México exige a la DEA combatir el tráfico de drogas en EEUU
EEUU es el mayor mercado de drogas del mundo
La Jornada
En su conferencia de prensa, cuestionó que la DEA dedique “la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos” y no dentro de ese país, “donde está la mayor venta de drogas en el mundo”. Además, mencionó que hay “muchísimos casos” de vinculación de elementos de esa organización con el narcotráfico. Mostró una nota sobre la destitución de Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México, “por vínculos con abogados de capos”, y agregó: “no sabemos qué pasó, si se le siguió una investigación o no”.
El hecho de que Washington destine tantos recursos a “combatir” el narcotráfico en decenas de países, mientras las sustancias ilícitas se consumen sin control en su propio territorio y las ganancias de los cárteles se lavan a un ritmo de 300 mil millones de dólares anuales en su sistema financiero, es un firme indicio de que las autoridades estadunidenses no tienen y nunca han tenido la intención de acabar con este problema. Por el contrario, su verdadero interés reside en usarlo como pretexto para sus políticas neocolonialistas.
Por otra parte, las acusaciones de una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano resultan hasta risibles en boca del jefe de una agencia totalmente desacreditada por las conductas de sus directivos y agentes. En enero de 2023, se dio a conocer que el ex director regional de la DEA en México Nicholas Palmeri sostuvo contactos “impropios” con abogados de Miami que defienden a capos latinoamericanos, por lo que en mayo de 2021 fue abruptamente transferido a las oficinas centrales en Washington, hasta que finalmente dimitió en marzo de 2022.
La agencia le permitió renunciar en lugar de expulsarlo y declinó presentar cargos en su contra; es decir, premió su corrupción con impunidad total. Dos meses después, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami a cambio de 70 mil dólares en efectivo, otra muestra de las cada vez más evidentes redes de corrupción tejidas entre la agencia y toda la economía que gira en torno al dinero del narcotráfico en territorio estadunidense.
En julio del mismo año, el subdirector de la agencia, Louis Milione, dejó su cargo luego de que una investigación periodística sacó a la luz que trabajó como consultor de empresas farmacéuticas vinculadas a la grave crisis de adicciones a opioides.
En diciembre de 2021, José Irizarry fue condenado a 12 años de prisión tras admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. Irizarry aseguró que no caería solo y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de tour permanente para recoger dinero proveniente del lavado en tres continentes.
El agente caído en desgracia afirmó incluso que él y sus colegas hacían esto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra contra las drogas. Hasta ahora, ni la DEA ni ninguna otra dependencia estadunidense han querido investigar la información que Irizarry ofrece sobre las dimensiones de la corrupción en sus propias filas.
En diciembre de 2025, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Paul Campo –un ex agente de la DEA con 25 años de trayectoria que llegó a ser subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras– de utilizar su profundo conocimiento interno para participar directamente en el tráfico de narcóticos y estructurar el lavado de 12 millones de dólares para el cártel Jalisco Nueva Generación.
Hace dos semanas, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, afirmó que la entidad podría reclamar miles de millones de dólares en daños civiles tras las revelaciones de que agentes de la DEA permitieron repetidamente que cargamentos de fentanilo llegaran a comunidades azotadas por las drogas, como parte de un supuesto plan para armar casos más grandes.
En suma, Cole y el gobierno estadounidense en su conjunto tienen mucho trabajo por hacer dentro de sus fronteras y dentro de sus propias filas, y mucho que explicar a sus votantes, antes de hacer acusaciones temerarias e improcedentes sobre otros países.