A 53 años del golpe cívico-militar-empresarial en Uruguay

Nicolás Centurión

Además de haber sido un golpe de Estado para amedrentar a las organizaciones sociales y políticas a través del asesinato, la desaparición, la tortura y el exilio; la dictadura militar uruguaya fue una nueva etapa de un modelo económico impuesto a sangre y fuego a través del Plan Condor y en el contexto internacional de la guerra fría y la Crisis del petróleo.

El saldo fue de 205 desaparecidos, cientos de secuestrados y detenidos arbitrariamente, otros  varios miles en el exilio o la clandestinidad. Una sociedad desgarrada que fue sometida para montar una arquitectura económica y financiera que favoreció a los grandes empresarios y oligarcas de este país. Los militares, que no sólo eran verdugos, sino activos socios en este sistema extractivo de abajo hacia arriba, usando al Estado como instrumento, fueron el vehículo que permitió este saqueo.

Uruguay en la década del 70 se transformó en una plaza financiera donde tomó deuda, se incrementó el lavado de activos y los ilícitos económicos. Esto no fue al azar ni en las sombras sino planificadamente y con pretensión de legalizar dicho plan.

En este plan de liberalización de la economía y de captación de capitales extranjeros opacos, se inaugura meses antes del golpe de Estado. En abril de 1973 se gestó el Plan Nacional de Desarrollo., un cónclave cívico militar para promoción de ingreso de capitales extranjeros. Entre 1972 y 1973 se firmaron la sexta y séptima carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el Cónclave de San Miguel, en agosto de 1973, a tres meses de la suspensión de la democracia, las altas esferas de la dictadura se reunieron y definieron el rumbo de Uruguay. “Para reencontrar el progreso económico, deberá abrirse a la economía a fin de que lideren el proceso de crecimiento los sectores con ventajas comparativas…Una estrategia de apertura de la economía, donde la eficiencia se constituirá en el elemento básico, posibilitando el crecimiento económico.”

En 1974 se promovió el ingreso de inversiones nacionales y extranjeras mediante la ley de inversiones extranjeras, de promoción industrial y el Plan Pesquero. En ese mismo año se eliminó el uso forzoso de  la moneda nacional y se optó por utilización de moneda extranjera en transacciones locales. En diciembre,  bajo la ley 14.306, se promulgó la protección del derecho a la intimidad con el secreto tributario.

Mientras las dictaduras de la región se recrudecían y todo el Cono Sur estaba bajo la sombra del Plan Cóndor, Uruguay se plegaba a la estrategia regional y los actores locales se servían de ello para su beneficio personal y el lucro del empresariado local.

En 1979 se llevó a cabo la reforma que eliminó los encajes bancarios obligatorios, el impuesto único a la actividad bancaria, la liberación de la tasa de interés y el incremento de sucursales bancarias, casas bancarias financieras y nuevos bancos.

A través del decreto 507/979 se firmó la prescripción para que los metales preciosos fueran libres de importación, ingreso, distribución, comercialización, circulación, exportación y egreso sin que fuera necesario hacer declaración ni trámite de entrada o salida.

Uruguay se convirtió en un exportador de oro. Sin embargo, este metal no provenía de minas nacionales, sino que era el resultado de una política deliberada que transformó al país en un paraíso fiscal y un centro de tránsito de metales preciosos

Gracias a estas facilidades y al secreto financiero, el país se consolidó como exportador neto hacia Estados Unidos. Entre 1982 y 1986, Uruguay llegó a ser el primer exportador de oro hacia el mercado estadounidense, moviendo un promedio de 100 toneladas por año.

El decreto permitió el ingreso y salida de oro sin declaraciones ni impuestos. Esto atrajo capitales ilícitos de la región y facilitó operaciones opacas como el tráfico de armas, drogas o la violación de embargos. Se masificaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), empresas «fantasma» que operaban fuera del país, no pagaban impuestos locales y resguardaban la identidad de sus dueños bajo un estricto secreto bancario.

Por los decretos 427/977 del 27 de junio y el 635/979 del 7 de noviembre se fortalecieron los juegos de azar. El decreto 56/1980 se promovieron las máquinas tragamonedas, los cimientos para una sociedad que hoy está asolada por las apuestas online.

Bajo el mandato del general Gregorio “Goyo” Álvarez se promulgó el artículo 25 de la ley 15.322 de “Intermediación financiera” que consagra el secreto bancario en Uruguay, prohibiendo a entidades financieras revelar datos de clientes, salvo autorización escrita, orden de la Justicia Penal o causas de obligaciones alimentarias y de Instituciones Financieras externas (IFE).

En noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generaliza la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajan los aportes patronales a la seguridad social y se deroga el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaban la actividad financiera.

Aún con la crisis, de 1981 a 1984 el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.

Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generalizó la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajaron los aportes patronales a la seguridad social y se derogó el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaban la actividad financiera.

En números fríos, el endeudamiento externo de Uruguay no paró de crecer. En 1973 era de 716 millones de dólares, en 1981 de 3100 millones de dólares, en 1982 de 4300 millones y al finalizar la dictadura en 1985, la suma ascendía a 6000 millones de dólares. A la par, la deuda pública en 1971, cuando no se había asestado el golpe de Estado, sumaba 363 millones de dólares. Al finalizar la dictadura era de 3287 millones de dólares. Este dinero nunca fue destinado a construcción de obras, infraestructura, planes de desarrollo. La contraparte de esta política fue que la clase trabajadora redujo su poder de compra un 60% entre 1971 y 1984.

Antes, durante y después.

Esta arquitectura financiera y económica inauguró una nueva etapa, pero no fue un fruto caído del cielo ni una anomalía. Fue la profundización de un modelo que no daba para más, pero que se venía gestando al menos desde 1959 cuando el Estado uruguayo firmó la primera carta de intención con el FMI e inició su reforma cambiaria y monetaria.

En el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) contaba con una inflación, en su primer año de mandato, de 166,8% según la Facultad de Economía de la Universidad de la República (UdelaR), congelamiento de salarios y precios, además de una creciente conflictividad social.  El 28 de junio de 1968, el gobierno decidió no convocar a los Consejos de Salarios, dejando el ajuste salarial en manos del gobierno.

El responsable de la economía era César Charlone. Una de sus primeras medidas fue solicitar 25 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y 20 millones al Banco Interamericano de Desarrollo. Uruguay nuevamente en los brazos del FMI con el triunvirato de Charlone en Economía, el Dr. Horacio Abadie Santos en Industria y Comercio y el Dr. Carlos Manini Ríos en Planeamiento. A esto se sumó el decreto de una segunda devaluación del 100% de la moneda nacional.

Luego de terminada su tarea al frente de la cartera ministerial, Charlone fue a cumplir obligaciones como Embajador en Chile en plena dictadura pinochetista. En el año 1935, precisamente, en la cámara de comercio italiana había sentenciado: “El fascismo es la salvación del mundo.”

El golpe de Estado se enmarcó en el estancamiento de la economía uruguaya de los años 60 y el duro congelamiento de salarios de 1968, acompañados de un giro autoritario relevante que pervivió hasta bien entrada la década del 80: muchos funcionarios del régimen siguieron sus funciones en el Estado luego del retorno democrático.

La corrupción, como en el caso de la Operación Conserva que involucró a las dictaduras de ambos márgenes del Río  de la Plata; el aumento de la deuda pública y el manejo de los fondos públicos de manera irregular estuvieron a la orden del día y siguieron derramando su efecto en la transición democrática o más bien en la democracia tutelada por los militares que tuvo el país desde 1985. A esto se le suma el ingreso de sectas religiosa, grupos mafiosos y el  del narcotráfico como tal al país. Podemos hablar de la Secta Moon y la Logia P2 por citar dos ejemplos.

El «Operativo Conserva» fue un acuerdo entre el Ministerio de Ganadería y la empresa Inversur Trading Company,  que implicó la exportación de carne vacuna a Argentina y la elaboración de corned beef en el país. Este acuerdo  resultó en una pérdida significativa para el Estado uruguayo, ya que el precio de adquisición del corned beef fue  superior al que se obtenía en su colocación internacional.  Además, se obligó a Uruguay a pagar los costos de la operación y a comprar la producción, lo que llevó  a una deuda  con el Bank of América de 15 millones de dólares.

Este caso es un ejemplo de cómo los negocios de la dictadura cívico-militar en Uruguay se  beneficiaron de la  corrupción  y la manipulación de precios.  Es que Uruguay fue diseñado como un centro de servicios financieros para la protección del gran capital internacional y en la dictadura tuvo su auge.

El 17 de setiembre de 1987 el diario brasileño Correo do Sul publicó un resumen del informe elaborado en Viena por la ONU por expertos de la lucha contra el narcotráfico. En unos de sus pasajes dice que la lucha contra la droga debe centrarse en la “localización, identificación y bloqueo de fondos y bienes procedentes del tráfico ilícito que hayan sido previamente limpiados.”

“Una parte del mismo (dinero del tráfico) no sale del circuito legal, dice el informe, y se destina a mantener o ampliar los negocios ilícitos y sus colaterales (sobornos, tráfico de armas, tráfico de metales preciosos, falsificaciones de moneda, etc.)”, agrega.

Lisa y llanamente, habla del modelo llevado adelante por la dictadura. El resto es historia. Las balas que se disparan en los barrios periféricos se cargaron hace décadas en los cuarteles.