Panorama Económico Latinoamericano – Del 12 al 19 de marzo de 2025
México: rango constitucional a prohibición del maíz transgénico
Promovida por un amplio colectivo de organizaciones sociales, la medida buscará priorizar la defensa de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la agroecología. La experiencia promovida desde abajo que implica un nuevo aprendizaje para las organizaciones sociales del continente.
“Sin maíz no hay país”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mientras sostenía tres maíces criollos en sus manos y vestía ropa típica del campesinado de Oaxaca. El hecho sucedió hace un mes, cuando la mandataria envió al Congreso de la Unión la reforma constitucional para la “protección de nuestro maíz”. La propuesta aprobada modificó dos artículos constitucionales que declararan al maíz como “elemento de identidad Nacional, garantizando su cultivo libre de transgénicos”lo que significa que no podrá ser modificado genéticamente.
La reforma constitucional a los artículos 4 y 27 intentará fortalecer la soberanía alimentaria mediante la prohibición del maíz transgénico para consumo humano. Esta medida tiene implicaciones profundas tanto en la independencia económica del campesinado como en la preservación de la biodiversidad.
Mauricio Prado Jaimes, sociólogo de la UNAM, señaló que los cultivos transgénicos, promovidos por corporaciones como Monsanto, “generan una dependencia crónica en los agricultores, ya que las semillas modificadas genéticamente no pueden ser reutilizadas para nuevas cosechas, obligando a los productores a comprarlas cada ciclo”. En diálogo con Tiempo Rural, el académico sostuvo que “la agricultura tradicional permite que los campesinos sean autosuficientes y mantengan sus tierras productivas”.
“La introducción del maíz transgénico amenaza la biodiversidad del sistema agrario mexicano”, señaló Jaimes. Uno de estos modelos de cultivo es la milpa, un ecosistema “en el que coexisten el frijol, el chile, la calabaza y los hongos comestibles, y puede correr peligro de desaparecer con el avance de los transgénicos, que requieren un uso intensivo de fertilizantes y agotan los suelos con mayor rapidez”.
Desde una perspectiva económica y social, Prado Jaime indicó que prohibir el maíz transgénico para consumo humano favorece la competencia justa entre productores nacionales ya que “evita que el campesinado se vea forzado a cambiar sus cultivos por opciones más rentables, pero socialmente perjudiciales, como la producción de drogas”. En México el 78% de pequeños y medianos productores siembran maíz nativo, lo que equivale a unos 2.4 millones de campesinos y campesinas.
En diálogo con Tiempo Rural, Leticia López, integrante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), expresó que el maíz no solo es un producto clave en la economía mexicana “sino también un símbolo cultural y una garantía de seguridad alimentaria”. Su protección significa “asegurar un alimento nutritivo y accesible para la población, mantener una economía local sostenible y evitar que el campo caiga en el abandono”.
Leticia López analizó el proceso histórico que derivó en la decisión del gobierno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de darle rango constitucional a la defensa del maíz mexicano: “El descontento campesino estalló en 2003, cuando productores de todo el país organizaron una masiva protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo la salida del maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante las graves afectaciones que este acuerdo provocaba en el sector agrícola”.
En 2007, la campaña «Sin maíz no hay país» amplió la lucha, integrando el impacto ambiental y la biodiversidad. La asunción de la presidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador en 2018 les permitió a los pequeños y medianos productores impulsar iniciativas contra el agronegocio y los agrotóxicos. En enero de 2024 se prohibió por decreto el uso de glifosato y semillas de maíz transgénico para el consumo humano, un reclamo histórico de organizaciones campesinas e indígenas.
A lo largo de los años, la lucha por el maíz y el frijol demostró ser un símbolo de resistencia ante las políticas neoliberales que afectan al campo y la vida de millones de personas. Lo que comenzó como una protesta campesina se convirtió en un movimiento integral que abarca el medio ambiente, la producción sustentable y el bienestar social. La defensa del maíz sigue siendo un punto central en la agenda de quienes buscan un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible para México.
El impacto de esta lucha va más allá de las fronteras mexicanas. La expansión de las transnacionales agroindustriales en Latinoamérica puso en riesgo la producción local en varios países. Monsanto y otras corporaciones modificaron los mercados de alimentos, ofreciendo productos de un supuesto mayor rendimiento pero que comprometieron la independencia de los campesinos y la diversidad en los cultivos. La experiencia mexicana demuestra que es fundamental la articulación de movimientos sociales, universidades, sociedad civil y actores políticos para defender el campo y garantizar la soberanía alimentaria.
Venezuela exporta más de 15 mil toneladas de cemento
Como parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para reimpulsar el aparato productivo nacional, la Corporación Socialista del Cemento (CSC) consolidó un nuevo hito con una exportación superior a 15.000 toneladas de cemento hacia mercados internacionales, en cumplimiento del Plan Independencia Productiva Absoluta. La industria cementera abastece el mercado interno y genera divisas para el país.
Esta operación refuerza el avance sostenido de la industria cementera venezolana, que no solo atiende la demanda interna, sino que también retoma su papel como generadora de divisas para el país, refiere una nota de prensa del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
Desde el Puerto de Pertigalete, en el estado Anzoátegui, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, supervisó el proceso de carga de la exportación, destacando que es resultado del compromiso y esfuerzo conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector.
“En los últimos tres meses hemos logrado incrementar la producción de cemento, lo que nos permite garantizar el abastecimiento nacional y retomar de forma progresiva y sostenible las exportaciones”, afirmó.
Este crecimiento productivo responde a la aplicación de un plan estratégico integral, centrado en la optimización de procesos y el fortalecimiento de la cadena logística, asegurando mayor eficiencia y calidad en cada etapa de producción y distribución.
El Puerto de Pertigalete se ha posicionado como un eje fundamental para la reactivación del comercio exterior industrial venezolano, gracias a recientes mejoras en su infraestructura que permiten operaciones de carga bajo estrictos estándares internacionales de seguridad y calidad.
“Seguimos afianzando al sector cementero como una fuente estratégica para el ingreso de divisas y la proyección del país en el mercado global. Este logro refleja el avance del modelo productivo nacional impulsado por el presidente Nicolás Maduro, enfocado en el crecimiento sustentable y la consolidación de nuevas oportunidades para la economía venezolana”, puntualizó el ministro Saab.
Argentina: Salario mínimo cayó 33% en dólares y agrava la crisis
Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que el salario mínimo en Argentina cayó un 33% en dólares en los últimos meses, afectando seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores.
«Este fenómeno, conocido como atraso cambiario, ocurre cuando la moneda local no se deprecia al mismo ritmo que la inflación interna o la depreciación de otras monedas», explica el informe. La consecuencia es un encarecimiento de los bienes esenciales y una reducción de los ingresos reales.
El informe señala que, tras la devaluación del 54% impulsada por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión, el tipo de cambio real inicialmente mejoró la competitividad económica. Sin embargo, debido a la inflación y la desregulación de precios, se registró una caída del 29% entre enero de 2024 y enero de 2025. «El tipo de cambio real se ubicó por debajo del nivel previo a las elecciones presidenciales», consigna el relevamiento.
En términos concretos, la depreciación del salario mínimo ha reducido drásticamente la capacidad de compra de productos básicos. «Con un salario mínimo en enero de 2025 se pueden adquirir 22 kilos menos de pollo, 126 litros menos de leche y 26 kilos menos de pan respecto al inicio de la gestión», señala el estudio.
Además, en comparación con otros países, la pérdida de poder adquisitivo es notoria: mientras que en España un salario mínimo permite comprar 1170 litros de leche, en Argentina esa cantidad no supera los 200 litros.
El informe también analiza el impacto en otros sectores, como la vestimenta, donde Argentina se ubica entre los países con los costos más altos del mundo. «Si comparamos la cantidad de jeans Levi’s que se pueden comprar con un salario mínimo, en Europa se adquieren alrededor de 19, en América Latina el promedio es 8, y en Argentina no llega a 2», detalla el informe. Esto responde a la combinación de un salario extremadamente bajo y precios internos elevados.
Los datos expuestos por la UBA evidencian el deterioro del nivel de vida en Argentina. La combinación de inflación, atraso cambiario y caída del salario mínimo en dólares sigue reduciendo la capacidad de compra de los trabajadores, generando un escenario de crisis económica profunda.
Perú: expectativas macroeconómicas mejoraron en febrero
La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) reveló que en febrero la mayoría de los indicadores de expectativas y de la situación actual mejoraron frente al mes anterior .
De esta manera, 15 de los 18 indicadores que se toman en cuenta se ubicaron en el tramo optimista (por encima de los 50 puntos). Por ejemplo, las expectativas sobre la economía a tres meses pasaron de 52.6 puntos en enero, a 54.5 puntos en el segundo mes del año. A 12 meses se elevó de 58.2 puntos a 60.7 puntos.
En cuanto a la situación de la empresa a tres meses, el resultado obtenido es de 56.4 puntos, por encima de los 55 puntos que registró 30 días antes. No obstante, en lo que es demanda de productos a 12 meses, esta sí bajó de 71.3 a 68.6 puntos.
Por otro lado, las expectativas sobre inversión a tres meses pasaron de 54.6 puntos a 55.5. En lo que se refiere a la contratación de personal, la encuesta del BCR reveló que a tres meses sí se elevó de 52.2 puntos a 53.1 puntos, pero a 12 retrocedió de 62.8 puntos a 60.2 puntos.
Los datos también revelan que los analistas económicos modificaron a la baja su proyección para la inflación de este año pasándola de 2.45% a 2.20%. Mientras tanto, el sistema financiero la elevó de 2.28% a 2.30%.
Por otro lado, las estimaciones de crecimiento para este año se incrementaron de 3% a 3.1%, para el caso de los analistas, y de 2.9% a 3% para el sistema financiero.
Cambios
Para el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, el cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas, con la salida de José Arista y el ingreso de José Salardi, fue bien recibido por los empresarios, más aún con la política de reuniones quincenales que ha adoptado este último.
No obstante, señaló que hay algunos factores que no se han tomado en cuenta en la encuesta y que probablemente se vean reflejados en la que salga el próximo mes. Uno de ellos es la política arancelaria de Estados Unidos.
«Otro factor es el golpe que está recibiendo el sector comercio a raíz del lamentable suceso en el centro comercial de Trujillo. Esto ha hecho que haya una sobrerreacción para cerrar muchos centros comerciales», indicó.
A esto se suma, según señaló, los fenómenos climáticos que pueden afectar a los sectores primarios de la economía.
Indígenas exigen fin de la explotación petrolera en la Amazonia
Organizaciones indígenas de nueve países, “el G9 de la Amazonia Indígena”, lanzaron una ofensiva de reclamo para poner fin a la explotación petrolera en la cuenca amazónica, de cara a la conferencia mundial sobre el cambio climático que se realizará este año con Brasil como anfitrión.
En su declaración emitida en esta ciudad a orillas del Amazonas, los movimientos indígenas asientan que “el discurso de utilizar los recursos petroleros de la Amazonia para financiar la transición energética no es solo falso, es escandalosamente cínico”.
“Ignora la gravedad de la crisis climática y la devastación causada por la extracción de combustibles fósiles, que son, de hecho, los mayores contribuyentes a la crisis climática global”, agrega el texto de los nueve agrupamientos indígenas.
Para ese G9 “la transición energética debe hacerse de manera justa e inmediata, respetando y protegiendo a las poblaciones que ya están pagando el precio más alto por esta destrucción criminal”.
De seguidas, demandan el reconocimiento de las organizaciones indígenas, para que sean copresidentas de la 30 Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se realizará el próximo noviembre en la ciudad de Belem, noreste de Brasil.
El encuentro de Manaus fue organizado por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), y reunió a líderes de federaciones indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela.
De cara a la cumbre de Belem, el G9 demanda que se incluya la demarcación y protección de los territorios indígenas como política climática en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que deben hacer los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera.
Asimismo, mecanismos financieros para la asignación directa, sin intermediarios, de recursos destinados a combatir el cambio climático en sus territorios tradicionales.
La propuesta apunta a cambiar el escenario actual, donde menos de uno por ciento de los recursos transferidos por los gobiernos de los países desarrollados a los países en desarrollo para combatir el cambio climático llegan directamente a las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.
“Ya no aceptaremos intermediarios que no respeten nuestras autoridades y autogobiernos, ni nuestros conocimientos, sistemas de conocimiento y formas de vida”, dice la declaración.
Agrega que “el futuro de la humanidad depende de la autonomía y liderazgo de los pueblos indígenas, y exigimos que esto se refleje en políticas y prácticas de financiamiento”.
La coordinadora general de Coiab, Toya Manchineri, destacó que el financiamiento directo a las organizaciones indígenas es fundamental para la efectividad de la protección territorial.
“La demarcación y titulación de territorios son fundamentales para combatir la crisis climática, pero sin un financiamiento adecuado para los pueblos indígenas, no podemos implementar iniciativas en los territorios que fortalezcan la economía comunitaria, nuestros aportes, identidad y organizaciones”, dijo Manchineri.
La crítica decidida a la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca llega después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendiera la exploración petrolera en el área de Foz do Amazonas (FZA-M-59), frente a la costa de su norteño estado de Amapá.
El encuentro de Manaus considera que el proyecto presenta riesgos de impactos socioambientales para los pueblos indígenas de la región, como deforestación, contaminación de ríos, apropiación e invasión de tierras e inseguridad alimentaria.
Además, afirma que el proyecto irrespeta el derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Brasil es signatario.
La Amazonia “es una región que está en crisis, y si no se protege, dejará de ser parte de la solución a la crisis climática y se convertirá en una bomba de carbono a punto de explotar”, asentó a modo de cierre la declaración.
Chile: activan estrategia por nuevos aranceles agrícolas de EEUU
El Gobierno, junto a representantes del sector agroexportador, activó un grupo técnico para enfrentar los nuevos aranceles agrícolas impuestos por Estados Unidos (EE.UU.), segundo destino de las exportaciones silvoagropecuarias del país. La iniciativa busca mitigar el impacto de las medidas que regirán desde el 2 de abril, en un contexto de incertidumbre global.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y su par de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, lideraron la primera reunión del equipo de trabajo, que contó con la participación de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; el embajador chileno en EE.UU., Juan Gabriel Valdés; la directora de Odepa, Andrea García, y dirigentes del sector privado.
Valenzuela destacó la relación comercial con EE.UU., enfatizando avances como el System Approach para la uva demesa, que permite su ingreso sin bromuro de metilo. “Esta complementariedad virtuosa con Estados Unidos ya la quisieran todos los países del mundo”, afirmó.
Además, resaltó el intercambio bilateral. “Nuestros consumidores pueden comer carne norteamericana; es el único país con el cual importamos carne con hueso. A su vez, nuestra industria aporta a las familias estadounidenses”, expuso.
Claudia Sanhueza subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional. “Creemos clave la articulación público-privada. Por eso estamos aquí con gremios agrícolas, compartiendo información para alinear estrategias”, declaró. La subsecretaria mencionó otras instancias de colaboración, como el Comité Interministerial y el grupo sectorial del cobre, a los que se suma esta nueva mesa agroindustrial.
Privados valoran diplomacia en favor del agro nacional
Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, valoró la diplomacia chilena frente a los desafíos globales. “Hay una visión conjunta de que la diplomacia de Chile se está activando en un mundo con bloques que muestran posiciones distintas. Estamos conformes con el trabajo realizado y seguiremos colaborando”, expresó.
Las autoridades coincidieron en priorizar la diversificación de mercados para sostener la competitividad del sector, que en 2024 alcanzó exportaciones récord de US$20.454 millones. Valenzuela adelantó que el presidente Gabriel Boric visitará India en abril, en el marco de una agenda para ampliar acuerdos comerciales.
“Recibimos una delegación de Uzbekistán interesada en nuestros productos. ProChile y la Subrei continúan explorando nuevos destinos”, agregó el secretario de Estado, señalando que la apertura de mercados es una prioridad estratégica.
El grupo técnico monitoreará la evolución de los aranceles y evaluará su efecto en las exportaciones, que incluyen frutas, carnes y otros productos sensibles. Según Odepa, EE.UU. representa el 18% de los envíos silvoagropecuarios chilenos, superado solo por China.
Sanhueza recalcó que, pese a los desafíos, el diálogo técnico con EE.UU. se mantiene fluido. “Tenemos un grupo de trabajo con expertos internacionales y sectores públicos y privados para abordar temas específicos”, precisó.
Marambio, en tanto, instó a no subestimar el rol de la diplomacia comercial. “En tiempos de tensiones globales, Chile debe aprovechar sus alianzas históricas y su reputación como socio confiable”, afirmó el líder gremial.
El gobierno también destacó avances en certificaciones fitosanitarias, claves para acceder a mercados exigentes. El System Approach para uva y arándanos es un ejemplo citado como modelo de cooperación técnica exitosa.
Aunque el foco inmediato es mitigar el impacto de los aranceles, el plan a mediano plazo incluye reforzar la presencia en Asia y Europa. La visita presidencial a India busca potenciar acuerdos en frutas, vinos y carnes, mientras se avanza en conversaciones con países de Asia Central.
Chile: activan estrategia ante nuevos aranceles agrícolas de EEUU.
El Gobierno, junto a representantes del sector agroexportador, activó un grupo técnico para enfrentar los nuevos aranceles agrícolas impuestos por Estados Unidos (EE.UU.), segundo destino de las exportaciones silvoagropecuarias del país. La iniciativa busca mitigar el impacto de las medidas que regirán desde el 2 de abril, en un contexto de incertidumbre global.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y su par de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, lideraron la primera reunión del equipo de trabajo, que contó con la participación de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; el embajador chileno en EE.UU., Juan Gabriel Valdés; la directora de Odepa, Andrea García, y dirigentes del sector privado.
Valenzuela destacó la relación comercial con EE.UU., enfatizando avances como el System Approach para la uva demesa, que permite su ingreso sin bromuro de metilo. “Esta complementariedad virtuosa con Estados Unidos ya la quisieran todos los países del mundo”, afirmó.
Además, resaltó el intercambio bilateral. “Nuestros consumidores pueden comer carne norteamericana; es el único país con el cual importamos carne con hueso. A su vez, nuestra industria aporta a las familias estadounidenses”, expuso.
Claudia Sanhueza subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional. “Creemos clave la articulación público-privada. Por eso estamos aquí con gremios agrícolas, compartiendo información para alinear estrategias”, declaró. La subsecretaria mencionó otras instancias de colaboración, como el Comité Interministerial y el grupo sectorial del cobre, a los que se suma esta nueva mesa agroindustrial.
Privados valoran diplomacia en favor del agro nacional
Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, valoró la diplomacia chilena frente a los desafíos globales. “Hay una visión conjunta de que la diplomacia de Chile se está activando en un mundo con bloques que muestran posiciones distintas. Estamos conformes con el trabajo realizado y seguiremos colaborando”, expresó.
Las autoridades coincidieron en priorizar la diversificación de mercados para sostener la competitividad del sector, que en 2024 alcanzó exportaciones récord de US$20.454 millones. Valenzuela adelantó que el presidente Gabriel Boric visitará India en abril, en el marco de una agenda para ampliar acuerdos comerciales.
“Recibimos una delegación de Uzbekistán interesada en nuestros productos. ProChile y la Subrei continúan explorando nuevos destinos”, agregó el secretario de Estado, señalando que la apertura de mercados es una prioridad estratégica.
El grupo técnico monitoreará la evolución de los aranceles y evaluará su efecto en las exportaciones, que incluyen frutas, carnes y otros productos sensibles. Según Odepa, EE.UU. representa el 18% de los envíos silvoagropecuarios chilenos, superado solo por China.
Sanhueza recalcó que, pese a los desafíos, el diálogo técnico con EE.UU. se mantiene fluido. “Tenemos un grupo de trabajo con expertos internacionales y sectores públicos y privados para abordar temas específicos”, precisó.
Marambio, en tanto, instó a no subestimar el rol de la diplomacia comercial. “En tiempos de tensiones globales, Chile debe aprovechar sus alianzas históricas y su reputación como socio confiable”, afirmó el líder gremial.
El gobierno también destacó avances en certificaciones fitosanitarias, claves para acceder a mercados exigentes. El System Approach para uva y arándanos es un ejemplo citado como modelo de cooperación técnica exitosa.
Aunque el foco inmediato es mitigar el impacto de los aranceles, el plan a mediano plazo incluye reforzar la presencia en Asia y Europa. La visita presidencial a India busca potenciar acuerdos en frutas, vinos y carnes, mientras se avanza en conversaciones con países de Asia Central.
Panorama internacional
1.-Los latinoamericanos todavía guardan dinero bajo el colchón
El auge en los pagos digitales, billeteras móviles e innovaciones fintech (
A medida que los servicios financieros se trasladan a plataformas electrónicas, los grupos tradicionalmente sub-bancarizados o no bancarizados, en los tramos más bajos de la distribución de ingresos o las pequeñas empresas, encuentran nuevas formas de satisfacer sus necesidades, destaca el reporte.
Sin embargo, muchos hogares aún no utilizan los servicios bancarios formales para ahorrar o pedir préstamos, herramientas esenciales para gestionar choques económicos o invertir en el futuro.
En 2021, solo 18 % de las personas ahorraron en una cuenta bancaria y solo el 30% pidió préstamos a instituciones formales, muy por debajo de los números vistos en los países desarrollados, de 59 y 57 %, respectivamente.
“Esto no significa que las personas no ahorren, sino que suelen recurrir a métodos alternativos”, precisa el reporte, titulado “Bajo el colchón”, en sentido figurado.
Varios factores contribuyen al bajo uso de cuentas de ahorro en América Latina y el Caribe, comenzando por los costos transaccionales, como los cobros por apertura o retiros, o requisitos de depósitos mínimos, que disuaden a las personas, especialmente cuando los rendimientos no compensan esos costos.
La desconfianza en las instituciones financieras también juega un papel, influenciada por los antecedentes de la región en crisis financieras y bancarias. Además, las brechas de información impiden que las personas se sientan seguras confiando su dinero a instituciones que no comprenden del todo.
Del lado más moderno, el reporte apunta que el número de bancos digitales en la región se sextuplicó, pasando de 10 a 60 en solo cinco años (2017-2021), mientras que las cuentas de dinero móvil experimentaron un crecimiento exponencial.
En Argentina, por ejemplo, su uso saltó de menos de uno por ciento en 2014 a 27 % en 2021.
Estudios registran un fuerte aumento en los pagos digitales después de la pandemia covid-19, con 66 % de las personas en la región utilizando canales digitales en 2021, un aumento de 22 puntos porcentuales respecto a 2014 (44 %).
Aunque la región latinoamericana sigue detrás de economías más desarrolladas (96 % en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), sus niveles superan ligeramente al promedio mundial (64 %).
Cita el caso de Venezuela, que tiene la segunda tasa de adopción más alta de la región, y en donde la rápida y generalizada adopción de los pagos digitales puede relacionarse con las remesas, una corriente que se hizo fuerte con el aluvión de migrantes de ese país en la última década.
Los pagos digitales, se reconoce, ofrecen una alternativa más rápida y asequible que los canales tradicionales, como los bancos y las empresas de remesas, convirtiéndolos en una herramienta financiera importante para los hogares.
Mejorar el acceso financiero ha sido un desafío en América Latina y el Caribe durante mucho tiempo, pero la pandemia aceleró inesperadamente la bancarización. Muchas personas abrieron cuentas bancarias y de dinero móvil para recibir transferencias monetarias, enviar y recibir remesas o realizar compras.
El reporte recoge el criterio de que cuando se logra plenamente, la inclusión financiera ayuda a las personas a ir más allá de las decisiones a corto plazo y enfocarse en el bienestar a largo plazo.
“Ahorrar en una cuenta bancaria brinda colateral para crédito, permitiendo suavizar el consumo durante choques como enfermedades, desempleo o eventos climáticos extremos. También respalda inversiones productivas, como la educación o el emprendimiento”, apunta el texto.
En cambio, “el ahorro informal, como guardar efectivo en casa, unirse a grupos de ahorro o comprar bienes duraderos, es más arriesgado, expone el dinero a la inflación y limita la liquidez. El préstamo informal suele ser más costoso que el crédito formal, con tasas de interés elevadas que pueden llevar a trampas de deuda”.
Estima que los bancos digitales y las fintech están impulsando la inclusión al reducir las tasas de interés y centrarse en los consumidores y negocios sub-bancarizados.
También, que ofrecer productos de crédito iniciales, como tarjetas de crédito respaldadas o micropréstamos, puede ayudar a las personas sin historial crediticio a comenzar a construir su puntaje, especialmente entre las poblaciones desatendidas.
Por ello, el reporte del Pnud plantea que regulaciones más fuertes, y protecciones al consumidor, pueden aumentar la confianza, asegurando que las personas se sientan seguras al guardar su dinero en los bancos, y reducir el riesgo de los préstamos, incluso durante recesiones económicas.
“La educación financiera es igualmente importante, al ayudar a los consumidores a comprender los productos bancarios para que puedan tomar decisiones informadas”, concluye el documento.
2.-OIT: camino hacia la justicia social para trabajadores migrantes
Eduardo Camín
Una antología de la OIT recientemente publicada, bajo la dirección Christiane Kuptsch y Fabiola Mieres, especialistas superiores en migración y mercado de trabajo de la OIT, llamada Temporary labour migration: Towards social justice? (Migración laboral temporal: ¿Hacia la justicia social?), explora los desafíos, las opciones políticas y los enfoques innovadores que dan forma a la migración laboral temporal en todo el mundo.
El volumen editado reúne contribuciones de distinguidos académicos y profesionales para examinar cómo los programas de migración laboral temporal han evolucionado y están impactando tanto en los mercados laborales locales como en los trabajadores migrantes. El volumen se estructura en torno a cuatro temas clave, entre ellos los cambios de paradigma sobre la migración laboral temporal, un análisis de los nuevos programas de movilidad y ámbitos que afectan a la gobernanza de la migración como el comercio internacional, herramientas políticas para la protección de los migrantes y lecciones históricas que ayuden a mejorar las políticas migratorias.
Sin dudas este trabajo surge en un momento clave en la historia de la humanidad en gran retroceso frente a las migraciones y la justicia social ya que una mayoría de dirigentes mundiales actúan frente a esta problemática como el chivo expiatorio de todos los males.
En muchos contextos, se ha demostrado que los programas de migración laboral temporal exponen a los trabajadores a déficits de trabajo decente, derechos restringidos y exclusión de la legislación laboral. A
l presentar perspectivas de diferentes regiones del mundo, disciplinas y periodos históricos, el libro ofrece recomendaciones políticas concretas para unas políticas migratorias más justa, las autoras Christiane Kuptsch y Fabiola Mieres profundizan en las dimensiones económica y jurídica de la migración laboral temporal para presentar un análisis completo. Destacando además la necesidad de justicia social en las políticas migratorias, reclamando igualdad de trato, mecanismos de protección reforzados y coherencia política para contribuir a que la migración temporal sea más justa. Por otra parte, la OIT tiene el mandato constitucional de trabajar sobre la migración, y la migración laboral temporal ha preocupado durante mucho tiempo a los responsables políticos.
n 2022, mientras las autoras preparaban un informe de antecedentes para un debae sobre la migración laboral temporal en el Consejo de Administración de la OIT, llegaron a la conclusión de que era necesario aclarar los diferentes aspectos de la migración laboral temporal para ayudar mejor a los responsables políticos a tomar decisiones informadas sobre esta cuestión.
Este trabajo ofrece sin dudas nuevas investigaciones sobre políticas innovadoras para ayudar a hacer frente a algunos de los acontecimientos más importantes que están configurando la migración temporal en la actualidad. Entre ellos se incluyen los conflictos prolongados, la degradación medioambiental, los cambios en los modelos de producción y la expansión de los acuerdos de libre comercio. Explora las lecciones del pasado para que podamos aprender de los errores y contribuir a que los actuales programas de migración temporal sean más justos y equitativos.
¿Qué diferencia a la migración laboral temporal y por qué es importante?
Las autoras señalan que; Un migrante laboral temporal es alguien que se desplaza a un país extranjero para trabajar y se espera que regrese a casa una vez terminado el trabajo. Por ejemplo, los trabajadores agrícolas estacionales, el personal de las estaciones de invierno y los trabajadores transfronterizos son todos ellos inmigrantes temporales. Un estudiante extranjero que acepta un trabajo de verano se convierte en emigrante temporal.
Después de graduarse, puede aceptar otro trabajo, quedarse más tiempo y, finalmente, solicitar la residencia en el país elegido. Esta persona se convierte entonces en un emigrante «permanente». Como puede ver, estas distinciones son más difusas en la vida real porque alguien puede solicitar un visado temporal con intenciones claras, pero sus planes pueden cambiar. Cuando cambian de visado, resulta más difícil seguir sus movimientos y comprender las protecciones laborales de los distintos trabajadores.
Históricamente, los inmigrantes temporales han tenido menos derechos laborales y, en algunos casos, incluso han sido excluidos de la legislación laboral de los países que los acogen. Incluso si existen leyes laborales, no necesariamente se aplicarán. Los inmigrantes temporales también tienen menos oportunidades de integrarse en las sociedades de acogida. Por lo tanto, tenemos que abordar estas lagunas de protección si queremos garantizar los derechos laborales, asegurar una oferta de mano de obra estable y recompensar a los empresarios que se ajustan a la legislación laboral.
Lo que aporta este trabajo sobre la regulación de la migración laboral
Christiane Kuptsch: declaro que en la actualidad hay muchos debates sobre la ampliación de las «vías legales» para que los trabajadores migrantes reduzcan la migración irregular. Algunos programas temporales se están considerando vías para lograrlo. Pero tenemos pruebas fehacientes de que los migrantes temporales sufren déficits de trabajo decente y quedan excluidos de la protección laboral. Por ello, es imperativo que encontremos soluciones eficaces y diseñemos programas que protejan a los migrantes temporales y, al mismo tiempo, equilibren los distintos intereses y factores -políticos, jurídicos, económicos, etc.- de forma justa.
Por su parte Fabiola Mieres, señalo que una de las principales conclusiones del libro es que algunos programas temporales que se presentan como «nuevos programas de movilidad» pueden en realidad parecerse mucho a los antiguos regímenes de trabajadores invitados, con todas sus deficiencias y lagunas de protección.
También aprendimos que el concepto de «cualificación» sigue siendo un factor de diferenciación entre los emigrantes. Los países de destino ofrecen beneficios atractivos a los migrantes altamente cualificados, pero esos mismos migrantes pueden carecer de ciertas protecciones, como el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, cuando se desplazan en el marco de acuerdos de libre comercio. Otra idea clave es que los marcos migratorios pueden rediseñarse de forma que se adhieran a los principios de equidad y diálogo social, y mostramos cómo se ha hecho de hecho en un estudio de caso concreto en el libro.
Mas adelante Christiane Kuptsch , especialista en Política Migratoria en la OIT en Ginebra, realizó dos conclusiones. En primer lugar, las medidas de protección pueden parecer muy buenas sobre el papel, pero lo que realmente importa es su aplicación. Uno de los capítulos muestra que la portabilidad del visado, es decir, la posibilidad de que los trabajadores migrantes temporales cambien de empleador sería un avance en muchos casos, pero puede no ser suficiente para proteger a los trabajadores de los abusos si el cambio se ve dificultado por trabas burocráticas o elevadas tasas, por ejemplo. El libro también muestra que la firma de acuerdos bilaterales de migración laboral por sí sola no garantiza la protección de los derechos laborales y, por tanto, no cambia la vida de los trabajadores migrantes.
Segundo: Cuando la legislación sobre inmigración prevalece sobre la legislación laboral, por ejemplo, cuando los salarios mínimos de los programas de migración laboral temporal son diferentes de los salarios mínimos locales, no puede establecerse la igualdad entre los migrantes laborales temporales y los trabajadores locales. Este desequilibrio afecta a los trabajadores migrantes y locales, así como a los empleadores, y dificulta la consecución de resultados justos.
El futuro
Interrogadas sobre ¿Cómo ve el futuro de la migración laboral temporal en una economía global que cambia rápidamente?
Fabiola Mieres, Investigadora en el Departamento de Investigación de la OIT y Doctora en Política por la Universidad de Manchester, Reino Unido. manifestó que la economía mundial está cambiando rápidamente debido a los cambios geopolíticos, los avances tecnológicos, el cambio climático y las transiciones demográficas. Todos estos factores influyen en la demanda del mercado laboral. También influyen en la noción de «escasez de mano de obra» en sectores como la agricultura, la hospitalidad y los cuidados.
Esto significa que la escasez de mano de obra no se debe simplemente a que la demanda supere a la oferta de trabajadores, sino a que en estos sectores suelen predominar los migrantes temporales y no hay suficientes migrantes temporales para el número de puestos de trabajo disponibles. En consecuencia, los países de destino pueden adoptar vías flexibles hacia la residencia permanente para este tipo de empleos, pero también se corre el riesgo de alimentar narrativas negativas sobre la migración en los países de acogida.
El futuro de la migración es incierto, pero las preocupaciones en materia de justicia social seguirán siendo fundamentales, y la OIT está bien situada para trabajar con sus mandantes a fin de garantizar la igualdad de trato, la aplicación efectiva de los derechos y la adaptación de los mercados de trabajo a las nuevas demandas.
Pero cuando de capitalismo neoliberal se trata…
Llevamos decenios escuchando y teorizando la vulnerabilidad del trabajo forzoso que sufren los migrantes, pero es escandaloso que la situación de la esclavitud moderna no mejore, por lo tanto, nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos.
No basta proclamar dialécticamente los derechos humanos en su lucha contra el trabajo forzoso y toda serie de injusticias, se trata esencialmente de crear aquel horizonte que de sentido a estas injusticias generando una comunidad de hombres libres e iguales.
Claro se trata de la autoproclamada democracia del capitalismo, esa de libertades y privilegios, pero para unos pocos, que pregona una cierta idea de dignidad humana, reñida con la realidad que esbozan los informes…
*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)