Gustavo Veiga

Estados Unidosavanza en todos los frentes para someter a los gobiernos de países latinoamericanos que no se alinean con su estrategia continental. No es una novedad. Pero la actualidad indica que el Corolario Trump o la Doctrina Donroe se intensificaron desde que Marco Rubio maneja la política exterior. EE.UU extiende sus tentáculos sobre lo que considera su zona de influencia con un planteo jurídico que explica su pretensión de hegemonía.

El derecho a aplicar su propia legislación como única norma a todo el planeta. A eso se lo llama también el alcance extraterritorial de sus leyes.

Estamos ahora en ese punto y se distingue de lo que vimos en el pasado con que no es solo Cuba el objetivo a desestabilizar. Brasil, México y Colombia están en la mira. La ofensiva no se detiene. Como contrapartida, hay apoyo diplomático, económico y en materia de defensa a los países aliados. Ya sucedió con un préstamo del FMI a la Argentina para que el plan neocolonial de Javier Milei no se derrumbara en las elecciones de 2025, con la intromisión en Bolivia para respaldar al presidente Rodrigo Paz ante un estallido social en desarrollo y en Honduras para que llegara al poder un mandatario de extrema derecha: Nasry Asfura.

La historia de siempre, pero recargada. El viernes el Departamento de Estado difundió un comunicado sobre Bolivia —el más fuerte desde que se creó lo que Trump bautizó El escudo de las Américas—, donde quedó claro qué países lo acompañan. Una especie de Alianza para el Progreso en tiempos de John F. Kennedy. La excusa era igual que hoy. Frenar al comunismo en la región. Lanzada en 1961, pretendía aislar a Cuba y que la Unión Soviética sacara sus misiles de la isla. Ahora el pretexto es impedir que China y Rusia sigan avanzando más en Latinoamérica.

Los dos primeros gobiernos de Evo Morales nacionalizaron el litio en Bolivia y el de Luis Arce firmó contratos con empresas chinas y rusas para industrializarlo que se judicializaron después. Ahora Paz pretende que tengan prioridad compañías de capital estadounidense y entregar ese recurso clave de la economía nacional al mercado internacional.

Este es apenas uno de los problemas que dispararon las protestas, bloqueos de carreteras y otras medidas de fuerza de los trabajadores bolivianos. Fueron contra el desabastecimiento de combustibles, el encarecimiento de los precios, las privatizaciones en marcha y el pedido de renuncia al actual presidente. Provocaron que el Escudo de las Américas creado por Trump entrara en acción. Los doce países que lo acompañan, la mayoría sin demasiado peso en el continente, firmaron un comunicado de respaldo a Paz. Son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

La declaración sostiene que “grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos. Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos”. El texto menciona el factor narco, aunque hasta ahora sin agregar el calificativo de “terrorista”, como hizo EE.UU con Brasil para designar a las organizaciones Comando Vermelho (CV) y Primer Comando Capital (PCC).

Esta medida, que empezará a instrumentarse desde el 5 de julio, se tomó con el argumento de que esas bandas extendieron su influencia “mucho más allá de las fronteras de Brasil”, señaló Rubio, en un comunicado hace unos días. Tampoco es original el motivo esgrimido para preparar el terreno de una posible operación encubierta de la CIA en cualquier territorio del continente. Lula recogió el guante y denunció esa hipotética intervención, que tensa la relación con EE.UU.

Ya había pasado lo mismo cuando en julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU le bloqueó bienes y tarjetas bancarias al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Fue en represalia porque condenó a Jair Bolsonaro por golpista, aliado político de Trump, quien comparó el fallo con una “caza de brujas”.

Lula tiene hoy un motivo de mucho peso para preocuparse de semejantes intromisiones. Una es la injerencia lanzada desde Estados Unidos de su próximo rival en las elecciones de Brasil que se realizarán el domingo 4 de octubre. La decisión de clasificar al Comando Vermelho y el PCC como narco-terroristas se tomó días después de que Flavio Bolsonaro se reuniera con Rubio en EE.UU. El hijo del expresidente de extrema derecha es el candidato de ese sector político en Brasil, porque su padre cumple una condena a prisión por planificar un fallido golpe de Estado contra Lula en enero de 2022.

El régimen que encabeza Trump se atrevió a mucho más en su segundo mandato presidencial. Aunque las fuerzas que lo apoyaron antes tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 mientras el Congreso sesionaba para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Son numerosos los hechos más importantes que marcaron un viraje violento en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

La invasión de Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero de este año violaron el derecho internacional. Antes, desde el 2 de septiembre de 2025, EE.UU atacó decenas de embarcaciones bajo el pretexto de que llevaban drogas hacia sus costas. Cometió 190 asesinatos selectivos en 58 lanchas sin presentar pruebas judiciales contra los presuntos narcos que se comprobó eran pescadores, como denunciaron los gobiernos de Venezuela, Colombia e incluso tripulantes civiles de un país aliado de EE.UU como Ecuador.

También se desplegó el Comando Sur con todo su poderío militar y naval en el Caribe. Trump acusó sin pruebas al presidente colombiano Gustavo Petro de mantener vínculos con cárteles del narcotráfico y ser un matón. Entre el 17 y el 19 de abril pasados, fueron denunciadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, operaciones encubiertas de la CIA en el estado norteño de Chihuahua.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU pidió la detención y extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Un matemático y escritor del partido oficialista Morena que renunció a su cargo para ser investigado por un tribunal de su país por imputaciones que niega por vinculación al narcotráfico.

La selectiva persecución a gobiernos que no se disciplinan con su política regional hace hoy de Estados Unidos un vecino peligroso y hostil, como ocurrió casi siempre a lo largo de su historia, que está a punto de cumplir 250 años. Primero como república que se independizó de Inglaterra y después como un imperio que expandió su influencia por el mundo a comienzos del siglo XX, pero profundiza cada vez más su decadencia.