Santos vuelve a las suyas: la masacre de campesinos en Tumaco

Camilo Rengifo Marín-CLAE||

Mientras el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como el ministerio de Defensa, aseguran que los hechos ocurridos en Tumaco, fue una “respuesta” al uso de cilindros bomba contra los uniformados, la comunidad desmiente la versión y acusa directamnte a las fuerzas militares y policiales por la muerte de seis campseinos, entre ellos un menor de edad, y más de 30 personas heridas.

Santos responsabilizó este viernes a “bandas delictivas” de haber iniciado el conflicto armado que provocó la masacre de Tumaco este jueves en el que resultaron asesinados al menos nueve campesinos,a pesar de que la comunidad de Tumaco identificó como responsables a funcionarios del Ejército de Colombia y la Policía Nacional.

Según Santos la localidad de Tumaco es una zona “que desde hace muchos años ha sido un corredor de narcotráfico y fuente importante de materia prima del mismo”, razón por la cual, en esa región se encuentran “bandas delictivas” que “han sido identificadas” y alegó que esas “bandas criminales están cohesionando a los campesinos para que se opongan a la sustitución voluntaria de los campos”.

Sin embargo, Santos no hizo referencia a que, desde el 28 de septiembre, miles de colombianos se encuentran en protesta pacífica en Tumaco, exigiendo se detenga el asesinato contra los campesinos y el desalojo forzado de las tierras que trabajan -como único medio de sustento-, así como el cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

“Hemos identificado a los alias El Guacho y El David (el primero de estos presunto responsable de los disparos contra la fuerza pública) quienes se convirtieron en objetivos de alto valor para la fuerza pública colombiana y por la que actualmente se ofrecen 150 millones de pesos por cualquier información que contribuya a la de captura de los individuos”, dijo.

La ONU se pronunció a través de un comunicado con un informe sobre las actividades que realiza para apoyar a la región y las posibles causas de lo sucedido. “El análisis de la Oficina señala que las muertes de ayer se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del Acuerdo de Paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil”.

Además, incluyó una lista de situaciones que viven los corregimientos del Alto Mira y Frontera, en Tumaco, como la “presencia limitada del Estado, altos niveles de pobreza, falta de implementación integral del Acuerdo de Paz, aparición de disidencias de las Farc e índices de violencia a niveles endémicos”.

La Fiscalía informó en su último comunicado que hasta el momento van seis muertos, entre ellos un menor de edad, y más de 30 personas heridas. Además, anunció que ya empezaron las investigaciones correspondientes para averiguar qué fue lo que sucedió. A estos esfuerzos se sumaron la Procuraduría, la ONU y la Defensoría del Pueblo.

Repudio generalizado

Distintas organizaciones sociales, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Farc, exigieron a la justicia colombiana que se esclarezcan los hechos suscitados de manera inmediata sobre la masacre contra la población campesina de Tumaco.

Rodrigo Londoño, presidente de la Farc, indicó que los medios de comunicación colombianos tergiversan la información sobre los hechos y buscan ocultar la verdad. “La verdad: Campesinos en Tumaco hacen resistencia a erradicación forzada de cultivos de uso lícito. La erradicación forzada acompañada de la bala, son medidas insensatas y criminales”, agregó Londoño advirtiendo a Santos.

A su vez el ELN, que actualmente se encuentra en los diálogos de paz con el gobierno colombiano y mantiene un cese al fuego desde el 1 de octubre, manifestó su condena a la masacre y exigieron la intervención con urgencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, así como el apoyo internacional ante la gravedad de los hechos.

Por su parte, representantes de la Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- reiteraron la denuncia sobre la responsabilidad de la Policía y el Ejército en la masacre de 8 campesinos. Niegan posible responsabilidad de disidencias de la FARC y exigen una misión de verificación de alto nivel.

Según indicó Luz Perly Córdoba, la masacre perpetrada por fuerzas del Estado en el municipio de Tumaco ocurrió en medio del desarrollo de una acción cívica de cerco humanitario, cuyo fin era impedir la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Ante el lamentable hecho, Córdoba afirmó que es incomprensible la doble moral del Gobierno: “El Estado aplica la represión contra los cultivadores mientras sus funcionarios dicen en los medios que el problema de los cultivos solo se resuelve atacando las causas estructurales que llevaron a humildes campesinos a recurrir a este medio para subsistir”.

Para Córdoba, la masacre de Tumaco es el hecho más grave pero la represión en la erradicación forzada no se ha suspendido: “Hechos de represión y violencia en la erradicación se presentan en todo el país. Los campesinos han manifestado su voluntad de hacerlo voluntariamente, han firmado acuerdos con el programa de sustitución y al día siguiente vienen a erradicar a la fuerza”.

Por su parte, el vocero nacional de la Marcha Patriótica David Flórez indicó que las comunidades cocaleras de Tumaco manifestaron, desde el 28 de septiembre, el incumplimiento del Gobierno al Plan Nacional Integral de Sustitución -PNIS-, parte del punto 4 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. “Lo que ocurrió en Tumaco fue una masacre, estamos seguros de que el reporte de Medicina Legal confirmará que todos los asesinados fueron alcanzados por balas de las armas oficiales del Ejército”, enfatizó Flórez.

“No hubo ningún combate lo que hubo fue una masacre”, dice la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje. Otras organizaciones aseguran que no hay pruebas del uso de cilindros,y piden con urgencia una Misión de Verificación de los Hechos y urgen al estado colombiano que investigue y sancione a los responsables.

Desde hace 15 días campesinos protestan pacíficamente en rechazo a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y exigen el cumplimiento de los acuerdos sobre sustitución voluntaria.  A las 9:30 de la mañana de este jueves, un cerco de mas de mil campesinos se acercó a miembros de la fuerza pública que erradicaban manualmente los cultivos. De pronto, los integrantes de la fuerza armada amenazaron y dispararon armas de fuego contra la multitud dejando a nueve personas muertas y 18 heridos.

¿Algo ha cambiado?

Eduardo Sogamoso, de la organizacipon popular Trochando Sin Fronteras, recordó que en Colombia  la gran mayoría de los habitantes no tiene condiciones mínimas de bienestar, mientras unas cuantas familias acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien de los recursos naturales y de riqueza social. «Tal es la causa del conflicto social, político y armado que se vive en este país desde hace más de 53 años», indicó.

Señaló que el proceso de paz iniciado con la dejacipon de armas por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), genera dudas a la población, tal vez porque el acceso a la información es muy poco o recibe información manipulada de acuerdo a los intereses de los que ostentan el poder. «En esa negociación ha salido del juego un actor armado, al cesar sus acciones y entregar sus armas, pero la violencia en la mayor parte del país continúa», indicó.

Sogamoso sostgiene que el paramilitarismo, entendido como un mecanismo de guerra sucia del Estado de sectores del poder económico, se ha hecho evidente en los casos recientemente ventilados, en los cuales altos funcionarios públicos, tanto civiles como militares y de policía, se han visto envueltos en investigaciones por sus nexos con estructuras paramilitares que suman acciones violentas contra la población civil para el control territorial en algunas regiones de Colombia..

De acuerdo a un informe presentado en el mes de enero por INDEPAZ, se evidenció la presencia de estructuras paramilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país. Mientras, medidas como la reciente reforma tributaria y la ley de tierras, entre otros actos legislativos promovidos por el Estado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, generan en el país una sensación de desconfianza en su dinámica social y política, junto al inckumiento por parte del gobierno de los compromisos hechos con comunidades y movimientos sociales del país, tales como la titulación de tierras, la entrega de subsidios para los pequeños productores y la superación de la crisis de la salud.

Mientras al mundo se le vende la idea del fin del conflicto y la Paz, las comunidades deben salir a las calles a exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, mientras la corrupción,  el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales,  hablan de las verdaderas intenciones de Paz del sistema.

Esa Paz de la cual hablan el gobierno, los ricos y las empresas multinacionales, le es ajena a la sociedad en general. En ese orden de ideas, ¿qué ha cambiado con la dejación de armas por parte de las FARC? Y si no cambiado nada, ¿Cómo logrará el pueblo colombiano obtener mejores condiciones de vida?, pregunta Sogamoso.

*Economista y docente universitario colombiano, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)