Argentina: El caso $Libra puede llegar a la CIDH

El escándalo de la causa “Libra” que involucra a altísimos funcionarios del gobierno libertario argentino -empezando por el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina, la secretaria general de Presidencia- vuelve a poner en evidencia la persistente y problemática conexión entre el Poder político y el Poder Judicial. Tanto cuando se protege a un funcionario ocultando hechos de elocuente ilegalidad como cuando se utiliza el aparato judicial como herramienta de persecución, ese vínculo erosiona la calidad del sistema republicano.(1)

En ese marco las omisiones, los ocultamientos de pruebas y las demoras en la tramitación de la causa “Libra” no aparecen como hechos aislados, sino como síntomas de un funcionamiento que compromete la eficacia misma de la investigación, delegada en el fiscal Eduardo Taiano.

Los entretelones de este expediente obligan entonces a pensar alternativas para evitar, una vez más, la impunidad.

La Argentina es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Ese tratado impone obligaciones concretas.

En materia de derechos humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana condenó al Estado Argentino a abonar una indemnización a los hijos de dos desaparecidos, considerando que la Corte Suprema de la Nación había violado la Convención Americana de Derechos Humanos al considerar prescripta la acción civil (caso Julien Grisonas vs. Argentina)

El acceso a esa instancia internacional tiene requisitos exigentes fijados en la misma Convención. Uno de ellos es el agotamiento de los recursos internos, incluso ante la Corte Suprema. Pero la propia Convención establece una excepción decisiva: cuando existe una demora injustificada en su tramitación.

Y aquí aparece un punto central. La jurisprudencia interamericana ha sido clara: hay demora injustificada cuando el proceso no avanza por falta de impulso de las propias autoridades judiciales. Cuando el juez no decide. Cuando el fiscal no investiga. Cuando el expediente queda detenido sin explicación.

Cuando la demora y las omisiones afectan intereses colectivos —como ocurre en investigaciones que involucran a funcionarios públicos— el deber estatal es aún más intenso. No se trata solo de un caso individual: está en juego la calidad institucional y el derecho de toda la sociedad a saber si quienes ejercen el poder han cometido delitos.

Cuando un fiscal demora una investigación u oculta pruebas o un juez archiva una causa sin colectar pruebas, estamos frente a una determinación deliberada. No son investigaciones que fracasan. Son investigaciones que nunca empiezan.

¿Será que la inactividad del fiscal en la causa “Libra” es el problema?

En contextos donde la inacción o la demora amenazan con vaciar de contenido el derecho a la verdad y a la justicia, la intervención del sistema interamericano aparece como una instancia posible. Cumplidos los exigentes requisitos, es también una garantía frente a la desidia. Cuando quien tiene el deber de impulsar la acción penal no investiga, no actúa o deja transcurrir el tiempo hasta volver ilusorio cualquier resultado, el derecho internacional ofrece una vía para restituir lo que el ámbito interno niega.

Siempre está la Corte Interamericana de Derechos Humanos para obtener justicia más allá de nuestras fronteras.

Nota

El caso $LIBRA involucra a varios involucrados en una criptomoneda que se lanzó con el respaldo del presidente  Javier Milei, generando pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores. La investigación ha revelado reuniones  previas entre Milei y los responsables del proyecto, incluyendo a Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis.  La querella ha solicitado la indagatoria de los principales involucrados, incluyendo a Javier y Karina Milei .

• Abogada, exdirectora del Banco Central