800 millones de pobres, la principal deuda social planetaria

30 años después, la segunda Cumbre para el Desarrollo Social

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Sergio Ferrari

En menos de dos semanas arranca en Doha, Catar, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Convocatoria marcada por la crisis del multilateralismo, así como por una fatiga inevitable tras tantos eventos de las Naciones Unidas con relativamente pocos resultados. A pesar de algunos avances sociales, los esfuerzos de dicha organización lucen frágiles debido a los estragos causados por la persistente pobreza mundial.

Esta será la segunda cumbre, a treinta años de la de 1995 en Copenhague, y entre el 4 y el 6 de noviembre reunirá a miles de representantes de gobiernos e instituciones internacionales y de la sociedad civil. El programa incluye una sesión oficial y una paralela. Esta última, con un día para el Foro de la sociedad civil y otro para el Foro del sector privado (https://social.desa.un.org/es/world-summit-2025/programme).

Hasta la tercera semana de octubre, los medios de información poco se interesaron en la dinámica preparatoria de la Cumbre de Catar, desde ya eclipsada por una coyuntura mundial donde los conflictos en Palestina y Ucrania, así como la imposición unilateral de aranceles por Washington, parecen definir otras prioridades.

Desde Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que tres décadas después de Copenhague esta nueva convocatoria busca evaluar el progreso alcanzado y definir nuevas estrategias para los desafíos actuales. Según la CEPAL, “persisten problemas como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en un contexto de crisis globales y cambios acelerados”, de allí la esperanza de que esta cumbre ofrezca una oportunidad clave para fortalecer compromisos y promover políticas que garanticen mayor cohesión social y movilidad económica.

“América Latina y el Caribe, con una larga trayectoria en el debate sobre desarrollo social”, anticipa la CEPAL, “presentará propuestas para reducir la desigualdad y mejorar la inclusión social”. Como expresión de deseos esta organización latinoamericana espera que la cumbre sirva como plataforma para consolidar una perspectiva común que refuerce la gobernanza, la cooperación internacional y el papel de la sociedad civil en la implementación de políticas efectivas para el desarrollo sostenible (https://www.cepal.org/es/segunda-cumbre-mundial-desarrollo-social).

Fatiga de Cumbres

A fines de mayo pasado, la agencia informativa IPS publicó un comentario analítico titulado “La Cumbre Social Mundial de 2025 no debe ser una oportunidad perdida”. Escrito a seis manos por Isabel Ortiz, Odile Frank and Gabriele Koehler, tres dirigentes femeninas de prestigio en instituciones internacionales miembros de la organización Justicia Social Global, el análisis señala que “En la sede de la ONU circulan rumores de que hay poca ambición en la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social… [y que] diplomáticos y expertos hablan de una ‘fatiga de cumbres’ tras un calendario repleto de reuniones globales: la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2023, la Cumbre del Futuro de 2024 y la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de 2025” (https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/109/2025/04/Zero-Draft-clean-as-of-24-April-2025-12pm.pdf)

Además, deslizan que el Borrador de la Declaración Política de la Cumbre Social “carece de la ambición necesaria para enfrentar las múltiples crisis sociales que atraviesa nuestro mundo” (https://ipsnoticias.net/2025/05/la-cumbre-social-mundial-de-2025-no-debe-ser-una-oportunidad-perdida/).

Para estas tres coautoras, la realidad es contundente: “Hay demasiado en juego. El mundo ha cambiado dramáticamente desde la histórica primera Cumbre Social de 1995 en Copenhague. En aquel entonces, los líderes mundiales reconocieron la necesidad de un desarrollo centrado en el ser humano. Hoy, la urgencia ha crecido exponencialmente en un mundo fracturado y volátil”.

El punto clave del comentario es el análisis de la actual situación mundial, con una población que debe enfrentar múltiples crisis superpuestas: una policrisis pospandémica, una crisis del costo de vida que ha empujado a millones a la pobreza, la priorización del bienestar corporativo sobre el de las personas, un rápido deterioro democrático que agrava las desigualdades, una creciente emergencia climática y una prolongada crisis de empleo que, con toda probabilidad, se deteriorará drásticamente debido al uso de la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, la confianza en los gobiernos y en las instituciones multilaterales se está erosionando, el descontento social y las protestas se multiplican y las desigualdades, tanto internas como internacionales, han alcanzado niveles grotescos. Por todo ello, coinciden, “Una declaración tímida [en la Cumbre de Catar de noviembre] … sería una traición a quienes siguen viendo en las Naciones Unidas un modelo de justicia y dignidad humana”.

¿Cómo evitarlo, se interrogan? Según ellas, la Declaración debe definir acciones vinculantes y compromisos explícitos para construir sociedades que funcionen y generen prosperidad para todos. Esto implica, entre otras iniciativas, “reducir las desigualdades de ingresos y riqueza que socavan profundamente la cohesión social, la gobernanza democrática y el desarrollo sostenible”. Además, reconocer la justicia de género como un pilar fundamental, sin la cual se estaría traicionando a la mitad de la humanidad y fracasando en su misión de promover los derechos humanos, la dignidad y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, insisten Ortiz, Frank y Koehler, se debe garantizar servicios públicos universales y de calidad a través de sistemas financiados y gestionados con fondos públicos para proteger a los trabajadores, eliminar barreras a los servicios de calidad mediante una sólida inversión pública basada en una financiación más justa y proteger el desarrollo social de los recortes presupuestarios y la privatización.

Con respecto a la creciente precariedad de ingresos, proponen abordarla mediante la inversión en trabajo decente con derechos/estándares laborales y la extensión de sistemas y niveles de protección social universales. Y promover una economía del cuidado que apoye a la mujer y priorice el bienestar sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Conceptualmente, sostienen, se debe reconocer las limitaciones de los paradigmas centrados en el crecimiento y en cambio adoptar políticas orientadas a la sostenibilidad ecológica y el desarrollo equitativo. No menos esencial en este panorama reivindicatorio es el combate contra los movimientos anti-derechos y anti-género y la reafirmación de los compromisos globales con los derechos humanos y la democracia.

El avance hacia la justicia social mundial confronta al planeta a sus propias contradicciones sistémicas, entre un ideal de mayor redistribución –con Estados sociales más fuertes – y un sistema hegemónico centralizador en lo económico y excluyente y discriminatorio en lo social.