Venezuela: Bajo coacción no hay validez

Desde agosto de 2025, el Caribe se transformó en un teatro de operaciones militares. Frente a las costas venezolanas se desplegó una de las mayores concentraciones navales estadounidenses de las últimas décadas. Aunque Washington nunca declaró formalmente un bloqueo naval, en la práctica terminó imponiéndolo. Luego vino el ataque militar directo. El 3 de enero, aeronaves y tropas estadounidenses ingresaron en territorio venezolano. Ya no era únicamente presión desde el mar, sino una operación militar abierta.

Todavía hoy continúa desplegada la flota de guerra estadounidense en el Caribe y sus unidades han realizado recientemente ejercicios militares de respuesta rápida sobre la capital venezolana sin autorización constitucional. La soberanía permanece formalmente intacta, pero profundamente condicionada en la práctica. Ya no se trata únicamente de sanciones o presión diplomática, sino de mecanismos de imposición sobre áreas estratégicas del Estado.

La presión dejó de limitarse al plano militar visible o económico y comenzó a extenderse hacia la seguridad y la defensa. La presencia operativa de agencias extranjeras, estructuras de inteligencia y equipos técnicos vinculados a funciones internas ha introducido nuevas áreas de dependencia dentro del aparato estatal.

En paralelo, la gestión de los recursos estratégicos, incluidos los ingresos petroleros administrados por Estados Unidos, se desarrolla en circuitos de poca o ninguna visibilidad.

Lo que ocurre en Venezuela constituye una forma de ocupación funcional: un control ejercido desde el exterior, sin administración directa ni declaración formal de guerra. Esta modalidad de dominación bajo coacción contradice un principio central del derecho internacional: el consentimiento obtenido mediante amenaza o uso de la fuerza carece de legitimidad. El artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados lo establece de manera inequívoca.

Por otra parte, el Reglamento de La Haya de 1907 y la Cuarta Convención de Ginebra establecen que cualquier potencia que ejerza control sobre otro país debe respetar su Constitución y sus leyes. Este principio se viola cuando la actuación externa se extiende hacia funciones propias del Estado venezolano, como la gestión de recursos naturales o la administración de ingresos nacionales, ámbitos que forman parte de su esfera de decisión soberana.

En este marco, un Estado puede firmar acuerdos, reformar leyes o reorientar su  política económica, pero si lo hace bajo presión militar sostenida, ese consentimiento queda condicionado. No se trata de que cada contrato firmado sea automáticamente ilegal. Lo que ocurre es que todos los acuerdos nacen marcados por una fragilidad de origen. Los actos realizados bajo coacción suelen mantener validez solo mientras se mantiene la correlación de fuerza que los hizo posibles, tanto en el plano interno como en el internacional.

Las reformas económicas e institucionales impulsadas en Venezuela —en áreas petroleras, mineras o financieras— pueden contener elementos racionales desde el punto de vista técnico. Sin embargo, el problema central no reside únicamente en su contenido, sino en las circunstancias bajo las cuales son adoptadas. En un contexto de coacción, incluso las medidas más funcionales quedan condicionadas por la lógica de la presión externa.

Lo que está en juego es un principio básico del orden internacional: si la fuerza puede sustituir de manera permanente al consentimiento. La historia muestra que la coacción militar y económica puede generar formas transitorias de aquiescencia. Lo que no puede producir es legitimidad duradera.