación, sino aquella que logra estabilidad, producción, empleo decente y confianza social.

*Doctor en Ciencias Económicas y profesor principal de Economía Financiera en la UNMSM.

La inflación, protagonista en la crisis económica de Cuba

Daniel Pradas-IPS

La inflación en Cuba, que tendía a la desaceleración en los últimos años, evidencia ahora un importante repunte tras el bloqueo petrolero y las sanciones financieras de Estados Unidos. Con el aumento de los precios, el costo de la vida en la isla ya se ha incrementado y, para la recta final de 2026, promete acelerarse.

“Los alimentos están carísimos: las frutas, verduras, el arroz, el aceite, los cárnicos, todo sube y sube. Lamento no haber comprado todo antes”, dijo Jennifer Capote, una cocinera de 34 años que trabaja en un restaurante privado en La Habana.

En la capital aumentan, semana tras semana, los precios de productos esenciales como el arroz —la principal fuente de carbohidratos en la dieta del cubano—, cuyo kilogramo subió de 1 a 1,5 dólares en los últimos tres meses, o el litro de aceite de girasol o soja, que duplicó su precio hasta llegar hoy a casi tres dólares.

El precio del aceite comestible y otros productos básicos alimenticios estuvieron topados desde 2024 por el gobierno, si bien en la práctica la norma era violada por los vendedores, o simplemente dejaban de vender estos bienes.

Pero desde junio se derogó la medida y se cambió por una nueva política de desregulación de precios mediante métodos administrativos. A partir de la segunda semana de junio, cuando se aprobó en el unicameral parlamento  local un paquete de 76 reformas económicas que abrazaría un mercantilismo inédito dentro del sistema socialista cubano, los precios pasaron a regularse por las reglas de la oferta y la demanda.

“Es probable que los próximos meses estén marcados por presiones inflacionarias superiores a las observadas hasta ahora en Cuba”, señala Ricardo González. Carla García, una habanera que se dedica a cuidar su hogar de 43 años, teme que, con la escasez vista en los últimos meses de algunos productos, la desregulación provoque un aumento desmedido de los precios.

“Me pregunto si quitar los topes resolverá el problema realmente. Dicen que, a largo plazo, lo hará, pero la urgencia es que los alimentos sean más baratos, y que lo sean ahora, no en unos meses o en años”, dijo . En medio de reiterados apagones de más de 20 horas diarias, problemas con el abastecimiento de agua y el acceso a servicios elementales como la salud, una nueva escalada de los precios atormenta aún más a la población cubana.

“La inflación es uno de los problemas económicos que más preocupa hoy a la población cubana… Es probable que los próximos meses estén marcados por presiones inflacionarias superiores a las observadas hasta ahora en Cuba”, dijo el economista cubano Ricardo González, en el artículo Inflación en 2026: ¿entra Cuba en una nueva fase?, escrito para IPS este mes de julio.

La inflación ha alcanzado niveles tan alarmantes que el Banco Central de Cuba puso en circulación dos billetes de más denominación —de 2000 y de 5000 pesos cubanos, el equivalente a unos tres y ocho dólares, respectivamente— para hacer frente a la demanda de grandes cantidades de papel moneda.

Otro economista, Omar Everleny Pérez, dijo a medios locales que sostener hoy un hogar promedio de dos personas en Cuba cuesta 61 710 pesos cubanos (unos 95 dólares), sin incluir gastos como ocio o situaciones familiares que conlleven gastos extras.

Este monto resulta 36 % más caro que el costo de vida estimado por este mismo experto a inicios de 2025. Asimismo, resulta distante de los 11 dólares mensuales que representa el salario medio estatal, un sector que emplea a 68,5 % de los 4,1 millones de personas ocupadas en Cuba, de una población total de 9,7 millones.

Costo de la vida en aceleración

“Antes de que comenzara 2026, Cuba era ya una economía con una inflación elevada”, escribió González en su artículo, quien explicó que los cubanos han vivido en una economía inflacionaria desde enero de 2021 con la implementación de un programa de ajuste monetario y cambiario, conocido como Ordenamiento Monetario.

Para el cierre de 2025, el índice de precios al consumidor (IPC), que calcula la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), marcó un aumentos de los precios en aproximadamente 15 % con respecto al año pasado.

El IPC es un indicador oficial, pero ante la existencia de múltiples mercados segmentados y precios informales en Cuba, algunos economistas la desestiman o incluso realizan sus propios cálculos de la inflación interna.

El economista cubano Pavel Vidal, por ejemplo, situó la inflación en 70 % en 2025.De acuerdo a González, la inflación en esta nación insular caribeña obedece principalmente “a los desequilibrios monetarios acumulados, la persistencia de déficits fiscales elevados, las dificultades del sistema financiero para recuperar la confianza de la población tras el Ordenamiento Monetario y unas reformas insuficientes que no lograron acelerar el crecimiento económico”.

Pese a ello, la inflación había estado desde 2021 desacelerándose. Al menos, hasta que llegó 2026. Dos órdenes ejecutivas firmadas el 29 de enero y el 1 de mayo por el presidente estadounidense Donald Trump, para bloquear la entrada de combustibles y amenazar a inversionistas extranjeros, respectivamente, dieron entrada a nuevas variables que modificaron la inflación en Cuba, sumadas a la incertidumbre de una escalada militar.

De esas medidas se derivó la interrupción de las operaciones de navieras en mayo, —como Hapag-Lloyd y CMA CGM—, la salida de salida de Visa y MasterCard en junio, y la retirada de inversionistas en el turismo, la minería, la energía, así como la reducción de rutas de vuelos internacionales.

La escasez de combustibles limita el transporte y la producción, un menor financiamiento externo reduce el flujo de importaciones y presiona sobre el mercado cambiario de la isla, y dificultades en pagos internacionales encarecen las operaciones comerciales, acotó González.

“Un entorno de incertidumbre creciente suele terminar reflejándose en las decisiones de consumidores, empresas e inversionistas. La combinación de estos factores presiona al alza los precios domésticos”, agregó.

Según este economista, incluso si las sanciones de 2026 no hubiesen ocurrido, los precios probablemente habrían continuado creciendo, aunque manteniendo su tendencia a la desaceleración: su propia predicción apuntaba a una inflación de 11,8 % para diciembre de 2026 si mantenía las prerrogativas de 2025.

El IPC más reciente mostraba que hasta mayo de 2026, la inflación acumulada alcanzó 9,16 %, mayor que el acumulado en igual periodo de 2025 (7,45 %), y que la proyección de González si hubiera continuado la desaceleración de años atrás (6,2 %).

González señaló que los precios “crecieron más rápido de lo esperado”, y que “una parte de las presiones inflacionarias que hoy enfrenta la economía todavía no se ha trasladado plenamente a los precios”. El segundo semestre de este año tendrá la última palabra.

Augurios de estanflación

El economista Pedro Monreal advirtió en su blog que el producto interno bruto (PIB) cubano podría caer  15 % en 2026, lo cual, sumado a las cifras alcistas del IPC hasta mayo, “indicaría una estanflación incontenible”. “Una eventual estabilización macroeconómica a corto plazo en Cuba, en la que la reducción de la inflación es un indicador clave, es inviable sin un rediseño del esquema de inserción internacional y eso pasa por una negociación con Estados Unidos”, dijo.

Las presiones económicas de Estados Unidos en 2026 podrían no haber desencadenado aún todo su peso sobre el desempeño de la inflación. “Podría ser solo el comienzo de una espiral que se expresará con mayor énfasis en el segundo semestre”, dijo González.

De acuerdo a este especialista, existen distintas variables causales de la inflación desarrollándose simultáneamente: la depreciación del peso cubano en el mercado informal —de 20 % entre mayo y junio—, que repercutirá en los precios internos durante los próximos meses.

Asimismo, ha habido un aumento continuo de los costos de producción y de distribución, por “las interrupciones energéticas, las dificultades logísticas, el encarecimiento del transporte, el mayor costo financiero y las restricciones para acceder a insumos importados”, cuya repercusión podría demorar en reflejarse totalmente en los precios.

Por otra parte, se anticipa “una caída drástica de los ingresos públicos y, como consecuencia, una ampliación considerable del déficit fiscal”, así como una “elevada incertidumbre” marcada por la posibilidad de nuevas sanciones de Estados Unidos,

Además, la reforma económica aprobada por el parlamento en junio, centrada en gran medida en la desregulación de precios y costos en el sector estatal y una transición hacia mecanismos de mercado, podría tener efectos de corto plazo “económicamente y políticamente desestabilizadores”.

“Los procesos de liberalización de precios suelen generar tensiones macroeconómicas y distributivas significativas durante las primeras etapas de implementación. La magnitud de este impacto sobre la inflación dependerá, naturalmente, de la velocidad y profundidad con que avance el programa”, dijo González.

México: importaciones de maíz rompieron récord

Las compras externas de maíz alcanzaron entre enero y junio de 2026 un máximo histórico, tanto en volumen como en el valor comercial, de acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El impulso provino casi en su totalidad del maíz amarillo, grano que se destina principalmente a la alimentación del ganado y a procesos industriales.

Según los datos recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el volumen total de maíz importado en el semestre sumó 12.28 millones de toneladas, un incremento de 8.6% frente al mismo periodo de 2025, mientras que su valor comercial se ubicó en 2 mil 539 millones de dólares, un avance anual de 3.4 por ciento.

Del total, 11.70 millones de toneladas correspondieron a maíz amarillo (proveniente de Estados Unidos), un incremento de 10.1 por ciento respecto a un año antes.

El maíz blanco, utilizado en la producción de masa y tortilla, tuvo un comportamiento contrario. Las importaciones de este grano bajaron en 15.9 por ciento en volumen y 11.5 por ciento en valor al ubicarse en 490 mil toneladas, un retroceso que reflejó una oferta interna más estable tras la entrada de la cosecha nacional durante el semestre.

El maíz se consolidó como el producto con mayor peso dentro de las importaciones agroalimentarias del país, en un entorno de precios internacionales más moderados respecto al año previo, según el análisis de GCMA. Ese comportamiento explica buena parte del alza registrada en el conjunto de granos y oleaginosas que compra México en el exterior.

Aumenta 6.3% el volumen total de granos

En el total de granos y oleaginosas, el volumen importado por México ascendió a 23.95 millones de toneladas en el primer semestre del año, un aumento de 6.3 por ciento respecto al mismo lapso de 2025. El valor comercial de esas operaciones fue de 7 mil 581 millones de dólares, con un crecimiento de 4.4 por ciento.

El alza se sostuvo en el mayor ingreso de maíz, complejo soya, canola, cebada y malta, lo que compensó las caídas registradas en trigo, sorgo, frijol, aceite de soya y avena.

El complejo soya, integrado por grano, pasta y aceite, sumó 5.08 millones de toneladas, con un incremento de 15.1 por ciento. La soya en grano avanzó 9.8 por ciento en volumen y 19.7 por ciento en valor, en tanto que la pasta de soya, utilizada en la formulación de alimentos balanceados, registró un salto de 34.1 por ciento en volumen y 34.8 por ciento en valor.

El aceite de soya se mantuvo entre los productos con mayor contracción, con una caída de 35.5 por ciento en volumen y 24.6 por ciento en valor. Las compras conjuntas de aceites de palma, canola y girasol retrocedieron 13 por ciento en volumen y 12.7 por ciento en valor.

La canola figuró entre los productos con mejor desempeño del semestre. Las compras de este grano sumaron 980 mil toneladas, un alza de 10.6 por ciento en volumen y 21.8 por ciento en valor, impulsada por la demanda de la industria aceitera.

Las importaciones de trigo se ubicaron en 2.45 millones de toneladas, con una baja de 4.2 por ciento en volumen y de un punto porcentual en valor, lo que reflejó un mercado más equilibrado y una menor necesidad de abasto externo. El sorgo perdió terreno de forma más marcada, con una reducción de 23 por ciento en volumen y 25.9 por ciento en valor, en un contexto de sustitución por maíz.

El frijol registró la mayor caída del semestre, con un descenso de 32.6 por ciento en volumen y 52 por ciento en valor, favorecido por una mayor disponibilidad de oferta nacional. La avena también retrocedió, con bajas de 30.6 por ciento en volumen y 29.8 por ciento en valor.

Panorama internacional

Trump impone arancel de 50 por ciento a los productos canadienses

La medida desataría una nueva ola de caos económico

El presidente de Estados Unidos Donald Trump impuso aranceles de 50 por ciento a la mayoría de los productos canadienses, declarando que Canadá ha discriminado injustamente contra los automóviles, el alcohol y los productos lácteos estadunidenses.

Esta medida podría desatar una nueva ola de caos económico, con riesgos de mayor inflación y un mayor deterioro de las relaciones entre dos naciones que habían estado estrechamente unidas antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

El funcionario del gobierno que adelantó la medida, afirmó que Canadá fue una de las pocas naciones, además de China, que tomó represalias contra los aranceles anteriores de Trump y que debe rendir cuentas por ello.

Un día antes, Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos. En el encuentro también estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien comentó que “fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial”.

El funcionario que reveló la medida insistió en permanecer en el anonimato durante una llamada con periodistas para adelantar las acciones del republicano y afirmó que Trump firmó tres proclamaciones para imponer los aranceles en virtud del artículo 338 de la Ley de Comercio de 1930.

Varios legisladores demócratas propusieron el año pasado derogar dicho artículo, argumentando que Trump podría utilizarlo para desestabilizar la economía.

Los aranceles de 50 por ciento excluirían los productos energéticos, la potasa, el pescado y los minerales críticos, pero incluirían bienes anteriormente exentos de impuestos a la importación por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario añadió que Trump había solicitado a sus asesores que estudiaran la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Canadá pues sus incendios forestales perjudican la calidad del aire de Estados Unidos.

¿Es China un capitalismo de Estado?

Xulio Ríos

La naturaleza del modelo económico y político chino seguirá siendo objeto de debate durante mucho tiempo. Pocas etiquetas han suscitado tanta controversia como la de «capitalismo de Estado», utilizada con frecuencia para describir el sistema vigente en la República Popular China. Se trata, además, de una expresión que en China provoca un rechazo frontal, no solo por sus implicaciones ideológicas, sino porque se considera incapaz de explicar la singularidad de un proyecto que sus dirigentes insisten en presentar como una forma inédita de desarrollo socialista.

La discusión no es menor. Si China fuera simplemente un capitalismo de Estado, cabría interpretarla como una variante autoritaria del capitalismo contemporáneo. Si, por el contrario, estuviera construyendo una modalidad original de socialismo, nos encontraríamos ante una experiencia histórica distinta, todavía inacabada y cuyo desenlace permanece abierto.

Oficialmente, el modelo chino se define como una economía socialista de mercado. La expresión no es casual. Desde la perspectiva del Partido Comunista de China (PCCh), no se trata de una economía de mercado en sentido liberal, sino de una economía con mercado, donde este constituye un instrumento de asignación de recursos subordinado a objetivos políticos definidos mediante la planificación. El mercado no determina el rumbo del desarrollo; lo hace el Partido. El objetivo declarado continúa siendo la construcción de una sociedad socialista moderna hacia 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular, y no la culminación de una sociedad capitalista.

Precisamente ahí reside una de las primeras diferencias conceptuales. En las economías capitalistas el mercado constituye el principio organizador del sistema; en China, al menos en el plano doctrinal e institucional, el mercado se presenta como una herramienta al servicio de un proyecto político de alcance superior.

Los argumentos del capitalismo de Estado

Quienes califican a China como capitalismo de Estado parten de elementos objetivos.

Desde posiciones liberales o conservadoras se subraya la coexistencia de propiedad pública y privada, la búsqueda sistemática de beneficios, la integración plena en el comercio internacional, la existencia de grandes corporaciones competitivas o una creciente acumulación de riqueza. A ello se añade un Estado extremadamente activo que protege sectores estratégicos, dirige la política industrial, controla el sistema financiero y orienta la innovación tecnológica. Para estos analistas, China habría sustituido el libre mercado por un capitalismo gobernado desde el poder político.

Paradójicamente, parte de la izquierda llega a una conclusión similar, aunque por razones muy distintas. Su principal argumento es que la expansión de la propiedad privada, la aparición de una poderosa clase empresarial, las desigualdades sociales, la existencia de relaciones salariales plenamente mercantiles y la utilización del beneficio como incentivo económico revelarían un abandono de los principios clásicos del socialismo. Desde esta óptica, el discurso socialista funcionaría como una legitimación ideológica de un sistema esencialmente capitalista.

Resulta llamativo que esta crítica apenas se formulara durante las primeras décadas de la reforma, cuando China seguía siendo un país relativamente pobre. Solo cuando el desarrollo económico alcanzó dimensiones extraordinarias comenzó a generalizarse la idea de que semejante éxito únicamente podía explicarse mediante una conversión al capitalismo. Es como si el socialismo solo resultara creíble mientras administraba la escasez y dejara automáticamente de serlo al generar prosperidad.

Esta lectura, sin embargo, tiende a minimizar la importancia de las singularidades chinas y presupone que cualquier utilización del mercado conduce necesariamente al capitalismo, una equivalencia que ni la teoría económica ni la experiencia histórica permiten establecer de forma automática.

La respuesta china

El rechazo chino a la etiqueta de capitalismo de Estado no responde únicamente a una cuestión terminológica. Aceptarla implicaría reconocer que el proyecto iniciado en 1949 habría abandonado sus fundamentos ideológicos para transformarse en una variante del capitalismo.

Por ello, el PCCh insiste en que las reformas introducidas desde finales de los años setenta representan una evolución del socialismo, adaptada a nuevas circunstancias históricas. La incorporación del mercado, de la empresa privada o incluso del capital extranjero no modificaría la naturaleza del sistema porque todos esos instrumentos permanecerían subordinados al liderazgo político del Partido.

Desde esta perspectiva, el criterio decisivo no consiste en determinar si existen mercados o propiedad privada -presentes, en diferentes grados, en numerosas economías- sino en establecer quién fija las prioridades del desarrollo y quién controla los resortes fundamentales del poder económico.

En China, el Partido mantiene el control absoluto sobre los sectores considerados estratégicos; conserva la propiedad pública de la tierra urbana y limita profundamente la privatización del suelo rural; dirige el sistema financiero; mantiene una presencia orgánica dentro de las grandes empresas privadas; controla los principales instrumentos de comunicación y planificación; y, sobre todo, impide que el empresariado pueda constituirse como una fuerza política autónoma capaz de condicionar al Estado.

Esta diferencia resulta esencial. En las economías capitalistas son los grandes intereses privados quienes terminan condicionando la acción pública. En China ocurre, al menos hasta el presente, el fenómeno inverso: es el Estado, dirigido por el Partido, quien subordina el capital privado a prioridades políticas definidas previamente.

El papel de la planificación

Una idea ampliamente extendida atribuye el éxito chino exclusivamente a la apertura económica y a la inversión extranjera. Sin embargo, esa explicación resulta claramente insuficiente.

La apertura fue importante, pero probablemente lo decisivo haya sido la extraordinaria capacidad del Estado para planificar el desarrollo durante más de cuatro décadas. El capital extranjero fue admitido, aunque bajo condiciones compatibles con los objetivos nacionales de industrialización, transferencia tecnológica y creación de capacidades propias.

El resultado no ha sido únicamente la recepción de inversiones internacionales, sino la construcción deliberada de uno de los ecosistemas industriales más completos del mundo bajo una lógica de soberanía económica que hoy se extiende a ámbitos tan diversos como la seguridad alimentaria, las infraestructuras críticas, la energía o las tecnologías avanzadas.

Esta diferencia puede apreciarse comparando el caso chino con experiencias clásicas de capitalismo de Estado, como la desarrollada durante décadas por el Kuomintang en Taiwán. Allí el Estado impulsó la industrialización, pero con la finalidad de consolidar una economía plenamente capitalista e integrada en la estrategia geopolítica estadounidense. En China continental, por el contrario, el discurso oficial insiste en que la industrialización constituye una etapa dentro de un proceso histórico cuyo horizonte continúa siendo socialista.

¿Qué debemos observar?

El verdadero problema quizá no consista en decidir hoy si China es o no capitalismo de Estado, sino en identificar qué parámetros permitirán responder a esa pregunta en el futuro.

Reducir el análisis al crecimiento del PIB, al volumen exportador o al número de millonarios resulta claramente insuficiente. Si la propia legitimidad del modelo descansa sobre la promesa de construir una sociedad distinta, será necesario evaluar también otros indicadores.

Entre ellos destacan la evolución de la desigualdad; el grado de universalización de los servicios públicos; la erradicación de la pobreza extrema; la efectividad de las políticas de prosperidad común; la capacidad para limitar la influencia política del gran capital; la persistencia de la propiedad pública en los sectores estratégicos; el mantenimiento del liderazgo político del Partido sobre la economía; la transición ecológica; la lucha contra la corrupción y la consolidación de formas de desarrollo menos dependientes de la lógica exclusiva del beneficio.

En este sentido adquiere especial relevancia el experimento desarrollado en Zhejiang, una de las provincias más dinámicas del país. Allí se ensayan políticas que pretenden anticipar la siguiente fase del modelo: fortalecimiento del liderazgo del Partido, desarrollo verde y civilización ecológica, ampliación de las políticas de prosperidad común, regulación del capital privado y profundización de la lucha contra la corrupción. Su evaluación hacia 2035 probablemente ofrecerá algunas de las evidencias más sólidas para valorar hacia dónde evoluciona realmente el sistema chino.

China es otra experiencia histórica

Quizá el principal error consista en intentar encajar a China dentro de categorías elaboradas para explicar otras experiencias históricas.

No cabe duda de que incorpora numerosos elementos que asociamos al capitalismo: mercados, empresas privadas, competencia, acumulación, innovación o apertura internacional. Pero tampoco cabe ignorar que el poder político mantiene un grado de dirección económica, planificación estratégica y control sobre el capital privado difícilmente comparable con las economías capitalistas convencionales.

El «secreto» del modelo chino parece residir menos en la economía que en la política. No es el Estado actuando como un gran capitalista, sino un Estado que pretende alinear la actividad económica con objetivos sociales, nacionales y estratégicos de largo plazo. Que esa pretensión logre materializarse plenamente o termine siendo absorbida por las dinámicas propias del capitalismo constituye precisamente la gran incógnita.

En última instancia, será la propia evolución de China la que responda a esta cuestión. Nadie puede afirmar con certeza que el actual modelo desemboque en una sociedad socialista plenamente desarrollada. Pero tampoco resulta metodológicamente riguroso dar por supuesto que la presencia del mercado u otros atributos “capitalistas” invalida automáticamente esa posibilidad.

Cabe, por otra parte, hacer mención de la persistencia de las campañas de educación ideológica que apela a mantener a ultranza la fidelidad a la misión fundacional o la revalidación del marxismo, especialmente en el xiismo, como guía inspiradora de los más de cien millones de militantes del PCCh. Es este mandarinato el que vertebra las políticas del país en todos los órdenes.

China continúa siendo, ante todo, una especificidad histórica. Su proyecto combina una fuerte tradición civilizacional, una reivindicación permanente de la soberanía nacional y una experimentación institucional sin precedentes. Tal vez por ello las categorías heredadas resulten insuficientes para comprender una realidad cuya definición definitiva todavía pertenece más al futuro que al presente.

Un debate todavía abierto

La definición del sistema económico chino constituye probablemente uno de los mayores debates intelectuales de las últimas décadas. Lo menos que puede decirse es que no existe un consenso académico. Al contrario, economistas, politólogos e historiadores utilizan categorías diferentes para explicar una realidad que combina planificación estatal, mercados, empresas privadas, empresas públicas y un partido único que mantiene el monopolio del poder político.

La dificultad deriva de que China reúne características propias de sistemas aparentemente incompatibles. Quienes privilegian el peso del mercado concluyen que el país ya es esencialmente capitalista. Quienes ponen el acento en la estructura del poder sostienen que el socialismo sigue siendo el principio ordenador del sistema. Entre ambos extremos abundan las posiciones intermedias.

La interpretación liberal: un capitalismo dirigido

Desde una perspectiva liberal, China representa una modalidad de capitalismo de Estado. Autores como Barry Naughton, Nicholas Lardy o Yasheng Huang, aun con diferencias importantes entre ellos, coinciden en señalar que la economía china funciona mayoritariamente mediante mecanismos de mercado. Los precios se determinan esencialmente por la oferta y la demanda, existe competencia entre empresas, proliferan las compañías privadas, el trabajo asalariado constituye la relación económica dominante y la integración en el capitalismo global es prácticamente completa.

La diferencia con las economías occidentales residiría en que el Estado conserva un papel mucho más activo. Controla el sistema financiero, dirige la política industrial, protege determinados sectores, interviene sobre los flujos de capital y utiliza las empresas públicas como instrumentos estratégicos.

Desde esta perspectiva, el socialismo habría quedado reducido a una legitimación política mientras el funcionamiento cotidiano respondería, en esencia, a la lógica capitalista.

La crítica marxista: una restauración capitalista

Curiosamente, buena parte de la crítica procedente de la izquierda llega a una conclusión semejante, aunque por caminos completamente distintos.

Autores como David Harvey, Minqi Li o Au Loong Yu consideran que las reformas iniciadas por Deng Xiaoping condujeron progresivamente a una restauración del capitalismo.

Su argumento principal no se centra en la existencia de mercados -que también existieron parcialmente en otras experiencias socialistas- sino en la transformación de las relaciones sociales de producción.

Subrayan varios elementos como el crecimiento de la propiedad privada; la formación de una poderosa clase empresarial; la ampliación de las desigualdades sociales; la mercantilización creciente del trabajo; la aparición de grandes fortunas; la integración plena en el capitalismo mundial.

Desde esta óptica, el Estado continúa siendo fuerte, pero actúa esencialmente para garantizar la acumulación de capital, aunque bajo dirección del Partido.

No obstante, esta interpretación suele enfrentarse a una objeción relevante. Si el capitalismo se hubiera restaurado plenamente, ¿cómo explicar que el Estado siga controlando los principales bancos, los sectores estratégicos, la política monetaria, la tierra urbana y una parte sustancial de la inversión nacional?

Una tercera interpretación: un modelo híbrido

Otros investigadores consideran insuficiente la dicotomía entre socialismo y capitalismo.

El caso más conocido probablemente sea Giovanni Arrighi. En “Adam Smith en Pekín”, Arrighi sostenía que China no estaba reproduciendo el desarrollo capitalista occidental sino construyendo una vía distinta basada en una fuerte tradición estatal, un elevado grado de planificación y una utilización pragmática del mercado.

Más recientemente, Isabella Weber ha insistido en que muchas de las instituciones económicas chinas no proceden únicamente del marxismo soviético, sino también de tradiciones administrativas imperiales que concebían el mercado como un mecanismo útil siempre que permaneciera bajo supervisión pública.

Desde esta perspectiva, el mercado no sería incompatible con el socialismo siempre que no determinase por sí mismo la orientación estratégica del desarrollo.

¿Qué responde el PCCh?

La posición oficial del Partido Comunista de China parte de un razonamiento diferente. El criterio fundamental no consiste en determinar si existe propiedad privada o mercado. La verdadera cuestión consiste en responder quién ejerce el poder político y qué finalidad persigue la economía.

Para el PCCh, el mercado constituye únicamente un instrumento. El sujeto dirigente continúa siendo el Partido. Esta diferencia no es meramente retórica. Como se ha señalado, en China la tierra sigue sin privatizarse plenamente; los bancos fundamentales permanecen bajo control estatal; las grandes empresas estratégicas siguen siendo públicas; las compañías privadas incorporan estructuras permanentes del Partido; el Estado determina las grandes prioridades industriales, tecnológicas y territoriales mediante planes quinquenales; el capital privado carece de autonomía para convertirse en una fuerza política independiente.

Desde la lógica oficial, precisamente estos elementos impedirían definir el sistema como capitalista. Aceptar esa etiqueta supondría reconocer que el Partido ha abandonado su misión histórica, algo incompatible con toda su construcción ideológica desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping.

¿Dónde está realmente la diferencia?

Quizá la cuestión más interesante consista en comparar el capitalismo de Estado clásico con el modelo chino.

En las experiencias habitualmente definidas como capitalismo de Estado -Japón de la posguerra, Corea del Sur, Singapur o el citado Taiwán gobernado por el Kuomintang- el Estado intervino intensamente para acelerar la industrialización. Pero esa intervención perseguía consolidar economías plenamente capitalistas. El éxito empresarial acababa traduciéndose, tarde o temprano, en influencia política de las élites económicas.

China presenta, hasta ahora, una lógica diferente. Los grandes empresarios pueden acumular riqueza pero no pueden constituirse como un poder autónomo frente al Partido. No controlan el sistema financiero. No controlan los grandes medios de comunicación. No determinan la orientación de la planificación. No financian partidos políticos alternativos.

Y cuando el liderazgo considera que determinados sectores concentran un poder excesivo -como ocurrió recientemente con las plataformas digitales o el sector inmobiliario- interviene directamente para reequilibrar el sistema. Esta subordinación permanente del capital al poder político constituye probablemente la principal diferencia respecto del capitalismo de Estado convencional. Es más, el Partido conserva intacta toda la capacidad para condicionar e incluso revertir la política del país.

El verdadero criterio

Por ello, quizá la pregunta adecuada no sea si China tiene mercado. La inmensa mayoría de las economías contemporáneas utilizan mercados. La cuestión verdaderamente relevante consiste en averiguar quién gobierna a quién. ¿Gobierna el mercado al Estado? ¿O gobierna el Estado al mercado?

En las economías liberales, el poder económico tiende progresivamente a condicionar el poder político. En China, al menos hasta el presente, sucede justamente lo contrario. Ello no demuestra automáticamente que el modelo sea socialista. Pero sí obliga a reconocer que las categorías tradicionales resultan insuficientes para describirlo.

La prueba de fuego será 2035

En realidad, la discusión probablemente no pueda resolverse hoy. Será la evolución del propio sistema la que determine cuál de las interpretaciones resulta finalmente correcta. Por eso adquiere tanta importancia el experimento iniciado en Zhejiang.

Si durante la próxima década China consigue reducir las desigualdades, reforzar la prosperidad común, mantener subordinado al capital privado, profundizar la transición ecológica y preservar el liderazgo público sobre los sectores estratégicos, aumentarán los argumentos de quienes consideran que está desarrollando una modalidad inédita de socialismo.

Si, por el contrario, la lógica de la acumulación privada termina imponiéndose sobre los objetivos sociales, el concepto de capitalismo de Estado adquirirá una fuerza explicativa mucho mayor.

En consecuencia, el debate permanece abierto. No tanto porque falten datos, sino porque el objeto de estudio continúa transformándose.

Una última observación

La mayoría de los análisis -tanto favorables como críticos- intentan responder a la pregunta «¿qué es China?». Sin embargo, el propio PCCh formula otra distinta: «¿hacia dónde va China?».

Es una diferencia metodológica de enorme importancia. Mientras gran parte de la literatura occidental clasifica el sistema atendiendo a su estado actual, el Partido lo define por su dirección histórica. Es decir, sostiene que una sociedad puede contener elementos capitalistas sin ser capitalista si esos elementos constituyen una fase transitoria subordinada a un proyecto socialista de largo plazo.

Ahí reside, probablemente, el auténtico núcleo del debate: no en si China utiliza mercados o empresas privadas pues eso es evidente, sino en si esos instrumentos están transformando el socialismo o si, por el contrario, es el socialismo el que está instrumentalizando al mercado para alcanzar unos objetivos políticos previamente definidos. Esa es la cuestión que la evolución de China durante las próximas dos décadas ayudará a responder.

*Autor de Marx & China. La sinización del marxismo