La salud en Argentina: Crisis estructural. desposesión, plusvalía

María Fernanda de la Quintana

​Lo que queda del derecho a la salud en Argentina es el vestigio de un pacto social distributivo y de un proyecto, aunque inacabado, de Estado de Bienestar. Sin embargo, su deterioro actual opera como el síntoma más nítido de un fenómeno estructural y sistémico: la profundización de la pobreza crónica y la fragmentación institucional inherentes al régimen de acumulación del neoliberalismo periférico tardío.

​La crisis sanitaria se explica por el resultado histórico de un proceso de desposesión sistemática de carácter económico, institucional y simbólico y no por una deficiencia de gestión coyuntural. En este esquema, la pobreza masiva es funcional al modelo. La debilidad del sistema público de salud emerge, entonces, como un instrumento de la política económica diseñado para mantener e incrementar la tasa de ganancia del capital mediante la reducción del capital variable no salarial.

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El arco histórico de la ciudadanía sanitaria: auge, fractura y límite

​La trayectoria de la salud argentina está ligada a la ampliación de su demos. Entre 1946 y 1975 se consolidó un modelo expansivo de ciudadanía sanitaria a través de la creación del Ministerio de Salud y el robustecimiento de las Obras Sociales sindicales. La salud se formalizó como un derecho fundamental y componente del bienestar colectivo.

​Este vector de institucionalización se quebró en 1976 con la dictadura cívico-militar, que impulsó la descentralización hospitalaria a las provincias sin la correspondiente transferencia de fondos, iniciando un debilitamiento estratégico de la capacidad estatal. La Reforma Neoliberal de los años noventa profundizó esta fractura, acelerando la mercantilización y la desregulación.

Esto condujo a la emergencia de un sistema tripartito (público, obras sociales, prepagas) que cristalizó la fragmentación y la reproducción de desigualdades. Aunque el período 2003–2015 intentó una recomposición parcial mediante la inversión pública, no logró revertir la fragmentación estructural ni reconstruir los soportes materiales perdidos, como el empleo formal masivo.

​La función económica del deterioro: pobreza, plusvalía y fracaso distributivo

​El colapso actual del derecho a la salud es un choque frontal con una realidad superior: la pobreza estructural que supera el 40% general. Esta persistencia no es una coyuntura, sino un régimen de reproducción social. Los sistemas de protección no colapsan por fallas técnicas, sino por la ruptura de sus soportes fundamentales: el empleo formal estable y el ingreso digno.

​Desde la óptica de la economía política, el des-financiamiento del sistema público es una política con un objetivo claro: disminuir el capital variable no salarial (servicios sociales públicos) para así aumentar la plusvalía absoluta. Al retraer la inversión estatal en salud, el Estado reduce los costos de reproducción de la fuerza de trabajo que, de otra forma, deberían ser asumidos por el capital privado. Esto constituye una transferencia regresiva de valor hacia las élites económicas.

Este proceso se entrelaza con el fracaso de la democracia distributiva post-1983. Al apropiarse las mayorías de apenas un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB), la democracia sin redistribución degenera en frustración y facilita el éxito de alternativas políticas que cuestionan la legitimidad misma de los derechos sociales.

​El neoliberalismo periférico: arquitectura de escasez y fragmentación

​El modelo neoliberal en la periferia no busca solo la privatización directa, sino la precarización, fragmentación e inducción estratégica de escasez para reorganizar la sociedad en función de la rentabilidad.

El subfinanciamiento estratégico (salarios desactualizados, falta de insumos) es una condición necesaria. La escasez inducida se instala bajo el eufemismo de «eficiencia» y sirve para naturalizar la privatización como la única «solución de sentido común» para la clase media. Al mismo tiempo, el proletariado se halla fragmentado y debilitado por la precarización laboral.

La élite económica, volcada a la especulación financiera, encuentra en el vaciamiento de derechos un mecanismo para preservar sus rentabilidades de corto plazo, siendo la salud pública una de las primeras víctimas.

​El menoscabo bioético: de la dignidad al capital

​La desposesión estructural en salud tiene consecuencias económicas y políticas, menoscaba profundamente la dimensión bioética del cuidado y la dignidad humana. La bioética, entendida tradicionalmente en el marco de los principios de Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia, es violentada en su pilar fundamental: la Justicia Distributiva y el principio de Equidad.

Doble Estándar Bioético: La aplicación de políticas neoliberales en salud impone un doble estándar moral y práctico. Mientras el subsistema privado promueve el acceso a la tecnología más avanzada y tratamientos personalizados bajo la ética de la autonomía y el consumo individual (propia de la bioética clínica), el subsistema público se rige por la ética del racionamiento y la escasez, donde la vida y la salud se valoran bajo criterios de costo-efectividad.

Este doble estándar implica que la dignidad humana y el derecho a no sufrir (No Maleficencia) se subordinan a la capacidad de pago, anulando la universalidad del derecho a la salud.

​Violación de la Justicia: El deterioro funcional del sistema público transforma el derecho universal en un privilegio mercantilizado. Al imponer una barrera de acceso efectiva (demoras, falta de insumos, profesionales precarizados) basada en la capacidad de pago, la política de des-financiamiento crea una doble ciudadanía sanitaria. Los pobres no acceden a la misma calidad de vida ni a la expectativa de vida de quienes pueden pagar un sistema privado, negando la máxima de que todos los ciudadanos deben tener un acceso equitativo a los bienes básicos para una vida digna.

​Negación de la Beneficencia y No Maleficencia a Escala Social: La escasez inducida implica que el Estado, en lugar de obrar en beneficio de la población (beneficencia), actúa por omisión o acción, incrementando el riesgo y el sufrimiento social (maleficencia). La falta de inversión en infraestructura, la migración de profesionales calificados y el sub-financiamiento de programas de prevención comprometen directamente la salud y la vida de las mayorías.

​Desigualdad como Criterio de Decisión: Las decisiones de política sanitaria dejan de basarse en criterios epidemiológicos y de necesidad, para basarse en criterios de costo-efectividad que favorecen la acumulación de capital. Esto traslada la carga de la enfermedad, la vejez y el cuidado a las familias y las comunidades, profundizando las desigualdades de género y clase. En el neoliberalismo periférico, la enfermedad de la mayoría es un costo a minimizar, no una necesidad humana a resolver.

 La salud como termómetro del Proyecto Nacional

​La crisis sanitaria no es técnica, sino política; no es circunstancial, sino estructural. La disyuntiva que enfrenta la nación es clara: o se construye una nueva Matriz de Integración y Distribución con capacidad de cohesión y equidad, o se continuará administrando la disolución progresiva de los derechos ganados en función de la maximización de la tasa de plusvalía del capital.

​Recuperar el horizonte de un Estado garante exige un Pacto Social Irreductible que eleve la salud a derecho efectivo y de cumplimiento obligatorio. La salud es el umbral mínimo de dignidad y el termómetro más claro de la cohesión nacional. Allí se juega el destino colectivo.

* Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética. Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina”., Universidad de Buenos Aires.