Argentina: Crisis financiera y los destinos de la deuda
Horacio Rovelli
Una vez más, como en el “rodrigazo”, el 4 de junio de 1975, y la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz, Argebtina vuelve a ingresar en la crisis de la deuda y del capital financiero.
Los vencimientos de la deuda en dólares para lo que resta del año 2026 y para el año 2027 ascienden a 23.621 millones de dólares y la deuda en pesos es de 117 billones, de los cuales aproximadamente 92 billones de pesos se encuentran en manos del sector privado, requiriendo un proceso continuo de roll over (renovación de títulos) mediante bonos duales, tasa fija, CER o dólar-linked.
Se infiere que los bancos locales concentran el mayor porcentaje de la deuda en pesos del Tesoro nacional (en gran parte mediante bonos, LECAP, NOCAP y otros instrumentos a cortísimo y mediano plazo), utilizados para la gestión de liquidez y encaje. En menor proporción, también poseen esos títulos los Fondos Comunes de Inversión (FCI), compañías de seguros, etc., que tienen por obligación regulatoria y por calce de pasivos una porción de sus carteras invertida en títulos en moneda local.
Y ésta es la principal razón por la que los grandes bancos del sistema financiero local, tanto públicos como privados, tratan y van a tratar de frenar el retiro de los depósitos en dólares que administran. Porque saben que si eso sucede, la desconfianza en las entidades financieras del sistema provocaría una corrida cambiaria y bancaria de grandes proporciones, máxime que los que fugaron dólares y los repatriaron lo hicieron por medio de esos mismos bancos, en una sociedad que se oculta a la Nación y a sus leyes.
Recordemos que en los bancos privados la participación del capital internacional es importante (BlackRock y Vanguard Group fundamentalmente, que participan en el holding Grupo Financiero Galicia S.A., en el Banco Macro, en el Banco Santander y BBVA de España, en el Citibank y son los dos mayores accionistas institucionales del Citigroup Inc.).
Obviamente, la mayor parte de los depositantes de esos dólares son grandes empresarios y operadores que incluyen en su más amplia mayoría a los que fugaron capitales y los repatriaron con la ley 27.743 de “blanqueo” de julio de 2024. Que son a su vez los principales soportes de este gobierno (los bancos, los fondos externos y los empresarios que repatriaron las divisas fugadas).
Por eso el tándem Caputo-Bausili coloca en el país (afuera ya no pueden) títulos de deuda mayoritariamente ajustados al dólar en el mercado secundario, y realizan compras por parte del Banco Central (BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC), adquisiciones que son menores a la magnitud que acordaron con el FMI. Esto demuestra que la contención de los dólares paralelos y del oficial exige una intervención constante por parte de la autoridad monetaria, máxime que en el programa financiero presentado en junio de 2026 contemplaban cubrir parte de esas necesidades mediante emisiones de bonos en dólares bajo ley local que, en noviembre de 2026, ya no es posible.
Página oficial del FMI
El FMI tiene por obligación estatutaria saber y controlar el destino de los fondos que presta. En junio de 2018, por el pedido del Presidente Donald Trump, dada la condición de los Estados Unidos de ser su mayor accionista (con el 16,01% de la participación del FMI y el único que tiene derecho a veto), el organismo internacional de crédito le concedió a la Argentina en DEG (Derechos Especiales de Giro, que es la moneda de cuenta del FMI) el equivalente a 57.000 millones de dólares, de los que ingresaron al país 44.000 millones.
Volvió a repetir la misma escena en marzo de 2025 y el FMI le prestó a la actual administración del país el equivalente a 14.000 millones de dólares.
Esa mayor oferta de divisas fue usada para frenar el precio del dólar y sostener el precio de los títulos públicos, permitiendo que estos se vendan a un valor considerable y comprar (con la venta de títulos de deuda argentinos) dólares “baratos” en la Argentina.
El FMI en su informe al respecto dio a conocer la explicación del destino del crédito del año 2018 que publicó bajo el nombre de “Ex post evaluation of exceptional access under the 2018 Stand By”, que está en internet en su página oficial. En la página 101 del informe dice que dichos fondos se usaron básicamente como rescate financiero a inversores privados que especularon en operaciones de carry trade, y dice a continuación: “Un grupo de 100 agentes se llevó 24.679 millones de dólares”.
Mauricio Macri le dijo al canal CNN, el 5 de noviembre de 2021, que “la plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Pero antes, con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, que demuestra que de la deuda tomada en la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares.
Es más, ese informe del BCRA sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas (empresas) compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores compradores de dólares, que son sociedades anónimas, adquirieron 24.679 millones de dólares (que es el listado de los 100 agentes que informa el FMI) y que compraron dólares como “rescate
financiero”. El país se endeuda con el FMI y esos dólares los compran principalmente 100 empresas, en que muchas de ellas conforman el mismo grupo económico y en que las relaciones societarias son considerables.
Ni el BCRA (que armó el listado con información suministrada por los bancos y que publica el FMI), ni el gobierno nacional, dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos.
Sí lo hizo El Cohete en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020, suministrando la lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grandes fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A. con 903,9 millones de dólares; Monsanto Argentina S.A.; Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.; el grupo Techint con Ternium Argentina S.A., Tecpetrol S.A. y Transportadora Gas del Norte S.A.; Hidrovía Paraná S.A. (concesión del dragado del río Paraná); Aceitera General Deheza; Arcor S.A. de la familia Pagani; el Grupo Galicia y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.
Al observar a los diez principales compradores de divisas, se advierte que es inconsistente la presentación que hacen del estado de flujos de efectivo consolidado. En este estado debe constar el aumento neto de efectivo y los equivalentes de efectivo (que es donde se contabiliza la compra de las divisas), con el de activos y pasivos en moneda extranjera. De ambos debe dar exacto cuántos dólares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal. El número resultante, en todos los casos, es menor a las compras de dólares que realizaron y que los bancos intervinientes (el BCRA opera solo con bancos y el BCRA le vendió las divisas de la deuda) le informaron a la autoridad monetaria.
La muestra realizada de esas diez sociedades anónimas sobre las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares indica que no pueden demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo, lo que ameritaba que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en su momento y ahora ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de dólares, probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP-ARCA debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias —nacionales u offshore— estaban esas tenencias.
Por supuesto que no se hizo. Debería haber actuado de hecho la Justicia. Y la Cámara Federal de Casación Penal el 20 de octubre de 2026 confirmó por unanimidad el archivo definitivo de la causa que investigaba la negociación y toma del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 44.000 millones de dólares en 2018. Y unos días antes, el fiscal general Raúl Omar Pleé desistió del recurso de apelación que buscaba mantener abierta la investigación, al considerar que la toma de deuda correspondió a una decisión de política económica y no a un delito penal judiciable.
La justicia argentina archivó la causa donde estaban procesados Macri, Luis Caputo, Santiago Bausili, Federico Sturzenegger, entre otros, porque “hubo una urgencia financiera”. No estábamos en guerra ni nada por el estilo. Y, por supuesto, manto de olvido a los 100 primeros agentes que compraron y fugaron los 24.679 millones de dólares que informan el FMI y el BCRA. Y también de todos los demás compradores, así como de los bancos intervinientes y de los estudios contables e impositivos que firmaron y auditaron sus balances.
Los grandes bancos, que compraron los dólares al BCRA para fugarlos para sí o para sus clientes y socios, son los mismos que tienen los depósitos en dólares en la actualidad, y son a su vez los mayores poseedores de los títulos públicos del mercado local.
A su vez, el BCRA con Bausili y Werning permiten que parte del dinero inmovilizado por el encaje sea en títulos públicos del Tesoro de la Nación. Y esos títulos (principalmente LECAP y NOCAP) financian los intereses de la deuda que no se puede pagar.
En síntesis
La crisis financiera es en parte consecuencia de una sociedad entre grandes empresarios locales y extranjeros, grandes bancos que operan en el país, el capital financiero de Manhattan, sus empleados Caputo, Quirno, Bausili, Werning, etc., los estudios jurídicos e impositivos que son los mismos que redactaron básicamente el DNU 70/23 y la ley 27.742 denominada Ley Bases (donde se crea el RIGI y se permite la venta de nuestras empresas públicas). Son quienes también participaron en la redacción de la caterva de leyes laborales, ambientales, de inocencia fiscal, etc. Además de tener un Poder Judicial que avala y permite todo en connivencia con los beneficiados, y tiene sellado un pacto de negocio que la mayoría de los medios de comunicación encubre, para que el pueblo no lo sepa.
Toda esa corporación ha generado una deuda que es una estafa, que el pueblo no debe pagar y tampoco pueden apropiarse de nuestros recursos naturales y patrimonio público, que le pertenece al pueblo, como lo afirma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas – 16 de diciembre de 1966), que en su art. 1, inciso 2, dice: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).