Procesan a corruptos en las compras de medicamentos para discapacitados

El juez Sebastián Casanello procesó este lunes a Diego Spagnuolo, a su segundo Daniel María Garbellini y a otras 17 personas en la causa por presunta corrupción en las licitaciones de las compras de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo no tomó decisión sobre los otros funcionarios que recibieron su parte de las coimas, como la Secretaria general de la Presidencia (y hermana del mandatario), Karina Milei,

A Spagnuolo, exabogado de Javie Milei y extitular de ese organismo lo acusó por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor; defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, en calidad de autor; y cohecho pasivo, en calidad de autor, los cuales concurren idealmente entre sí; y asociación ilícita, en calidad de jefe”.

El juez  definió la situación procesal de los indagados antes de la feria y señaló que la investigación no se agotaría en los hechos descubiertos hasta ahora. «La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad», estampó el magistrado

Casi todos los diarios señalan correctamente la noticia del procesamiento de Spagnuolo, el ex titular de ANDIS  junto a otros 18 funcionarios, acusado de cobrar coimas y realizar compras de medicamentos con sobreprecios. La noticia que le sigue es la renuncia de Demian Reidel de Nucleoeléctrica, también acusado de contratos con sobreprecios.

Reidel, amigo de Javier Milei antes de su llegada a la presidencia, encarnaba el ala técnica del proyecto libertario. Su presencia en giras oficiales y discusiones estratégicas lo colocó como una voz influyente dentro del esquema presidencial, donde funcionaba como puente entre el mandatario y sectores financieros y académicos que el gobierno buscaba interpelar.

Spagnuolo, en cambio, representaba una confianza de naturaleza más personal. Abogado de Milei antes de su llegada a la Casa Rosada, su desembarco en la gestión pública respondió a ese vínculo.

No son simples funcionarios que cometieron un delito. Golpean de lleno en el círculo de confianza presidencial. Recordemos las acusaciones sobre el 3% de coima para la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei que se escucharon en el audio. El mismo audio que Spagnuolo había dicho, después de varios meses de haberse conocido, que había sido hecho con Inteligencia Artificial. El procesamiento no se basa en la veracidad de los audios, se basa en otra documentación, pero la investigación continúa: ¿avanzará sobre la veracidad del contenido de las filtraciones?, se pregunta la prensa local.

Pero estos no fueron los únicos casos de corrupción del mileinismo: también estuvieron el caso $Libra (ma estafa con criptomonedas alentada por el propio mandatario), las denuncias por venta de candidaturas, las denuncias contra José Luis Espert, principal candidato en las últimas elecciones, por haber sido financiado anteriormente con dinero de un narcotraficante, las denuncias a la candidata rionegrina Lorena Villaverde, también por haber sido detenida por narcotráfico en Estados Unidos, y -como si todo esto fuera poco- la difundida venta de reuniones con el Presidente por parte de su hermana Karina.

Las investigaciones por corrupción en ANDIS y Nucleoeléctrica golpean de lleno en el círculo de confianza presidencial de Javier Milei. Si las instituciones son habitadas por funcionarios que ven al Estado como una fuente de beneficios personales, ¿por qué alguien debería votarlos?, señala el editor de Perfil Jorge Fontevecchia.

“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el juez Sebastián Casanello

Vale mencionar que en ninguna parte de la resolución el magistrado tuvo en cuenta el contenido de los audios atribuidos al entonces titular de la Andis, que publicó toda la prensa. Atacar esos audios ha sido la estrategia que utilizó la defensa del exfuncionario para intentar invalidar la investigación y de hecho es algo que el juez mencionó en su resolución pero no contestó de manera directa.

«Un día alguien contará que en la Argentina hubo un grupo de personas encabezadas por el presidente y su hermana que robaban a las personas con discapacidad. Creerán que son cuentos perdidos de Roald Dahl, el creador de Los Cretinos, aquellos cuentos terribles para niños. Y que el Pájaro Gordinflón, nunca llegó. La verdad es que Spagnuolo nos hace mas fácil todo, evita las discusiones. Él lo denunció y la Justicia lo pudo constatar. Así de simple. Karina (Milei, acusada de recibir el 3% de las coimas) zafa, por ahora, señala Víctor Hugo Morales,

“Robo para la Corona”, el título del libro de Horacio Verbitsky (1991), plantea una idea clásica: la corrupción como apropiación privada del Estado. La “corona” es el círculo íntimo del poder durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. El robo aparece como botín personal, enriquecimiento de funcionarios y allegados, favores cruzados y comisiones. El eje es patrimonial: el Estado se convierte en caja de negocios. Es una corrupción que se presenta como privatización del poder público.

Dos sobrinos del expresidente Menem figuran en el círculo aúreo del gobierno mileinista:  Eduardo (más conocido como Lule) subsecretario de Gestión Comunicacional) y Martín, presidente de la Cámara de Diputados. La corrupción no nace únicamente de la codicia individual, sino de estructuras que normalizan privilegios, erosionan la confianza y convierten el poder público en recurso capturable, y por ello es inseparable de cómo se organizan las instituciones y las expectativas sociales.

Al igual que Spagnuolo, para el juez el entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, también posibilitó que personas ajenas al organismo intervengan en decisiones internas o accedieran a información reservada clave para el esquema ilegal. El juez también lo procesó sin prisión preventiva y le imputó ser jefe de asociación ilícita junto con negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada.

En tanto, a Garbellini lo acusó por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autor; y defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, en calidad de autor; los cuales concurren idealmente entre sí; y asociación ilícita, en calidad de jefe, que concurre realmente con los anteriores”. En el fallo, al que accedió PERFIL, hay chats que muestran mensajes que Garbellini enviaba a Roger Grant en el que ordenaba “otro tema; NEUROSALUD, sacalo de las invitaciones de insumos”, lo que exhibe el poder de dicho funcionario.

Casanello también procesó, en todos los casos sin prisión preventiva y prohibió la salida del país, a Miguel Ángel Calvete y a su hija Ornella, Pablo Atchabahian, Diego Martín D’Giano, Roger Edgar Grant, Eduardo Nelio González, Lorena Vanesa Di Giorno, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastín Fuentes Acosta, Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Muñoz, Julio César Viera, Patricia Canavesio, Ruth Noemí Lozano y Luciana Ferrari.

El juez Casanello afirmó que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. El magistrado trabó embargos sobre los bienes de todos los imputados: los más altos fueron para Miguel Ángel Calvete, Spagnuolo y  Garbellini, y decretó la prohibición de distribuir dividendos a los procesados respecto de las firmas Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.

El centro de operaciones de “actividades ilícitas” se habría extendido hasta dos meses después de conocidos los audios de Spagnuolo. Casanello recordó que según el dictamen del fiscal Picardi la agencia habría funcionado, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas: “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando.

Y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”. En este punto la Justicia marca que el funcionamiento discrecional se habría extendido incluso luego de conocerse los audios adjudicados a Spagnuolo, en agosto pasado.

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