Panorama Económico Latinoamericano- del 5 al 12 de noviembre de 2025

Gasto social apoya más a adultos mayores que a niños

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el gasto en protección social se ha concentrado en las pensiones de adultos mayores, destinando mucho menos a la infancia, advirtió un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

De los 6,8 billones (millones de millones) de dólares en que se cifra el producto interno bruto (PIB) de la región, se destina 0,8 % a la protección social de los niños, que representan 29,3 % de la población, y 7,4 %, nueve veces más, a los adultos mayores, que de la población representan 9,4 %.

Aunque priorizar a los adultos mayores es una tendencia global, el desequilibrio en América Latina es más marcado que en otras regiones en desarrollo, como el sudeste asiático y el Pacífico, donde a la protección social de los niños se destina 1,1 % del PIB frente a no más de 2,6 % para los adultos mayores.

De hecho, el gasto en adultos mayores en la región latinoamericana y caribeña es comparable al de países de ingresos altos, a pesar de que su proporción de mayores de 65 años es mucho menor (9,5 % vs. 19,5 %, respectivamente).

El Pnud recoge que en esas cifras se excluyen los gastos en educación y salud, y el renglón niños incluye servicios de cuidado infantil y beneficios familiares, como los de discapacidad u orfandad, mientras que el gasto en personas mayores incluye pensiones y beneficios por discapacidad o sobrevivencia.

El reporte destaca que los sistemas de protección social “son uno de los pilares de la política social en América Latina y el Caribe: reducen la pobreza, fomentan la inclusión y aseguran un nivel mínimo de bienestar para su población objetivo. A la vez, refuerzan la cohesión social y fortalecen la legitimidad de la democracia”.

Sin embargo, advierte de que estos sistemas “enfrentan crecientes presiones derivadas de cambios demográficos y otras transformaciones estructurales” que podrían redefinir cómo las sociedades cubren estas necesidades en el futuro.

El acentuado desequilibrio entre el gasto social que va a los adultos mayores y el que se dirige a los niños tiene consecuencias visibles, señala el Pnud.

Los niños enfrentan tasas de pobreza extrema mucho más altas que los adultos mayores, y están sobrerrepresentados entre los extremadamente pobres. En 2023, la tasa de pobreza extrema de los niños en América Latina y el Caribe fue de 16,1 %, casi tres veces la de los adultos mayores (5,7 %).

Esa diferencia entre las tasas de pobreza extrema entre uno y otro segmento de población es mayor en países como Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México y Brasil, y menor (son casi tan pobres los unos como los otros) en Honduras, El Salvador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Chile o Paraguay).

En un reciente GraphForThought (Gráfico para el pensamiento), el Pnud afirma que los sistemas de protección social actuales enfrentarán cada vez más presión en las próximas décadas.

Expone que la transición demográfica -el proceso por el cual las sociedades pasan de tasas altas de natalidad y mortalidad a tasas más bajas, conduciendo finalmente a una población envejecida- está ocurriendo mucho más rápido en la región que en los países desarrollados.

En promedio, a Europa le tomó 56 años que la proporción de personas de 65 años o más pasara de ser el 10 % al 20 % de la población. En América Latina y el Caribe esta transición ocurrirá en aproximadamente la mitad de ese tiempo. Brasil, por ejemplo, dará este salto en tan solo 25 años.

Este cambio acelerado significa que la región latinoamericana experimentará un más corto dividendo demográfico (cuando la proporción de la población en edad de trabajar es mayor que la de las poblaciones dependientes).

Mientras que los países desarrollados disfrutaron de largos períodos de crecimiento con grandes poblaciones en edad de trabajar, muchos países de la región corren el riesgo de envejecer antes de alcanzar niveles de riqueza comparables.

Con una productividad laboral estancada y un crecimiento económico aún dependiente del aumento de la población empleada, el envejecimiento agrega presión adicional sobre el desarrollo, advierte el reporte.

Además, tensiona a los sistemas de salud y pensión: el financiamiento de beneficios y servicios para un número creciente de adultos mayores recaerá sobre una población en edad de trabajar cada vez más pequeña, generando estrés fiscal y arriesgando la exclusión de grupos vulnerables de servicios esenciales.

Pero el Pnud también advierte de que “curiosamente, parte de la solución puede encontrarse en la propia protección social: aumentar la participación laboral, especialmente de las mujeres, puede expandir la fuerza laboral y estimular la economía”.

Para lograrlo, considera esencial ampliar el acceso a sistemas de cuidado de calidad, y “mejorar la productividad laboral también es urgente, lo que requiere invertir no solo en los trabajadores e industrias actuales, sino también en la próxima generación”.

En resumen, “en un contexto de rápido cambio demográfico y creciente incertidumbre, promover sistemas de protección social más sólidos e inclusivos será central para construir un desarrollo humano resiliente en América Latina y el Caribe”, concluye el informe del Pnud.

Brasil: petróleo en el margen ecuatorial

Pâulo Klias

La posibilidad de continuar explorando las reservas petrolíferas se convierte en una cuestión de soberanía nacional.

La próxima COP 30 en Belém, Pará, ha dificultado un debate más sereno y racional sobre las posturas más adecuadas que Brasil debería adoptar respecto a la exploración del potencial petrolero del llamado Margen Ecuatorial. La creciente sensibilidad en torno a esta importante reunión de las Naciones Unidas introduce diversos elementos en el panorama general de las cuestiones de sostenibilidad.

La trigésima edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebrará en el corazón de la Amazonía. La decisión del gobierno brasileño de albergar el evento en el corazón de una de las reservas forestales más importantes del planeta está cargada de simbolismo político. Por un lado, subraya la importancia de Brasil como custodio de un bioma y un territorio fundamentales para cualquier plan global de lucha contra los devastadores efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente. Sin embargo, por otro lado, el gobierno actual corre el riesgo de convertirse en un escaparate, debilitándose potencialmente en esta controversia sobre la falta de medidas eficaces para mitigar los efectos del desenfrenado afán de lucro del capitalismo a cualquier precio sobre el planeta.

La región amazónica abarca una amplia gama de factores que actualmente se encuentran bajo consideración. Posee la mayor superficie de bosque nativo del mundo, con una impresionante capacidad para absorber dióxido de carbono y devolver oxígeno a la atmósfera. Cuenta con una gran reserva de agua en sus ríos y acuíferos, así como con el fenómeno de los ríos voladores. Esta área de dimensiones continentales alberga innumerables especies animales y vegetales, muchas de las cuales aún se desconocen y la gran mayoría se comprenden y estudian de forma insuficiente. Por otro lado, es el hogar de poblaciones indígenas que buscan mantener su estilo de vida de respeto y admiración por la naturaleza.

Potencial que debe explorarse con cautela y prudencia.

Resulta que la decisión estratégica adoptada por nuestras élites de adoptar el modelo neocolonial de división internacional del trabajo ha convertido a Brasil, en las últimas décadas, en un importante exportador de productos agrícolas, ganaderos y minerales. Además de contribuir enormemente a la desindustrialización de nuestra economía, este camino ha fortalecido el agronegocio en todas sus dimensiones: política, económica, tecnológica, cultural, social y ambiental. Entre otros aspectos devastadores, el ciclo que comienza con la deforestación ilegal mediante la tala ilegal, continúa con la introducción de la ganadería extensiva y culmina con la llegada de la soja como monocultivo transgénico.

Este es el perverso cóctel que más contribuye al calentamiento global y a la destrucción ambiental. Más allá de todos los desafíos inherentes a la sostenibilidad que conlleva este modelo, la situación brasileña se caracteriza además por el uso indiscriminado de mano de obra en condiciones similares a la esclavitud, la falta de respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y la profundización de la ya inmensa concentración de ingresos y riqueza.

El gobierno brasileño, al igual que la mayoría de los líderes de los países del llamado Sur Global, siempre ha recalcado la necesidad de que los países más desarrollados asuman su responsabilidad en el cambio de rumbo. Ya no cabe duda científica de que nos dirigimos hacia una catástrofe si no se toman medidas efectivas para modificar el modelo imperante en todo el mundo. Sin embargo, la mayor resistencia proviene precisamente de allí. Los llamados países ricos se niegan sistemáticamente a contribuir financieramente a la implementación de un nuevo sistema de producción y un nuevo modo de vida.

Brasil no puede rendirse de forma aislada y unilateral.

En este contexto más amplio, el 20 de octubre, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) finalmente autorizó a Petrobras a iniciar la exploración preliminar del potencial de las reservas petrolíferas marinas, a 500 km de la frontera entre los estados de Amapá y Pará. Esta decisión, que forma parte de un proceso que se venía gestando en el organismo desde 2013, se concretó apenas 20 días antes del inicio de la COP 30. Esta decisión pone de relieve las posibilidades que abre este permiso para la exploración de las reservas petrolíferas subterráneas de la región.

Sin embargo, el tema también debe analizarse desde la perspectiva de la soberanía nacional. Es innegable que el potencial económico que existe allí, aún sin explotar por la humanidad, es incalculable si se convirtiera en reservas internacionales. Un debate similar se dio en 2006, cuando se anunciaron los primeros descubrimientos en la capa presalina. En aquel entonces, resurgió el debate sobre si Brasil debía o no aprovechar las oportunidades que ofrecía la exploración de estas nuevas reservas. Lo importante es determinar la mejor opción para el futuro de nuestro país. Al fin y al cabo, nuestra participación en la producción mundial de petróleo no es lo suficientemente decisiva como para influir significativamente en el ritmo global de dicha actividad.

Según datos presentados por instituciones del sector, Brasil representa aproximadamente el 3% de la producción mundial de petróleo. Sin embargo, este sector está altamente concentrado. Por ejemplo, los cinco países con mayor producción mundial concentran el 50%. Si ampliamos la lista a los ocho países con mayor producción, alcanzamos el 62% del total. Esto significa que una postura aislada de Brasil de reducir unilateralmente el suministro de petróleo no lograría el efecto deseado de reducir el consumo mundial de esta materia prima. Sin un movimiento coordinado que involucre a las principales empresas petroleras, las iniciativas independientes solo perjudicarían económicamente a los países que las adopten.

Brasil ha logrado avances significativos en la diversificación de sus fuentes energéticas, incluyendo cada vez más fuentes renovables que presentan riesgos ambientales y de sostenibilidad mucho menores. Según el informe más reciente del gobierno sobre el sector —el Balance Energético Nacional—, hemos alcanzado el hito de que el 88% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables, una tasa muy superior al promedio mundial y al de los países de la OCDE. En cuanto a su estrategia para reemplazar los derivados del petróleo, el país continúa expandiendo su suministro de etanol y biodiésel, además de anunciar su compromiso de incrementar el uso de combustible de aviación de origen vegetal (SAF) en lugar del queroseno tradicional.

Transición hacia fuentes renovables y soberanía nacional.

Por lo tanto, la posibilidad de continuar explotando las reservas petroleras se convierte en una cuestión de soberanía nacional. El modelo debería modificarse para que Petrobras, como empresa estatal responsable de la actividad, sea la única autorizada para impulsar estas actividades de exploración e investigación. Este enfoque prudente evitaría que las compañías petroleras extranjeras provoquen desastres debido a su absoluta falta de compromiso con cualquier proyecto de desarrollo nacional. Al colocar a su empresa de capital mixto al frente de la exploración de estas nuevas reservas, el gobierno federal actuaría con cautela e implementaría acciones coordinadas con las demás agencias involucradas, como el IBAMA y la Fiscalía General.

Por otro lado, el modelo debería recuperar la idea del Fondo Soberano de Inversión, que se constituiría con los beneficios e ingresos derivados de esta actividad. Este sistema se concibió al comienzo del período presal, pero su diseño original se fue deteriorando gradualmente. Tras su recuperación, este activo financiero debería destinarse exclusivamente a generar recursos para la educación, la ciencia y la tecnología. Los recursos del Fondo Soberano de Inversión no podrán, bajo ninguna circunstancia, utilizarse para sufragar otros gastos presupuestarios.

El momento del anuncio de liberación del IBAMA no fue, sin duda, el más oportuno desde una perspectiva política. Este tipo de decisión no hace sino agravar las enormes dificultades que ya enfrenta Brasil como país anfitrión de la COP30. Sin embargo, la narrativa de las organizaciones ambientalistas no puede ser la única que proponga una alternativa a esta compleja situación. Existen otras opciones además de simplemente prohibir la explotación de las reservas. Si los países más ricos se comprometen con una agenda de sostenibilidad viable, Brasil tiene todas las oportunidades para contribuir positivamente a ella. Pero no podemos renunciar a este potencial económico de forma aislada y de manera irresponsable hacia las futuras generaciones.

*Doctor en Economía y miembro de la trayectoria profesional de Especialistas en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental en el gobierno federal.

Petroperú: rindiendo cuentas al país

Alejandro Narváez Liceras (*)

Cuando asumí la presidencia del directorio de Petroperú el 8 de noviembre de 2024, lo hice en medio de una gran tormenta: abultadas pérdidas acumuladas, capital de trabajo negativo, deuda elevada, y una clara falta de credibilidad operativa y de gestión de las administraciones previas. La empresa requería no solo un salvavidas financiero, sino una transformación profunda y un nuevo estilo de gestión que la sacara del declive estructural por la que atravesaba. En este artículo se analiza el contexto de crisis que heredé, los retos que enfrenté al iniciar mi mandato, y algunos logros concretos que alcancé en mi corto periodo de gestión.

El legado de crisis heredado

Al cierre de octubre de 2024, la empresa se encontraba con un capital de trabajo negativo de 1,953 millones de dólares y unas pérdidas acumuladas de 2,207 millones de dólares que consumían su patrimonio. Además, operaba con liquidez comprometida, sin líneas de crédito de la banca privada local, con un endeudamiento que excedía su capacidad operativa, con una gobernanza institucional muy cuestionada, alta rotación de directores, ausencia de un plan de negocios claro y una imagen corporativa devaluada.

El diagnóstico era contundente: “La empresa estaba camino a la quiebra técnica”, como lo calificaron algunos analistas. Por tanto, asumir en ese escenario significaba un doble desafío: estabilizar la sangría de sus operaciones y recuperar la confianza de mercados, acreedores financieros, proveedores y del Estado.

Las líneas estratégicas de intervención

Desde mi designación, establecí un programa de trabajo centrado en cuatro vectores principales:

1. Reducción de pérdidas operativas y reactivación de márgenes: la principal prioridad de mi gestión era cerrar 2025 con un EBITDA positivo y alcanzar resultados igualmente positivos (EBITDA y utilidad neta) a partir del 2026. Recordemos el EBITDA es un indicador financiero clave que mide la rentabilidad operativa bruta de una empresa antes de deducir intereses, impuestos, depreciación y amortización. Se utiliza para evaluar la eficiencia de una gestión y la capacidad de una empresa para generar ganancias a partir de su actividad principal.
2. Incremento de la cuota de mercado y fortalecimiento de la presencia comercial: En octubre de 2024 la cuota mercado de la empresa estaba en 25%. En setiembre de este año 2025 dicha cuota bordea el 30%. Es decir, un tercio del mercado nacional de combustibles está actualmente en manos de Petroperú.
3. Mejora de la gobernanza: Luego de un periodo crítico (2022-2024) caracterizado por pérdidas financieras abultadas, baja calificación crediticia y cuestionamientos sobre su transparencia, la empresa se ha propuesto un cambio sustancial en materia de gobernanza y rendición de cuentas.
4. Alineación con la seguridad energética nacional. La seguridad energética es, sin duda, uno de los pilares estratégicos para el desarrollo sostenible de cualquier nación. Petroperú (empresa pública históricamente vapuleada por prejuicios ideológicos y errores de gestión pasados) es un actor clave para garantizar el abastecimiento energético y apuntalar la soberanía nacional en este sector estratégico.
5. Logros concretos de la gestión

Estos cuatro ejes permitieron alcanzar en corto tiempo algunos logros que se presentan a continuación.

Aunque mi período fue breve y sujeto a numerosos condicionamientos políticos y financieros, las siguientes acciones pueden considerarse como logros destacables:

1. a) Mejora operativa temprana: Para 2025 Petroperú proyecta un EBITDA positivo conservador de 5 millones de dólares (2024: -296 MM de dólares) (ver gráfico). Esta cifra supone un cambio de tendencia en su historia reciente, lo que permite avizorar una ruta de recuperación. Esto no significa que la crisis esté superada, pero muestra que hay una tendencia de estabilización en sus indicadores operativos clave.
2. b) Incremento de la presencia comercial regional: En lo que va de este ejercicio 2025 se viene exportando combustibles a países vecinos (Colombia, Chile, Ecuador, Brasil) y a Estados Unidos. Por otro lado, se tiene en camino la firma de acuerdos comerciales con Ecuador y Bolivia. Este resultado apunta a una empresa que sale de su rol doméstico para convertirse en actor internacional.
3. c) Logros en gobernanza:Los principales logros en materia de gobernanza son:

• Fortalecimiento institucional. Se han implementado nuevos lineamientos de gobierno corporativo basados en estándares de la OCDE y se han establecido códigos de ética más estrictos.
• Transparencia y rendición de cuentas. Desde noviembre de 2024, Petroperú reporta trimestralmente sus estados financieros a la SMV, a la Junta General de Accionistas, a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, etc. lo cual ha mejorado significativamente la confianza de actores financieros nacionales e internacionales reflejado en la calificación de “estable” de la empresa Moodys. También prueba de ello los bonos de Petroperú han tenido un rendimiento histórico de 14% en los mercados internacionales (véase Bloomberg).
• Gestión eficiente de proyectos. La Nueva Refinería Talara (cuestionada por años) ha logrado finalmente alcanzar niveles de operación del 85% de su capacidad instalada.

1. d) Reconocimiento institucional de la dirección: En mayo de 2025, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (la más importante del país), me distinguió como “Personalidad Sobresaliente” por mi acercamiento a la profesionalización de Petroperú y su aporte al desarrollo nacional. Si bien esto no es un logro operativo per se, sí configura una señal de credibilidad para el mercado de la alta dirección de la empresa.

Consideraciones finales

Petroperú enfrenta desafíos reales: deuda elevada y devaluada credibilidad. Pero también está en un momento de inflexión, con señales más positivas que reconocen diversos analistas financieros internacionales. Desmontar las mentiras de algunos analistas sobre su situación no significa ignorar sus problemas, sino entenderlos con precisión técnica, reconocer los avances y exigir reformas estructurales que permitan aprovechar su rol estratégico para el país. La empresa no puede seguir siendo vista como una carga, sino como un vehículo de soberanía energética y desarrollo nacional.

Petroperú no es simplemente una empresa petrolera: es una palanca de desarrollo nacional, un instrumento de soberanía energética y un pilar de la integración territorial. El debate público debe girar hacia cómo reformarlo, fortalecerlo y alinear sus objetivos con una visión de país a largo plazo. En tiempos de crisis geopolítica, transición energética y disputas por recursos naturales, tener una empresa estatal fuerte, transparente y eficiente no es un lujo: es un imperativo geoestratégico.

*Doctor en Ciencias Economices, Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Expresidente de Petroperú.

 

CEPAL: se cerró ventana del nearshoring para México

Dora Villanueva 

El mundo de la certidumbre ya no existe. Su primer quiebre fue la crisis financiera de 2008, y sobre ese cisma vino una ruptura en 2015, cuando los principales centros de pensamiento de Estados Unidos y Europa comenzaron a decir abiertamente: la globalización ya no nos funciona, no nos sirve.

En este nuevo entorno, la ventana de la relocalización para México parece haberse cerrado y el nuevo enfoque de las inversiones se encuentran en la producción para el mercado local, explicó Jorge Mario Martínez Piva, director interino de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en México.

“Pareciera, y lo sabíamos, que la ventana del nearshoring no era eterna. Tenía una entrada y una salida. Bueno, la entrada fue un momento, parece que la salida ya llegó. ¿Se acaba con eso la inversión? No, se acaba esa forma y ahora se abren otras (…). Entonces, yo no sería pesimista, todo lo contrario”, dijo en entrevista con La Jornada. Enfatizó que ahora, así como se hizo hace siete décadas, cuando la Cepal hizo la propuesta de industrialización por sustitución de importaciones, el riesgo es que América Latina y el Caribe vuelvan a quedar en la periferia.

“Hoy lo que vemos es que hay un riesgo muy alto de otra vez quedarnos en la periferia, pero ya no necesariamente en materia industrial, sino en servicios, en inteligencia artificial, en software, en nuevas tecnologías, en todo lo que es la industria 4.0, que no solamente es chips y carros eléctricos, estamos hablando que la agricultura también es industria 4.0”, agregó.

Pensar fuera de la caja

El economista explicó que si bien esa ventana para producir cerca de Estados Unidos, como mercado de destino final, parece haber concluido, hay ejemplos en América Latina de programas que intentan contrarrestar estos cambios con políticas hacia el desarrollo nacional. A su parecer, en este punto, el Plan México mueve el centro de las inversiones hacia la producción nacional, hacia el mercado interno y algunos terceros, como medida para contrarrestar los vaivenes geopolíticos a nivel global.

“La incertidumbre está ahí, nos viene de fuera, por tanto es muy difícil actuar sobre ella. Creo que no solamente se refiere al actual gobierno de Estados Unidos, que ha generado mucha incertidumbre; si nos damos cuenta, venía desde antes y posiblemente siga. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. La geopolítica está cambiando la forma en que se relacionan los países y las instituciones estables que conocíamos ya no están ahí.

“En el caso de México, que tiene un vínculo tan fuerte con Estados Unidos, la incertidumbre sí tiene que ver precisamente con la política comercial de ese país, pero si nos damos cuenta, la inversión extranjera directa va bien (…) Posiblemente veremos que algunas inversiones que son muy susceptibles a esa inestabilidad se van a congelar o posponer, pero hay otras –por ejemplo, las que producen para el mercado interno mexicano y terceros– que siguen adelante.”

En ese punto, más allá de su acuerdo con Estados Unidos y por ello, una cierta restricción a los intercambios con China, Martínez Piva apuntó que México tiene varios caminos para diversificar sus relaciones comerciales, de investigación y desarrollo, sobre todo con otras economías de América Latina y el Caribe.

“Estados Unidos es la economía más potente del mundo y por tanto seguirá siendo un imán y eso es inevitable. Y está bien, hay que sacar provecho de eso. Pero también es importante que México haga esfuerzos que no se dan de manera de manera espontánea”, recomendó.

“La geopolítica juega. Entonces, posiblemente haya restricciones, temores o frenos para tener lazos comerciales con países asiáticos, porque el socio principal que es Estados Unidos, no ve con buenos ojos algunas de estas relaciones. Sin embargo, Asia es muy grande. Está la India, que está creciendo muchísimo. Está Japón, que siempre ha sido un socio comercial importante de México. Y en ese sentido, creo que no todo es comercio.”

Más allá de las relaciones comerciales, también se pueden tener socios fiables en áreas de investigación y desarrollo, consideró el investigador. Por ejemplo, México puede producir vacunas y en el mismo sector hay otros países que destacan como Brasil, Argentina y Cuba.

“Puede haber acuerdos de innovación, de patentes. Esas son áreas en las que los países pueden incursionar y eso no es un tratado de libre comercio (…) hay que pensar fuera de la caja.”

Sobre la dimensión de los recursos públicos necesarios para que la inversión pública pueda atraer también a privados –esto en un contexto en que hasta agosto el gasto de capital acumula una caída de 33. 7 por ciento en México– el economista apuntó que los parcos márgenes fiscales obligan a ver otras alternativas.

“No es un problema sólo de México, todos los países en desarrollo tienen escasez de recursos. Entonces la respuesta no está en poner mucho dinero, porque no lo tenemos, sino en una combinación de políticas que pueden dar para sí generar un cambio en la matriz productiva”, apuntó.

En los últimos tres sexenios varias iniciativas sobre industrialización se han levantado, primero con las Zonas Económicas del Bienestar, proyecto que con varios saltos se volvió los Polos de Desarrollo para el Bienestar, que ahora se recuperan en el Plan México.

Al respecto, se preguntó a Martínez cómo lograr una continuidad en las políticas de desarrollo más allá de los cambios de gobierno.

Martínez Piva respondió que la política pública de largo aliento no puede depender sólo del gobierno ni del Estado, porque “por su naturaleza, sobre todo en países democráticos, cambia”, sino de incorporar a otros actores que tienen visiones de largo plazo, como la sociedad civil y la academia. Agregó que un buen ejemplo de este enfoque se encuentra en las políticas de clúster y ahí México tiene una gran experiencia.

Más allá de lo que puede hacer el país, con la iniciativa de la actual administración para atraer al sector privado a través del Plan México, el funcionario de Cepal reiteró que actualmente la incertidumbre a nivel global refuerza la importancia de que tanto los productores nacionales como los mismos consumidores y la sociedad sepan que el país busca determinar su proyecto de desarrollo más allá de lo que pase fuera de sus fronteras.

Sobre todo porque el “mundo de la incertidumbre”, como lo llama Martínez Piva, se impuso. El primer cisma, “la crisis financiera de 2008 fue un baño de realidad para el mundo cuando hasta ese momento se decía: los mercados se autorregulan, que el Estado no intervenga, o sea, eran la aplicación estricta del Consenso de Washington. En 2008 hubo una crisis financiera provocada precisamente por la liberalización financiera. Entonces, los mercados no se autorregularon y tuvo que entrar el Estado al rescate.

Esto se reflejó en el descontento de las clases medias de países desarrollados que notaron que sus ingresos se habían estancado y, con ello, “los centros de pensamiento más importantes en Estados Unidos y en Europa comienzan a decir abiertamente: la globalización no nos funciona, no nos sirve.

“Eso empieza en 2015. Creo que estamos en el ojo del huracán, no sabemos todavía cuándo va a terminar ni para dónde vamos, solamente sabemos que las cosas como las conocíamos están cambiando.”

 

Para 2037 Uruguay perderá 13% de sus pastizales naturales

Leo Lago

De mayoría absoluta a mayoría relativa: estudio revela que si la producción agroforestal se sigue expandiendo al ritmo de las últimas décadas, para 2037 los pastizales naturales cubrirán sólo 46% de nuestro territorio (eran el 80% en 1990) y se perderán valiosos servicios ecosistémicos.

El asunto ya es sabido: en nuestro país los pastizales naturales son la cobertura del suelo dominante. Varios miles de años fueron forjando una evolución conjunta entre esos pastos sudamericanos y un diverso ensamble de fauna, flora, hongos y bacterias. Más allá de que en el pasado lejano dieron sustento a mamíferos enormes, sin los pastizales naturales no tendríamos hoy maravillas como los venados de campo (hoy, de las 64 especies de cérvidos que viven en América y el resto del mundo, son los únicos ciervos que viven exclusivamente en ambientes abiertos), las mulitas y diversas aves de pastizal, como el emblemático ñandú. Los ecosistemas tienen esa cosa magnífica de ser un entramado de diferentes especies que dependen unas de otras y que cumplen con la máxima de que “nadie se salva solo”.

En un pasado no tan lejano los pastizales ocuparon gran parte de nuestro territorio. En 1832 el naturalista inglés Charles Darwin, al visitar nuestro territorio, anotó en su diario que presenció “un inmenso campo abierto con suaves ondulaciones del terreno cubierto por una capa uniforme y densa de hierba verde” y, mirando precisamente las variaciones de los ñandúes de aquí y del sur de Argentina, comenzó a pensar que los animales variaban para adaptarse a distintas condiciones ambientales. También ayudaron las mulitas y tatús del pastizal y sus parientes fósiles, como los gliptodontes, que le hicieron pensar al joven naturalista que los animales de un mismo lugar también cambian con el tiempo. Así las cosas, en parte los pastizales naturales de Uruguay aportaron su granito de arena a la gestación de la fabulosa teoría de la evolución que Darwin detallara en su libro El origen de las especies, de 1859).

No tenemos mapas satelitales ni censos agropecuarios que nos digan cuánta de la superficie del novel Uruguay ocupaban los pastizales en 1832. Podemos pensar, eso sí, que era una gran parte, ya que según datos del Censo Agropecuario, hace apenas unas décadas, en 1990, conformaban prácticamente 80% del territorio. Pero las cosas desde entonces cambiaron drásticamente: según un relevamiento de la iniciativa MapBiomas, entre 1985 y 2022 Uruguay perdió 20% de sus pastizales naturales y hoy se extienden por el 55% del territorio.

Mientras en otras latitudes se preocupan por la deforestación, en Uruguay, donde se promueve la plantación de árboles de unas pocas especies exóticas, el principal problema de cambio de uso del suelo no es la pérdida de bosques que se talan para cultivar o criar ganado, sino la despastizalización, es decir, la transformación de pastizales para albergar cultivos o plantaciones forestales. Para colmo, el pastizal, pese a ser el ecosistema más amenazado del país (y también de vastas regiones del mundo y de América del Sur) no cuenta con ninguna protección legal ni medidas especiales de conservación. Peor aún, cuando se intentó aquí hacer una ley de protección del pastizal natural, al igual que en otras latitudes hay quienes niegan el cambio climático, aquí hubo negadores de la despastizalización, pese a que está perfectamente documentada tanto por investigaciones científicas como por datos oficiales de los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La ciencia tiene entre sus cometidos aportar evidencia. Y vaya si la aporta una reciente publicación. El artículo titulado algo así como “Cambios proyectados en la cobertura del suelo y sus consecuencias sobre la oferta de servicios ecosistémicos en Uruguay” es espectacular: dado que ya sabemos que estamos perdiendo pastizal desde hace décadas, como si miraran en una bola de cristal científica, el trabajo nos cuenta cuánto pastizal más perderemos de aquí a 2037 si seguimos como venimos y no hacemos nada al respecto.

Así como hubo expertos que evaluaron cuánto subiría la temperatura global si seguían las tendencias del cambio climático, y eso ayudó a ponernos metas de emisiones de gases de efecto invernadero, el artículo firmado por Federico Gallego y José Paruelo, ambos del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y el segundo también de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de la Estación Experimental La Estanzuela del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), es una baliza más en una cadena de señales de alarma sobre el proceso de pérdida de pastizal en el que estamos metidos.

Así que más rápido de lo que se transformó el paisaje en varias zonas del país, salimos al encuentro de Federico Gallego para hablar del futuro que nos toca si no actuamos en el presente.

Claves de esta investigación

• El trabajo se propuso estudiar “cuáles serán los principales cambios en la cobertura del suelo en Uruguay en las próximas décadas” sobre la base de las tendencias observadas hasta el presente y determinar cómo podrían afectar la provisión de servicios ecosistémicos.
• Para eso recurrieron a mapas de cobertura de suelo de MapBiomas Uruguay de los años 2000, 2010 y 2019. Los mapas tienen información de uso del suelo en 6.856 celdas de 5×5 kilómetros que abarcan todo el país. En ellas vieron cuánta era la tasa de conversión entre cultivos, pastizales naturales y forestación.
• Recurriendo a cadenas de Markov (una forma de predecir qué pasará de acuerdo a lo que ha pasado inmediatamente antes), estimaron cómo cambiaría el suelo para 2028 y 2037.
• Reportan que el pastizal, que cubría 60% de la superficie terrestre de Uruguay en el 2000 y 53% en 2019, pasará a ser 48% en 2028 y 46% en 2037.
• Para 2037 los cultivos abarcarán 30% del territorio (ocupaban 23% en el 2000) y las forestaciones 11% (cubrían el 5% del suelo en el 2000).
• Sostienen que estas transformaciones “no sólo reducirían la extensión de los hábitats de pastizales, lo que provocaría una pérdida de biodiversidad, sino que también tendrían profundas consecuencias ambientales”.
• Por otro lado, calcularon los servicios ecosistémicos que presta cada una de las 6.856 celdas para los años analizados utilizando el índice de oferta de servicios ecosistémicos, elaborado por el propio grupo de investigación.
• Reportan que entre 2000 y 2037, sin tener en cuenta zonas con forestación, los cambios de uso de suelo implican una pérdida promedio de servicios ecosistémicos de 5%.
• Los impactos no son sólo ambientales, sino también sociales: reportan que “la reducción del acceso a servicios ecosistémicos como el forraje y el agua potable” podrían aumentar “la vulnerabilidad de las comunidades rurales”, pudiendo generar “dificultades económicas y erosión cultural”.
• Concluyen que “las consecuencias ambientales y sociales de la transformación de los pastizales ponen de relieve la necesidad de regular el avance de las tierras de cultivo y la forestación”, y esperan que sus hallazgos proporcionen “una base empírica importante para la planificación territorial y la gestión sostenible de los recursos naturales”.

Pensar qué país le dejamos a la generación que viene

¿Cómo surge esta idea de ver a futuro qué pasará con el cambio de uso del suelo y cómo eso impactará sobre los pastizales naturales de Uruguay? Federico Gallego dice que la investigación nació en el marco de su tesis de doctorado en Ciencias Ambientales.

“Con José Paruelo, que fue mi tutor y que es coautor del artículo, nos planteamos mirar el uso del suelo y generar una proyección a los próximos diez o 20 años de cómo podrían variar y del impacto que esos cambios podrían implicar sobre los servicios ecosistémicos y sobre la naturaleza en general”, sostiene.

En el artículo ambos dicen claramente que el estudio se propuso abordar dos interrogantes: por un lado, “cuáles serán los principales cambios en la cobertura terrestre en Uruguay en las próximas décadas según las tendencias observadas”; por otro, “cómo afectarán estos cambios en la cobertura terrestre la provisión de servicios ecosistémicos”. Vayamos a eso.

 

Capta la informalidad a 54.9% de los trabajadores en México

Clara Zepeda

En los primeros nueve meses de 2025, el sector informal de la economía es el principal empleador en México y alcanzó el tercer mayor dato de creación de empleo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene registro.

A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que levanta mensualmente el Inegi, la creación de empleo en el sector informal ascendió a un millón 235 mil 214 en el acumulado de 2025, cifra superada por al mismo periodo de 2021 (un millón 655 mil 556) y de 2011 (un millón 409 mil 646).

En contraste, se perdieron 311 mil 903 puestos en el sector formal.

La fuerza de trabajo en México (datos de septiembre de 2025) es de 60.3 millones de personas, de ellos 27.2 millones tienen un empleo formal y 33.1 millones informal. Esto implica que 54.9 por ciento de los trabajadores del país no gozan de ningún tipo de protección social, de salud, de contratación u otras prestaciones.

A su vez, alrededor de 16.4 por ciento de estos 33 millones pertenecen al ámbito agropecuario; 6.8 por ciento, al trabajo doméstico remunerado; y 53 por ciento, al sector informal como tal. De ese total, 50.1 por ciento son trabajadores asalariados, que en teoría deberían tener prestaciones.

Históricamente, la cantidad de empleos formales ha sido menor que la cantidad de informales, tanto de manera absoluta como relativa; sin embargo, desde 2005 ha habido un proceso de transición de la población ocupada de empleos informales hacia empleos formales.

Las mujeres ocupadas se encuentran en mayor medida en informalidad laboral que los hombres. En cuanto al estado civil de las personas, la formalidad laboral es preponderante para los hombres casados mientras que la informalidad laboral es predominante entre las mujeres casadas.

La informalidad laboral es uno de los problemas más importantes en México, porque tiene implicaciones sociales y económicas muy relevantes, porque más de la mitad de la población ocupada no tiene derechos.

Analistas económicos coinciden que la informalidad es el principal enemigo de la productividad y del crecimiento y es lo que explica el estancamiento económico y representa un inmenso problema. El mercado laboral se está deteriorando y eso deja a las personas vulnerables en un contexto con altos niveles de informalidad.

Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) han destacado que la respuesta del desempleo a las variaciones cíclicas del producto es más débil cuando los niveles de informalidad son más altos. Además, se observa que la informalidad disminuye en los periodos de fuerte crecimiento y aumenta en los de bajo crecimiento.

Esto hace pensar que la posibilidad de entrar y salir del sector informal protege en parte a los trabajadores de las fluctuaciones del ciclo económico, lo cual atenúa el impacto del ciclo en las tasas de desempleo. Por ejemplo, cuando una economía de mercado emergente entra en recesión, los trabajadores que en otras circunstancias habrían estado empleados pueden encontrar ocupación informal.

 

Panorama Internacional

1.- La deuda de Estados Unidos preocupa al FMI

Eduardo Camín *

La deuda de Estados Unidos está fuera de control a imagen y semejanza de su presidente el magnate financiero Donald Trump una deuda que por otra parte ya supera en cantidad al PIB de China, Japón, Reino Unido, India y Alemania juntas. Los expertos señalan que estos niveles de endeudamiento solo se pueden comparar con los que se registraron tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que existe cierta expansión económica y todavía el país no está directamente (si indirectamente) involucrado en ningún conflicto bélico.

A finales de octubre de 2025, la deuda pública de Estados Unidos ha superado los $38 billones, lo que equivale a una deuda de unos $111,000 por persona alcanzando de esta forma un máximo histórico. Aunque esta es la mayor del mundo en términos absolutos, la forma de comparar la deuda americana con la del resto de países es analizando su peso sobre el PIB nacional. En 2024, esta deuda alcanzó el 122.32% del PIB de Estados Unidos, un aumento con respecto al 119.84% de 2023.

Y se calcula que el déficit estadounidense cerrará por encima del 7% en los próximos cinco años es decir que la deuda pública de Estados Unidos está encaminada a superar el 143,4% para 2030, por lo que destacará como 'farolillo rojo' por delante de países como Grecia o Italia, según se desprende de los pronósticos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI ha alertado de que la deuda norteamericana aumentará en más de 20 puntos en tan solo cinco años al prever que el déficit cierre por encima del 7% en todos los ejercicios analizados. El desfase entre ingresos y gastos será el mayor de entre las economías desarrolladas. Por otra parte, las proyecciones publicadas por la propia Oficina de Presupuestos del Congreso de EE. UU. apuntan a  que la trayectoria de la deuda será ascendente y alcanzará el entorno del 160% para 2050.

A su vez, Scope Ratings ha rebajado recientemente en un peldaño las calificaciones de emisor a largo plazo y de deuda sénior no garantizada en moneda local y extranjera de EE. UU. para dejarla en AA-; desde AA.  Igualmente, ha revisado la perspectiva de «negativa» a  «estable».  El deterioro sostenido de las finanzas públicas y el debilitamiento de los estándares de gobernanza han justificado esta rebaja, ha razonado la calificadora de riesgos en referencia a unos déficits federales persistentemente elevados y a una carga neta de pago de intereses cada vez mayor.

Scope ha advertido de que esta dinámica provocará un aumento continuo de la ratio de la deuda pública respecto del PIB. Así, tocará el 140% para 2030.

La agencia ha avisado de que la prórroga de los recortes fiscales anteriores y la elevada proporción del gasto obligatorio limitan la flexibilidad presupuestaria a corto plazo, mientras que, a más largo plazo, los retos de la deuda se verían agravados por los pasivos contingentes sin financiación, en particular los derivados de Medicare y Medicaid. La»One Big Beautiful Bill Act» (OBBBA) ha contribuido al debilitamiento de las perspectivas fiscales», ha destacado Scope, que ha anticipado que el déficit cerrará en el 7,4% del PIB este 2025. De 2026 a 2030 se anotará una media del 7,8%.

Recordaremos que la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) preveían en enero del año 2020 que la deuda bruta de Estados Unidos alcanzaría este punto después del año 2030, pero es cierto que el pasivo del país se incrementó de manera notable durante la pandemia.

Durante el primer mandato de Donald Trump y el de Joe Biden, el gobierno federal se endeudó fuertemente para poder reequilibrar la economía tras la parálisis del Covid. Por otro lado, El Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía en su Monitor Fiscal de 2025, publicado en abril, que la deuda de Estados Unidos cerraría este año en el 122,5% del PIB y que seguiría aumentando hasta el 128,2% del total de la economía del país para el año 2030. Por tanto, estos 38 billones de dólares ya superaron con creces los pronósticos del organismo bilateral y de los organismos nacionales.

Pero esto solo será el principio, tras la aprobación de la nueva think thank asegura en un informe que su estimación está en que la Ley One Big Beautiful Bill (algo así como Una bella y grande factura) «añadiría 3,3 billones de dólares a la deuda, incluyendo intereses o 5,2 billones si sus disposiciones temporales se hacen permanentes». La «gran y bella» reforma fiscal que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó, amenaza con desbocar todavía más la deuda y el déficit del país.

De acuerdo con un informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), las propuestas de recortes fiscales del presidente podrían disparar la deuda nacional hasta representar el 145 % del PIB en 2035, que coincide con el horizonte de aplicación del proyecto de ley. Además, el déficit, que ya de por sí es elevado, podría alcanzar el 9,6 % del PIB al finalizar ese mismo período fiscal.

Para el año 2027, cuando las políticas fiscales propuestas estén plenamente implementadas, se estima que el déficit federal se incrementará en casi 600.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 1,8 % del PIB. Según los especialistas del organismo, este aumento refleja el efecto neto de unos 770.000 millones de dólares en nuevos préstamos frente a apenas 180.000 millones de dólares en medidas compensatorias.

El propio CBO predijo en su momento, cuando salió a la luz el plan fiscal de Trump y antes de que fuese aprobado por las Cámaras, que esta reforma de impuestos añadiría 4,1 billones de dólares a la deuda nacional en la próxima década.

La realidad es que el alto nivel de deuda de Estados Unidos genera preocupación en los mercados financieros globales, a su vez el aumento del gasto público no financiado con impuestos puede contribuir a la inflación. Los riesgos asociados a la deuda estadounidense podrían generar una crisis en los mercados financieros, especialmente si los tipos de interés aumentan significativamente. Por su parte algunos expertos argumentan que la enorme deuda de EE. UU. es necesaria para que el país pueda suministrar dólares al mundo, ya que existe una alta demanda de esta divisa de reserva. En este sentido, la deuda estadounidense se considera una exportación..

Promesas y realidades de una gran rebaja de impuestos

La ley plantea, tal y como prometió el magnate en campaña, una prórroga de las reducciones de impuestos implementadas en la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, haciendo permanentes los niveles más altos de deducción estándar, con un aumento temporal de 1.000 dólares adicionales para contribuyentes solteros para los años fiscales 2025-2028.

Por otro lado, los intereses de préstamos para vehículos personales son deducibles hasta 10.000 dólares al año, con una deducción para las personas de altos ingresos a partir de los 100.000 dólares (200.000 para quien hace una declaración conjunta). Asimismo, en consonancia con sus promesas electorales, elimina también los impuestos sobre las propinas y las horas extra, aumenta el crédito tributario por hijos temporalmente hasta los 2.500 dólares por hijo entre 2025 y 2028; e incrementa el límite de deducción de los impuestos locales (SALT) de 10.000 dólares a 40.000 dólares por hogar.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, economista y presidente de Freemarket, describió la propuesta fiscal como «insostenible». A su juicio, las reducciones impositivas no encontrarán compensación alguna en los ingresos procedentes de los aranceles. También advirtió que aplicar un recorte tributario de tal magnitud en un contexto de crecimiento económico debilitado equivale, en sus palabras, a la crónica de una muerte anunciada.

Lo cierto es que, si se atienden a los datos de recaudación del Tesoro correspondiente al mes de junio, los ingresos por aranceles aumentaron. En concreto, se recaudaron unos 27.000 millones de dólares en aranceles en el sexto mes, frente a los 6.000 millones de junio del año anterior. Pero, a pesar de ese incremento, las tarifas a productos extranjeros siguen siendo un ingreso insuficiente.

Hasta el momento, los derechos de aduana —que incluyen los aranceles— han generado 108.000 millones de dólares en el presente año fiscal. Junio marcó el récord mensual más alto hasta ahora, y si se mantiene la tendencia, se estima una recaudación anual cercana a los 300.000 millones. Es una cifra relevante, pero insuficiente para un gasto de siete billones de dólares.

Desde la Fundación Peterson son muy claros y dicen que «de cara al futuro, es crucial que los líderes del paísprioricen políticas fiscalmente responsables que encaminen al país hacia una senda más sostenible». Para tener una idea de cuánto crece ahora mismo el «agujero» en las cuentas estadounidenses y a qué ritmo, Peterson aseguró que ahora «estamos añadiendo un billón más a la deuda nacional cada cinco meses.Esto es más del doble de rápido que el ritmo promedio de los últimos 25 años», reiteró.

A pesar de las alarmas, la deuda estadounidense sigue siendo atractiva para los inversores, ya que está denominada en dólares, la moneda de reserva mundial, y se considera una inversión segura, pero con un manto de dudas a futuro. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo es una preocupación constante para analistas económicos y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).  El aumento de la deuda podría elevar los tipos de interés, lo que encarecería los préstamos para la compra de vivienda y automóviles, y reduciría los salarios.

Una pequeña anécdota demuestra la característica de este desparpajo, en 2024, el gasto de Estados Unidos en el pago de intereses de la deuda superó al destinado a su presupuesto de defensa, un hito que evidencia la gravedad del problema, de un imperialismo en crisis.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (ACANU) en Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

2.Algo que no oíste producirá una crisis financiera: monedas estables

Juan Torres López

Apostaría a que la mayoría de las personas que lean este artículo no han oído hablar nunca de las «monedas estables» (stablecoins, en inglés), a pesar de que son una de las innovaciones financieras más importantes de los últimos tiempos y, sobre todo, a pesar de que su uso mal regulado entraña un gran peligro, como voy a tratar de explicar a continuación de la forma más clara y resumida posible.

¿Qué es una moneda estable?

Una moneda estable es un tipo de criptomoneda con una característica singular.

Como criptomoneda, una moneda estable es lo que hoy día se llama un token, es decir, algo sin soporte físico que representa un valor, como una ficha (token, en inglés) o un código. Su existencia se basa en algo inmaterial como un algoritmo (un conjunto de tareas u operaciones definidas para plantear o resolver algún problema) o una «cadena de bloques» (blockchain, en inglés) que es un gran conjunto de datos (una especie de gran libro de contabilidad digital) organizados en bloques entrelazados con operaciones complejas que le proporcionan seguridad.

Como todas las demás criptomonedas, las monedas estables son un activo (cualquier cosa en poder de alguien y que puede proporcionar rendimiento) de naturaleza digital, cuyo propietario tiene la clave para poder desbloquearlo y realizar así transacciones por un precio equivalente al que tenga en ese momento.

La característica singular de las monedas estables es que su precio no va a variar (de ahí su nombre). Eso es posible porque, a diferencia de lo que sucede con las demás criptomonedas -que depende de la oferta y demanda que de ellas haya en el mercado-, las monedas estables fijan su precio en relación con algún otro activo (una moneda oficial u otra criptomoneda) y lo mantienen siempre constante.

Para que eso sea posible, quien las emite (en principio, cualquier sujeto) crea al mismo tiempo herramientas de estabilización. Su funcionamiento es complejo y no lo voy a explicar aquí. Baste saber que pueden ser los llamados «activos de reserva» que se pueden ir canjeando en cualquier momento para asegurar que la moneda estable mantiene su valor, o bien algoritmos que automáticamente llevan a cabo operaciones de compra y venta para estabilizarlo.

Crecimiento vertiginoso

Aunque empezaron como algo anecdótico y de poco alcance, la expansión de estas monedas estables es hoy día extraordinaria. Según los datos que proporciona la plataforma Allium Labs, el valor total de las que están en circulación a primeros de octubre de 2025 era de 260.000 millones de dólares (según coingecko, 312.000 millones), 65 veces más que hace tan sólo 5 años. En los últimos doce meses se habrían utilizado para realizar 9.600 millones de transacciones por un valor total de 46,8 billones de dólares. De ser así (otras estimaciones dan valores más bajos) significa que casi triplican el valor de las realizadas con tarjetas Visa.

¿Para qué usar monedas estables?

Cuando se conoce la extraordinaria expansión de las monedas estables es inevitable que surja una pregunta: ¿qué sentido o interés tiene utilizarlas si están referenciadas en dólares o en cualquier otra moneda por un valor que no va a cambiar? Es decir, ¿no es lo mismo que usar estas monedas?

Podría decirse que se usan porque hoy día pueden ser más rápidas y menos costosas que las transacciones realizadas, por ejemplo, con tarjetas de crédito o débito. Aunque eso quizá no sea del todo exacto y sea una ventaja que seguramente desaparecería si estas últimas tuvieran que competir con las monedas estables, porque el retraso y las comisiones que cobran sólamente son el resultado de su poder de mercado y no de razones tecnológicas insuperables.

También se podría justificar su uso por la estabilidad, pero en su breve historia ya se ha podido comprobar que las monedas estables no son tan estables como dice su nombre. Ha habido un buen número de casos de desvinculación del dólar o de imposibilidad de liquidar. Sencillamente porque, como diré enseguida, carecen de garantía o de una institución que las respalde.

Igualmente, podría argumentarse que se utilizan pero básicamente en operaciones específicas y no en las transacciones comerciales más habituales. De hecho, su uso principal (90 %) es la compra y venta de criptomonedas y la realización de operaciones en las llamadas finanzas descentralizadas, es decir, las que se mueven al margen de la banca y la bolsa tradicionales. Pero la opinión generalizada es que su próxima e inmediata batalla será la de superar las dificultades que su utilización supone hoy día para el comercio generalizado y expandirse también entre las transacciones más convencionales.

Algunos economistas, como Paul Krugman, creen que esto último no tiene sentido: «No hay nada que se pueda hacer con ellas que no se pueda hacer de forma más económica y sencilla con tarjetas de débito, transferencias bancarias, etc. Es decir, ¿por qué no usar dólares en lugar de tokens que supuestamente están respaldados por dólares?».

El verdadero interés de las monedas estables

A pesar de las desventajas y limitaciones que acabo de señalar, la pregunta de Krugman tiene respuestas. Sí que hay razones por las que está interesando impulsar el crecimiento de las monedas estables, aunque no son las que habitualmente se están dando por quienes las defienden.

Por supuesto y en primer lugar, la que el propio Krugman señala: con las monedas estables se pueden hacer operaciones sin dejar rastro, puesto que su uso es completamente anónimo. Según un informe de Chainanalysis, el 60 % de las transacciones ilegales de criptomonedas (estafas, evasión fiscal y de controles de capital o blanqueo) y en el 80 % de todas las transacciones de criptomonedas por regímenes sancionados y grupos terroristas llevadas a cabo en 2023 se realizaron con monedas estables.

En segundo lugar, las monedas estables van a seguir expandiéndose porque lo desean las grandes corporaciones que dominan el mundo e imponen la agenda de los gobiernos porque serán ellas las que hagan un gran negocio creándolas a su antojo. Cuando las emitan, cuando creen sus propios medios de pago, podrán desentenderse (al menos, en muy gran medida) de las restricciones monetarias que establecen los bancos centrales o los gobiernos, crear sus propios medios de pago, y convertirse en auténticas entidades financieras, dando créditos y financiando a otros o a sí mismas, libremente y con rentabilidad. Además de tener una gran cantidad de datos e información personal de quienes las utilicen.

En tercer lugar, también están interesados en la utilización de las monedas estables quienes realizan remesas transfronteras de cierto valor (un 6 % del total de su uso) y gobiernos y empresas de países con alta inflación, divisas frágiles o inestables, y sistemas bancarios poco fiables. Aunque es cierto que otros, sin embargo, las rechazan precisamente por los motivos que señalo a continuación.

En cuarto lugar, no se puede olvidar que, hoy día, el 97,4% por las monedas estables está referenciado en dólares. Eso quiere decir que, en la práctica totalidad de los casos, disponer de monedas estables equivale a ser titular de un depósito en esa moneda; usar monedas estables vinculadas al dólar sería lo mismo, en realidad, que utilizar dólares.

Por tanto, es Estados Unidos quien está claramente interesado en que se incremente lo más posible la circulación de monedas estables, emitidas como he dicho por todo tipo de grandes empresas, porque eso es lo mismo que incrementar el uso del dólar cuando este, como ya es bien sabido, está siendo mucho menos deseado o incluso rechazado por muchos países. Fue el propio presidente Donald Trump quien reconoció expresamente en su orden ejecutiva de 23 de enero de 2025 que era política de su Administración «promover y proteger la soberanía del dólar de los Estados Unidos, incluso mediante acciones para promover el desarrollo y el crecimiento de monedas estables respaldadas por dólares legales y legítimas en todo el mundo».

Y con ese fin, Trump firmó el pasado18 de julio la llamada ley Genius (Ley de Orientación y Establecimiento de Innovación Nacional para Stablecoins de Estados Unidos) que había sido aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes, no sólo con el voto republicano sino también con el de un buen número de legisladores demócratas.

Y es precisamente esta ley la que ha abierto la espita para que las monedas estables (como vía que Estados Unidos quiere utilizar para evitar su declive como potencia monetaria imperial) se conviertan en una bomba financiera de relojería. Entre otras, por las siguiente razones:

– La ley permite que las empresas emisoras de monedas de estables se conviertan en depositantes de fondos y de reservas que no van a estar asegurados de ninguna forma, a diferencia de lo que ocurre con los bancarios que lo están hasta 250.000 dólares, en Estados Unidos.

– El régimen regulatorio que establece para las monedas estables creadas por las grandes empresas es muy débil y no contempla los riesgos que conlleva lo anterior, ni medidas suficientes para evitarlos y hacerles frente.

– En lugar de impedirlo, la ley da amplios poderes a las autoridades para permitir que las empresas emisoras vendan derivados de las monedas estables y todo tipo de productos especulativos, difundiendo el riesgo por todo el sistema financiero.

– No se crea ningún fondo de seguro, ni prestamista de última instancia que pueda garantizar el reembolso si las monedas estables se encuentran con problemas. En realidad, más bien incentiva las quiebras, de modo que al menor problema los emisores se retirarán del mercado.

– No se establecen garantías para que la emisión de monedas estables se sostenga en tecnologías que permitan pagos rápidos, confiables, subsanables en caso de error, y capaces de operar con transacciones de gran volumen al mismo tiempo.

– Aunque la ley establece que los emisores de monedas estables no pueden proporcionar rendimiento a quienes las posean, lo cierto es que esa posibilidad no está claramente prohibida, y de hecho hay plataformas que lo proporcionan. Eso podría ser un mecanismo adicional de drenaje de fondos desde la banca tradicional que puede debilitarla extraordinariamente. A lo cual hay. que añadir que los emisores podrían utilizar la liquidez obtenida para depositarla en los bancos por cantidades superiores a las que están aseguradas, lo que igualmente agranda la vulnerabilidad del sistema financiero.

– Finalmente, la ley no contempla los riesgos que conlleva la gran concentración que se produce hoy día en el sector y la que igualmente habría incluso cuando las grandes empresas comiencen a emitirlas. Si en algún momento hubiera que rescatar a los emisores, lo que antes o después ocurrirá en las condiciones que acabo de señalar, sería extraordinariamente costoso hacerlo, pero no habrá manera de evitar rescatarlos porque se dirá, como en 2008 con los bancos, que son demasiados grandes para dejarlos caer.

Una irresponsabilidad que, eso sí, hace aún más ricos a los multimillonarios, empezando por Donald Trump

El impulso a las monedas estables con la regulación que está estableciendo Estados Unidos comporta un riesgo financiero muy grande y sistémico, porque cualquier crisis se extendería al conjunto de la economía. Su enorme expansión se asume sólo para tratar de evitar el inevitable declive del dólar por un procedimiento que, mientras tanto, dará enormes beneficios a las grandes corporaciones y a los ya multimillonarios.

Donald Trump, quien hasta poco se había mostrado muy enemigo de las criptomonedas, ha sido inteligente asumiendo que son un instrumento adecuado para aliviar el declive del dólar como moneda imperial. Lo ha aprovechado para convertir el apoyo legal que le presta su Administración en un gran negocio personal y familiar, creando algunas y especulando con información privilegiada. Según Forbes, su fortuna en criptomonedas ya supera todas las propiedades de su cartera inmobiliaria y puede haber ganado unos 1.000 millones de dólares en los últimos nueves meses.

No está solo. Según Henley & Partners y New World Wealth, en todo el mundo hay 450 personas con activos en criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares y 36 con más de 1.000 millones. Añadan a eso y háganse una idea de lo que ganarán, a las grandes empresas cuando comiencen a emitir en masa monedas estables.

Es para ellos para quien se pone en marcha un negocio colosal. Tan colosal como la crisis que traerá consigo cuando caiga sobre su base, construida sobre humo y especulación constantes, y que volverá a pagar el resto de la población. Salvo que la gente no se deje atontar, despierte, se entere de estas cosas, las difunda y se movilice para evitarlas.