Argentina y la renta extraordinaria

Horacio Rovelli

“Nosotros tenemos los recursos naturales, Estados Unidos nos puede dar los fondos necesarios para desarrollar la infraestructura necesaria», dijo Jorge Argüello, embajador argentino en los EEUU, en la reunión realizada en Buenos Aires del Consejo de las Américas,  en presencia de Marc Stanley, embajador de EEUU en Buenos Aires, y en relación a las posibilidades con las que cuenta Argentina para ocupar una posición ventajosa en el mundo en el comercio de alimentos, petróleo y gas y recursos minerales como el litio.

Es más, Stanley hizo directa alusión a lo que «deberían hacer hoy» los dirigentes políticos argentinos. «He oído a Horacio (Rodríguez Larreta, neoliberal jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) hablar de que quería ser parte de una coalición en el próximo gobierno que salvara al país; yo les digo que el momento es hoy, que no esperen a las elecciones de 2023, sin importar la ideología o posición partidaria, unan sus fuerzas ahora mismo, este es el momento». ¿Injerencia? Obviamente.

El centro del problema

El quiebre fue producido por la dictadura militar y la imposición de la dependencia de los capitales financieros que, a su vez, modelan un sistema productivo y distributivo en base a la extracción de minerales en sus diversos estados y, la explotación agropecuaria exportadora. Dejamos de ser un país que crece en base a su mercado interno con trabajo y con producción industrial, para ser un mero productor de alimentos y materias primas para el mercado mundial.

La Argentina es el tercer productor de bienes y servicios de América Latina  (después de Brasil y de México) es, sin embargo, el cuarto más pobre de la región en cuanto a porcentaje de su población, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dependiente de Naciones Unidas, la pobreza en la Argentina trepó  a 38,8% y el desempleo a 20,9% como consecuencia del impacto que tuvo la pandemia en la economía en el año 2020,  mejora en el año 2021 y 2022 pero no revierte la situación de pobreza.

En la Argentina de los últimos años, una veintena de industrias elaboran el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno (Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez –ex Kraft–, Molinos Cañuelas, Morixe, etc.).

Las grandes cadenas de ventas (Coto, Carrefour, Cencosud, la Anónima, Changomas, etc.) administran el 60% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos, que no tiene relación directa con el costo de producción.

A su vez, Cargill, Viterra S.A.-Glencore (ex Oleaginosa Moreno), la empresa china COFCO, Bunge, Aceitera General Deheza, ADM, Dreyfus, ACA y Molinos Agro (Pérez Companc), en ese orden, son las nueve empresas que vendieron el 90% de los cereales, oleaginosas y subproductos del país al resto del mundo entre enero de 2021 y julio de 2022.

Los grandes consorcios de carne declaran producir entre 3,2 a 3,3 millones de toneladas de carne bovina por año, de las cuales se declara exportar 900.000 a un millón de toneladas y se destinan al mercado interno 2,3 a 2,4 millones. A esto se suman casi 3 millones de toneladas de carne de pollo y cerdo.

Los primeros frigoríficos son los brasileños Swift y el Grupo Marfrig, los nacionales Arre Beef, Friar (que era del Grupo Vicentin), Frigorífico Rioplatense (de los Constantini), Compañía Bernal, Importadora y Exportadora de la Patagonia, Azul Natural Beef, Santa Giulia, Ecocarnes, Rafaela, Frigolar, Logros y Runfo, que representan el 66% de las ventas al exterior y, además, controlan las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa y los contratos con Estados Unidos.

El acero tiene nombre y apellido: Grupo Techint. El Aluminio, Aluar. Las cementeras Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y Petroquímica Comodoro Rivadavia explican la casi totalidad de la producción nacional. Telefónica de Argentina, el Grupo Clarín y Claro monopolizan las telecomunicaciones.

La extracción de petróleo y gas es realizada por YPF S.A., Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobas, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron. En refinería, las principales compañías son YPF S.A., Raízen (licenciataria de la marca Shell), Pan American Energy (PAE), Puma Energy, Dapsa, Gulf, Voy con Energía y New American Oil. Y en transporte de gas lideran Transportadora de Gas del Norte (TGN), de Techint y Eurnekián, y Transportadora General del Sur (TGS), de Pampa Energía (BlackRock, Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.

Respecto a la electricidad, la principal transportadora eléctrica del país es Trasener (Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión), controlada por Pampa Energía. Las distribuidoras son Edenor (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte, hoy controlada por el grupo Vilas-Manzano-Filiberti), Edesur (Electricidad Distribuidora Sur, controlada por el grupo trasnacional de origen italiano ENEL) y Edelap (Empresa de Electricidad de La Plata, cuyo principal accionista es Rogelio Pagano, ex socio de Marcelo Mindlin), las cuales dominan el 75% del mercado.

La minería en la Argentina se beneficia de características geológicas que favorecen la explotación protagonizada por Barrick Gold, Glencore (la dueña de Viterra y con participación accionaria de BlackRock), Yamana Gold, Anglo Gold, Pan American Silver, Osisko Mining Corporation y Shandong Gold, que extraen minerales (principalmente oro) y declaran haber exportado en los primeros seis meses de 2022 por 1.910 millones de dólares, incluyendo la incipiente venta externa de litio por 246 millones de dólares en el período, según informa la  Subsecretaría de Desarrollo Minero. Pero no tenemos acceso a los balances de esas grandes empresas trasnacionales.

En el sector bancario, diez entidades privadas [1] captan el 35% de los 16 billones de pesos de los depósitos del sistema, pero constituyen casi el 60% de los 6,8 billones de pesos que son inmovilizados por pases pasivos, Leliq y Notaliq que, al incrementarse la tasa de referencia del mercado para el mes de agosto de 2022 –que pasó de 46,5% a 64,5% para los pases y del 60 al 69,5% para las Leliq y Notaliq–, implica que los intereses devengados por el stock total de deuda remunerada del Banco Central superan los 401.000 millones de pesos mensuales.

No menos de 240.000 millones de pesos por mes de esa suma son apropiados por diez bancos, sin hacer nada. Sólo por tener la autorización para funcionar como banco, captan depósitos y una parte importante (sin correr ningún riesgo) se la prestan al BCRA y ganan fortuna por ello.

Todos los nombrados gozan de una renta extraordinaria por la simple razón de que fijan los precios muy por encima de sus costos reales. La legislación vigente y la falta de controles en la aplicación de leyes regulatorias explican que:

• En el caso de YPF S.A., durante el segundo trimestre de 2022, el EBITDA [2] ajustado de la compañía alcanzó los 1.500 millones de dólares, consolidando una ganancia neta de 94.063 millones de pesos.
• Molinos Río de la Plata informa en el balance del primer semestre de 2022 que registró una ganancia de 5.195 millones de pesos. Detallar sus principales marcas facilita la identificación de la magnitud de la compañía, con presencia dominante en góndolas y alacenas de los hogares. Entre otras varias, se destacan Matarazzo, Lucchetti, Exquisita, Granja del Sol, La Salteña, Arlistán, Gallo, Cocinero, Lira, Gallo Snacks, Cruz de Malta, Nobleza Gaucha, Chamigo, Salus, Bodega Nieto Senetiner, Bodega Ruca Malen, Viña Cobos.
• El grupo Arcor (Luis Pagani), líder en alimentos, principalmente chocolates, golosinas, dulces, helados y galletitas –que incluso tiene participación accionaria en la principal empresa láctea del país (La Serenísima)– reporta ganancias para el primer semestre de 2022 por 18.346 millones de pesos.
• Cablevisión (Héctor Magnetto-Grupo Clarín) presenta en su balance del primer semestre de 2022 ganancias por 28.640 millones de pesos, gracias a fijar los precios que quisieron porque la Justicia argentina le dio lugar a su reclamo de que no prestan un servicio esencial a la población. Por ende, no respetan ninguna regulación al respecto.

En ese marco y con esa sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores, es muy difícil destrabar el proceso de formación de precios de esos productos que no tiene relación directa con el costo de producción.

Todos los nombrados generan rentas extraordinarias para sus dueños y mandantes, que no nace del esfuerzo, de la inversión y del salto tecnológico, nace de la propiedad y/ o  la concesión del subsuelos, de la tierra, y de la legislación financiera de 1977 aún vigente que privilegia al sector financiero.

La renta extraordinaria y la historia

En cambio, en 1946 el gobierno de Juan Domingo Perón consiguió que el Congreso aprobara -y después año tras año renovara repetidamente-, la autorización para cobrar el llamado Impuesto sobre las Ganancias Extraordinarias, creado a finales de la guerra para gravar aquellos beneficios que se consideraban el producto excesivo de las condiciones bélicas.

Además en 1946 se creó el llamado Impuesto a las Ganancias Eventuales que afectaba a la venta de activos y propiedades inmobiliarias, que suponían un rápido incremento de patrimonio no gravado por el impuesto a los réditos.  La tasa de este impuesto era del 20 por ciento proporcional a la ganancia.

La sangrienta Revolución Libertadora y las medidas propiciadas por el Plan Prebisch, significaron una fuerte devaluación de nuestra moneda y la supresión del impuesto a los beneficios extraordinarios[1] y nunca más se volvió a tratar el tema hasta llegar a la situación actual que, fruto de eliminar las juntas naciones de granos y de carnes y los mecanismos de controles de precios, nos encontramos con empresas con fuertes utilidades y un incremento incesante en el nivel general de los mismos.

Este incremento incluso se exacerba con la guerra entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores de trigo y de girasol e impacta en todos los mercados.  Y en el caso de Rusia en el precio del gas y todo lo que ello significa.

Ante ello el gobierno argentino presentó en el Congreso de la Nación, el 6 de junio 2022,  el Mensaje N° 33/2022 y Proyecto de Ley 0010-PE-2022 para incorporar una alícuota adicional del 15% al impuesto a las Ganancias para Sociedades que tuvieron una «renta inesperada»[2] producto de la disparada de precios internacionales que generó la guerra en Ucrania.

En los fundamento del Proyecto de marras se sostiene que, ante esta situación excepcional se requieren nuevas y mejores herramientas para dotar al Estado de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para redistribuir la riqueza hacia los hogares. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y contener el proceso inflacionario que son objetivos fundamentales y es preciso instrumentar todas las herramientas que se tengan al alcance para lograrlo.

El ministro de Economía de ese entonces, Martín Guzmán, destacó durante la presentación del proyecto, que la normativa alcanzará a firmas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de mil millones de pesos (en el año 2021 fueron solamente 3,2% de las empresas, unas 19.000 sociedades anónimas) y que cumplan con al menos una de dos condiciones:

1. Su margen de ganancia sobre los ingresos (utilidad neta, se descuenta la inflación) deberá ser superior al 10% o
2. Deberá haber tenido un aumento del 20% de las utilidades netas en el año 2022 con relación al 2021

Sin embargo tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, se dejó de lado dicho proyecto y se lo reemplaza en la práctica por la Resolución 5248/AFIP que, en lugar de gravar la renta inesperada, lo que hace  es un pago adelantado por única vez, a cuenta de la liquidación del Impuesto a las Ganancias.

De acuerdo con la Resolución 5.248 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), serán alcanzadas las empresas que hayan tenido resultados positivos de entre 100 y 300 millones de pesos con una tasa del 15%. Para aquellas empresas que hayan ganado más de 300 millones la tasa será del 25%. En tanto, quedarán excluidas aquellas personas jurídicas que hubieran obtenido un certificado de exención de Ganancias, vigente en 2021 o 2022.

La norma establece que estas compañías deberán adelantar en seis meses el pago del Impuesto a las Ganancias, con los que la AFIP espera recaudar  250.000 millones de pesos entre octubre y julio de 2023, según dijo su titular, Carlos Castagneto.

 En síntesis

La demostrable existencia de renta petrolera, minera, agropecuaria y financiera, debería obligar al gobierno, en una situación límite y totalmente justificada por el exacerbado incremento de los precios y de la tasa de interés, aplicar un impuesto adicional al de ganancias,  para revertir al menos en parte la regresividad del sistema impositivo vigente, pero en cambio, lo sustituye por un adelanto en el pago del impuesto a las ganancias.

Y lo hace porque el presupuesto de la Administración Nacional por DNU 331/22 implica una fuerte reducción del gasto, para que el mismo sea solamente del 20,9% del PIB, cuando el menor gasto público del gobierno de Cambiemos fue del 21,38% del PIB.  En el mismo se prioriza el pago de los servicios de la deuda externa e interna en desmedro de las erogaciones previsionales, de los subsidios, y de la inversión pública.

Es obvio que todo el sistema tributario argentino, tanto en su faz teórica como en la práctica concreta, adolece de no cumplir el “principio de equidad” que articula y sintetiza a todos los demás principios constitucionales. Un tributo va a ser justo cuando considera las garantías de: legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad e irretroactividad.  Y en ese marco, ni tan siquiera se busca al menos compensar la inequidad con gravar la renta extraordinaria o no esperada  que hubiera sido lo justo.

Notas

[1] Plan Prebisch: a) Suprimir los controles de cambio y la comercialización de exportaciones con intervención estatal.  b) Se aplicaron fuertes devaluaciones que beneficiaron a los sectores agrarios más concentrados e hizo caer el salario real c) Los salarios fueron congelados, frente a una inflación creciente. d) Se suprimieron todos los subsidios dirigidos al consumo de los sectores populares.

[2]  En la Guerra de los seis días (1967) las empresas petroleras en los EEUU habían aumentado sus ganancias en un billón de dólares como consecuencia de la guerra, mientras que los costos locales no se modificaban porque tenían autoabastecimiento. El gobierno de Richard Nixon le fijo un tributo sobre sus utilidades, que tuvo vigencia por 2 años.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).