Santos, Peña Nieto y los militaristas de Washington

Carlos Fazio| Si Colombia es el Israel de Estados Unidos como plataforma para desencadenar un conflicto militar subregional en el corazón de Sudamérica −con Venezuela como objetivo principal del rediseño geopolítico de Washington−, México ha sido acondicionado como un gran cuartel del Pentágono para consolidar el flanco sur del imperio de cara a un eventual conflicto bélico con potencias capitalistas que desafíen su hegemonía.

Como antes los ex presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón, de Colombia y México, respectivamente, los actuales mandatarios Juan Manuel Santos y Enrique Peña Nieto están al frente de sendos regímenes clientelares y cleptocráticos vasallos de Estados Unidos. Ambos gobiernos colaboracionistas sacrificaron la soberanía político-militar de sus países y actúan como cipayos del estado imperial paralelo que opera al margen del gobierno de la Casa Blanca; al servicio de las guerras encubiertas y los golpes de Estado (de “cambio de régimen”) del “Estado profundo” −como lo llama James Petras− gobernado por los “unipolaristas” y “militaristas” que dirigen el aparato permanente de seguridad de EEUU, con independencia del presidente civil que despacha en la Oficina Oval.

Se trata de un gobierno paralelo al de Donald Trump que al decir de Petras no es una “entidad sin rostro”, ya que tiene una clara identidad de clase, ideológica y económica, y que ha logrado construir una red mundial de avanzadas militares, agentes clandestinos, ejércitos mercenarios, bandas terroristas y paramilitares, alianzas regionales y tropas vasallas que actúan como ejércitos de ocupación en sus propios países.

Por su ubicación geopolítica bioceánica en la región andino-amazónica y con su red de radares, bases militares y sus más de 1,500 asesores militares y fuerzas especiales de Estados Unidos in situ, el papel de Colombia como portaviones terrestre del Comando Sur del Pentágono se ha venido consolidando desde febrero de 2008, cuando en el marco de sus “guerras preventivas” la administración Bush utilizó al trío Uribe/Santos/Óscar Naranjo para intentar desencadenar un conflicto tipo Kosovo en el área, tras la acción bélica extraterritorial colombiana en el Sucumbíos ecuatoriano, eufemísticamente llamada “Operación Fénix” (recogía el nombre en clave de la instrumentada por William Colby contra el Vietcong, resucitada en los años ochenta en El Salvador).

Al margen del derecho internacional, la acción punitiva de Uribe y compañía buscaba internacionalizar el conflicto interno colombiano, escalar una confrontación política-ideológica con los países vecinos, en particular con Ecuador y Venezuela, e introducir un cuadro hipersensible en la subregión andina que derivara en un conflicto armado, para lo cual Washington había venido apoyando el surgimiento de movimientos separatistas extremistas en la “media luna” boliviana; Guayaquil, Ecuador, y el estado Zulia, Venezuela. Un escenario regional que, de haberse logrado, hubiera llevado a una “vietnamización” de América del Sur. Pero ni Rafael Correa ni Hugo Chávez mordieron el anzuelo.

Desde entonces Colombia ha venido sirviendo como base operativa para las acciones psicológicas y la guerra electrónica subversiva de EEUU contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, y como plataforma de las acciones terroristas desestabilizadoras de marines encubiertos, mercenarios y remanentes del paramilitarismo en la frontera colombo-venezolana (en particular en los estados de Táchira, Zulia y Miranda), solapadas mediante campañas de intoxicación mediática de las corporaciones hegemónicas privadas que se dedican a la fabricación de noticias y la manipulación masiva de emociones, dado que los medios cumplen un papel central en el campo de la propaganda como parte de una guerra no convencional asimétrica o de cuarta generación.

Asimismo, y a pesar de las notables contribuciones de la revolución bolivariana al Proceso de Paz en Colombia, el debilitado gobierno de Santos –salpicado por la ola de corrupción derivada de los dineros sucios de la empresa transnacional brasileña Odebrecht a su campaña− continúa actuando de manera servil en función de los intereses geopolíticos de Washington y en pro de una guerra civil en Venezuela.

Merced a los buenos oficios de la “experta en demoliciones políticas” (Atilio Borón dixit) Liliana Ayalde, vice jefa civil del Comando Sur (y ex embajadora en Paraguay y Brasil, donde preparó los golpes parlamentarios contra Fernando Lugo y Dilma Rousseff), Colombia se ha convertido en el patio trasero de los sectores golpistas neofascistas de la Asamblea Nacional (AN) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Necesitados de reconocimiento público ante el descrédito que sufren en su país, ultraderechistas como el diputado Julio Borges, presidente de la AN y dirigente de Primero Justicia; su correligionario Henrique Capriles Radonski, perteneciente a dos de las familias más poderosas de Venezuela (complejos de cines, cadenas de medios de comunicación y empresas de la industria alimenticia) y quien como alcalde de Baruta comandó el asalto a la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado de abril de 2002, y el diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, han encontrado los micrófonos abiertos del Congreso y el Senado colombianos para exigir la intervención militar en su propio país.

Florido fue recibido por el ultraconservador Álvaro Uribe y también por el presidente Santos, quien dijo que estaba dispuesto a abrir Colombia como canal “humanitario” ante un escalamiento del conflicto interno venezolano. Llama la atención que en marzo pasado cruzó a pie la frontera de su país y desde Bogotá viajó a Washington para presenciar el consejo permanente de la OEA. Dado que tiene su pasaporte invalidado por las autoridades venezolanas, ¿quién le entregó a Florido documentos de viaje? ¿Será el único opositor venezolano que viaja a EU con documentos de origen inconfesable?

En ese contexto, el Estado paralelo gobernado por los militaristas de Washington ha logrado a últimas fechas un añejo objetivo: terminar de convertir al territorio mexicano en una extensión del Comando Norte y a las fuerzas armadas nativas en un brazo operativo para la defensa de la seguridad nacional de EEUU.

Mientras el aprendiz de canciller Luis Videgaray −impuesto por Donald Trump en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México− impulsa la acción intervencionista de la OEA contra Venezuela, los mandos de las instituciones castrenses, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón, oficiaron en días pasados en Cozumel como edecanes militares de los jefes de los Comando Norte y Sur del Pentágono, la general Lori J. Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, durante la V Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017).

Con la zanahoria de que la general Robinson les ha concedido el “liderazgo” militar subregional (México como la neocolonia más grande de Centroamérica), Cienfuegos y Soberón aceptaron participar en una “fuerza de tarea” conjunta México-Guatemala, que bajo el “mando activo” del almirante Tidd realizará patrullajes en la frontera común. Ergo, EU podrá incursionar militarmente en el territorio nacional mexicano en detrimento de su soberanía. Para arreglar la “agenda común” en materia de seguridad, el responsable de Seguridad Interior de EU, general John Kelly, convocó a su contraparte mexicana a una reunión en Washington el próximo 18 de mayo; con lo que México seguirá en la ruta de la capitulación, la sumisión y la entrega.

Como colofón, no está de más recordar que el imperio en decadencia se ha vuelto demencialmente peligroso, y ante el surgimiento de China y Rusia como nuevos protagonistas de un mundo multipolar, los militaristas del estado paralelo en Washington acarician el delirio de una guerra nuclear mundial. En tal perspectiva, una tercera gran conflagración internacional podría tener como escenario al continente americano, con lo cual los regímenes vasallos de México y Colombia podrían ser blancos de los ataques de los enemigos de Estados Unidos.

*Periodista, docente universitario y escritor uruguayo radicado en México, columnista de La Jornada. Autor de los libros Terrorismo Mediático y Estado de Eemergencia.