El otro Fernández y la deuda externa argentina
Claudio della Croce|
Desde hace al menos cuatro décadas en América Latina se discute el pago de la deuda externa. La crisis de deuda de 1982, cuando México declaró su moratoria de pagos, fue quizá la más seria en la historia de América Latina: los ingresos se desplomaron; el crecimiento económico se estancó; debido a la necesidad de reducir las importaciones, el desempleo aumentó a niveles alarmantes y la inflación redujo el pode adquisitivo de las clases medias.
En respuesta a la crisis, la mayoría de las naciones debieron abandonar sus modelos económicos de industrialización por sustitución de importaciones y adoptaron una estrategia de crecimiento orientada hacia las exportaciones, estrategia fomentada por -¡cuando no! el Fondo Monetario Internacional. Un proceso masivo de fuga de capitales, particularmente hacia Estados Unidos, produjo una mayor depreciación de los tipos de cambio,. Entre 1982 y 1985, América Latina pagó 108 mil millones de dólares.
El anuncio del presidente Alan García, en 1985, de que Perú no destinaría más del 10 por ciento de sus exportaciones al pago de la deuda externa creó una expectación justificada en toda América Latina, e incluso más allá de la región. Pero, presionados por Washington y los organismos multilaterales de crédito, los otros países hicieron mutis por el foro.
Ese mismo 1985, el presidente cubano Fidel Castro lanzó una campaña internacional para la constitución de un frente de países endeudados confrontados a deudas insostenibles. La deuda es impagable, afirmó ante representantes de todo el mundo.
En su discurso de agosto de 1985, al término de una serie de encuentros internacionales en La Habana dedicados a la deuda, declaró: «pero después nos dimos cuenta de que países petroleros como Nigeria, Venezuela, México, habían caído en una situación tal, que no se podía excluir a esos países de la consigna de anular la deuda también para ellos, en definitiva era válida para todos los países del Tercer Mundo»
Ya pasadas las dictaduras militares y con el auge del progresismo, llegó la necesidad de auditorías ciudadanas de la deuda pública ante la demanda de una serie de movimientos sociales y partidos políticos para identificar (si existe) la parte correspondiente a una deuda legítima con el fin de renunciar a su pago. El gobierno de Rafael Correa en Ecuador, realizó una auditoría.
Alberto, al deuda y el cambio de libreto
Pero este primero de marzo en su discurso anual ante el Congreso el presidente argentino Alberto Fernández adelantó un enfoque diferente sobre la temática, no habló de pagar o no la deuda, sino que anunció el comienzo de una “querella criminal” contra los miembros del gobierno anterior de Mauricio Macri por haber tomado una deuda con el FMI. Fernández denunció que hubo “malversación de caudales públicos”.
Determinar quienes fueron “los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra», exigió el mandatario, en medio de las negociaciones que hace su gobierno para lograr un acuerdo con al FMI, en las que han intervenido ya varios gobiernos extranjeros.
Acordar un préstamo del FMI es un acto de gobierno judiciable si se violan leyes que regulan la administración financiera de la Nación. Este es el caso del crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron casi 45 mil millones de dólares.
Alberto Fernández cambia el libreto: no habla de una deuda impagable (que lo es) ni de la legitimidad de esa enorme deuda externa que dejó al país atado de pies y manos a los condicionamientos del FMI. Años antes, la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 también endeudó al país; pero no era un gobierno surgido de las urnas sino fruto de un golpe de Estado, recuerda Pedro Brieger.
“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado», dijo Alberto Fernández.
Según Fernández los funcionarios responsables de tomar la deuda ilegal y sin resguardos constitucionales, deberán pagar por ello con su patrimonio y quizá hasta terminar alojados en alguna cárcel, con gastos pagos. Obviamente, esto no soluciona el problema de la enorme e impagable deuda externa argentina.
Para algunos analistas hay una contradicción en el discurso de Fernández, ya que luego de referir las características fraudulentas e ilegales del acuerdo, opta por mantenerlo, negociar su pago. No se explica cómo y porqué un hecho fraudulento puede ser convalidado por el Presidente, corriendo el riesgo que mañana otros fiscales le pidan cuenta por la complicidad con esa conducta que está condenando.
Además de contradicciones, hay silencios discursivos que abarcan cuestiones vitales para la vida cotidiana como la inflación, los ingresos de jubilados y trabajadores, la desocupación, la pérdida de derechos laborales. Pero esto no es nuevo.
En 1984, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió una investigación en el Banco Central sobre el origen de la deuda de la dictadura militar, que en menos de un año quedó desactivada. La investigación sobre la fuga de capitales de 2001 fue una propuesta empujada en el Congreso a través de una comisión bicameral.
Cuando alguna medida económica es implementada en forma irregular y violando normas de procedimiento, o en abierto conflicto de intereses (beneficiando a funcionarios y familiares de ellos), o cometiendo ilícitos, como el provecho particular por el acceso a información privilegiada o por participar de una red de comisiones, deben ser castigados sus responsables luego de cumplir con los pasos procesales correspondientes en el ámbito de la Justicia, señala el economista Alfredo Zaiat.
Añade Zaiat –quien habla de un FMIgate- que no hacerlo es consagrar la impunidad y convertir el aparato estatal en un vehículo de negocios espurios, con costos sociales y económicos muy elevados, los cuales son padecidos por los grupos vulnerados.
La demanda judicial no es por el crédito en sí, sino porque los funcionarios responsables lo definieron y firmaron como si fueran dueños de una mesa de dinero clandestina. Lo suscribieron sin cumplir ninguna regla de procedimientos administrativos del Estado. Los economistas macristas (Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Hernán Lacunza y Guido Sandleris) se manejaron como patrones del Estado con la soberbia de que no tienen que dar cuenta a nadie.
Un trabajo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, el Centro para la Integración Financiera, y de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), demostró judicialmente que, para contraer el crédito más importante de la historia argentina y del propio FMI, el macrismo violó todas y cada una de las normas del país que determinan cómo se tienen que tomar decisiones administrativas de estas características.
El Banco Central explicó que no «se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el Poder Ejecutivo, único caso en que esa ley lo faculta a contratar préstamos con organismos internacionales a los que el país pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Argentina».
Agregó que los dólares del crédito del Fondo (más otras reservas) abastecieron la fuga de capitales del sector privado, que en total alcanzó los 45.100 millones de dólares, y señala que ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga da cuenta de la flagrante violación a los términos del artículo VI del convenio constitutivo del FMI, aprobado por Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.
Zaiat recuerda que Al Capone cayó por un fraude menor (evasión impositiva) en relación a los muchos delitos que cometía con sus negocios ilegales. “La banda política y empresarial que asaltó el Estado en el período 2015-2019 cometió delitos administrativos con el préstamo del FMI que generó un desquicio económico, financiero y social”, señala el economista.
Y remata: Se abre la oportunidad de que a partir de las irregularidades del FMIgate, una causa judicial permita a la mayoría de la población dimensionar el daño generado por ese crédito y que, esta vez, no haya impunidad para endeudadores seriales.
Las cien empresas beneficiadas
Si bien Fernández habló en el parlamento de que pasó en Argentina con la deuda, nunca dijo cuáles eran las cien empresas que se llevaron 25 mil millones de dólares, ni fueron convocadas para explicar de dónde sacaron el dinero para comprar dólares, señaló el economista y docente universitario Horacio Rovelli.
Para el periodo 2015-2019, el Balance Cambiario del Banco Central muestra una Formación de Activos Externos (FAE, neta) superior a los 88.000 millones de dólares; en tanto la contabilidad del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), a través del Balance de Pagos, da cuenta de que los activos externos del sector privado no financiero superó los 103.000 millones de dólares.
El presidente Fernández en marzo de 2020 pidió al Banco Central que informe quienes eran los compradores de dólares que luego sacaron del país (al menos del circuito económico legal): son siete millones de personas físicas y jurídicas las que sacaron dólares, pero los cien principales fugaron 24 mil 600 millones de dólares. “El Presidente tiene ese informe pero nunca publicó los nombres”, señaló Rovelli.
Añadió que no se sabe cómo giraron en menos de cuatro años 24.679 millones de dólares. Se deben tomar estas cien empresas y auditarlas, preguntándole de dónde sacaron los recursos para comprar ese monto..
Cabe recordar que una vez que el equipo neoliberal del macrismo llegó a la presidencia, se preocupó de eliminar las regulaciones del mercado cambiario instauradas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y facilitar la flexibilización de forma temprana se inició un proceso de flexibilización para el acceso al mercado de cambios para la formación de activos externos.
Además, el macrismo eliminó “el sistema de interconsulta con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el requerimiento de conformidad previo del BCRA para operaciones por montos inferiores a los dos millones de dólares.
El proceso se profundizó durante 2016 y 2017, hasta plasmarse en un nuevo marco de liberalización completa que sentó las bases para un fuerte incremento de la demanda de divisas en concepto de formación de activos externos, sostiene el documento del Banco Central donde expone como fue el proceso de endeudamiento y fuga de dólares.
Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo señaló que los funcionarios macristas quieren justificar el endeudamiento irresponsable de la gestión de Mauricio Macri desde una identidad contable que vincula el resultado fiscal con la deuda pública bruta. Pero no es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. En moneda local, el riesgo de default es muy bajo, afirmó el ministro.
«No es lo mismo endeudarse con otros organismos del sector público que con el sector privado o el FMI. El endeudamiento «intrasector público» tiene mayor probabilidad de roll over y de lograr mejores condiciones de refinanciación», añadió.
«El crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, la deuda intrasector publico. A posteriori, los dólares que recibieron los organismos públicos fueron vendidos en el mercado único de cambios financiando los niveles record de dolarización de portafolio de la gestión anterior. El endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra», aseveró Rovelli.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
