Camilo Rengifo Marín- CLAE|

El último informe de Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y  figura clave desde 2012 en los esfuerzos de paz, es un retrato hablado de un país cuya sociedad civil sufre la indolencia del Estado, la incapacidad de imaginar una nueva forma de hacer las cosas, la ambición de empresas legales e ilegales, la corrupción, la impunidad y la actitud de élites más obsesionadas con la politiquería que con la paz o la calidad de vida de los habitantes.

Este 16 de marzo, Howland iba a presentar el informe anual 2017, pero su oficina anunció que deja su cargo y que la discusión pública del informe quedará a la espera de la persona que lo reemplace. Igualmente, el informe será presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El mismo hace especial hincapié en la Colombia rural donde “la presencia del Estado, únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.

Plantea el informe ua precaria implementación del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrillas por grupos armados relacionados con las economías ilegales (nrcotr´fico), unas comunidades asediadas por esos actores que no han visto llegar al Estado para ocupar los espacios en disputa.

Denuncia una situación crítica para las defensoras y defensores de los derechos humanos en el territorio, una impunidad selectiva que pone en cuestión la voluntad del Estado de poner a las víctimas en el centro del proceso, un Congreso que ha reinterpretado a la baja los acuerdos de paz y… en definitiva, una situación voluble y peligrosa para los civiles.

El duro informe muestra cómo el Estado sigue sin ser Estado y cómo “ha habido mucha resistencia a la implementación del Acuerdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos” y muestra la preocupación  por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios: 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos solo en 2017

El informe señala que aunque la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios y eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales, “los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); ex FARC-EP (tres casos); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos)”.

La oficina del Alto Comisionado “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía”. Y a esta realidad no ayuda la impunidad enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones extrajudiciales que se amontonan bajo ese eufemismo gerencial de “falsos positivos”.

Respecto de los hechos pasados, la OACNUDH dice estar preocupada por “la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas que involucran a Generales, y señala que esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad.

La ONU no entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de ‘falsos positivos’, hayan sido “ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos crímenes atroces deberían, al menos, ser separados del servicio activo”.

El informe considera que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, reparación y No Repetición ha sido peluqueado al extremo: “El Congreso no aprobó el Sistema Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementación no ha cumplido con las normas internacionales”. Y eso se traduce en decepción y en impunidad, una vez más. Es decir, la justicia, de existir, será incompleta y no permitirá saber la verdad de lo ocurrido ni identificar a los actores reales del conflicto.

La ONU constató que mientras las FARC han cumplido en su mayoría los acuerdos firmados, el Estado ha mostrado una ineficacia lacerante a la hora de acompañar el proceso de reintegración de sus miembros. Señaló que casi un año y medio después de la firma de los acuerdos “aún no están disponibles los recursos anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP”.

Señaló que esto se traduce en que “el vacío de poder que dejaron las FARC-EP (…) permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.

Se denuncia en el informe que “uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es la tentación del uso del gasto público en centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos de las zonas rurales marginadas y menos pobladas”.

La ONU “observa con preocupación los graves obstáculos a la implementación del capítulo del Acuerdo relacionado con la participación política, debido a los ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el statu quo político o que tienen alguna otra razón para oponerse al Acuerdo. Es de especial preocupación que el Congreso no haya aprobado las Circunscripciones Especiales de Paz, establecidas en el Acuerdo como un medio para aumentar la participación política de aquellas personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto”.

Pero no pareciera que la corrupción y el secuestro del Estado escandalice a la élite colombiana. Y tampoco al premio Nobel, claro. Lo cierto es que Todd Howland tuvo que dejar el cargo y salir de Colombia…

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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EN PORTUGUES

Informe da ONU sobre Direitos Humanos na Colômbia é devastador

 Por Camilo Rengifo Marín

O último informe de Todd Howland, representante do ACNUDH (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos) na Colômbia e figura crucial para as negociações da paz desde 2012, é um retrato falado de um país cuja sociedade civil sofre com a indolência do Estado, a incapacidade de imaginar uma nova forma de fazer as coisas, a ambição das empresas (as legais e as ilegais), a corrupção, a impunidade e a atitude de elites mais preocupadas com a politicagem que com a paz ou a qualidade de vida dos habitantes.
Neste 16 de março, Howland deveria apresentar o informe anual de 2017, mas seu escritório anunciou que ele deixará o cargo e que a discussão pública do informe ficará à espera do seu substituto. Ainda assim, o informe será apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas).

O documento dá amplo destaque a alguns fatos que ocorrem no interior do país, onde “a presença do Estado, que muitas vezes só existe através de suas forças de segurança e com o objetivo de impor a autoridade aos habitantes locais mediante o uso da força, não contribui à geração de mudanças positivas e sustentáveis para as comunidades. A falta de uma intervenção integral do Estado tem levado a uma escalada de violência em zonas partes do país”.

O texto também fala sobre a precária implementação dos acordos de paz assinados entre o Governo de Juan Manuel Santos e as FARC, o que levou a uma ocupação dos territórios abandonados por essa guerrilha por parte de grupos armados relacionados com as economias ilegais (narcotráfico), e a casos de comunidades assediadas por esses grupos, que não tiveram o auxílio do Estado para ocupar os espaços em disputa.

A situação é crítica para as defensoras e defensores dos direitos humanos nos territórios, devido à impunidade seletiva que coloca em xeque a vontade do Estado de priorizar as vítimas, um Congresso que tenta reescrever ou reinterpretar os acordos de paz, visando abrandá-lo. Em suma, um cenário de instabilidade e de perigo para os civis envolvidos.

O duro informe de Howland mostra como o Estado segue sem ser Estado. “Há muita resistência à implementação dos acordos em vários setores da sociedade, incluindo figuras políticas e do poder econômico, instâncias legislativas e judiciárias, assim como funcionários públicos”, diz o documento, que mostra preocupação pelo aumento dos assassinatos de defensores dos direitos humanos, além de líderes sociais e comunitários: só em 2017 foram 441 ataques, com 121 pessoas assassinadas.

O informe diz que a maioria dos assassinatos é cometida por capangas dos verdadeiros responsáveis pelos crimes, o que complica o seguimento do rastro dos autores reais. “Os supostos autores materiais dos assassinatos costumam ser membros de grupos criminosos que possivelmente incluem a ex-membros ou antigas estruturas de organizações paramilitares (54 casos), ex-membros das FARC-EP (3 casos), indivíduos não ligados a nenhum grupo criminoso ou grupo armado ilegal (19 casos) e membros da força de segurança pública (3 casos)”.

O ACNUDH documentou 11 casos de supostas execuções extrajudiciais em 2017, nas províncias de Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander e Tolima. Oito desses casos teriam sido cometidos por membros do Exército, e três pela Polícia. Esta realidade traz consigo uma certa impunidade embutida, num país que já acumula milhares de execuções extrajudiciais nos últimos anos, em casos que se amontoam nos arquivos, sob o eufemismo de “falsos positivos”.

A respeito dos fatos passados, a ACNUDH diz estar preocupada justamente por essa “impunidade seletiva, observada sobretudo quando os casos envolvem altos oficiais das Forças Armadas, incluindo generais”, e alerta para o fato de que isso coloca em risco os direitos das vítimas, e a possibilidade de se chegar à verdade e obter justiça.

A ONU não entende porque, nos últimos dois anos, oficiais de alta hierarquia, incluindo alguns que atualmente estão sendo investigados, “foram promovidos, e não submetidos a um processo de depuração capaz de garantir que aqueles que participaram ou que não atuaram para deter estes crimes atrozes sejam ao menos separados do serviço ativo”.

O informe considera que o Sistema Integral de Justiça, Verdade, reparação e Não Repetição sofreu uma severa deformação: “o Congresso não aprovou o Sistema Integral como havia sido idealizado durando o acordo, e sua implementação não cumpre com as normas internacionais”. E isso se traduz em decepção e impunidade, uma vez mais. Ou seja, a justiça, se existir, será incompleta e não permitirá saber a verdade sobre o ocorrido, nem identificar plenamente os autores reais dos crimes.

A ONU constatou que enquanto as FARC cumprem com a maioria dos acordos assinados, o Estado mostra uma gigantesca ineficácia para acompanhar o processo de reintegração de seus membros. Também afirmou que quase um ano e meio depois da assinatura dos acordos, “os recursos anunciados pelo governo no que diz respeito à Estratégia de Resposta Rápida, para gerar impactos imediatos nas antigas zonas de influência das FARC-EP ainda não estão disponíveis”.

Significa dizer que “o vazio de poder que as FARC-EP deixaram permitiu que grupos ilegais e criminosos pudessem ocupar as zonas, assumindo o controle das economias ilegais ainda existentes e provocando um aumento da violência”.

O informe denuncia que “um dos principais obstáculos que o Estado enfrenta para garantir os direitos sociais, culturais e econômicos é a tentação do uso de dinheiro público em centros populacionais com o fim de obter votos em vez de priorizar os recursos para melhorar o acesso aos direitos básicos nas zonas rurais marginalizadas e menos povoadas”.

A ONU “observa com preocupação os graves obstáculos para a implementação do capítulo dos acordos relacionado com a participação política, devido aos ataques por parte dos setores políticos interessados em manter o status quo político ou que têm alguma outra razão para se opor aos acordos. É especialmente preocupante o fato de o Congresso não aprovar os Distritos Especiais de Paz, estabelecidos nos acordos como um meio para aumentar a participação política daquelas pessoas que vivem nas zonas afetadas pelo conflito”.

Mas não parece a denúncia de corrupção e sequestro do Estado, mesmo quando é feita por um organismo internacional ligado à ONU, será capaz de escandalizar a elite colombiana. Talvez nem um Prêmio Nobel da Paz para os acordos mudaria o cenário que foi descrito no documento da ACNUFH. Tanto que Todd Howland teve que deixar o cargo e sair da Colômbia.

Camilo Rengifo Marín é economista e acadêmico colombiano, investigador do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)