Argentina: Irracionalidad perversa a costa del pueblo

La connivencia entre el capital financiero local e internacional y el Club del Petróleo, club donde están asociadas las grandes empresas hidrocarburíferas nacionales y extranjeras, les permitió y permite acumular capital en el pasado, en el presente y en el futuro, a costa de la exclusión social, la potenciación de la pobreza y la apropiación de las reservas petroleras, gasíferas y mineras que les pertenecen a todo el pueblo argentino y a las generaciones venideras.

El mecanismo siempre es el mismo. Endeudan al Estado para beneficio exclusivo del capital financiero y esa deuda toma una magnitud que es imposible pagar con los recursos corrientes. Entonces los acreedores piden, a cambio, el patrimonio nacional; no otra cosa es en el presente el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que conforma un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias leyes y normas, con justicia externa incluida (el CIADI), que prioriza la exportación en desmedro del mercado interno (los beneficiados con este régimen no tienen la obligación de abastecer al mercado local) y que al cuarto año no tienen la obligación de vender en la Argentina los dólares que obtienen por sus exportaciones   [1].

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dejado una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60% de esta era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.), el 9% con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares; no teníamos deuda con el FMI, al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006) y el 31% con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares). Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

En el gobierno de Cambiemos se incrementó la deuda en 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 con el FMI. En forma sistemática se fugaron unos 86.200 millones, y la amplia mayoría de las empresas que los compraron  no pueden justificarlo en sus ejercicios contables. La evasión y la fuga son fácilmente verificables con solo estudiar esos balances. Pero ni la Justicia, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo hicieron nada en ese sentido, más allá de que en este último caso un proyecto encabezado por Oscar Parrilli exigía su investigación. Llegó a tener sanción del Senado pero que nunca fue llevado al recinto de la Cámara baja.

El gobierno de Alberto Fernández aceptó toda la deuda heredada de la gestión de Macri, no la investigó y la renegoció para que se pague como la está pagando el pueblo argentino.

En ese contexto, el BCRA del gobierno de Alberto Fernández les pagó fortunas a los grandes bancos privados del país por tener bonitas y numerosas sucursales para captar depósitos y, en lugar de financiar el trabajo y la producción, sin correr ningún riesgo compraron Leliqs (letras de liquidez del BCRA) y otros pasivos remunerados de la autoridad monetaria.

El crédito al sector privado es el 6,5% del PIB (era más de tres veces mayor en el año 2015), de los cuales la mitad son préstamos comerciales y la otra mitad personales (tarjetas de crédito, prendas de bienes durables, descubierto en cuenta corriente y/o caja de ahorro, etc.), porque la mayor parte de las imposiciones que captan las entidades financieras, básicamente, se prestaban al BCRA solo para que no se pasen a dólares.

Nunca se usó esa plata que el BCRA acrecentó sideralmente con los intereses que devengaban, solo sirvió para que los banqueros ganaran fortunas con ello a costa del BCRA. Y con Caputo-Bausili le prestan al Tesoro de la Nación, no para que financie el déficit fiscal, sino para convertir el pasivo de los bancos (para que no quiebren) en Letras del Tesoro de la Nación ajustables por inflación. O sea, el Estado liberal anarco capitalista absorbe deuda de los bancos para que sea deuda bruta argentina. La “bomba” de las Leliqs la solucionó el tándem Caputo-Bausili transformándola en deuda bruta de la Nación, es decir, del pueblo argentino.

Comparamos la situación entre el último día hábil del gobierno anterior y el 31 de mayo de 2024, en el que el total de encajes remunerados ascendió a 18.489.248 millones de pesos, que al tipo de cambio oficial de esa fecha de 933,76 pesos significan 19.800 millones de dólares. Cuando el 7 de diciembre de 2023, el total de encajes remunerados (esterilización) fue de 21.023.700 millones de pesos (al tipo de cambio oficial de 400 pesos significó el equivalente a 52.560 millones de dólares). Por ende, la deuda bruta del Tesoro de la Nación se incrementó por este mecanismo en 32.760 millones de dólares.

Negocio de los bancos, generado en los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, que la administración de Caputo-Bausili consolidan convirtiéndolo en Letras del Tesoro y aumentando la deuda bruta en 32.760 millones de dólares. Todos en silencio porque se benefician los mismos de siempre, con los cómplices y partícipes necesarios, y en ese cobarde silencio, se convierte en deuda pública que paga el pueblo argentino.

 La irracionalidad de la deuda pública

A la gestión del Frente de Todos y su continuación y perfeccionamiento por la gestión de Caputo-Bausili, a la no investigación de la deuda de Cambiemos y a la salvación de los banqueros que operan en el país, debe sumarse:

1. El déficit fiscal del año 2023, estimado por la actual Secretaría de Hacienda en 5,13% del PIB (es en pesos, pero equivalente a 24.624 millones de dólares), también financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación, en su gran mayoría ajustables por inflación, aumentando la deuda bruta argentina.
2. El reconocimiento de los fuertes intereses que estos títulos del Tesoro de la Nación devengan (ajustados generalmente por la inflación) en los primeros cinco meses del año (hasta el 31 de mayo de 2024) [2] por 7.617 millones de dólares (es en pesos pero la Secretaría de Finanzas de la Nación hace la conversión a dólares al tipo de cambio oficial).

Por lo tanto, la deuda crece en cinco meses del gobierno de Milei en forma sideral, por 65.000 millones de dólares.

Un nivel de deuda que crece exponencialmente mes a mes y que una devaluación no atenúa porque el pass through [3] haría que los títulos en pesos se beneficiaran con la inflación.

La irracionalidad del ajuste fiscal

Los intereses ganados por los tenedores de títulos de deuda interna en los primeros cinco meses de 2024 por 7.617 millones de dólares son mucho mayores que el brutal ajuste sobre los jubilados, las provincias y la obra pública.

El total del gasto público acumulado por la Administración nacional en los primeros cinco meses del año asciende a 31.466.709,3 millones, por ende, el interés devengado por los títulos de deuda interna es el 25% de dicho gasto. Todo el ajuste fiscal realizado por el gobierno de Milei no alcanza a ser la mitad de los 7.617 millones de dólares devengados en cinco meses de 2024.

El grado de crueldad hacia la población en un irracional y brutal ajuste, se inició por la cobardía de no investigar quiénes se beneficiaron con la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos y, en el presente, por el pago exorbitante a los acreedores. Más deuda ante un PIB que el FMI infiere que caerá este año en un 3,5% y en un gasto público que el gobierno pretende reducir aún más, profundizando la depresión económica y con ello la exclusión social.

Y a su vez, en el mediano plazo, se debe afrontar la deuda externa por pagos de capital [4] e intereses para los años 2025, 2026 y 2027 (en este último año se debe sumar el BOPREAL [5] por no menos de 36.000 millones de dólares por deuda con los importadores).

Con un profundo desconocimiento de la economía argentina en general y de la administración del Estado en particular, el gobierno de Milei cree que subordinándose al RIGI conseguirá los dólares por el crecimiento de las exportaciones e inversiones directas, que solo liquidarán en cuatro años (el mandato presidencial), pero que permite cambiar una deuda que no benefició al pueblo argentino por la cesión de nuestros recursos naturales.

Con ello cierra el objetivo de los acreedores: a cambio de papeles de deuda se apropian del patrimonio esencialmente energético y minero de nuestro país. Y es esa la connivencia entre la deuda generada por Cambiemos, la renta financiera de las Leliqs y demás pasivos remunerados de Alberto Fernández, y el Club de Petróleo mentor y propiciador del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

El origen es la deuda de 97.927 millones de dólares que engendró el gobierno de Cambiemos, que aceptó y no investigó el gobierno del Frente de Todos, refinanciándola y generando encajes remunerados del BCRA y déficit fiscal.

Su continuación y perfeccionamiento es cuando el tándem Caputo-Bausili “titulariza” la deuda en bonos del Tesoro de la Nación con fuertes rendimientos al ser ajustados por inflación que supera el crecimiento del tipo de cambio después de la devaluación del 12 de diciembre de 2023, reeditando la bicicleta financiera o carry trade.

Todo ese mecanismo de deuda y bicicleta financiera para llevarnos a una mera factoría exportadora con nuevos ciclos de endeudamiento que pagará el pueblo argentino (como hizo Milei con los pasivos remunerados del BCRA y el déficit fiscal de la administración de Alberto Fernández).

Los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino y a las generaciones futuras de argentinos, no a un gobierno y a los corruptos legisladores que propician su enajenación y entrega.

Cedemos nuestros recursos naturales y después nos volvemos a endeudar para repetir el procedimiento, cumpliendo lo que dijo no bien asumió como embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.

Notas

[1] Violando el art. 20 de la Constitución nacional que expresamente dice: “Ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

[2] Porque cada mes que pasa se incrementa el endeudamiento público por el mecanismo de acumular intereses en nuevos títulos de deuda del Tesoro de la Nación

[3] Impacto que genera una variación del tipo de cambio sobre los precios internos de una economía.

[4] Con los bonistas que canjearon títulos de deuda externa el 31 de agosto de 2020, se comienza a pagar el capital desde el 9 de julio de 2024.

[5] BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) por la Comunicación “A” 7918 del BCRA, que tiene vencimiento el 31 de octubre de 2027, con el agravante de que se está armando el registro de quiénes son los beneficiados, pero el mismo gobierno estima que por este procedimiento, la deuda externa se acrecienta en unos 36.000 millones de dólares.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).