Latinoamérica en su laberinto

Sergio Ferrari

Además de sus históricos problemas estructurales, América Latina y el Caribe confrontan ahora la incertidumbre generada por la inestabilidad geopolítica internacional. En medio de esta coyuntura, ambas regiones ven alejarse sus expectativas de crecimiento para 2026.

Aunque las marcadas disparidades entre países no permiten sacar una conclusión única, la media de crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) del año en curso bajará en 24 de sus 33 países, según datos actuales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Regionalmente, el crecimiento en América del Sur será de 2,4% (2,9% en 2025).

En América Central, de 2,2% (2,3% en 2025). México y el Caribe quizás sean la única excepción: aquel, con un salto del 1,5% con respecto al 0,8% anterior; este, con un 5,6% con respecto al 5.5% anterior. En el caso específico del Caribe, las cifras son más bien engañosas debido al empuje de Guyana. Si se excluye esta última, estaríamos hablando de apenas un 1,2%, bien por debajo del 2,0% en 2025.

 Crisis crónica: “crecimiento perezoso”

Con esta proyección, la CEPAL rectifica sus previsiones anteriores de un crecimiento un poco mayor. Tras cuatro años consecutivos con índices porcentuales en torno al 2% anual, algo así como un “crecimiento perezoso”, concluye que se trata de “un techo bajo que habla de una incapacidad estructural para despegar, insertada en un contexto internacional que pesa como un ladrillo”.

El análisis de la CEPAL subraya el impacto significativo de la nueva situación mundial: desde diciembre de 2025 hasta fines de abril, “el escenario externo se ha endurecido, especialmente a raíz de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado la volatilidad de los mercados y el precio del petróleo”. Así, por ejemplo, el primer cuatrimestre de 2026, los combustibles esenciales han subido un 74% con respecto al año anterior.

De la mano de esta crisis, agudizada por el doble tapón impuesto al Estrecho de Ormuz en las costas iraníes —por donde transita más del 20% del combustible mundial—, también se encarecieron alimentos y servicios, inevitable freno al crecimiento del intercambio mundial. De allí que las organizaciones internacionales especializadas pronostiquen que este año el techo de crecimiento del comercio sea del 2,7%, muy inferior al 4,7% de 2025.

Adicionalmente, también varios socios relevantes de América Latina y el Caribe, como China, la Unión Europea e India, se han desacelerado en momentos en que los bancos centrales del mundo, asustados por la inflación, se han vuelto cautelosos y están imponiendo condiciones financieras menos favorables que las que proyectaban hace apenas unos meses.

En síntesis: el consumo regional se enfría y la inversión no arranca, la economía se desacelera, los precios suben y el trabajo escasea. Realidad macro que se expresa en la caída de la capacidad económica familiar debido a que el consumo privado ha perdido energía. Más preocupante aún, insiste la CEPAL, es la media de la inflación en la región, que este año superará el 3% (fue del 2,4% en 2025), aunque “se dejará sentir particularmente en América del Sur debido a la volatilidad del tipo de cambio y la subida de los costos de la importación”.

Para la CEPAL, un 2,2% “no es una catástrofe puntual, sino la expresión de un síntoma crónico”, que describe en términos elocuentes: la región lleva años en la trampa del bajo crecimiento, alta exposición a los vaivenes mundiales y poca capacidad para encender motores propios, con riesgos que no desaparecen, como condiciones financieras restrictivas, inflación alimentaria y energética y volatilidad cambiaria.

Además, sobre algunos países pesan problemas estructurales más profundos, como restricciones externas, margen de maniobra político agotado e instituciones frágiles. De allí que su mensaje sea no solo económico sino también político: “Ampliar la movilización de recursos internos y externos y fortalecer la gobernanza son factores fundamentales para impulsar políticas que dinamicen la inversión, aumenten la productividad y fortalezcan la resiliencia macroeconómica en un entorno global cada vez más incierto”.

La guerra y el impacto mundial

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a fines de abril su informe La economía mundial bajo la sombra de la guerra, que proyecta a nivel macro tendencias similares a las radiografiadas por la CEPAL para América Latina y el Caribe.

Aun suponiendo que el conflicto en el Medio Oriente tuviese una duración y un alcance limitados, de todos modos, el FMI proyecta para 2026 una desaceleración del crecimiento del 3,1% y con un leve aumento de la inflación. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, esta tendencia será mucho más pronunciada.

¿Quién se beneficia con las nuevas guerras?, sin duda una pregunta crítica en esta coyuntura tan compleja y alterada. En todo caso, y tanto a la luz de los brutales costos humanos como de los indicadores económicos, puede afirmarse que prácticamente ninguna economía nacional podrá sacar provecho de estos conflictos, a excepción de la gran industria armamentista.

La radiografía del FMI, a quien nadie puede tildar de progresista, es elocuente: el gasto para defensa en los próximos dos años y medio aumentará de tal manera que llegará a representar unos 2,7 puntos porcentuales del PIB y aproximadamente dos tercios del mismo se financiarán mediante nuevo endeudamiento, es decir, mayores déficits. En términos concretos, en tres años este incremento del gasto militar se traducirá en un aumento de la deuda pública de aproximadamente un 7%, con la consiguiente reducción del gasto social.

“Crecimiento”: un concepto también en crisis

La teoría del crecimiento económico estrechamente ligado al aumento del PIB que los organismos internacionales emplean sistemáticamente para sus estadísticas, sus tablas comparativas y sus proyecciones, puede ayudar a proyectar tendencias económicas generales de una región o continente, e incluso del mundo. Sin embargo, sus limitaciones son cada vez más evidentes. Prueba de ello, los cuestionamientos no solo de expertos y teóricos altamente especializados, movimientos sociales e importantes organizaciones no gubernamentales (ONG), sino también, y muy significativamente, desde dentro mismo de las Naciones Unidas.

La última semana de abril Olivier De Schutter, el Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de este organismo, propuso un cambio radical en las políticas de desarrollo. Como ya lo había enunciado en julio de 2024 en su informe tan polémico como cuestionado, Erradicar la pobreza más allá del crecimiento, nuevamente De Schutter aboga por medidas novedosas, como el ingreso básico universal, la reducción de la jornada laboral y la cancelación de deudas soberanas insostenibles.

La propuesta de De Schutter implica un giro decisivo para que las estrategias de desarrollo ya no dependan del factor “crecimiento”, sino que ahora se reorienten hacia una agenda de “derechos humanos” que sitúe el bienestar de las personas y el planeta en el centro mismo de la transformación económica. Sus recomendaciones se estructuran en torno a cinco pilares: transformación de los sistemas económicos; políticas del mercado laboral y economía del cuidado; protección social universal y servicios esenciales; clima, medio ambiente y gestión de recursos, y comercio, finanzas, deuda y solidaridad global. Todos ellos sustentados por un enfoque transversal de buena gestión gubernativa y de democracia participativa.

Se trata de una hoja de ruta que apunta a respaldar los esfuerzos internacionales para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza a nivel global a partir de un concepto de desarrollo elaborado consensualmente con actores de la sociedad civil internacional. Concepto que afirma la plena realización de los derechos humanos, pero ya sin reconocer al PBI como principal indicador de progreso. A todas luces, un instrumento importante para orientar los debates previos a la adopción de la próxima generación de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Naciones Unidas en septiembre de 2027.

Desde otra perspectiva, La Vía Campesina, organización que reúne a 180 agrupaciones locales y nacionales representativas de más de 200 millones de pequeños y medianos productores agrícolas y trabajadores rurales en 81 países, también apunta a un cambio radical de la lógica del crecimiento y el desarrollo humano. En su caso, comenzando con una redefinición del derecho a la alimentación.

En un manifiesto de octubre del año pasado, reactualizado este mes de abril, La Vía Campesina afirma que la agroecología campesina es la respuesta al grave problema de una alimentación muy dispar. Y propone soluciones reales que reconozcan la soberanía alimentaria, la dignidad y la justicia para los pueblos del mundo, como un “nuevo paradigma financiero basado en subvenciones públicas incondicionales, no en préstamos”.

Según La Vía Campesina, estos fondos deben ser “controlados democráticamente para impulsar transiciones justas y soberanas”. No menos importante, que los países del Sur Global puedan “transitar en sus propios términos, con reparaciones financieras, transferencia de tecnología y autonomía para definir sus propias sendas de desarrollo”. Por otra parte, promueve la “construcción de una solidaridad global que también apoye transiciones justas y soberanas para los pueblos del Norte Global, cuyo control sobre sus propias economías es crucial para acabar con el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora y la Madre Tierra”.

La propuesta de La Vía Campesina no es algo reciente. En efecto, en muy diversos momentos desde su nacimiento en 1993 ha criticado frontalmente el modelo de crecimiento económico neoliberal y el agronegocio, debido a que ambos priorizan la rentabilidad corporativa y la especulación financiera sobre el bienestar social, la salud humana y la sostenibilidad ambiental. Sin duda alguna, un modelo que genera pobreza, expulsa a los pequeños agricultores de sus tierras y destruye la biodiversidad.

A todas luces, America Latina y el Caribe, como buena parte del resto del mundo, se encuentran en la encrucijada de una compleja etapa histórica caracterizada por una doble crisis: la del crecimiento global y la del propio concepto usado hasta aquí para medir e interpretar dicho crecimiento. Etapa planetaria compleja con una doble problemática: la del crecimiento global y la del propio concepto que se usa como indicador para medir dicho crecimiento. Las guerras no ayudan, el Sur Global emergente está pagando el precio más alto, el de la pobreza extrema creciente.

*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)