Las diez “verdades” del acuerdo de Argentina con el FMI: ¿versión del propio Fondo?
Jorge Marchini y Aram Aharonian
Sin mucha vergüenza, el gobierno argentino difundió “Las 10 verdades del acuerdo con el Fondo”, donde da la sensación que el mismo fue redactado por los expertos comunicadores del mismo Fondo Monetario Internacional, con mucha experiencia en maquillar las consecuencias de sus “convenios” expoliatorios.
El decálogo pareciera reseñar una gesta heroica, que deja una enseñanza para todo el mundo: no hay otro camino que atenerse a las condiciones del FMI. O sea, “abandonad toda esperanza”. “Teníamos una deuda impagable y ahora tenemos un acuerdo razonable. Con este acuerdo podemos crecer, honrar nuestras obligaciones y hacer una Argentina más justa”, señala. Frases cortas, sin mayores explicaciones: desdén por la capacidad de los ciudadanos para comprender de qué se trata, destino impostergable.
Según el cronograma actual, Argentina debe pagar 19.000 millones de dólares en 2022, una cifra a la que no puede hacer frente. Por ese motivo, el programa de Facilidades Extendidas que pretende acordar el Gobierno con el FMI aplaza la devolución del préstamo hasta 2026, cuando otro sea presidente.
A los expertos les llama muy en particular la atención el punto seis del nuevo decálogo gubernamental de la defensa del acuerdo con el FMI que afirma que éste está basado » en la confianza del mundo en nuestras capacidades». Lo que resulta notable es que exactamente el mismo argumento fue utilizado por el FMI para justificar el crédito récord de 57.000 millones de dólares a la Argentina al gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno recurre a los mismos argumentos que en 2018 se plantearon desde el FMI para justificar el «apoyo a la Argentina». ¿Será entonces que el acuerdo del FMI de entonces no fue tan malo como lo pintaron tanto el presidente como la vicepresidenta en innumerables discursos .
O lo que muchos temen: que el actual gobierno se ha decidido a encaminarse en la misma ruta que la administración neoliberal de Macri, pero con mucha más dureza, como indicaron como crítica los auditores del FMI del crédito anterior.
Uno puede entender que a un gobierno que se autodefine como peronista, como progresista, le cuesta mucho encontrar 10 justificaciones para el este viraje. El primer punto, por ejemplo, “para pagar, primero hay que crecer. Por eso hoy cerramos un acuerdo que nos va a permitir sostener el crecimiento y el sendero del desarrollo con inclusión”. La realidad desdice lo expuesto: primero se paga y luego se verá si puede haber crecimiento y/o desarrollo.
Y sigue con las falacias y medias verdades: Es un acuerdo que hicimos preservando los intereses de las argentinas y los argentinos, que no restringe ni condiciona los derechos de nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Un acuerdo que cuida la inversión en obra pública, que es uno de los pilares de la recuperación económica y de la generación de empleo. El ministro de Economía Martín Guzmán añadió que no habrá “ninguna reforma laboral” ni “privatización de empresas públicas”.
“Negociamos de manera soberana por eso este acuerdo no nos impone llegar al déficit cero ni nos obliga a una reforma laboral. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, señala el decálogo fondomonetarista firmado por el gobierno argentino.
Y es entonces que tira la pelota para afuera: “La deuda fue tomada de manera irresponsable por el gobierno de Macri y hoy nosotros, como hemos hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia, nos hacemos cargo de este problema y lo resolvemos. Acordar significa poder acceder a nuevos financiamientos para seguir creciendo y que esa recuperación llegue a cada casa y a cada familia”.
El diálogo del gobierno argentino con el FMI se había convertido en el detonante de numerosas peleas incluso en el
seno de la coalición gobernante, el Frente de Todos. Según la prensa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaba el sector más reacio a aceptar cualquier condición del Fondo que implicara un ajuste.
“El presidente se comprometió a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso. Ojalá que en el pasado tamaño endeudamiento hubiese pasado por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Quizás fue la cobardía que no hayan mandado el proyecto acá”, dijo el diputado Máximo Kirchner.
Tras el pacto de un nuevo programa con el Fondo, el acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso, donde el triunfo opositor en las legislativas del 14 de noviembre último dejó al gobierno sin el control que ostentaba en el Senado —pese a conservar la mayoría— y con solo dos legisladores más que el opositor Juntos por el Cambio en Diputados.
Hace casi un año, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, dijo que era “un momento muy importante” para que Argentina pusiera en práctica políticas para una reestructuración exitosa de su deuda, mientras que el Papa Francisco advertía que soluciones insensibles pueden dañar a las sociedades.
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Apareciendo de improviso en la conferencia del Vaticano en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en la que participaban el economista estadounidense Joseph Stliglitz, el ministro de Economía argentino Martín Guzmán y la mandamás del FMI, el Papa y pidió “nuevas formas de solidaridad” para ayudar a los países endeudados, señalando que “no estamos condenados a la desigualdad universal”.
Francisco, agregó que la política de deuda de un país “puede convertirse en un factor que dañe el tejido social”. Hoy los analistas se preguntan cuál fue la influencia del Papa argentino en el acuerdo que finalmente se firmara con el FMI.
Stiglitz, mentor de Guzmán, dijo entonces que la actual crisis de deuda argentina le dio al mundo la oportunidad de “demostrar que existe un enfoque alternativo al que ha fallado repetidamente en el pasado” e hizo un llamado para impulsar “un marco que a la vez apele a las nociones de racionalidad económica y a nuestro sentido de solidaridad social, una humanidad común, que en este momento de la historia parece tan atacada”.
El sector del Frente de Todos que responde al presidente Alberto Fernández presenta el acuerdo como un logro y festeja porque «no incluye políticas de ajuste», tal como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán. Esta afirmación choca contra la realidad cuando en forma paralela se anticipa que habrá aumentos de tarifas de servicios públicos, una significativa nueva devaluación del peso e incremento de tasa de interés bancarias, medidas que golpearán sensiblemente a la población. ¿Cuál es la verdad?
Por lo pronto, hay quienes no están muy contentos dentro de la coalición oficialista. Alicia Castro, exembajadora en Reino Unido y Venezuela, advirtió que «solo alguien muy fantasioso puede pensar que después de esto el presidente va a ser reelecto. Lo vivimos como un duelo, con una gran preocupación».
Lamentó profundamente que el Gobierno no haya querido recibir la propuesta de dar un ejemplo llevando al FMI a rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia, que era la oportunidad de decir ‘basta’, de obtener mejores condiciones en la negociación.
“Con el acuerdo se está forzando al pueblo argentino a pagar una estafa», sentenció Castro , quien calificó de «poco ética» la actitud de “decir que no va a haber ajuste, que el gasto cero será a partir de 2025″ porque «se están alegrando porque evidentemente eso ocurrirá durante la gestión de otro Gobierno», añadió la exdirigente sindical.
El origen
¿Porqué se originó la deuda y qué se hizo con ella? Todos saben que la Argentina es un país rico en recursos de todo tipo y cuenta con una mano de obra capacitada y numerosa, con un alto nivel de educación y formación, que puede capacitarse aún más.
La deuda externa del gobierno anterior se generó cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015, que era en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB, unos 216.000 millones de pesos. Y se tomaron dólares para ello, explica el economista Horacio Rovelli.
A ello se debe agregar el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales causados por la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.
Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos en pesos le dió la 
moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los cambió al valor oficial por pesos, que el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas.
Y como el gobierno neoliberal fue subiendo el monto máximo que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100 empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.El otro problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el monto que compraron.
Ninguna de esas 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compró, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de lavado de activos para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos (demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los 24.769 millones de dólares)
Paralelamente el gobierno macrista, que priorizó la negociación de la deuda externa por encima de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024. Eso sí, se le paga los intereses.
Pero con el Fondo Monetario Internacional, la deuda que fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que, sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión.
Y el viernes 28 de enero 2022 se le pagaron intereses por 731 millones de dólares más y se arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación en marzo próximo.
El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7%, lo que es claramente imposible, señaló el economista Horacio Rovelli.
“Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil.Vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el Banco Central en los dos últimos años, durante este gobierno, añadió.
El préstamo a Macri no le sirvió al país, dice el FMI
El FMI admitió que el préstamo a Macri no logró restaurar la confianza del mercado ni reducir los desequilibrios fiscales. “La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero y una base exportadora reducida”, señala el informe de evaluación técnica sobre el programa Stand by .
El crédito de 57.000 millones de dólares que el FMI concedió al Gobierno argentino en 2018 —de los que se desembolsaron 44.000— no cumplió con sus principales objetivos. “La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero y una base exportadora reducida”, destaca el informe.
La entonces directora gerente del FMI, Christine Lagarde, felicitó a las autoridades argentinas por haber alcanzado el acuerdo e hizo énfasis en la necesidad de acelerar la reducción del déficit en el país. «El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal. Avalamos plenamente esa prioridad y celebramos la intención de las autoridades de acelerar el ritmo de reducción del déficit del gobierno federal, restableciendo el balance primario para 2020», señaló.
Asimismo, Lagarde agregó que el FMI respalda los «redoblados esfuerzos» por reducir la inflación que «carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad».
Hoy el FMI atribuye también al Ejecutivo de Macri parte de la responsabilidad: la ausencia de medidas respecto a las operaciones de deuda y de controles al movimiento de capitales fueron perjudiciales. El FMI critica también la existencia de problemas de comunicación y un exceso de optimismo en las expectativas económicas, entre ellas la inflación: el macrismo preveía un aumento de precios del 15% para 2018, pero ese año la inflación fue de 47,6%, la más alta de los últimos 27 años.
El organismo admite que el crédito no logró la disminución progresiva de las tensiones en la balanza de pagos de Argentina ni la protección de los sectores más vulnerables de la población. Lla crisis económica argentina que comenzó en 2018 y se agravó en los dos años posteriores castigó con especial dureza a aquellos con menos recursos. Entre 2018 y finales de 2020, la pobreza creció del 32 al 42 por ciento de la población.
De ser aprobado en el Congreso el acuerdo con el FMI, a libro cerrado, con la excusa de que “no hay nada más que hacer” se frustrará –con mayores golpes a las condiciones de vida de los ciudadanos- la sincera expectativa y la enorme esperanza original generada por el actual gobierno.
El “entendimiento sobre políticas clave” para un acuerdo con el FMI logró eludir el default hasta 2024, pero no reducir las sobretasas ni la tutoría permanente, omnipresente de los funcionarios del FMI. “Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento (…) Hay una monumental cesión de soberanía y metas sumamente precisas para la coyuntura inmediata 2021-2024», afirmó Claudio Lozano, director del Banco de la Nación.
Este gobierno, en la Plataforma Electoral 2019 del Frente de Todos, se comprometió a combatir prioritariamente “la creciente pobreza, destrucción y precarización del mercado de trabajo, marcada caída del poder de compra de los salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario, esquema tarifario que desconfiguró la economía, políticas de ajuste impuestas sobre el Estado, y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental”.
Ese compromiso, ¿fue solo un decir electoral publicitario sin tomar en consideración la real dimensión del desafío del brutal endeudamiento que dejaba el gobierno anterior? ¿Se pensó con una inocencia increíble durante más de 
dos años que el FMI «no es el mismo», aceptando llevar adelante negociaciones confidenciales mientras se lavaba su clara responsabilidad?.¿Por qué no se consultaron y escucharon otras voces y propuestas serias que no eran solo consignas o expresiones de deseo?
La sociedad argentina deberá enfrentar la realidad en forma activa contra los engaños y la desmoralización para defender sus condiciones de vida y su futuro. Podrá y deberá hacerlo.
*Marchini es Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Aharonian es periodista y comunicólogo uruguayo, magíster en Integración, creador y fundador de Telesur. Ambos son analistas del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Versión en portugués
As dez »verdades» do acordo da Argentina com o FMI: versão do próprio Fundo?
O decálogo parece esboçar um feito heroico, que deixa uma lição para todos: não há outro caminho senão cumprir as condições do FMI. Em outras palavras, “abandone toda a esperança”. Afirma que o país tinha “uma dívida impagável, e agora temos um acordo razoável. Com este acordo podemos crescer, honrar nossas obrigações e tornar a Argentina mais justa”. Frases curtas, sem maiores explicações: desprezo pela capacidade dos cidadãos de entender do que se trata, um destino que não pode ser adiado.
De acordo com o cronograma atual, a Argentina deve pagar 19 bilhões de dólares em 2022, um valor que não pode encarar. Por isso, o programa que o Governo pretende acordar com o FMI adia o reembolso do empréstimo até 2026, quando poderia ser outro o presidente.
Os especialistas estão particularmente impressionados com o ponto seis do decálogo governamental, que afirma que se baseia na “confiança do mundo em nossas capacidades”. O que chama a atenção é que exatamente o mesmo argumento foi usado pelo FMI para justificar o crédito recorde de 57 bilhões de dólares da Argentina ao governo de Mauricio Macri.
O governo recorre aos mesmos argumentos que foram levantados em 2018 pelo FMI para justificar o “apoio à Argentina”. Será então que o acordo na época não foi tão ruim, como disseram o presidente Alberto Fernández e também a vice-presidenta Cristina Kirchner, durante a campanha eleitoral e em inúmeros discursos?
Ou será que a verdade é a que muitos temem: que o atual governo decidiu seguir o mesmo caminho do governo neoliberal de Macri, mas com muito mais dureza, como foi apontado pelos auditores do FMI.
Pode-se entender que um governo que se define como peronista, como progressista, tem dificuldade em encontrar 10 justificativas para essa mudança. O primeiro ponto, por exemplo, “para pagar é preciso primeiro crescer. Por isso, fechamos um acordo que nos permitirá sustentar o crescimento e o caminho do desenvolvimento com inclusão”. A realidade contradiz o exposto: primeiro você paga e depois vai ver se pode haver crescimento e/ou desenvolvimento.
E continua com as falácias e meias-verdades: “é um acordo que preserva os interesses dos argentinos, que não restringe nem condiciona os direitos de nossos aposentados. Um acordo que protege o investimento em obras públicas, que é um dos pilares da recuperação econômica e da criação de emprego”.
O ministro da Economia, Martín Guzmán, acrescentou que não haverá “reforma trabalhista” ou “privatização de empresas públicas”.
“Negociamos de forma soberana, por isso este acordo não nos impõe um déficit zero, nem nos obriga a uma reforma trabalhista. Não impacta os serviços públicos, não relega nossos gastos sociais e respeita nossos planos de investimento em ciência e tecnologia”, afirma o decálogo do FMI assinado pelo governo argentino.
O trecho onde se evidencia a primeira bola fora do governo é este: “a dívida foi assumida de forma irresponsável pelo governo Macri, e nós, como fizemos em outras ocasiões ao longo da história, assumimos esse problema e vamos resolvê-lo. Concordar significa poder aceder a novos financiamentos para continuar a crescer, e que esta recuperação chegue a cada casa e a cada família”.
O diálogo do governo argentino com o FMI foi o estopim de inúmeras lutas, mesmo dentro da coalizão governista, a Frente de Todos. Segundo a imprensa, a vice-presidenta Cristina Kirchner, lidera o setor mais relutante em aceitar qualquer condição do Fundo que implique um reajuste. “O presidente prometeu enviar o acordo com o FMI ao Congresso. Eu gostaria que, no passado, tal dívida tivesse passado por este Congresso, para cuidar de nossa democracia. Talvez tenha sido covardia não terem enviado o projeto para cá”, disse o deputado Máximo Kirchner, filho de Cristina e do também ex-presidente Néstor Kirchner.
Após o pacto de um novo programa com o FMI, o acordo deve ser ratificado pelo Congresso, onde a vitória da oposição nas eleições legislativas de 14 de novembro passado deixou o governo sem o controle que tinha no Senado – apesar de manter a maioria de apenas dois votos na Câmara dos Deputados.
Há quase um ano, a diretora-gerente do FMI, Krystalina Georgieva, disse que era “um momento muito importante” para a Argentina implementar políticas para uma reestruturação bem-sucedida de sua dívida, enquanto o Papa Francisco alertava que “soluções insensíveis podem prejudicar as sociedades”.
Aparecendo inesperadamente na conferência do Vaticano, na Pontifícia Academia de Ciências Sociais, na qual participaram o economista americano Joseph Stliglitz, o ministro argentino da Economia Martín Guzmán e a chefa do FMI, o Papa pediu “novas formas de solidariedade” para ajudar os países endividados, ressaltando que “não estamos condenados à desigualdade universal”.
Francisco acrescentou que a política de endividamento de um país “pode se tornar um fator que prejudica o tecido social”. Hoje, os analistas se perguntam qual foi a influência do papa argentino no acordo que finalmente foi assinado com o FMI.
Stiglitz, mentor de Guzmán, disse então que a atual crise da dívida argentina deu ao mundo a oportunidade de “demonstrar que existe uma abordagem alternativa àquela que falhou repetidamente no passado” e pediu a promoção de “uma estrutura que talvez agrade a noções de racionalidade econômica e ao nosso senso de solidariedade social, uma humanidade comum, que neste momento da história parece tão sob ataque”.
O setor da Frente de Todos que responde ao presidente Alberto Fernández apresenta o acordo como uma conquista e comemora porque “não inclui políticas de ajuste”, como disse o ministro da Economia. Esta afirmação se choca com a realidade quando, paralelamente, se prevê aumentos nas tarifas dos serviços públicos, uma nova desvalorização significativa do peso argentino e um aumento das taxas de juros bancárias, medidas que afetarão significativamente a população. Qual é a verdade?
Por enquanto, há quem não esteja muito feliz dentro da coalizão governante. Alicia Castro, ex-embaixadora no Reino Unido e na Venezuela, alertou que “só quem é muito fantasioso pode pensar que, depois disso, o presidente será reeleito. Vivemos isso como uma derrota, com muita preocupação”.
Alicia lamentou profundamente o fato de o governo não ter escolhido a postura de dar o exemplo ao prestar contas ao FMI perante o Tribunal Internacional de Justiça, que foi a oportunidade de dizer “basta”, para obter melhores condições na negociação.
“Com o acordo, o povo argentino está sendo obrigado a pagar por uma farsa”, disse Castro, que qualificou de “antiética” a atitude de “dizer que não haverá reajuste, que o gasto zero será a partir de 2025”, porque “eles estão se alegrando pelo fato de que isso acontecerá durante a gestão de outro governo”, acrescentou a ex-dirigenta sindical.
A origem
Por que a dívida se originou e o que foi feito com ela? Todos sabem que a Argentina é um país rico em recursos de todos os tipos, que conta com uma mão-de-obra numerosa e qualificada, com alto nível de educação e formação, que pode ser melhor capacitada.
“A dívida externa do governo anterior foi gerada quando se decidiu contrair dívida em moeda estrangeira para cobrir o déficit fiscal de 2015, que era em moeda nacional e era de aproximadamente 4,5% do PIB, cerca de 216 bilhões de pesos argentinos. E levaram dólares por isso”, explica o economista Horacio Rovelli.
Deve-se acrescentar, também que o pagamento aos fundos abutres chefiados por Paul Singer, no valor de 9,3 bilhões de dólares, mais os déficits fiscais durante o governo de Macri, causados pela inépcia macrista, que reduziu os impostos sobre a soja e derivados, eliminou todos os outros direitos de exportação, implementou um plano para reduzir o imposto de renda – gerando ainda mais déficit fiscal – e tentando cobrir tudo isso colocando títulos do governo em moeda estrangeira, alguns com vencimento em 100 anos.
Os dólares chegaram, mas como o governo teve que arcar com as despesas internas em pesos (aposentadorias e pensões, contratos, salários das Forças Armadas e de Segurança, salários do restante dos funcionários públicos, transferências, licitações de obras, etc), deixou a administração desses dólares ao Banco Central argentino, que também vendeu essas moedas ao câmbio oficial para pessoas físicas, principalmente as grandes empresas, com base na reforma financeira de 1977.
E como o governo neoliberal estava levantando o valor máximo que poderia ser comprado e até eliminou esse limite em setembro de 2016, permitiu que 100 empresas comprassem 24,8 bilhões de dólares nos quatro anos de gestão macrista. O outro problema é que essas 100 empresas não pagaram imposto de renda sobre o valor que compraram.
Nenhuma das 100 empresas conseguiu pagar metade dos impostos sobre os dólares que compraram, o que representa crime de sonegação de impostos e fuga de capitais, no caso de empresas em geral, além de lavagem de dinheiro no caso dos bancos que venderam esses dólares do Banco Central e não tomaram as devidas precauções para registrar a origem dos fundos – crime que foi claramente demonstrado, pois declararam lucros ou outros tipos de receitas relativas aos dólares.
Ao mesmo tempo, o governo de Alberto Fernández, que priorizou a negociação da dívida externa em detrimento da dinamização da economia, da produção e do trabalho nacionais, conseguiu um período de carência com os detentores privados de títulos da dívida até o segundo semestre de 2024. Mas claro, terá que pagar os juros.
Mas com relação à dívida com o FMI, que foi contraída sem prévia autorização do Congresso, não só foi validada desde o início do atual governo de Alberto Fernández, como também foram pagas as duas primeiras parcelas de capital que, somadas aos juros, significou desembolsos de 6,3 bilhões de dólares nos dois primeiros anos de gestão.
Na sexta-feira (28/1), foram pagos juros de cerca de 731 milhões de dólares, graças a um acordo que deve ser endossado pelo Congresso Nacional.
“O gasto público da administração nacional é de 22,1% do PIB, um dos mais baixos dos últimos 75 anos, e se pretende levá-lo para 18,7%, o que é claramente impossível”, disse o economista Horacio Rovelli.
“Então, o FMI vai exigir que os recursos naturais sejam vendidos a um preço vil. Eles vêm pelo subsolo argentino e pelo que o país cultiva, para comprá-lo a preço de leilão. Para isso, vão usar os dólares que saíram do país durante a fuga de capital promovida pelo governo macrista, aqueles que o Banco Central vendeu nos últimos dois anos da gestão anterior”, acrescentou.
Empréstimo a Macri não serviu ao país, diz FMI
O FMI admitiu que o empréstimo Macri não conseguiu restaurar a confiança do mercado ou reduzir os desequilíbrios fiscais. “A estratégia e as condições do programa não foram sólidas o suficiente para corrigir os problemas estruturais da Argentina, como finanças públicas frágeis, dolarização, inflação alta, políticas monetárias fracas, setor financeiro limitado e base exportadora reduzida”, afirma o relatório de avaliação do programa.
O crédito de 57 bilhões de dólares que o FMI concedeu ao governo argentino em 2018 – dos quais 44 bilhões foram desembolsados %u20B%u20B– não cumpriu seus principais objetivos. “A estratégia e as condições do programa não foram fortes o suficiente para corrigir os problemas estruturais da Argentina, como finanças públicas frágeis, dolarização, inflação alta, políticas monetárias fracas, setor financeiro limitado e base exportadora reduzida”, destaca o relatório.
A então diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, parabenizou as autoridades argentinas por terem alcançado o acordo e enfatizou a necessidade de acelerar a redução do déficit do país. “O plano econômico do governo gira em torno de um reequilíbrio da posição fiscal. Apoiamos plenamente essa prioridade e saudamos a intenção das autoridades de acelerar o ritmo de redução do déficit do governo federal, restabelecendo o saldo primário até 2020”, disse ela.
Da mesma forma, Lagarde acrescentou que o FMI apoia “esforços redobrados” para reduzir a inflação que “devora as bases da prosperidade econômica da Argentina e atinge diretamente os segmentos mais vulneráveis %u20B%u20Bda sociedade”.
Hoje, o FMI também atribui parte da responsabilidade a Macri, pela ausência de medidas sobre operações de dívida e controles sobre a movimentação de capitais foram prejudiciais. O FMI também critica a existência de problemas de comunicação e excesso de otimismo nas expectativas econômicas, incluindo a inflação – o macrismo previa um aumento de preços de 15% para 2018, mas naquele ano a inflação foi de 47,6%, a maior dos últimos 27 anos.
A organização admite que o crédito não conseguiu a redução progressiva das tensões na balança de pagamentos da Argentina, nem a proteção dos setores mais vulneráveis %u20B%u20Bda população. A crise econômica argentina, que começou em 2018 e se agravou nos dois anos que se seguiram, atingiu de forma particularmente dura aqueles com menos recursos. Entre 2018 e o final de 2020, a pobreza cresceu de 32% para 42% da população.
Se o acordo com o FMI for aprovado pelo Congresso, com a desculpa de que “não há mais nada a fazer”, haverá uma enorme frustração, pelas expectativas sinceras e a enorme esperança original geradas no povo pelo atual governo.
O “entendimento sobre políticas prioritárias” para um acordo com o FMI conseguiu evitar a inadimplência até 2024, mas não reduziu as sobretaxas ou a tutela permanente e onipresente dos funcionários do FMI. “Conseguimos um calote diferido e não uma solução para o endividamento (…) Há uma transferência monumental de soberania e metas extremamente precisas para a situação imediata 2021-2024”, disse Claudio Lozano, diretor do Banco Nación.
Este governo, em sua plataforma eleitoral de 2019, prometeu combater prioritariamente “a crescente pobreza, a destruição e precariedade do mercado de trabalho, a queda acentuada do poder de compra dos salários num contexto de inflação acelerada, o regime tarifário que desconfigura a economia, as políticas de ajuste impostas ao Estado e o endividamento externo que condiciona as ações de uma futura administração governamental”.
Esse compromisso foi apenas uma propaganda eleitoral, sem levar em consideração a real dimensão do desafio por trás do endividamento brutal deixado pelo governo anterior? Por mais de dois anos, se defendeu a incrivelmente inocente tese de que o FMI “não é o mesmo”, para justificar as negociações confidenciais, ao mesmo tempo em que lavou sua clara responsabilidade na crise? Por que outras vozes e propostas sérias, que não eram apenas slogans ou expressões de desejo, não foram consultadas e ouvidas?
A sociedade argentina deve enfrentar ativamente a realidade, contra os enganos e a desmoralização, para defender suas condições de vida e seu futuro. Pode e deve fazê-lo.
Jorge Marchini é professor de Economia da Universidade de Buenos Aires, coordenador para a América Latina do Observatório Internacional da Dívida e investigador do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Aram Aharonian é jornalista e comunicólogo uruguaio, criador e fundador do canal TeleSur. Ambos são analistas do Centro Latino-Americano de Análise Estratégica (CLAE)
*Publicado originalmente em estrategia.la | Tradução de Victor Farinelli
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