Fiscalía llamó a Álvaro Uribe a indagatoria por las masacres en Antioquia
Camilo Rengifo Marín
A través de un comunicado, la fiscalía informó el jueves que ahora lo citará “por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar” en el departamento de Antioquia, cuando él se desempeñaba como gobernador entre 1995 y 1997. Se le acusa de los delitos de “concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida”, por “presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada” que “habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”.
El exmandatario, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, que siempre ha negado. En agosto de 2025 fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con ellos, aunque un tribunal de Bogotá revocó la pena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema.
Ahora, la Fiscalía tiene tres expedientes en contra de Uribe desde septiembre de 2020, cuando el expresidente renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para investigarlo. El 14 de septiembre de ese año, las carpetas llegaron al ente investigador, cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la Fiscalía.
Se trata de tres expedientes relacionados con masacres en Antioquia que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. El primero de ellos era por la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.
El segundo, las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.
El tercero, por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. El defensor denunció la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente una supuesta omisión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de San Roque, El Aro y La Granja.
El1 de agosto de 2025, Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió en el primer
expresidente colombiano en ser condenado penalmente. Una jueza de Bogotá lo halló culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’, un caso iniciado por él mismo en 2012 contra el actual candidato presidencial Iván Cepeda. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en octubre pasado en segunda instancia, al fallar a su favor la apelación que hizo su defensa por la condena de 12 años de cárcel.
Esta indagatoria coincide con la ratificación de la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el ganadero Santiago Uribe, hermano del exgobernante, al ser hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio, ambos agravados, por fundar el grupo paramilitar «Los Doce Apóstoles» en Yarumal, además de participar en la muerte de Camilo Barrientos en 1994.
Poco antes de tener que entregar los expedientes a la Fiscalía, la Corte Suprema decidió, en junio de 2020, aceptar al sobrino del abogado Valle Jaramillo como parte civil del proceso y, además, declaró que no prescriben las acciones civiles que se presenten para la reparación de las víctimas.
Como estos procesos sucedieron durante los años 90, el procedimiento se rige bajo las reglas de la Ley 600. En palabras sencillas, esto significa que la fiscal del caso vincula formalmente al investigado porque considera que existen indicios serios sobre su posible participación en hechos investigados y le daba la oportunidad de defenderse antes de decidir si avanzaba o no hacia una acusación.
A los pocos minutos del primer trino en el que dio a conocer que había sido llamado a indagatoria, el expresidente Álvaro Uribe hizo otra publicación en la que señaló que: “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política. Así y todo estaré en los Cuchos a las 8 pm sobre la vida y el programa de Iván Cepeda”.
Masacre de El Aro: La masacre de El Aro ocurrió entre el 22 y 31 de octubre de 1997, cuando alrededor de 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño se tomaron el corregimiento. Los paramilitares hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso, varios meses atrás. En esos hechos fueron asesinadas 15 personas y 40 casas fueron quemadas durante las dos semanas.
Los hombres bajo el mando de Castaño arrasaron con ese pequeño asentamiento, que fue señalado, sin tener pruebas de ello, como un punto de concentración de colaboradores de la guerrilla. Los sobrevivientes de la tragedia han narrado que durante esos interminables días un helicóptero sobrevoló la zona durante la masacre.
Masacre de La Granja: Cuatro campesinos fueron asesinados en ese corregimiento del municipio de Ituango y esos hechos marcaron el inicio de un estallido de violencia paramilitar en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares al mando de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso, fueron liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”. Esas primeras víctimas fueron William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
Esa masacre habría sido sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín (Antioquia). Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.
Guacharacas, que era propiedad de su familia. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron testigos en el proceso por presunta manipulación de testigos.El asesinato de Jesús María Valle Jaramillo: El abogado y defensor de derechos humanos era presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia cuando fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, mismo lugar en el que lo esperaba un campesino de Ituango para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro.
Según decía Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.
A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.
El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)