La purga silenciosa de Trump para acelerar la campaña de deportaciones
Dos jueces que frenaron la expulsión de estudiantes propalestinos forman parte del centenar de magistrados de inmigración despedidos.
La maquinaria represiva interna de la administración de Donald Trump continúa operando con la misma eficiencia que antes de la guerra de Irán. A pesar de que ahora el foco está puesto en el exterior y en las aspiraciones imperialistas del magnate, dentro de Estados Unidos los esfuerzos para acelerar la campaña dedeportaciones masivas continúan. F
uera del foco de las calles, el presidente estadounidense ha estado purgando también los juzgados de inmigración. Dos de las últimas víctimas han sido jueces que frenaron deportaciones de estudiantes propalestinos. A principios de abril, la Administración Trump notificó la destitución de seis jueces. Según el The New York Times, entre ellos estaban Roopal Patel y Nina Froes. Ambos supervisaron los casos de deportación de Rümeysa Öztürk y Mohsen Mahdawi, dos estudiantes que fueron arrestados el año pasado como parte de la campaña de Trump contra el movimiento de protesta de Gaza.
Froes bloqueó la deportación de Mahdawi el pasado mes de febrero. El año pasado, otro juez federal ya ordenó la liberación de Mahdawi del centro de detención de ICE donde estaba, comparando su arresto con la represión ideológica del McCarthismo.
Lo mismo pasó con Öztürk, quien el año pasado fue arrestada en medio de la calle por agentes enmascarados y sin identificar. Cuando su caso llegó a la mesa de Patel, la jueza ordenó frenar su deportación. En declaraciones a The Guardian, Patel dice que no cree que su despido sea una represalia directa por el caso de la estudiante turca. Pero sí que señala que hay un claro patrón en los últimos meses por lo que respecta a la remodelación del cuerpo de jueces de inmigración.
«Creo que existe una agenda más amplia para intentar reformar el panel de expertos en inmigración y que refleje mejor la agenda política de la administración», exponía Patel en declaraciones a The Guardian poco después de ser despedida.
A pesar de que a los jueces de inmigración se les exija un «juicio independiente» a la hora de decidir el futuro de las personas migrantes, lo cierto es que no forman parte del poder judicial. A diferencia de los otros magistrados que existen en el país, los jueces de inmigración son funcionarios que trabajan para el Departamento de Justicia. Es decir, dependen del poder ejecutivo y, en última instancia, del presidente de turno. En este caso, Donald Trump. Es por eso que se les puede remover de su puesto con mayor facilidad.
En total, se calcula que la Administración Trump ya ha despedido a más de 100 jueces de inmigración de los aproximadamente 750 que estaban en funciones cuando el magnate volvió a la Casa Blanca. Así pues, cada pocos meses, un nuevo grupo de jueces ha ido recibiendo la notificación de que habían sido despedidos. A menudo, incluso, recibían el aviso mientras estaban participando en audiencias ante el tribunal de inmigración. El caso de Patel, fue así: un viernes por la tarde estaba celebrando una audiencia y, en medio del descanso, recibió un correo electrónico informándola de que ese era su último día. La razón: el departamento no le daría la plaza permanente.
Este es otro patrón al que ha recurrido la Administración para ahorrarse problemas: por el momento, se ha centrado en esos jueces que están a punto de finalizar su período de prueba de dos años. Se trata del período de prueba estándar para todos los funcionarios antes de ser incorporados de forma permanente.
çUna de las principales tesis del libro es que un eventual segundo mandato de Trump sería más riesgoso que el primero. Los autores argumentan que, si antes existían ciertos límites institucionales, hoy Trump estaría rodeado de personas más leales, menos dispuestas a contenerlo y con una mayor disposición a romper normas democráticas. También afirman que su estilo político habría contribuido a normalizar la violencia verbal, el autoritarismo, la polarización y el debilitamiento de instituciones democráticas. ([Goodreads][3])
Otro tema importante es el llamado “Trump effect”: la idea de que la conducta del presidente no sólo afecta la política, sino también la salud mental colectiva y la cultura pública. Los autores afirman que sus mensajes y actitudes han favorecido el aumento de la hostilidad social, el miedo, la radicalización y la legitimación de discursos racistas, antisemitas o antiinmigrantes.
El libro también dedica mucho espacio al debate ético sobre si los profesionales de la salud mental deben hablar públicamente sobre un dirigente político. Los autores sostienen que existe un “deber de advertir” cuando consideran que una figura poderosa representa un peligro para la sociedad, incluso si eso entra en tensión con la llamada “Goldwater Rule”, que desaconseja a los psiquiatras diagnosticar a personajes públicos sin haberlos examinado personalmente. ([Springer Nature Link]
Finalmente, la obra concluye que el caso de Trump no debe verse sólo como un asunto de personalidad individual, sino como una señal de fragilidad institucional y cultural en Estados Unidos. Los autores sostienen que el verdadero peligro no radica únicamente en Trump, sino en una sociedad y un sistema político dispuestos a normalizar conductas que antes habrían sido consideradas inaceptables. ([PMC][2])
*Periodista española, corrresponsal de Público.es en Washington