Marco Rubio, el macartismo y la condena a Jair Bolsonaro
Gustavo Veiga
Lo que causa alerta es la audacia con que lo dijo. La forma en que amenazó a una nación soberana bajo el remanido argumento de la violación a los derechos humanos de un expresidente. En rigor, un golpista ya condenado. El mismo que votó el impeachment de Dilma Rousseff dedicándoselo a la memoria del peor torturador en la historia brasileña: Carlos Brilhante Ustra.
La extrema derecha global juega su ajedrez planetario apoyada en la dialéctica de la confrontación. No repara en las formas diplomáticas, ni en su injerencismo. Rubio es grandilocuente. Una especie de procónsul romano. Desaprobó la materia derecho internacional. Un ejemplo: después de que el régimen israelí atacara a Qatar con el propósito de aniquilar a los negociadores de Hamas en Doha, comentó que Estados Unidos no cambiaría su status de aliado de Benjamin Netanyahu. Reforzó esa idea cuando este domingo llegó a Tel Aviv en visita oficial.
El secretario de Estado se reúne con un criminal de guerra que en Israel tenía a marzo de este año un 70 por ciento de desaprobación entre su ciudadanía. Todo lo contrario de Luiz Inácio Lula da Silva que en Brasil crece en la evaluación de su imagen positiva. Una imagen que se extendería al Supremo Tribunal Federal (STF) si se considera el fallo condenatorio contra Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión. El 54 por ciento de la población reprueba una amnistía para el reo de extrema derecha y ex militar. La apoya el 39%, lo que no es poco, aunque en minoría. Pero el porcentaje vuelve a subir al 50% cuando se convalida la detención del expresidente.
Rubio tuiteó en su cuenta oficial de X apenas se enteró del fallo contra Bolsonaro el 11 de septiembre: “Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas”.
El presidente Lula da Silva expresó una primera reacción tras la condena al exmandatario en un artículo de opinión titulado: «La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables» y publicado en el New York Times. «No fue una caza de brujas», dijo Lula y se manifestó «orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves». Además, la diplomacia de Itamaraty, que mantiene una histórica posición de no intervención, se pronunció con firmeza: “La democracia brasileña no se dejará intimidar”, sostuvo el ministerio de Relaciones Exteriores.
El gobierno de Trump, con graves problemas internos y un deterioro creciente de su imagen, no adelantó cómo responderá a Brasil. En rigor, al máximo tribunal judicial del país. Se reserva ese derecho porque sigue creyendo en su destino manifiesto.
Nada puede descartarse. Ni siquiera la ruptura de relaciones diplomáticas que ya se deslizó en algunas informaciones. Itamaraty fue más taxativo en el comunicado que difundió: “Amenazas como la realizada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia. Las instituciones democráticas brasileñas dieron su respuesta al golpismo”.
El medio Brasil de Fato citó la opinión de Paulo Borba Casella, jurista y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de San Pablo (USP), que coincide con la interpretación de la cancillería: “Es importante dejar claro, y la prensa sensata de muchos países lo ha enfatizado, que Brasil ha dado una lección de madurez institucional y respeto al Estado de derecho democrático”.
El mismo especialista también comentó sobre las reacciones del gobierno de Trump: “Se caracterizan por ser impredecibles, irrazonables y mezclar cuestiones comerciales con cuestiones políticas, ideológicas y partidistas”. Por eso nada se descarta. Inclusive un nuevo aumento de los aranceles a productos brasileños que aplica Washington desde el 6 de agosto pasado. La respuesta de Lula fue presentar una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las tarifas aduaneras de Estados Unidos.
El disciplinamiento que le ha impuesto EEUU a Brasil es histórico. En el pasado fue mediante la imposición de dictaduras cívico-militares en América Latina que, en el caso del país más grande del continente, incluyó 21 años (1964-1985) de régimen de facto. Bolsonaro siempre reivindicó ese período y hasta declaró en público que las desapariciones forzadas debieron haber sido más, como en Argentina.
Durante su segundo mandato que comenzó en enero de este año, Trump ya sancionó a los jueces que condenaron a su aliado. Les revocó las visas para ingresar a Estados Unidos a ocho de los once integrantes del STF, que tiene como figura destacada al juez Alexandre de Moraes. La medida fue comunicada por el secretario de Estado. Alcanzó al más mediático de sus integrantes, De Moraes, pero además a otros siete magistrados de los once que completan la Corte: el presidente del Tribunal Luís Roberto Barroso, José Antonio Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Luis Edson Fachin y Gilmar Mendes. Todos tienen en común que no fueron propuestos por Bolsonaro para integrar la Corte.
Detrás de estas sanciones está la mano de Eduardo Bolsonaro, el diputado federal y más activo de los hijos del expresidente. Desde EE.UU amenazó con que si no se resolvía la crisis que llevará a prisión a su padre, “no habrá elecciones en 2026”.
El diputado federal de izquierda Chico Alencar, del PSOL por Rio de Janeiro, criticó a Bolsonaro (h): “Soy un antiguo profesor de historia, especializado en historia brasileña, y siempre he visto en documentos, libros y registros esa postura imperialista (de Estados Unidos) de ser el guardián del mundo, la policía del mundo, pero nunca he visto tanta audacia con el apoyo interno de traidores a la patria”.
El legislador Bolsonaro, la voz del expresidente desde EE.UU, declaró que Washington podría enviar “aviones de combate F-35 y buques de guerra a Brasil” si el país seguía, según él, por “el camino de Venezuela”.
Una flota de Estados Unidos ya navega en aguas caribeñas con el objetivo de intervenir en la región y amenazar desde el mar al gobierno de Nicolás Maduro. La escalada está en marcha y como las medidas que cranean Trump y Rubio contra Brasil, es impredecible. Ya no pone al comunismo como excusa en primer lugar, aunque subyace esa idea del macartismo en su apogeo.
En el caso de Venezuela argumentan que su obligación es combatir al narcotráfico y en particular al llamado Cártel de los Soles. En el de su vecino, que lidera los BRICS junto a China, Rusia y la India, se trata de salvar a un político de extrema derecha con su popularidad por el suelo de una sentencia a prisión muy documentada. Tan sólida que se basó en el testimonio de su ex asistente personal, Mauro Cid, acogido a la figura de delación premiada.
* Periodista argentino. Es docente por concurso de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la tecnicatura de Periodismo Deportivo en la Universidad de La Plata (UNLP). Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)