Europa-Mercosur, críticas desde ambas orillas: ¿acuerdo?

Sergio Ferrari

A inicios de julio y luego de 8 años y 14 rondas de negociaciones, los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron la conclusión de un tratado de libre comercio con sus contrapartes de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la cual reúne a Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Aunque el proceso de revisión jurídica, suscripción formal y ratificación por parte de cada parlamento podría durar varios meses, el fin de las negociaciones de este “mini acuerdo” manda una señal política por elevación a las partes que deben ratificar el “gran acuerdo”. Es decir, el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el conjunto de los 27 Estados de la Unión Europea (UE). Aunque aceptado formalmente en diciembre de 2024, el mismo transita la fase de debate parlamentario en los dos bloques.

Lo negociado entre el Mercosur y EFTA aparece, así, como un nuevo globo de ensayo de toda la negociación entre América del Sur y Europa, la cual es criticada por organizaciones campesinas y sindicales, así como por Organismos No Gubernamentales ambientalistas y de la cooperación con el desarrollo.

Estas críticas, en su momento, se concentraron en el “secretismo” de la discusión, concretamente, en el hecho de que un puñado de negociadores —que no incluía ni a los mismos parlamentarios nacionales— eran los únicos que conocían las propuestas iniciales del tratado. Ahora se centran en los contenidos esenciales que los movimientos sociales consideran riesgosos, tanto para el medio ambiente como para el campesinado y los trabajadores a ambos lados del Atlántico. 

Mercosur-EFTA, el acuerdo “pequeño”

El Tratado de Libre Comercio Mercosur–EFTA se propone crear un área de libre comercio de casi 300 millones de personas. Según el propio comunicado del Mercosur, “ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”. Su meta es abarcar prácticamente todas las áreas de actividades del intercambio.

Regirá el comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo la resolución de controversias. Incorpora también un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que las voces críticas consideran formal e insuficiente.

Suiza, uno de los países más interesados en concretar el Tratado, se refriega las manos de alegría. En 2024, las exportaciones helvéticas a los países del Mercosur ascendieron a 4.900 millones de dólares, mientras que sus importaciones, sin contar el comercio del oro, fueron cinco veces menores. Si bien el balance comercial ya le resultaba muy positivo a la Confederación Helvética, a partir de este  nuevo acuerdo –y según sus propios cálculos iniciales— casi 95% de sus exportaciones a los países del Mercosur quedaría completamente exento de aranceles.

Por su parte, Suiza le otorgaría al MERCOSUR 25 cuotas bilaterales de productos agrícolas sensibles, es decir, se comprometería a importar una determinada cantidad de bienes de su contraparte latinoamericana. Berna le reaseguró a su ciudadanía que estas cuotas de importación “son sostenibles para la agricultura suiza”.

El “gran” acuerdo Mercosur-Unión Europea en la mira

La Unión Europea y los países del MERCOSUR acordaron un tratado en diciembre de 2024 luego de casi cinco lustros de negociaciones. Ahora falta su ratificación por cada uno de los parlamentos sudamericanos y los 27 países europeos, así como la del Consejo y la del Parlamento Europeos. Sin embargo, algunas partes del acuerdo podrían entran en vigor provisionalmente tan solo con la firma de la institución supra europea y la de su contraparte sudamericana. De aprobarse definitivamente, éste sería uno de los tratados de libre comercio de más impacto a nivel internacional: cerca de 700 millones de personas en países que representan casi un cuarto del Producto Interno Bruto mundial.

La última palabra, sin embargo, aún no se ha dicho. Varios gobiernos europeos, incluyendo Francia, Austria y Polonia, se oponen, en tanto que otros, como Bélgica, podrían abstenerse (hasta ahora, Italia y Países Bajos se muestran escépticos). Para bloquear el acuerdo es necesario un mínimo de cuatro países que reúnan conjuntamente el 35% de la población de la UE.

Importantes actores sociales vienen manifestando desde hace años su abierta oposición a este tratado por considerarlo “un acuerdo tóxico para los agricultores, el medio ambiente y los derechos sociales y humanos aquí [en Europa] como en los países del Mercosur”. Numerosos “movimientos sociales, ONG, ciudadanos, agricultores, activistas, sindicatos, movimientos estudiantiles, mutualidades, asociaciones ecologistas y asociaciones de promoción de la salud”, entre otros, acaban de convocar una movilización en el Barrio Europeo de Bruselas (sede del ejecutivo de la UE) para el 4 de septiembre.

Si bien la votación en el Consejo de la Unión Europea podría realizarse a mediados de ese mes, es probable que la fecha precisa recién se anuncie a último momento, algo que preocupa a estas organizaciones. Según ellas, estos “procesos opacos” presuponen “intentos por debilitar nuestro movimiento”. De allí, argumentan, la necesidad imperiosa de autoconvocarse. Además explican que “algunos gobiernos [de la UE] intentan impulsar el acuerdo con un anexo sobre el clima, supuestamente destinado a responder a las críticas”. Sin embargo, sostienen los convocantes, “este anexo no modificaría en absoluto los impactos reales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y la agricultura, tanto aquí como en los países del Mercosur”.

Ira social en aumento

A mediados de julio,  cjuatro de las principales organizaciones urales euopeas les enviaron una carta a los responsables políticos de la UE para pedirles que rechacen el acuerdo comercial UE-Mercosur en su en su forma actual. Dicho convenio, argumentaron, podría causar “daños irreversibles” a sectores vulnerables de la agricultura europea y poner en peligro la soberanía alimentaria para los países sudamericanos.

Sus firmantes son el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultoras-es (CEJA), el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COGECA), la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), organizaciones representativas de una amplia diversidad de comunidades rurales y trabajadores del sector agroalimentario del continente.

Sus pares latinoamericanos también han estado expresando durante años su rechazo al tratado. Ya en febrero las mujeres de lka Vía Campesina marcaron claramente el terreno al afirmar que, aunque “el equipo diplomático del gobierno de Lula propuso revisar algunos aspectos, no cambian la esencia de la estructura neocolonial del acuerdo”.

Razón por la cual, afirmaron, “es urgente comprender la magnitud de las violaciones sociales previstas y también analizar la amenaza a los derechos de las mujeres, especialmente las mujeres del campo, las aguas y los bosques”. Por otra parte, y no menos preocupante, “el pilar comercial del acuerdo reitera asimetrías históricas pues establece aranceles externos desfavorables a los pueblos sudamericanos [al privilegiar] el antiguo intercambio de bienes minerales y agrícolas producidos por el Mercosur por los bienes industrializados provenientes de Europa, como vehículos, maquinarias y pesticidas”.

Sin embargo, la oposición no viene solo de los movimientos sociales rurales. De hecho, la última semana de julio la Central Única de los Trabajadores de Brasil (CUT) y la Coordinadora Sindical del Cono Sur (CCSCS) le entregaron personalmente una carta a la delegación de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo para expresar su oposición al actual Acuerdo MERCOSUR-UE. Parlamentarios europeos y varias organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de Brasil, asistieron a la ceremonia de entrega de este documento en la ciudad de San Pablo.

Redactado en colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), denuncia “la falta de transparencia en las negociaciones, la ausencia de participación social, el uso de un lenguaje inaccesible y los riesgos concretos que el acuerdo supone para los trabajadores, la industria regional y el medio ambiente”. Los sindicalistas consideran que el tratado profundiza una lógica neoliberal y neocolonial, favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento del desarrollo sustentable y la integración soberana de los países del MERCOSUR. De concretarse, agregan, el mismo provocará desindustrialización, reducción de la producción nacional y una mayor dependencia de las importaciones de productos manufacturados europeos.

Luego de 25 años de discusiones, ¿podrán América del Sur y Europa hacer pasar la píldora amarga de un acuerdo contestado por varios Estados y repudiado por importantes movimientos sociales de ambos continentes? Pregunta abierta, de muy difícil respuesta, y sobre un trasfondo alarmante. Como lo es la ofensiva mundial de aranceles lanzada estos últimos meses por el proteccionismo trumpiano, que promueve una nueva dinámica comercial y política que podría jugar a favor de los que apuestan a un “mal acuerdo” MERCOSUR-UE como mejor opción a “ningún acuerdo”.

*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)