Panorama Económico Latinoamericano – Del 16 al 23 de julio de 2026
Argentina: boom de energía y minería y caída de textiles y autos
La economía argentina crece, pero no todos los sectores lo hacen al mismo ritmo. El PBI avanzó 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, según el INDEC, pero detrás de ese número se esconde una realidad desigual: hay una Argentina que crece con fuerza y otra que se hunde a ritmo de crisis.
Los datos más recientes del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero, difundidos esta semana, muestran ese contraste. En mayo, la industria cayó 5,7% interanual, arrastrada por derrumbes en textiles (-26,2%), maquinaria y equipo (-23,4%) y vehículos automotores (-21,5% en fabricación de unidades, con una caída acumulada de casi 20% entre enero y mayo). Solo dos ramas cerraron el mes en positivo: refinación de petróleo (+19,4%) y tabaco (+14,6%). La química y farmacéutica había mostrado en abril un alza interanual de 16,7%, impulsada por agroquímicos y plásticos.
La minería completa el cuadro de “ganadores”: el sector de explotación de minas y canteras —que incluye minería metalífera y Vaca Muerta— creció 12,3% interanual en el primer trimestre, y el índice específico de producción minera acumuló un alza de 7,8% en los primeros cinco meses del año. El agro se expandió 18,1% en el mismo período, y la pesca saltó 27,5%.
Para la consultora Epyca, el diagnóstico es claro: la economía argentina crece “en forma de K”, es decir, con sectores extractivos y financieros expandiéndose mientras la industria y la construcción retroceden. Según su último reporte, la industria manufacturera cayó 1,7% interanual en el primer trimestre y la administración pública retrocedió 1,4%.
El costado social es igual de heterogéneo. La desocupación se ubicó en 7,8%, similar al año anterior, pero la informalidad laboral trepó a 44,2% (2,2 puntos más que en 2025) y la subocupación llegó a 11,1%. Crece el empleo de baja calidad, mientras los sectores que más aportan al PBI son los que menos empleo generan.
Florencia Fiorentin, economista del equipo de Epyca Consultores, explicó que la divergencia entre sectores que crecen a doble dígito —como química, petróleo o minería— y otros que se desploman —textiles, automotriz— responde directamente al diseño del programa económico oficial. “Es la política económica la que, por ser antiinflacionaria, apunta a la reducción de la inflación vía baja de ingresos y consumo. Eso afecta a los sectores que dependen más del mercado interno”, dijo.
Consultada sobre si esta reconversión hacia el agro, la minería y la energía es sostenible, Fiorentin relativizó el concepto mismo de “reconversión”. “Argentina siempre estuvo especializada en agro. Ahora, además, tiene más participación de minería y energía, pero eso de por sí no es un problema. El problema es que no hay una política de empleo que atienda a quienes trabajaban en los sectores ahora más afectados”, señaló.
Sobre el saldo de esta dinámica en materia de empleo, crecimiento y comercio exterior, la economista fue cautelosa a la hora de hablar de un cambio estructural. “No sé si hay una reconversión, pero actualmente hay una crisis de empleo en Argentina derivada de lo productivo. Es consecuencia de otros elementos: hace cerca de 15 años que Argentina no puede crear puestos de trabajo formales de manera sostenida”, indicó a BioBioChile. Con todo, matizó que el crecimiento de estos sectores no es en sí mismo un dato negativo: “Que sectores crezcan siempre es positivo para el PBI, en especial los que estamos hablando, que también son superavitarios”, agregó.
Fábricas que cierran
Según el Monitor mensual de empresas del think tank Fundar, que releva la cantidad de firmas activas a partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta marzo de 2026 cerraron 26.448 empresas en el país, una caída del 5,2% del total y la peor performance para los primeros 28 meses de cualquier gobierno desde que existen registros comparables, por encima incluso de la crisis de 2001.
La industria y la construcción concentran buena parte de esa pérdida neta de empleadores, y casi todos los cierres —el 98%, según cámaras pyme— corresponden a empresas de menos de 25 empleados: son las pymes, sin espalda financiera para sostener meses de recesión, las que primero bajan la persiana. Guido Zack, director de Economía de Fundar, resumió el fenómeno como resultado directo de la política económica: la combinación de costos elevados en dólares, un tipo de cambio bajo y una apertura comercial acelerada deja a la producción local en desventaja frente a lo importado.
Detrás de estos números hay nombres propios. Solo en la última semana se conocieron al menos cuatro cierres o achiques industriales: Grupo Dass, la firma que fabrica calzado para Nike y Adidas, anunció el cierre definitivo de su última planta en el país, en Eldorado, Misiones, con 150 despidos y el fin de casi dos décadas de producción local —la compañía ya venía reduciendo personal desde 2025 y a partir de ahora importará el calzado que antes fabricaba—.
¿Qué causa más destrucción: la agroindustria o El Niño?
Liszt Vieira *
El Niño es un fenómeno climático natural, pero sus impactos se ven amplificados por el calentamiento global. En otras palabras, El Niño siempre ha existido, pero la crisis climática, causada por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura, contribuye a agravar sus efectos.
En 2026, podría provocar cambios en los patrones de lluvia, con sequías en algunas regiones e inundaciones en otras, afectando a la agricultura, el suministro de agua y la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, sus efectos, aunque impactantes, son temporales y tienden a disminuir cuando el fenómeno termina.
La destrucción ambiental asociada a la expansión de la agroindustria en áreas naturales, que incluye la deforestación ilegal, los incendios forestales y la degradación de los ecosistemas, produce consecuencias que pueden durar décadas.
- El impacto de la agroindustria en Brasil
Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), considerando únicamente la etapa de producción, la agricultura representa el 7,1% del PIB oficial total de Brasil. Según cálculos realizados el 27 de abril de 2026 por el CEPEA/USP (Centro de Investigación y Extensión de la Universidad de São Paulo), incluyendo agricultura, ganadería, industria alimentaria y servicios conexos, el agronegocio representó el 25,13% del PIB del país en 2025. Cabe recordar que el 70% de los alimentos consumidos por la población proviene de la agricultura familiar, y que el agronegocio representa más de la mitad de las exportaciones totales de Brasil, aproximadamente el 50,2% de todo lo que el país vende al mercado internacional.
Este modelo (neo)extractivo de exportación primaria, basado en la venta masiva de materias primas (productos básicos), genera dependencia externa y degradación ambiental. De hecho, en el caso de la producción agrícola, este modelo ha provocado graves impactos ambientales en Brasil, especialmente debido a la expansión de la frontera agrícola sobre los ecosistemas naturales, el uso intensivo de plaguicidas y la degradación de los recursos hídricos y del suelo.
La deforestación es uno de los efectos más visibles de la expansión agrícola. La apertura de nuevas áreas para la ganadería y el cultivo de productos básicos como la soja, el maíz y el algodón ha provocado la destrucción de bosques, principalmente en la Amazonía y el Cerrado. Diversos estudios indican que la ganadería es la principal causa de la deforestación amazónica, ocupando la mayor parte de las áreas deforestadas. En el Cerrado, considerada la sabana con mayor biodiversidad del planeta, la expansión del cultivo de soja está reemplazando rápidamente la vegetación nativa.
La pérdida de la cubierta vegetal genera una serie de consecuencias ambientales. La destrucción de los hábitats naturales amenaza a miles de especies animales y vegetales, muchas de las cuales ya están en peligro de extinción. Además, la deforestación reduce la capacidad de la vegetación para absorber carbono, lo que contribuye al agravamiento del cambio climático. Los incendios forestales, frecuentemente asociados a la apertura de nuevas zonas agrícolas, liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero y afectan la calidad del aire, provocando problemas de salud en la población.
Otro impacto significativo es el uso intensivo de plaguicidas. Brasil se encuentra entre los mayores consumidores de estos productos químicos a nivel mundial. Si bien se utilizan para controlar plagas y aumentar la productividad, muchos plaguicidas contaminan el suelo, los ríos, las aguas subterráneas y los alimentos que consume la población. Diversas investigaciones han identificado residuos de plaguicidas en vías fluviales, alimentos e incluso en agua destinada al consumo humano. Además de los riesgos ambientales, existen preocupaciones relacionadas con los efectos de estos productos en la salud de los trabajadores rurales y las comunidades cercanas a las zonas de cultivo.
Los recursos hídricos también están sometidos a una intensa presión. La agricultura de regadío consume grandes volúmenes de agua, mientras que la deforestación altera los patrones de lluvia y compromete la recarga de los acuíferos. La eliminación de la vegetación autóctona reduce la infiltración de agua en el suelo y aumenta el riesgo de erosión, sedimentación fluvial e inundaciones. En la Amazonía, por ejemplo, el bosque desempeña un papel fundamental en la formación de los llamados «ríos voladores», corrientes de humedad que influyen en las precipitaciones en diversas regiones de Brasil. La continua deforestación podría comprometer este sistema climático natural.
Según el climatólogo Carlos Nobre, la Amazonía se acerca a un «punto de no retorno»: si la deforestación alcanza entre el 20 y el 25% del bioma, combinada con un calentamiento global de 1,5 a 2 °C, el bosque pierde su capacidad de regenerarse, de generar lluvia y se transforma en una sabana seca, liberando miles de millones de toneladas de carbono, alterando los patrones de precipitación y acelerando aún más el calentamiento global.
La degradación del suelo es otro problema importante. El uso intensivo de maquinaria pesada, el monocultivo a gran escala y la gestión inadecuada contribuyen a la compactación y erosión del suelo. Con el tiempo, la fertilidad natural disminuye, lo que requiere cantidades cada vez mayores de fertilizantes químicos. Este proceso genera un ciclo de dependencia de insumos externos y aumenta el impacto ambiental de la producción agrícola.
La producción de alimentos puede llevarse a cabo de forma más sostenible. Diversas experiencias demuestran la viabilidad de prácticas como la agroecología, los sistemas agroforestales, los sistemas integrados de cultivo, ganadería y silvicultura, la recuperación de zonas degradadas y la intensificación sostenible de la producción en áreas ya deforestadas. Estas alternativas permiten aumentar la productividad sin destruir aún más los ecosistemas naturales.
El gran reto para Brasil es conciliar la producción económica con la conservación del medio ambiente. Esto requiere fortalecer la aplicación de la normativa ambiental, combatir la deforestación ilegal, proteger a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, reducir el uso de plaguicidas y fomentar modelos de producción sostenibles. La preservación de la Amazonía, el Cerrado y otros biomas brasileños no es solo una cuestión ecológica, sino también económica y social, ya que la agricultura depende del mantenimiento de los recursos naturales y la estabilidad climática. Sin embargo, el Congreso Nacional ha emprendido una ofensiva contra la legislación ambiental y ha aprobado varios proyectos de ley que restringen la protección del medio ambiente.
En resumen, el modelo agrícola predominante en Brasil ha contribuido significativamente a la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación ambiental, la exacerbación del cambio climático y la reducción de la capacidad de la selva amazónica para reciclar la humedad y alimentar los llamados «ríos voladores» que llevan lluvia al centro-oeste, sureste y sur del país. Por lo tanto, las principales consecuencias son la pérdida de biodiversidad, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación del suelo y del agua, y una mayor vulnerabilidad del país a los fenómenos meteorológicos extremos.
- ¡Se acerca El Niño!
Los principales centros de investigación y monitoreo climático estiman que existe una probabilidad superior al 80% de que el fenómeno de El Niño llegue a Brasil en la segunda mitad de 2026. Los principales impactos previstos son los siguientes:
En el sur de Brasil, el patrón más típico de El Niño es el aumento de las precipitaciones, con tormentas más frecuentes. Esto provoca inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y daños a la infraestructura y la agricultura. En el norte (Amazonia), la tendencia apunta a una disminución de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, lo que favorece sequías más severas, la disminución del nivel de los ríos, dificultades para el transporte fluvial y un mayor riesgo de incendios forestales.
En el noreste, se observará una disminución de las precipitaciones en algunas zonas de la región semiárida, lo que agravará la escasez de agua y provocará pérdidas agrícolas y presión sobre los embalses. En el centro-oeste, los efectos son más variables, pero podrían incluir temperaturas superiores a la media, periodos de sequía prolongados y un mayor riesgo de incendios en los biomas del Pantanal y el Cerrado. En el sureste, los impactos tienden a ser menos predecibles, pero incluyen olas de calor más frecuentes, cambios en los patrones de lluvia y posibles periodos de sequía en algunas zonas.
Investigadores del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) destacan que El Niño actúa sobre un planeta ya calentado por el cambio climático. Esto significa que sus efectos pueden amplificarse, produciendo olas de calor más intensas, sequías más severas y lluvias torrenciales más destructivas que las observadas en décadas pasadas. A pesar de la alta probabilidad de que se produzca el fenómeno, existe cierto grado de incertidumbre, ya que aún no hay consenso sobre su intensidad.
En resumen, si El Niño se consolida en 2026, el escenario más probable para Brasil es: más lluvias y riesgo de inundaciones en el sur, más calor y sequía en la Amazonía y partes del noreste, así como un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos en varias regiones del país.
- Una alianza malvada
Es importante destacar que la deforestación causada por la agroindustria y El Niño no son dos factores independientes. La deforestación puede intensificar los efectos de El Niño. Cuando hay menos bosque, la atmósfera recibe menos humedad por evapotranspiración. Si, al mismo tiempo, El Niño reduce las precipitaciones, las sequías se agravan, aumentando el riesgo de incendios forestales y pérdidas agrícolas.
Por lo tanto, no se trata simplemente de comparar dos problemas. En muchos casos, actúan conjuntamente: un fenómeno climático natural se encuentra con un entorno ya debilitado por la actividad humana. Si la pregunta es cuál representa el mayor riesgo estructural para Brasil en 2026, la destrucción ambiental vinculada a la deforestación y la conversión de la vegetación nativa tiende a ser más preocupante porque sus efectos son acumulativos y duraderos, y también porque intensifica los impactos de eventos como El Niño. Así, la destrucción ambiental causada por la expansión descontrolada de la agroindustria tiende a tener efectos más graves y duraderos que El Niño.
La deforestación y los incendios forestales están asociados a la expansión irregular de la frontera agrícola y ganadera. La gravedad del problema radica precisamente en esta actividad, que promueve la transformación de los ecosistemas naturales y compromete servicios ambientales esenciales para toda la economía brasileña. La adopción de prácticas más sostenibles es fundamental para garantizar la producción agrícola a largo plazo y la preservación del patrimonio natural del país.
*Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, y doctor en Sociología. Defensor del Pueblo, fue diputado (PT-RJ) y coordinador del Foro Global en la Conferencia de Río 92.
Chile y Perú: baja del cobre y la amenaza de más aranceles en EEUU
El nerviosismo domina las plazas bursátiles andinas tras el retroceso del metal rojo y la expectativa por una decisión clave desde Washington. La volatilidad se amplifica en un escenario donde la producción y las políticas mineras regionales ganan protagonismo frente a un mercado global cada vez más incierto.
La caída del cobre durante la última semana de junio puso a las bolsas de Chile y Perú en un escenario de alta volatilidad, mientras el mercado internacional sigue atento a una inminente decisión de Estados Unidos sobre la posible aplicación de un arancel del 15% al cobre refinado a partir de 2027.
La debilidad del metal rojo y la incertidumbre respecto a las nuevas barreras comerciales generaron un ambiente de tensión en los mercados bursátiles andinos, que históricamente han mostrado una fuerte exposición a los vaivenes de este commodity. Según la economista Emanoelle Santos, la corrección del precio del cobre en la última semana de junio, que alcanzó su nivel más bajo en siete semanas, “tiene consecuencias para los inversores de Chile y Perú”.
El impacto
Durante la última semana de junio, el cobre perdió 3,85% y tocó los 13.066 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, un retroceso que desató inquietud entre los inversores de Chile y Perú, los dos principales productores mundiales del mineral.
El fortalecimiento del dólar, que alcanzó máximos de 13 meses, encareció el cobre para los compradores internacionales y redujo la demanda.
La economista Emanoelle Santos explicó en XTB que “el panorama indica que el trading de metales base está actualmente dominado por la política monetaria estadounidense, con posiciones especulativas largas prácticamente inexistentes”.
Un giro restrictivo en la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las expectativas de mayores tasas de interés, generando presión sobre los activos de riesgo y, en particular, sobre los metales industriales.
En este contexto, las bolsas de Perú y Chile muestran comportamientos disímiles frente a las oscilaciones del cobre. Según datos recogidos por XTB, la Bolsa de Perú presenta una correlación de 0,58, un beta de 0,85 y un hit ratio de 82 %, lo que significa que en 82 de cada 100 meses, cuando el cobre subió, la bolsa peruana también lo hizo en una magnitud promedio de 0,85 % por cada punto porcentual de variación del metal.
En cambio, el IPSA de Chile exhibe una correlación de 0,17, beta de 0,17 y hit ratio de 57,4 %, cifras que sugieren que los retornos del índice chileno están determinados principalmente por factores distintos al precio del cobre, como la diversificación sectorial, el comportamiento del peso chileno y la política monetaria local.
Pese a la influencia del metal, tanto la bolsa peruana como el IPSA han superado con creces el rendimiento del cobre en el último lustro.
Según el análisis de XTB, el IPSA avanzó 147,1% y la bolsa de Perú 211% en cinco años, frente a un 43,1% de alza en el metal, lo que demuestra la existencia de motores propios para ambos mercados.
Decisión clave
El escenario internacional suma un nuevo factor de incertidumbre. El presidente Donald Trump debe definir antes de fin de junio si implementa un arancel del 15% sobre las importaciones de cobre refinado a partir de enero de 2027, una medida recomendada por el Departamento de Comercio estadounidense.
Según estimaciones de Morgan Stanley, existe un 43% de probabilidad de que la iniciativa prospere, mientras que BNP Paribas anticipa un posible retraso en la decisión, lo que tendría un impacto más moderado en el corto plazo.
Un eventual anuncio de arancel impulsaría un mayor flujo de cobre hacia los almacenes estadounidenses, ensanchando la prima del mercado local sobre la Bolsa de Metales de Londres y beneficiando a compañías con operaciones en Estados Unidos, como Freeport-McMoRan. En caso contrario, la negativa a imponer la barrera podría desencadenar ventas del cobre acumulado durante meses de especulación.
La demanda china
La demanda procedente de China ha funcionado como amortiguador ante la debilidad global, aunque no alcanza para revertir la tendencia bajista en los precios. De acuerdo con información divulgada por XTB, compradores chinos incrementaron sus primas de físico en la última semana, reflejando un interés por mitigar riesgos comerciales más que una acumulación significativa de inventarios. Sin embargo, el consumo doméstico en China se mantiene débil, con una caída interanual de 0,6% en las ventas minoristas durante mayo.
En tanto, la transición energética y la electrificación continúan impulsando las expectativas sobre la demanda futura de cobre. Según reportó Rumbo Minero, las exportaciones chilenas del metal crecieron 17,6% en junio respecto al año anterior, alcanzando los 5.866 millones de dólares, lo que permitió al país obtener un superávit comercial de 3.318 millones de dólares.
El sector minero sigue siendo el principal generador de ingresos para la economía chilena, respaldado por la posición de liderazgo de Chile como mayor productor mundial de cobre.
Coordinación regional
La necesidad de fortalecer la colaboración regional entre Chile y Perú para mantener el liderazgo mundial en producción de cobre ha sido subrayada por diversos expertos del sector. Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), sostuvo que “lo que queremos hoy en día es que exista una suerte de diálogo más permanente, particularmente entre países como Chile y Perú, en el diseño de sus políticas públicas”.
Para el ejecutivo, la integración debe avanzar hacia procesos de autorización más eficientes, pero sin relajar los estándares ambientales.
Cantallopts propuso “empujar una suerte de mercado común, donde proveedores, capitales y trabajadores puedan moverse libremente, creando valor”, y advirtió que la industria minera puede ser un puente para acercar posiciones entre ambos gobiernos y fomentar la integración regional.
El XVII Congreso Mundial de Minería, realizado en Lima, también fue escenario para el debate sobre el futuro del cobre. Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, afirmó que “entre Perú y Chile tenemos 40% de producción de cobre global y tenemos el desafío de responder a la producción”.
El directivo remarcó la brecha de 4 a 5 millones de toneladas que se proyecta en el mercado internacional del metal rojo, y destacó el potencial de Perú para acelerar nuevas inversiones gracias a su tradición minera, marcos institucionales sólidos e infraestructura.
Según Marna Cloete, presidenta y CEO de Ivanhoe Mines, uno de los principales retos del sector es responder a la creciente demanda mundial sin sacrificar estándares ambientales y sociales.
“La urgencia tiene que responder a estas demandas, que se incremente la producción y hacerlo responsable”, manifestó durante el congreso, según recogió RPP. Cloete advirtió que las grandes mineras están reduciendo recursos para exploración y se centran en optimizar procesos, ante la presión por acelerar el desarrollo de nuevos yacimientos.
Perspectivas
La evolución del precio del cobre seguirá marcada por la dinámica de la economía china, las decisiones sobre política monetaria en Estados Unidos y la oferta global de concentrados.
Analistas consultados coinciden en que, pese a las fluctuaciones recientes, la perspectiva de una futura debilidad del dólar junto a una posible escasez de concentrados podría dar nuevo impulso a los precios del metal rojo.
El análisis técnico indica que sostener la media móvil simple de 200 sesiones en 13.227 dólares constituye la condición mínima para que la corrección actual siga siendo táctica y no estructural. En caso de romperse ese soporte, los niveles de 12.895 y 12.602 dólares surgen como siguientes referencias para los inversores, especialmente para quienes operan en la bolsa peruana, cuya exposición al ciclo del cobre es más marcada.
En este entorno, tanto Chile como Perú buscan fortalecer la competitividad de sus industrias mineras a través de inversiones, eficiencia operativa y expansión de sus proyectos, conscientes de que el liderazgo en el mercado mundial de cobre exige respuestas coordinadas y políticas públicas adaptadas a los nuevos desafíos globales.
El FMI eleva su previsión de crecimiento para Brasil en 2026
Tatiana Carlotti
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado sus proyecciones de crecimiento para la economía brasileña, estimando ahora un crecimiento del PIB del 2,4% en 2026, frente al 1,9% proyectado en abril, y del 2,2% en 2027, por encima del 2% proyectado anteriormente. El Fondo estima que se espera que la actividad económica se desacelere el próximo año, según informa Prensa Latina .
Las nuevas estimaciones sitúan al FMI por encima de las proyecciones del propio gobierno brasileño y del mercado. El Ministerio de Hacienda prevé un crecimiento del 2,3% en 2026, el Banco Central estima un 2%, mientras que el Boletín Focus proyecta un 1,99% en 2026 y un 1,69% en 2027.
El informe también proporcionó actualizaciones para otras economías. El FMI mantuvo su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en un 2,3% en 2026 y elevó la estimación al 2,2% en 2027. Para China, la proyección aumentó al 4,6% en 2026 y al 4,1% en 2027. Se espera que India crezca un 6,4% en 2026 y un 6,7% en 2027. En la eurozona, el pronóstico para 2026 cayó del 1,1% al 0,9%, mientras que la estimación para 2027 se mantuvo en el 1,2%.
Para América Latina y el Caribe, el Fondo proyecta un crecimiento del 2,4% en 2026 y del 2,7% en 2027, en medio de un escenario global marcado por los riesgos relacionados con los conflictos en Oriente Medio, la fragmentación del comercio internacional y las incertidumbres sobre el avance de la inteligencia artificial.
Las empresas estatales brasileñas registran beneficios récord.
El gobierno federal informó que las empresas estatales registraron una ganancia neta récord de R$ 169.400 millones en 2025, impulsada principalmente por Petrobras, responsable de R$ 110.600 millones de ese resultado. El patrimonio neto consolidado superó el billón de R$ por primera vez, mientras que los ingresos alcanzaron los R$ 1,4 billones. .
Según el Ministerio de Administración, las inversiones de las empresas estatales se duplicaron con creces en comparación con 2022. Actualmente, la Unión controla 44 empresas federales y 73 subsidiarias, que generan aproximadamente 441.000 empleos. El informe también destaca dividendos por R$ 84.200 millones, un retorno de R$ 1,40 a las arcas públicas por cada R$ 1 invertido por el Tesoro, así como avances en crédito sostenible, diversificación e inversiones de R$ 3.000 millones en inteligencia artificial por parte de Serpro y Dataprev.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil advirtió al Congreso que la decisión de Estados Unidos de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas podría abrir la puerta a medidas extraterritoriales e incluso al eventual uso de la fuerza en territorio brasileño. Según el documento enviado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, la clasificación actual de estas facciones como organizaciones criminales transnacionales ya permite la cooperación entre ambos países, lo que hace innecesaria la nueva designación.
En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) declara: “Tal aplicación puede realizarse con un alto grado de discreción… con serias implicaciones para los ciudadanos brasileños en materia financiera, migratoria y penal. Finalmente, existe la posibilidad del uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos en territorio brasileño”. El gobierno también sostiene que la medida “no aportará beneficios concretos” a la cooperación bilateral.
Estados Unidos rechaza la advertencia brasileña
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha refutado las preocupaciones expresadas por el gobierno brasileño respecto a los riesgos de clasificar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Washington afirmó que estas medidas forman parte exclusivamente de la estrategia estadounidense para combatir el narcoterrorismo y desestimó cualquier intención de intervención en Brasil.
En respuesta a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, el gobierno estadounidense afirmó: «Este comentario (de Vieira) es absurdo. Estados Unidos está tomando medidas decisivas, en ejercicio de sus prerrogativas superiores, para combatir a los narcoterroristas». El Departamento de Estado añadió: «Las vagas acusaciones de intervención suelen servir de pretexto para ayudar e instigar a algunos de los grupos más violentos del mundo».
Perú: los sectores que más exportan
Las exportaciones peruanas superaron los US$45,000 millones entre enero y mayo, lo que significó un crecimiento del 37% si se compara con el mismo periodo de 2025, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Durante el periodo de análisis, el Perú envió bienes a 162 destinos, siendo China el principal comprador con un valor de US$17,390 millones. Estados Unidos fue el segundo país con mayor demanda con US$4,275 millones. También la Unión Europea con US$3,957 millones. Del mismo modo, resaltaron las exportaciones a India, que crecieron 257.6%, a Canadá con un avance de 38.2%, y a Suiza con 53.4%.
El Mincetur informó que entre enero y mayo de este año, el crecimiento de las exportaciones fue impulsado por las mayores ventas de minerales. De esta manera, las exportaciones de este sector sumaron US$33,393 millones, es decir, un crecimiento del 53.1%. Este avance fue consecuencia de los mayores precios internacionales.
De acuerdo con el Ministerio, dentro de los minerales que más destacaron estuvo el plomo, cuyos envíos al exterior aumentaron en 202.7%. No obstante, los de mayores ventas fueron cobre (US$15,515 millones), y oro (US$11,776 millones).
Otro sector que resaltó en los cinco meses fue el agropecuario. Acá se observó un gran desempeño de las exportaciones de frutas (arándano, uva y palta), café, colorantes naturales y quinua.
Por otro lado, en el rubro pesquero las ventas crecieron en 4.1% gracias a los envíos de pescado congelado y en conserva, ovas de pez volador y conchas de abanico.
¿Petroperú quebrada?
Pese a que una auditoría de PwC concluyó que la situación financiera de Petroperú sería más complicada de lo que se creía, con pérdidas que ascendieron a US$601.5 millones, el presidente de la institución, Edmundo Lizarzaburu, aseguró que la empresa no está quebrada.
«Petroperú no está quebrada. (…) Tiene un serio problema de liquidez», aseguró durante una entrevista con RPP y afirmó que los inconvenientes que ha presentado la compañía «están siendo atendidos» por el actual directorio.
El funcionario descartó algún tipo de manipulación a los datos financieros, tomando en cuenta que inicialmente se había hablado de pérdidas por alrededor de los US$468.3 millones y hoy se habla de más de US$601 millones.
En ese sentido, afirmó que esos más de US$100 millones de diferencia entre las cifras brindadas hace unos meses y las de ahora, responden al reconocimiento de una contingencia tributaria vinculada al impuesto al rodaje de 2019 y 2020.
Mapa del cobre para transición energética en Colombia y Argentina
La demanda mundial de cobre para vehículos eléctricos, energías renovables e infraestructura eléctrica está impulsando una nueva ola minera en países como Colombia y Argentina, que buscan posicionarse como nuevos proveedores de este mineral clave para la transición energética. Un análisis geográfico revela que al menos 94 títulos mineros en Colombia se traslapan con territorios indígenas o comunitarios y 118 con áreas de importancia ambiental, mientras que 21 proyectos en Argentina se ubican dentro o cerca de áreas protegidas.
Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama –y cantidad– de minerales. La transición energética, advierte ONU Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), es “fundamentalmente intensiva en minerales”.
Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos y cuya demanda, según proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), podría duplicarse en las próximas décadas.
Entre todos los minerales necesarios para un mundo descarbonizado, el cobre se ha vuelto indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”.
No solo es uno de los mejores conductores eléctricos, sino que también es necesario para ampliar la infraestructura eléctrica, fabricar vehículos eléctricos y desarrollar sistemas de almacenamiento energético.
Solo una turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal. Y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.
Sin embargo, mientras la demanda crece y cerca de 60 % del cobre refinado del mundo termina en China (con casi 27 millones de toneladas importadas anualmente, según registros de UNComtrade), la AIE alerta que la oferta podría no ser suficiente y que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit cercano a 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos.
Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”. De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom de este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año para extraerlo, en los últimos 10 años esa cifra aumentó a casi 60.
Por eso, insiste, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en nuestro potencial geológico. La región concentra cerca de 40 % de las reservas mundiales de cobre y con poca exploración.
Ahora, Colombia y Argentina están impulsando decenas de proyectos para acelerar la extracción de este metal, mientras que China, Estados Unidos y la Unión Europea intensifican su presencia y buscan nuevas alianzas para asegurar su suministro de minerales.
Para entender cómo avanza la expansión de proyectos que buscan cobre en Colombia y Argentina, se identificaron y geolocalizaron a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.
En Colombia, el análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría podría escalar si se tienen en cuenta los proyectos en trámite dentro de las provincias.
A través del análisis satelital también se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).
Una demanda que acelera nuevos proyectos
Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.
En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país para la explotación de cobre “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”.
Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.
“Solo 2,5 % del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0,4% es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un acto para impulsar el desarrollo de proyectos extractivos.
A finales de 2025, el ya saliente gobierno de Gustavo Petro —que mantuvo al cobre como un mineral estratégico para la transición energética en su última actualización del listado— lanzó una ronda minera para promover su exploración en 14 áreas con alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales.
Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —proyectos de gran envergadura que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— son la muestra de que el país también tiene un gran potencial productivo.
Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en el país tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo 1,7 % del total nacional.
Para hacerle frente a estos bajos números, el país ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que, como su nombre lo indica, promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias.
Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados son de minería. Además, 13 de las 21 propuestas que aún están en trámite también están relacionadas con esta actividad.
A mediados de junio, el proyecto de minería de cobre más grande del país fue incorporado a este régimen. Se trata del Vicuña, cuyos operadores son la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining.
Aunque aún es poco lo que puede conocerse de las iniciativas en trámite, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, Juan José Carbajales, declaró en medios de comunicación que muchos de ellos serán proyectos de cobre.
El mapa del cobre en Colombia y Argentina
Hasta mediados de mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen del Atrato, en el Chocó biogeográfico, una ecorregión reconocida por su abundante biodiversidad. Con una producción cercana a las 1000 toneladas de concentrado de cobre al día, desde allí sale 85 % de la producción de este mineral en el país, según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
El restante 15 % proviene de distintos proyectos como subproducto del oro. Esto evidencia que la industria del cobre en Colombia sigue siendo incipiente.
Pero eso empezó a cambiar hace algunas semanas, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le entregó al proyecto El Alacrán, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, en Córdoba, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.
El Alacrán no es un nombre desconocido en la industria minera nacional. Por años, había esperado convertirse en la primera gran mina de cobre de Colombia, pues asegura tener reservas cercanas a 97 millones de toneladas de cobre, oro y plata, y la capacidad para producir entre 17 000 y 20 000 toneladas de concentrado de cobre al día (cerca de 20 veces la producción de El Roble).
Además, a finales de 2025, se convirtió en el primer proyecto minero controlado en su totalidad por un consorcio chino, encabezado por JCHX Mining Management Co.
Como este, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética.
Según información del Visor Geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera en Colombia (Anna Minería), analizada para este reportaje, en el territorio nacional hay por lo menos 210 títulos activos de mediana y gran escala que incluyen entre sus minerales objetivo al cobre.
La mayoría se encuentra en los departamentos de Antioquia (77), Chocó (51), Bolívar (22), La Guajira (14) y Córdoba (11), territorios al occidente del país que han sido identificados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como parte de los cinturones metalogénicos de interés para la posible explotación de cobre.
De los 210 títulos activos, según indican los datos del catastro minero, hay uno en etapa de evaluación técnica anticipada, 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.
Sin embargo, como advierte un informe de la Upme, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”.
Desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la ANM coinciden. “Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera] en ese título”, indican en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.
De los que ya están en fase de explotación (sin contar el recientemente autorizado El Alacrán), solo dos tienen aprobado el Plan de Trabajos y Obras y el instrumento ambiental; es decir, todos los requisitos necesarios para pasar a fase de producción.
El Roble, en El Carmen de Atrato, y Buriticá, en Antioquia (un proyecto que busca principalmente oro), también son los únicos proyectos de mediana y gran escala que reportan regalías —pagos al estado por extraer los minerales— de cobre.
Sin embargo, el interés por desarrollar nuevos proyectos de cobre ha ido en aumento y se aceleró notablemente en la última década: solo en 2021 y 2022 se recibieron cerca de 332 solicitudes de títulos mineros, según el análisis. En la actualidad, hay por lo menos 746 solicitudes activas que se encuentran en etapa de evaluación por parte de la autoridad minera: 673 son de mediana escala y 73 son de gran minería. Entre estas, por lo menos 80 buscan cobre como mineral principal.
En Argentina, la cordillera de los Andes atraviesa varias provincias que históricamente han promovido el desarrollo minero. Allí hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre. De estos, 68 se encuentran en fase exploratoria o previa, y solo ocho ya superaron la etapa de exploración; una sola se encuentra en producción. La mayoría de los proyectos están en las provincias de Salta (46) y de San Juan (16). Pero también hay otros más que se encuentran en La Rioja (6), Catamarca (4), Mendoza (2), Neuquén (1) y Río Negro (1).
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan (4), Catamarca (2), Mendoza (1) y Salta (1).
Y siete concentran los yacimientos más importantes del país —que representan 117,9 millones de toneladas de cobre en recursos y 19,97 millones de toneladas de cobre en reservas, de acuerdo al catálogo de cobre de la Secretaría de Minería de la Nación—: José María, Filo del Sol, Los Azules, El Pachón, Agua Rica, Taca Taca y La Alumbrera.
También está, en menor medida, San Jorge. Sin embargo, hasta ahora, ninguno está en etapa productiva.
Del panorama de proyectos argentinos, en al menos seis se menciona expresamente la extracción del mineral y su relación con la transición energética. Otros 11 mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.
El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles
Para González, de NRGI, hay otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años, y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.
Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que la ley promedio de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras más sencillas— ha disminuido un 40% desde 1991.
“Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles, como el piedemonte amazónico o el Chocó biogeográfico, generando nuevos conflictos», indica.
La problemática ha sido ampliamente documentada: reportes del Atlas Global de Justicia Ambiental, una base de datos que documenta los conflictos ambientales en todo el mundo, registra que de los 3674 casos identificados, cerca de 771 se encuentran en Latinoamérica y 277 están relacionados con iniciativas mineras. Particularmente, 96 conflictos registrados tienen que ver con proyectos de cobre en la región.
En Colombia, datos de la ANM estiman que 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría que restringe actividades mineras— y 22 % con áreas donde no se puede hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.
Aunque el debate empezó a saldarse en 2010, cuando se modificó el Código de Minas para definir las zonas excluibles de la minería, el análisis geográfico evidenció que aún hay casos donde la superposición entre proyectos mineros y áreas protegidas se mantiene.
Según la información analizada, en ese país hay, por lo menos, 118 títulos para extraer cobre que se superponen con zonas de importancia ambiental, como reservas forestales, áreas protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos, entre otras.
De estos, 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida) como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo y los páramos. La mayoría de estos títulos fueron solicitados y entregados entre los años 2005 y 2013, antes y cerca de la modificación del Código de Minas.
El análisis identificó que al menos tres títulos vigentes se encuentran en zonas que actualmente están reconocidas y delimitadas como páramos, ecosistemas considerados estratégicos especialmente “por su papel en la regulación del ciclo hidrológico” que sustenta el suministro hídrico para el consumo humano y “para el desarrollo de las actividades de más del 70% de la población colombiana”, señala el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (Minambiente).
Aunque la importancia de su conservación está reconocida desde 1993, fue solo hasta 2011 que se le otorgó a la cartera ambiental la misionalidad de delimitarlos para que su área se pudiera declarar excluida de actividades como la minería.
Los páramos con títulos vigentes son los de Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos), que fueron delimitados por el Minambiente en 2018, pero cuyos títulos mineros se solicitaron entre los años 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009. El primero se superpone en 65,2 hectáreas, los segundos en 270 y 341 hectáreas, respectivamente, según los datos del catastro minero.
Otra parte de los títulos activos —94— se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas en las que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” como parte de las actividades permitidas, o en las que se puede solicitar la extracción del área para llevar a cabo actividades mineras con condiciones.
Entre estos, se encuentran, por ejemplo, siete títulos que se encuentran en Distritos Regionales de Manejo Integrado, 15 que están sobre zonas de conservación ecológica que permiten el uso sostenible de los recursos (áreas de manejo ambiental, zonas de amortiguamiento o zonas con Planes de Manejo Ambiental) y al menos 91 títulos que se traslapan en más de 170.000 hectáreas con Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. De estas, la mayoría (60) se encuentran en la Zona de Reserva del Pacífico y 28 en la del río Magdalena.
La Ley Segunda de 1959, explica Carolina Montes, docente e investigadora de derecho ambiental en la Universidad Externado de Colombia, divide al país en siete grandes regiones que reservan una parte de los bosques. “Como tenemos un suelo con vocación forestal, lo que se quería era guardar económicamente esos potenciales.
Pero, al protegerlos, también se generaba un beneficio ambiental”, detalla. Aunque existe la posibilidad de sustraer zonas de reserva para desarrollar ciertas actividades (un trámite que se hace ante el Minambiente), Montes es clara en insistir en que el objetivo de esas áreas donde el bosque está conservado es el de resguardar los ecosistemas.
Si se analizan las solicitudes para nuevos proyectos que se encuentran vigentes, y que fueron recibidas por la ANM entre 1994 y 2026, el cruce con áreas ambientalmente sensibles escala a 354. De estas solicitudes, 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.
La más reciente en áreas donde no se puede hacer minería fue solicitada en 2024 y se encuentra en el complejo de humedales del Páramo de Santurbán, en el departamento de Santander. Otra solicitud, de 2022, se encuentra en el Parque Natural Chingaza.
Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el área protegida de San Guillermo, en la provincia de San Juan. Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña, operados por las empresas Lundin Mining y BHP, respectivamente.
De acuerdo con el Informe de Legado 2023 del proyecto, San Guillermo es una reserva “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo que pudo confirmar esta alianza tanto con los polígonos oficiales como con organizaciones ambientalistas consultadas.
También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas definidas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) como esenciales para los ecosistemas glaciales, aunque alejadas de la imagen de las grandes masas de hielo de las postales. Se trata, en muchos casos, de geoformas pequeñas y cubiertas de sedimentos.
En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas — 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.
Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.
Proyectos mineros y territorios comunitarios
El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.
En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujeto de derechos y de especial protección.
En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la Consulta Previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.
En el país, por ejemplo, hay resguardos indígenas que se superponen con áreas protegidas donde están prohibidas las actividades mineras. De igual forma, las Zonas de Reserva Campesina priorizan la protección de las economías campesinas, la producción de alimentos y el desarrollo sostenible; y no se consideran solo espacios de producción agrícola sino también zonas con importancia ambiental.
El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.
En total, hay cerca de 30 resguardos indígenas que se han visto impactados por el avance de títulos mineros, con más de 69 000 hectáreas que han sido tituladas para esa actividad y se encuentran sobre sus territorios. Los títulos están a nombre de 13 asociaciones o empresas y la gran mayoría se encuentra en los departamentos Antioquia (34) y Chocó (23).
Entre los territorios indígenas con títulos mineros, la mayoría de proyectos titulados (el 77%) se encuentran en tierras de pueblos embera.
De igual forma, hay al menos 18 Consejos Comunitarios Afrodescendientes con títulos mineros en sus territorios en manos de 12 asociaciones o empresas. La mayoría de títulos que se encuentran en estos territorios (26 de 54) fueron solicitados por la empresa Exploraciones Chocó Colombia. Otros 16 títulos son del Consejo Comunitario Mayor de Condoto.
Las Zonas de Reserva Campesina Arenal Morales y Tarazá, en los departamentos de Bolívar y Antioquia, tienen dos títulos mineros que se superponen en 15 y 1546 hectáreas con estos territorios, respectivamente. En varias partes del país hubo protestas masivas en contra de la minería, en especial en la provincia de Mendoza, cuando se aprobó, a puerta cerrada, el proyecto de cobre San Jorge; las consignas que se repitieron giraban entorno a la disputa por el agua. Imagen: Rodox-Pexcels
En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios.
Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria (en la reforma de la Constitución Nacional), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino algunas coordenadas con los puntos donde se instalan.
Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país. Una preocupación que se incrementa si se tiene en cuenta que durante la presidencia de Javier Milei se ha dado por terminada la emergencia territorial que suspendía desalojos, se eliminó un programa de asistencia jurídica para comunidades indígenas y se reformó la estructura del INAI.
El análisis documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.
Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias
El futuro de lo que puede aportar ese mapa minero al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) a nivel mundial ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región. Para Gómez, de FARN, esas estrategias se expresan principalmente en dos dimensiones: una económica, a través de proyectos, y otra política.
China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump durante sus gobiernos en Estados Unidos.
El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”. El documento diplomático es una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo.
El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. De hecho, insiste, la relación económica entre China y América Latina ha sido, por un buen tiempo, basada en el intercambio de ese tipo de insumos.
Sin embargo, agrega que ahora estamos en “una fase distinta”. “Antes, la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero, ahora, la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice.
El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos. Pero no son los únicos. La Unión Europea también ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de 50 % para 2050, y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición.
Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.
Según ha manifestado, el control chino sobre minerales críticos representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. De hecho, su Gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20.000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente Javier Milei. El Banco Mundial —cuyo principal inversor es Estados Unidos— también ha comenzado a abrir líneas de financiamiento directo a proyectos mineros en estos países.
En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, podrían ponerse en riesgo.
“Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales
En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para asumir esos estándares mínimos, pedir la generación de valor agregado de los proyectos y el desarrollo local. Además de preguntarse de dónde viene la demanda. “Sabemos —dice— que esa demanda tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.
Panorama internacional
Cada vez más vulnerables los mercados del café, el cacao y el té
Los mercados mundiales del café, el cacao y el té, marcados por la distancia entre los principales países productores y los mayores consumidores, son cada vez más vulnerables a las crisis climáticas y económicas, de acuerdo con un informe divulgado este martes 14 por la FAO.
“En los últimos años, los precios mundiales de las bebidas han aumentado mucho más rápido que los de otros productos agrícolas”, declaró Boubaker Ben-Belhassen, director de la División de Mercados y Comercio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Explicó que “la combinación de una oferta concentrada y un creciente consumo mundial crea un terreno fértil para grandes fluctuaciones en sus precios internacionales, y los fenómenos meteorológicos extremos -sequías, heladas y lluvias torrenciales- siguen siendo los principales desencadenantes de las alzas de precios”.
Las enfermedades de las plantas, el aumento de los costos de los insumos y la mano de obra, las tensiones geopolíticas y los retrasos en los envíos añaden presiones adicionales a la producción de estos rubros, altamente concentrada en pocos países.
Brasil y Vietnam generan casi la mitad del café mundial, mientras que cinco países (esos dos, más Colombia, Indonesia y Honduras) suministran alrededor de 65 % del total de las exportaciones de ese grano.
Costa de Marfil y Ghana aportan más de dos tercios del cacao, mientras que China es responsable de más de la mitad de la producción mundial de té. Le escoltan India, Kenia, Sri Lanka y Vietnam.
Ese panorama hace que cualquier problema local tenga un impacto inmediato en los mercados internacionales.
Así, en el caso del café, los precios internacionales se dispararon entre 2021 y 2022 tras las sequías y heladas en Brasil y las malas condiciones climáticas en Colombia, y alcanzaron máximos históricos a principios de 2025 en medio de las pérdidas de producción relacionadas con el clima en Vietnam e Indonesia.
En lo que va de este julio, los precios del tipo arábica oscilaron entre 3,20 y 3,50 dólares por libra, con los compradores siguiendo de cerca las condiciones meteorológicas y el progreso de la cosecha en Brasil, principal productor.
El clima sigue siendo una fuente de incertidumbre: los pronósticos de lluvia durante la segunda quincena de julio coinciden con un período crítico para la cosecha, y los inversores monitorean el riesgo que representa el fenómeno El Niño -vientos cálidos en el Pacífico que alteran los ciclos de lluvia y sequía- para la cosecha 2027-2028.
Los precios del cacao aumentaron drásticamente entre 2023 y 2024 tras la disminución de la producción en Costa de Marfil y Ghana debido a las condiciones climáticas adversas y las enfermedades de las plantas. En el año 2025 logró cotizaciones de hasta 13 000 dólares por tonelada.
Luego, decayó a 6500 dólares ya entrado 2026 se vendió a alrededor de 5500 dólares por tonelada, avanzando este julio hasta los 5800 dólares por TM.
Los mercados del té mostraron un patrón diferente, con aumentos de precios durante la pandemia covid-19, impulsados principalmente por una mayor demanda asociada con un mayor consumo en el hogar y los beneficios percibidos para la salud.
Actualmente mantiene una tendencia alcista, con precios entre 2,30 y 3,16 dólares por kilo en mercados de Kolkata (India), Colombo (Sri Lanka) y Mombasa (Kenia).
Los aumentos no se traducen completamente en precios más altos para los agricultores, y las disminuciones de precios, especialmente a nivel del consumidor, solo se transmiten parcialmente, como ilustra el caso del chocolate.
A nivel minorista, el impacto de las variaciones de precios internacionales suele ser más limitado, en parte porque el café, el cacao y el té en grano representan solo una pequeña parte de los costos del producto final.
De ese modo, los pequeños agricultores son quienes más sufren con las oscilaciones, ya que solo reciben una parte limitada de las ganancias cuando los precios suben, pues el mayor valor se concentra en el procesamiento y la distribución.
Por ello, la FAO subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de producción, mejorar la transparencia del mercado, y apoyar una distribución más equilibrada de los ingresos y ganancias a lo largo de la cadena de valor, para mejorar la estabilidad del mercado y proteger los medios de subsistencia
La agricultura en los BRICS+: comercio y resiliencia
ML Jat y Naveen P Singh *
La agricultura actual se encuentra en una encrucijada crucial. El cambio climático, la incertidumbre geopolítica, el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los costos de los insumos y la volatilidad del mercado están transformando los sistemas alimentarios en todo el mundo. Al mismo tiempo, los países deben producir alimentos más nutritivos, mejorar los ingresos de los agricultores, proteger los recursos naturales y crear medios de vida dignos para las comunidades rurales. En este contexto, BRICS+ ha surgido como una plataforma estratégica para construir un futuro agroalimentario más resiliente, inclusivo y sostenible.
La agricultura se encuentra hoy en una encrucijada crucial. El cambio climático, la incertidumbre geopolítica, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los costos de los insumos y la volatilidad del mercado están transformando los sistemas alimentarios en todo el mundo. Al mismo tiempo, los países deben producir alimentos más nutritivos, mejorar los ingresos de los agricultores, proteger los recursos naturales y crear medios de vida dignos para las comunidades rurales. En este contexto, BRICS+ se ha consolidado como una plataforma estratégica para construir un futuro agroalimentario más resiliente, inclusivo y sostenible.
Las ventajas de los BRICS+ en alimentación y agricultura
El grupo BRICS+ ampliado reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, además de varios países socios que también participan en el proceso. En conjunto, estos países representan una parte muy importante de la población mundial, la tierra, los recursos naturales, la capacidad de producción de alimentos y los mercados emergentes. Por lo tanto, sus decisiones en materia de agricultura, comercio, tecnología, acción climática y desarrollo rural tendrán una gran repercusión en la seguridad alimentaria mundial.
Raíces civilizatorias compartidas, objetivos de desarrollo compartidos
La agricultura en los países BRICS+ es más que un sector económico. Está profundamente ligada a la cultura, la vida comunitaria, la biodiversidad, los hábitos alimentarios y la identidad rural. Los sistemas agrícolas de la India atesoran siglos de conocimiento sobre diversidad de cultivos, agricultura mixta, cuidado de los recursos naturales y participación comunitaria. Brasil ha desarrollado fortalezas reconocidas mundialmente en agricultura tropical y sistemas ganaderos sostenibles. Rusia es fundamental para la seguridad mundial de los cereales. China ha avanzado notablemente en la modernización agrícola, la mecanización y las tecnologías digitales. Sudáfrica y otros socios de BRICS+ aportan valiosa experiencia en agricultura de secano, gestión del agua, adaptación al cambio climático y resiliencia de los sistemas alimentarios. Esta diversidad es una ventaja. Permite a BRICS+ diseñar soluciones para diferentes agroecologías, desde llanuras tropicales húmedas y templadas hasta tierras áridas, montañas, costas y sistemas de pequeños productores.
Los países BRICS+ comparten una agenda de desarrollo común. Buscan garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, aumentar los ingresos de los agricultores, crear empleo rural, fortalecer el comercio agrícola, acelerar la innovación, empoderar a las mujeres y los jóvenes, y conservar la tierra, el agua y la biodiversidad. La mera producción no basta para alcanzar estos objetivos; sin embargo, el futuro exige una transición de la agricultura como sector productor de materias primas a una agricultura como sistema agroalimentario integral: productivo, nutritivo, resiliente al clima, vinculado al mercado, digitalizado y ambientalmente responsable.
El auge agrícola de la India: De la seguridad alimentaria al liderazgo mundial
El liderazgo de la India en el BRICS+ llega en un momento crucial. La India se ha consolidado como una de las principales potencias agrícolas del mundo, combinando escala, diversidad, solidez científica y capacidad institucional para contribuir significativamente a la seguridad alimentaria mundial y la transformación agroalimentaria. En 2025-26, se estima que la producción de cereales de la India alcanzará la cifra récord de 376,56 millones de toneladas (MT), incluyendo 154,02 MT de arroz, 120,66 MT de trigo, 55,09 MT de maíz y 17,58 MT de mijo. El país es el mayor productor mundial de leche y un importante productor de legumbres, especias, frutas, verduras, algodón, caña de azúcar, pescado y huevos. Combina uno de los sistemas de seguridad alimentaria nacional más grandes del mundo con un papel cada vez más relevante en las exportaciones agrícolas.
Esta transformación ha sido impulsada por agricultores, instituciones públicas, cooperativas, mercados, infraestructura y ciencia. El Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR) y el Sistema Nacional de Investigación y Educación Agrícola (NRIS) han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de variedades mejoradas, tecnologías resilientes al clima, vacunas para el ganado, innovaciones pesqueras, soluciones de mecanización, asesoramiento digital y plataformas de desarrollo de capacidades.
El lanzamiento de las primeras variedades de arroz con genoma editado del mundo y las iniciativas de edición genética en 40 cultivos reflejan la transición de la India de la generación de tecnología convencional a la ciencia agrícola de vanguardia. La experiencia de la India es especialmente relevante para el Sur Global porque se ha desarrollado en condiciones similares a las de muchos países en desarrollo: pequeñas explotaciones agrícolas, dependencia del monzón, agroecologías diversas, alta presión demográfica, limitaciones de recursos y la necesidad de tecnologías asequibles.
Una agenda compartida para la transformación agroalimentaria
La seguridad alimentaria y nutricional debe ser una prioridad fundamental para la cooperación de los BRICS+. Muchos países miembros han logrado avances significativos en la producción, pero la desnutrición, el desequilibrio alimentario y la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de los alimentos siguen siendo motivo de preocupación. Los BRICS+ pueden colaborar en cereales, legumbres, mijo, oleaginosas, horticultura, cultivos biofortificados, productos ganaderos y alimentos acuáticos resilientes al clima. La experiencia de la India en distribución pública de alimentos, infraestructura pública digital, sistemas de beneficios directos, agricultura sensible a la nutrición y mijo puede contribuir a un aprendizaje más amplio, mientras que otros miembros aportan fortalezas complementarias en el comercio de cereales, oleaginosas, proteína animal, procesamiento y logística.
Una segunda prioridad es la agricultura regenerativa y resiliente al clima. Los países BRICS+ incluyen algunas de las regiones agrícolas más expuestas al cambio climático del mundo. Las olas de calor, las sequías, las inundaciones, la salinización, la desertificación, las plagas y la escasez de agua ya están afectando los ingresos agrícolas y el suministro de alimentos. El grupo puede convertirse en un líder mundial en la ampliación de la agricultura de conservación, los sistemas agrícolas integrados, la agroforestería, la gestión precisa de nutrientes, el microrriego, la restauración del carbono del suelo, las energías renovables en la agricultura, las recomendaciones climáticas y los sistemas de semillas resilientes. La investigación conjunta sobre agricultura de secano, agricultura en zonas áridas, gestión de la salinidad y preparación ante fenómenos meteorológicos extremos sería especialmente valiosa.
Una tercera prioridad es el comercio agrícola y la resiliencia de la cadena de suministro. BRICS+ incluye a los principales productores, consumidores, importadores y exportadores de cereales, legumbres, oleaginosas, frutas, hortalizas, fertilizantes, maquinaria agrícola, productos ganaderos y pescado. Sin embargo, el pleno potencial del comercio agrícola intra-BRICS+ sigue sin aprovecharse debido a las diferencias en normas, sistemas de certificación, logística, información de mercado y procesos regulatorios. La cooperación en normas sanitarias y fitosanitarias, trazabilidad digital, certificación de calidad, almacenamiento, cadenas de frío, logística portuaria y procesamiento de alimentos puede generar flujos comerciales más fluidos, seguros y predecibles. Dicha cooperación también reducirá la vulnerabilidad ante interrupciones en el suministro global.
Una cuarta prioridad es la innovación. El futuro de la agricultura estará marcado por la biotecnología, la genómica, la edición genética, la inteligencia artificial, la teledetección, los drones, la robótica, los sensores, los sistemas de 
asesoramiento digital, la agricultura de precisión y la gestión de riesgos basada en datos. India ya cuenta con más de 7000 empresas emergentes agrícolas y afines registradas y un ecosistema en rápido crecimiento en mecanización agrícola, plataformas de mercado, servicios climáticos, inclusión financiera, gestión de la cadena de suministro y eficiencia en el uso de insumos.
Una plataforma de innovación agrícola y de empresas emergentes BRICS+ podría conectar a científicos, emprendedores, inversores, incubadoras y organizaciones de agricultores de diferentes países. Podría promover la investigación conjunta, el intercambio de tecnología, los proyectos piloto, los desafíos para empresas emergentes y soluciones escalables tanto para pequeños productores como para la agricultura comercial.
Una quinta prioridad es la transformación rural. La agricultura es inseparable del desarrollo rural. Los sistemas alimentarios preparados para el futuro requieren carreteras, energía, conectividad de banda ancha, almacenamiento, plantas procesadoras, capacitación, organizaciones de productores, empresas lideradas por mujeres y emprendimiento juvenil. BRICS+ puede impulsar la agregación de valor en el ámbito rural, el procesamiento local de alimentos, las energías renovables, los servicios agrícolas, los centros de contratación de maquinaria agrícola, el agroturismo, las empresas de bioeconomía y los modelos de economía circular. Esto contribuiría a generar empleo cerca de las aldeas, reducir la migración forzosa y hacer que la agricultura sea más atractiva para las futuras generaciones.
De la visión a la acción
La fortaleza de la India reside no solo en la magnitud de su agricultura, sino también en su capacidad para conectar la investigación, la educación, la extensión, las plataformas digitales y los agricultores mediante un sistema nacional de ciencia aplicada. La India puede impulsar una agenda de acción práctica durante su participación en los BRICS+. Esto podría incluir un Centro de Excelencia BRICS+ para la Agricultura Resiliente al Clima, una Red de Conocimiento sobre Agricultura Digital BRICS+, un Intercambio de Innovación Agrícola y Empresas Emergentes BRICS+, programas conjuntos sobre mijo, legumbres, oleaginosas y agricultura de secano, cooperación en vigilancia de enfermedades del ganado y vacunas, alianzas en pesca y acuicultura, intercambio de conocimientos entre agricultores y una Plataforma de Datos e Inteligencia Agrícola para alerta temprana, monitoreo de la seguridad alimentaria y formulación de políticas basadas en evidencia.
Forjando un futuro agroalimentario resiliente
La promesa de la agricultura de los BRICS+ no reside en reemplazar las prioridades nacionales, sino en conectarlas. Cada país tiene sus propios sistemas alimentarios, realidades ecológicas y trayectorias de desarrollo. Pero al aunar conocimientos científicos, mercados, instituciones y experiencias, los BRICS+ pueden generar una respuesta colectiva más sólida ante el hambre, la malnutrición, el riesgo climático y la desigualdad rural.
La verdadera oportunidad para los BRICS+ reside en transformar la fuerza colectiva en acciones concretas. Mediante plataformas de investigación compartidas, sistemas digitales interoperables, tecnologías resilientes al clima, estándares armonizados, colaboración entre empresas emergentes y desarrollo de capacidades centrado en los agricultores, los BRICS+ pueden crear una vía de implementación que conecte la ciencia, los mercados y las comunidades rurales.
El futuro de la agricultura mundial no se garantizará únicamente con la producción. Dependerá de ecosistemas resilientes, dietas nutritivas, mercados justos, agricultores empoderados, comercio responsable y ciencia que llegue hasta el último rincón. Gracias a su escala, diversidad y fortalezas colectivas, BRICS+ está en una posición privilegiada para forjar este futuro. El mensaje de la India es claro: la agricultura debe trascender las fronteras, avanzando hacia el conocimiento compartido, la resiliencia compartida y la prosperidad compartida.
Gracias al liderazgo de la India y la cooperación de los BRICS+, la agricultura puede convertirse no solo en una fuente de alimentos, sino también en un fundamento para la resiliencia, la prosperidad y la confianza global.
* ML Jat, es Secretario del Departamento de Investigación y Educación Agrícola (DARE) y Director General del ICAR, y Naveen P Singh es Subdirector General de Relaciones Internacionales del ICAR.