Milei no es tan tonto como para no entender, pero habiendo acordado con el capital financiero de Manhattan (BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, Pimco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, etcétera), que repatrió y propuso a sus cinco principales funcionarios en el área (Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werning, José Luis Daza y Pablo Quirno), se subordina a ellos, quienes carry trade mediante combinan altas tasas de interés con retraso cambiario, generando una abismal renta en dólares.
Esto implica nuevos endeudamientos para pagarla (deuda que se convierte en fuga), y reducción del gasto público con el único objetivo de generar un superávit primario para pagar los intereses en pesos y/o convertirse en divisas.
Obviamente que semejante discrecionalidad impacta en el sistema económico y social, empobreciendo y endeudando al país, condicionándolo a obtener nuevos créditos para pagar una deuda que crece por sí sola para beneficio de los acreedores.
Sin embargo, después de las elecciones del domingo pasado la actual administración tenía que hacer frente a vencimientos de títulos en pesos por 7,3 billones (equivalentes a unos 5.000 millones de dólares) en la primera licitación de las dos mensuales, el miércoles 10, y tanto las tasas como los plazos fueron más convenientes que en la realizada en agosto.
En el primer llamado de agosto el nivel del rollover fue del 61%, lo que dejó liberados unos 5,8 billones de pesos. Ello a su vez obligó al Ministerio de Economía a armar una nueva licitación en la que ofreció bonos TAMAR (la tasa que pagan los bancos a sus depositantes por imposiciones mayores a un billón de pesos) a noviembre de este año, mientras el Banco Central incrementaba los encajes para absorber el excedente de liquidez.
En el segundo llamado de agosto, el miércoles 27, los vencimientos en poder de bancos y tenedores privados sumaban 9,1 billones de pesos, que logró refinanciar pagando tasas del 75,66% (4,81% mensual) en Lecaps (Letras capitalizables) al 30 de septiembre, y colocando Bonos TAMAR (con una tasa ese día del 64,13% nominal anual) y TIREA (86,78%).
El miércoles último el gobierno logró renovar el 91,4% de los compromisos (adjudicó 6,633 billones de pesos) y las tasas anuales estuvieron cerca del 60% (tasa mensual de casi 4%, más del doble de la inflación del 1,9% de agosto según el IPC del INDEC, pero menor a la que el Tesoro de la Nación pagó ese mes). Más de la mitad de lo recaudado se concentró en el instrumento más corto, pero que vence cinco días después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Es obvio que hubo un acuerdo con los principales bancos tenedores de títulos públicos (Santander, BBVa, Macro, Galicia, Supervielle, Citi, etc.) y con la ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos [1]), donde no es ajeno el capital financiero de Manhattan con participación en las acciones de los bancos nombrados y de las empresas que cotizan en ByMA.
En paralelo, el equipo de Economía no dejó trapisonda por hacer, como la de intervenir dentro de la banda de flotación con dólares del Tesoro que debería conservar para hacer los pagos de divisas que restan para el corriente año y el comienzo de 2026; o la de realizar contratos a futuro de venta de dólares a un precio similar al vigente (precio presente o spot), mientras paga tasas en torno al 4% mensual en pesos, garantizando la renta financiera.
Y hasta la venta de divisas que tienen asignación específica, como los créditos del BID [2] y del BIRF, o la denuncia de los trabajadores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS por la venta de bonos y acciones a un precio menor al real.
En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington para verse con la directora general del FMI, Kristalina Georgieva. Según el breve comunicado del organismo, “fue informado de las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de divisas que, según explicaron las autoridades argentinas, fueron una respuesta temporal al aumento de la volatilidad del mercado”, para aseverar que el FMI ve con preocupación “la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados sobre la actividad económica”.
Es obvio que fue a pedir autorización para emplear el crédito del FMI para intervenir en el mercado cambiario argentino, cuando la carta orgánica de constitución del organismo internacional de crédito lo prohíbe expresamente, y seguramente para ver la posibilidad de que le otorguen un nuevo tramo de los 6.000 millones de dólares que quedan pendientes del crédito por 20.000 millones otorgado el 14 de abril último.
Desde la primera revisión, la Argentina no cumplió las metas de acumulación de reservas internacionales acordadas con los negociadores del Fondo, el chileno Rodrigo Valdez y el venezolano Luis Cubeddu. Pero esa vez prevaleció el respaldo político conseguido por el ministro Caputo: ambos funcionarios fueron apartados de sus cargos y el FMI concedió la ampliación del crédito. Milei en persona solicitó en forma pública la remoción de Valdez, a quien acusó de conspirar contra la Argentina.
Los roces entre funcionarios y gobiernos son moneda corriente, pero una derrota tan humillante como la que padeció el ex ministro chileno es extremadamente inusual. Los funcionarios son desplazados cuando los programas que apoyaron fracasan, no a solicitud de los controlados.
Obviamente, el actual jefe de la misión, el nepalí Bikas Joshi, se muestra más prudente y sabe que Caputo representa al capital financiero de Manhattan y se subordina a las directivas del staff del organismo, guardando silencio y cumpliendo órdenes.
Todas las mentiras de que tenían controlada la inflación, con una tasa fija de devaluación que comenzó a ser del 2% y luego del 1% mensual, volaron por el aire con la corrida cambiaria y la pérdida de reservas internacionales por 6.300 millones de dólares desde el primer día hábil de 2025 hasta el 11 de abril de este año. Después, diciendo que era una nueva etapa, por el mecanismo de la banda de flotación, derraparon aún antes de las elecciones del 7 de septiembre, cuando debieron convalidar las tasas en agosto, que a la hora de pagarlas significaron mayor emisión de dinero.
Incrementaron la Base Monetaria en 502,3% desde el 10 de diciembre 2023, superando holgadamente el IPC, que en igual período creció un 181,3%, o el precio oficial del dólar, que lo hizo en 367% (de 400 a 1.468 pesos el viernes último).
SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO 2023-2025
Y si se incrementaron las reservas internacionales brutas del BCRA de 21.428 a 40.511 millones de dólares el martes 9 de septiembre. Fue por que ingresaron:
De esos 46.224 millones, pueden justificar una parte por el pago de los servicios de la deuda pública (con los generosos intereses que pagan), pero la fuga de capitales supera los 25.000 millones de dólares, suma que más que amerita una fuerte auditoría de investigación y la correspondiente presentación ante la justicia.
Las cuentas públicas
Recién el próximo jueves, 18 de septiembre, la Secretaría de Hacienda publicará el resultado fiscal de agosto, pero en los datos de julio debieron reconocer el déficit financiero para ese mes de $168.515,2 millones, producto de un resultado primario de $1.749.385,5 millones y el pago de intereses de deuda pública neta intra-sector público por $1.917.900,7 millones. En los siete meses del año los intereses de la deuda superan holgadamente el superávit primario, pero colocan títulos capitalizables (esencialmente LECAPs) que les permiten postergar su pago (y contabilización) en meses venideros.
De no realizar ese financiamiento por parte del Tesoro de la Nación, y pagar los intereses a su vencimiento, la suma total de los mismos (ante la magnitud y la perentoriedad en los plazos de la deuda bruta) representaría más del 40% del gasto ejecutado.
No podrían pagar ni las remuneraciones, ni las magras jubilaciones y pensiones que abonan. Realizaron una brutal reducción del gasto público de la Administración Nacional, que el ministro Caputo se jacta de fue del 5,5% del PIB en mayo (el gasto total era del 22,5% en 2023 y lo llevaron a 17%).
La mayor reducción es en la obra pública (1,8% del gasto total, cuando en el kirchnerismo representó siempre dos dígitos del gasto y llegó a ser del 16,85% en 2014). Ni siquiera se hacen tareas de mantenimiento, en una virtual parálisis de proyectos esenciales para el desarrollo, desde la infraestructura vial hasta escuelas, hospitales y redes básicas como las de agua potable.
A la ignorancia supina de la administración pública se suma la necedad ideológica del ajuste fiscal, que implicó la eliminación o debilitamiento significativo de organismos claves del Estado como el INTI, INTA, DNV, ANMAT y CONICET, etcétera.
Cuando reprogramaron el Presupuesto 2023 para incluso ejecutarlo en 2025, el Presidente Javier Milei, hablándole a sus mandantes, dijo textualmente: “El año que viene (por el 2025) la prioridad es pagar la deuda”.
En síntesis
Pese a ese grado de desequilibrio e irracionalidad, el capital local nucleado en la Asociación Empresaria Argentina (AEA [3]) y sus satélites hablaban de “resetear” la economía argentina con una reforma laboral y tributaria [4] que los beneficiara en exclusividad, y pretendían que a su vez se les permitiera adueñarse de los recursos naturales
(petróleo, gas, litio, minerales raros, cobre, oro, plata, hierro, uranio, agua pesada, agua potable, etc.) que por la Constitución Nacional pertenecen al pueblo argentino, no a los gobiernos.
Ahora, ante el desplazamiento por al capital extranjero, la renta financiera (y las altas tasas que deben pagar para financiarse), la caída del consumo y del nivel de actividad, se dan cuenta de su propia estupidez. Sin financiamiento externo no pueden cumplir las metas de exportación y crecimiento de Vaca Muerta. Les habían prometido que iban a invertir y solo trajeron capitales especulativos, que implican deuda y fuga.
La burguesía local trata de terminar con el período Milei que ella misma impulsó, pero el capital financiero de Manhattan (y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos) no está dispuesto a ceder un Presidente tan servil a sus intereses.
Notas
[1] Nace en el año 2013 de la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Bolsa de Buenos Aires.
[2] En el caso del crédito del BID, la denuncia hecha por los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por 265 millones de dólares que el BID aprobó para los programas de asistencia y nunca ingresaron a la Agencia.
[3] Son socios de AEA: Luis Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Federico Braun, Alberto Hojman, Eduardo Elsztain, Marcelo Argüelles, Claudia Álvarez Argüelles, Martín Brandi, Alejandro Butti, Eduardo Costantini, Claudio Cunha, Ignacio Lartirigoyen, Amadeo Vázquez, Pierpaolo Barbieri, Aldo B. Roggio y Juan Iramain.
[4] Es la reforma que les promete Milei y que enviará este mes al Congreso de la Nación.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).