Colombia: Masacres en la represión de 2020 y de 2021 y muchos más desplazamientos forzados
Camilo Rengifo Marín
El reciente estallido social en Colombia dejó al menos 46 muertos, la mayoría por armas de fuego, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exigió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las masivas protestas.
La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y eran hijos de campesinos, indígenas, afrodescendientes o desplazados por la violencia. Durante las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021, se reportaron 60 víctimas de violencia sexual: en 16 casos los policías fueron responsables identificados.
“Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza se cometieron violaciones a los derechos humanos”, aseveró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada. En 28 de estos casos, elementos de la fuerza pública serían los perpetradores.
En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron elementos no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su preocupación porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.
La oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes entre los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.
Horas después, en una ceremonia de ascensos en las fuerzas militares, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró: “no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden”, mientras que el presidente Duque sostuvo que “prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución”.
El Paro Nacional, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal anunciada por el presidente neoliberal Iván Duque, se prolongó por tres meses, pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato.
La movilización popular y a nivel nacional derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma a la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza. En varios puntos se bloquearon vías que impidieron el libre tránsito de personas, alimentos e insumos médicos. Más de tres mil civiles y policías resultaron heridos en los enfrentamientos.
La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica, reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones. El informe se basó en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios, más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.
Masacre policial contra las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá
“Fue una masacre policial. No puede llamarse de otra manera”. El informe independiente de esclarecimiento apoyado por Naciones Unidas sobre lo ocurrido en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ha dicho con todas las letras que lo que vivió la ciudad esos dos días cuando se desataron unas protestas ciudadanas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez durante un operativo de agentes policiales,
Los investigadores documentaron 14 asesinatos en el contexto de las protestas, once a manos de agente policiales, en lo que consideraron “uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia de la ciudad”. El informe advierte también que otros dos asesinatos ocurrieron por personas vestidas de civil que dispararon contra manifestantes.
“La policía nacional reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las 
Ésta determinó que la masacre ocurrió debido a la “ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes”. Es decir, que faltó un mayor liderazgo “político y operativo” tanto del gobierno de Iván Duque como el de la alcaldesa Claudia López para evitar que ocurriera.
La alcaldesa, con la voz entrecortada y entre lágrimas, López ofreció disculpas a las familias y amigos de los jóvenes asesinados. “Ofrezco perdón como ciudadana y como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera. Todos nos equivocamos”, dijo.
“A 15 meses de la ocurrencia de los hechos, los avances son residuales y si bien no es posible aseverar que se encuentran en la impunidad, hacia allá transitarán si no se adoptan medidas urgentes”, concluye el informe.
Juliette de Riveros, Representante de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas dijo que el objetivo del informe “no es desacreditar a la policía, ni ensuciar su imagen, por el contrario el objetivo es restaurar la confianza, utilizando la verdad”. Señaló que es necesario hacer investigaciones rápidas y creíbles, sanciones inequívocas contra quienes abusaron, reconociendo la verdad y a las víctimas y haciend anustes doctrinales necesarios a la policía
Desplazamiento forzado aumentó un 198 % en un año
La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) publicó un informe que documenta que hasta octubre de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, representando un incremento del 198 % en comparación con el mismo periodo de 2020.
Sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen; sin embargo, en este punto el informe resalta que muchos regresaron a sus territorios sin garantías de seguridad. Asímismo, de las personas en situación de desplazamiento, al menos 53.100 se mantienen desplazadas “con necesidades intersectoriales e incertidumbre sobre su futuro”.
A nivel general se percibe una crisis humanitaria en los departamentos del Pacífico, en donde se han concentrado el 75 % de las emergencias por desplazamiento masivo y confinamiento, dice el informe. Añade que el departamento de Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional, en especial en las zonas de Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.
Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, se recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.
En Arauca se reportó por primera vez desde 2018 un desplazamiento masivo de 81 personas tras el homicidio de un joven indígena miembro de la comunidad Makaguán del Resguardo La Esperanza, municipio de Tame, según informó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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