Delcy pidió una reforma del sistema judicial, antes de partir a Europa
Victoria Korn
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez pidió este sábado al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz incorporarse a una reforma profunda del sistema judicial venezolano y aseguró que ha solicitado acciones contra jueces que, según denunció, cobran dinero a cambio de aplicar la Ley de Amnistía. “Tengo información, y he pedido actuación, por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, afirmó Rodríguez durante un acto realizado con motivo de los primeros 100 días del programa gubernamental.
Aseguró que recientemente solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un “reformateo de la justicia” y convocó una “Gran Consulta Nacional” para construir un nuevo sistema de justicia penal en el país. “Vamos para allá y yo quiero que este Programa se integre plenamente en ese capítulo de la justicia”, expresó.
A Europa, el Esequibo
La presidenta encargada viajará a La Haya (Países Bajos), donde se están celebrando las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la disputa que mantiene el país con Guyana por la región fronteriza del Esequibo. La mandataria asumirá personalmente la defensa de la posición venezolana ante el tribunal. En un primer momento, Rodríguez anunció su viaje de forma misteriosa, sin decir adónde iría en “las próximas horas” para “defender” los derechos de su país, hasta que fuentes conocedoras de la misión confirmaron el destino final.
Aun cuando está sancionada por la UE y tiene prohibido viajar a su territorio, Delcy cuenta con una exención, el llamado waiver. Se trata de una autorización excepcional para realizar una actividad que normalmente estaría prohibida por las sanciones. Este será su primer viaje internacional —fuera del Caribe— desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por EE UU en enero de 2026.
“A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria, y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia”, dijo Rodríguez este sábado. Aunque Venezuela ha rechazado que la controversia se resuelva en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, mantiene su defensa en esa instancia. En 2024, Rodríguez ya estuvo en La Haya por última vez, cuando entregó cajas de papeles en los que presentaba sus argumentos de Venezuela para defender como suyo el territorio.
Venezuela mantiene una disputa histórica con Guayana para determinar el límite de la frontera entre ambos países. En conflicto está la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana. Venezuela reivindica esta zona, rica en petróleo y otros recursos naturales bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo.
Una porción del Esequibo formó parte del territorio venezolano durante el siglo XIX, pero Guyana —entonces bajo dominio británico— fue expandiendo progresivamente sus fronteras, atraída por la riqueza de sus yacimientos de oro y bauxita, hasta absorber la totalidad de la región. Venezuela agotó las vías internacionales sin obtener resultado alguno: un arbitraje celebrado en 1899 falló a favor de los británicos. Diversos historiadores venezolanos han argumentado que aquella decisión fue fraudulenta, producto de la manipulación cartográfica perpetrada por un explorador.
Entre el 4 y el 11 de mayo, la CIJ celebra audiencias para estudiar la validez de ese Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, que fijó los límites entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.
La del Esequibo se convirtió en una de las grandes banderas del chavismo, una disputa que siempre ha amenazado con llevar hasta el final. En 2023, Venezuela creó una entidad administrativa sobre la franja en disputa con una capital en territorio venezolano. Lo hizo luego de someter a un referendo cuyos resultados y nivel de participación quedaron en entredicho. Pero el movimiento casi desató un conflicto regional, en el que tuvieron que intervenir Brasil y la Caricom, la Comunidad del Caribe.
Tras la creación del estado del Esequibo en 2023, Venezuela actualizó su cartografía oficial incorporando ese territorio a sus mapas, a pesar de que la disputa continúa dirimiéndose ante los tribunales internacionales. La medida encendió las alarmas en Guyana y, desde entonces, las tensiones entre ambos países no han hecho más que escalar. La crispación ha llegado a extremos llamativos: hace apenas unas semanas, el presidente guyanés, Irfaan Alí, expresó su malestar por el broche que lucía en su solapa la presidenta encargada venezolana, un broche dorado con la silueta del país que incluía el Esequibo como propio.
Hoy la batalla se da con distintos aliados de Venezuela, que han cambiado después del 3 de enero. Es clave ahora la posición de Estados Unidos, que ejerce una especie de tutela sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez, y que se pondrá a prueba en este nuevo capítulo. Históricamente, EEUU respaldó posición de Guyana e incluso ofreció apoyo militar cuando escalaron las tensiones entre los dos países. Guyana fue uno de los países que apoyó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que precedió al secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores.
El viernes, el canciller venezolano, Yván Gil consideró que la disputa terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, y rechazó los argumentos finales de Guyana presentados en la CIJ, al calificarlos de “negacionistas” y “repetitivos”. El ministro de Exteriores insistió en que la única vía para resolver la disputa es el Acuerdo de Ginebra de 1966, un instrumento jurídico para alcanzar una solución mutuamente aceptable.
Convivencia
La mandataria subraya que el programa funciona como una respuesta firme y constitucional para proteger la soberanía a través de la palabra. Este balance permite ajustar las estrategias que buscan sanar el tejido social y garantizar que la resolución pacífica de conflictos sea la norma en todo el territorio venezolano.
Hitos alcanzados en la ruta por la estabilidad y la paz
El balance de los primeros 100 días destaca tres pilares fundamentales que transforman la dinámica política del país. En primer lugar, la instalación de Mesas Territoriales permite que el diálogo llegue directamente a las comunidades, descentralizando la toma de decisiones y escuchando las necesidades locales.
Este despliegue garantiza que la convivencia democrática no sea solo un concepto teórico, sino una práctica cotidiana en cada parroquia.
“Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental”, señaló la presidenta encargada. Por otro lado, el fortalecimiento institucional y la promoción de la tolerancia registran avances significativos en la administración pública. El programa logra integrar a distintos actores sociales bajo el objetivo común de preservar la justicia y el diálogo permanente. Estas acciones demuestran la capacidad del Estado para fomentar el respeto a la diversidad política, elevando la ética ciudadana por encima de las confrontaciones estériles.
Rodríguez sostuvo además que el concepto de diversidad debe extenderse al ámbito político y llamó a “abrirse al distinto” pese a la desconfianza y polarización.“Abrir los corazones al distinto no es fácil (…) pero si no damos ese paso nos estamos privando nosotros mismos de conocer un horizonte más hermoso”, dijo.
Durante su intervención, defendió nuevamente la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instrumento promovido por su administración tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Según Rodríguez, la medida permitió otorgar libertad plena a más de 9.000 personas. “La Ley de Amnistía fue lo correcto para la democracia, para el reencuentro y para la tolerancia”, afirmó.
No obstante, reiteró que los delitos excluidos de la amnistía seguirán siendo tratados por el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instancia a la que pidió avanzar en mesas de trabajo para atender nueve áreas identificadas durante sus primeros 100 días de funcionamiento.
Una política de Estado proyectada hacia el futuro
La consolidación de este plan de 100 días marca el inicio de una etapa superior en la política interna de la Nación. La presidenta encargada enfatiza que el éxito de esta iniciativa bandera reside en su apego estricto a la Constitución y en la participación protagónica del pueblo.Los ejes de paz y justicia se mantienen como las premisas transversales que guiarán las siguientes fases del proyecto gubernamental.
Venezuela apuesta por un modelo de convivencia que sirve de ejemplo ante los desafíos regionales actuales. El programa por la Convivencia Democrática y la Paz se reafirma como una herramienta esencial para la estabilidad a largo plazo. Con estos resultados, el Gobierno Bolivariano proyecta un horizonte de esperanza donde el entendimiento mutuo y la defensa de la patria constituyen la base de la unión nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó un mensaje directo a los millones de venezolanos que residen en el exterior. Los llamó a volver al país y sumarse al proceso de recuperación económica impulsado por el oficialismo que encabeza la mandataria encargadao, Delcy Rodríguez. “Vénganse para acá, dejen de estar en otros países. Los venezolanos vénganse para Venezuela. Vamos a construir una verdadera prosperidad económica”, afirmó el dirigente durante un acto en la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre.
El llamado se dio en el marco de una movilización nacional impulsada por el Gobierno, conocida como la peregrinación por una Venezuela libre de sanciones.
La iniciativa fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y comenzó el 19 de abril con el objetivo de exigir el levantamiento de las restricciones internacionales y reforzar la unidad interna. Según explicaron fuentes oficiales, esta campaña busca instalar la idea de que el país puede reinsertarse plenamente en el escenario económico, político y cultural global si cesan las sanciones externas.
El dirigente planteó que el retorno de los migrantes sería clave para fortalecer el desarrollo productivo y acompañar la recuperación económica en curso, en un contexto donde el Gobierno intenta atraer inversiones y estabilizar el país.