Chile: El derecho a gobernar

Lo natural sería que quien alcance el gobierno de forma democrática busque materializar el programa prometido ante la ciudadanía. Esto, que parece tan obvio, en realidad no lo es si consideramos esa enorme cantidad de políticos que cuando llegan al poder a los pocos días o meses se desdicen de lo propuesto en sus campañas electorales y terminan, incluso, gobernando con las ideas de sus adversarios.

Lo acontecido en Chile en las últimas décadas es una comprobación palmaria de que los partidos de la Concertación y de la Nueva Mayoría incumplieron con mucho de lo prometido para terminar consolidando el modelo institucional y económico concebido por la derecha y el pinochetismo.

Desde sus propias filas, al propio presidente Sebastián Piñera se le reprochó gobernar más al estilo de la oposición que al deseo de sus partidarios, lo que a la postre terminara debilitando el apoyo popular a su coalición, en favor de la consolidación de un partido, como el Republicano, con ideas más extremas y que hoy son parte de los fundamentos del gobierno de José Antonio Kast. Muchos recordamos, asimismo, que un prominente líder socialista declarara que el gobierno de Ricardo Lagos había sido el mejor de la derecha.

Se repite por muchos que un régimen democrático supone la alternancia en el poder, afirmación que se contradice en muchos países donde hay fuerzas políticas que se mantienen por largos años en el poder y nadie duda por ello de la solidez de su sistema institucional. En efecto, existen regímenes democráticos en los que el poder radica mucho más en el parlamento que en el gobierno. Muchos jefes de estado o presidentes resultan menos conocidos y gravitantes que los primeros ministros y las fuerzas que dominan en el Poder Legislativo.

Casi toda Europa da testimonio de esto y nadie reclama la alternancia en el poder como una condición de su solidez republicana. Lo que ocurre ahora en nuestro país es que ha arribado a La Moneda un presidente y un equipo de gobierno mucho más empecinado que los anteriores en hacer valer lo que el pueblo le mandató en las urnas. Esta situación es la que hace pensar a muchos que la política va a terminar muy pronto encrispada y que va trasladar a las calles la contienda ideológica. En el temor, incluso, de que podamos revivir situaciones como la del Estallido de octubre del 2019, un fenómeno de alta tensión política y social que se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus que afectó al mundo.

Si bien es innegable que el Gobierno de Kast quiere imponer sus ideas con o sin consentimiento del Parlamento, su error consiste en creer que la democracia le confiere el derecho a gobernar como quiera, despreciando que en las cámaras legislativas existen diputados y senadores que también acaban de ser elegidos democraticamente, así como también existen miles de alcaldes y concejales comunales elegidos por el voto popular en todo el país.

Es cierto que el oficio de la política vive su peor momento en prestigio  y credibilidad y que la corrupción y el abuso de los dirigentes lleva a despreciar sus facultades. Pero desgraciadamente en esto y en otras materias hay que “arar con los bueyes que se tiene”. Nuestra solidez institucional debe contar en la práctica con el cogobierno de los distintos poderes del Estado. Ni Kast ni la oposición están facultados para imponer a rajatabla sus ideas y propósitos. Menos, todavía, si nuestra pecaría democracia limita tanto la voluntad ciudadana, evita las consultas públicas o plebiscitos y le confiere tanto poder a las fuerzas represivas y policiales para reprimir la movilización social, que tan importante ha sido en nuestra historia para concretar las más lúcidas reformas.

Desgraciadamente, la insolvencia del discurso oficial y las malas prácticas de tantos “representantes del pueblo” amenazan con enturbiar nuestro sistema institucional, cuando en las últimas semanas las propuestas gubernamentales se han agotado en eslóganes y promesas ligeras que no nos permiten concebir cómo y con cuántos recursos el Gobierno quiere fundamentar sus transformaciones. En este sentido, el reciente mensaje presidencial ante el parlamento y la nación se quedó dramáticamente en lo superficial y los “lugares comunes”, simulando más una proclama electoral que un contundente plan de acción. Asimismo, es evidente que los reiterados cambios de gabinete de los últimos días hablan mucho de la improvisación, la debilidad ideológica y la falta de cohesión del oficialismo.

Vergonzosa como ha sido, también, la intolerancia demostrada por los principales actores de la oposición, dispuestos a bloquear cualquier iniciativa legislativa de las nuevas autoridades, en un empecinamiento tan infantil e insano como el del mismo Mandatario. Con un poder electoral que resultara tan menguado por el negativo veredicto popular respecto de la gestión de sus anteriores gobiernos. Especialmente, por los escándalos de corrupción de más corta data. Muchos de los cuales todavía quedan impunes o ni siquiera han visto la luz todavía.

Las democracias deben garantizar el disenso, pero más importante todavía facilitar el entendimiento, el respeto a la misión de los poderes del estado. Y a ambas instancias bien les haría tener en cuenta la voz del pueblo para dirimir sus controversias. Las elecciones en nuestro país se sabe que están muy condicionadas por el dinero, la publicidad y una bajísima formación cívica de los ciudadanos. Lo que entre otros males ha llegado a consagrar la alternancia en el poder y el breve tiempo de los gobiernos para cumplir con lo prometido.

*Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa.