Alianza americana contra la delincuencia, ¿insustancial y peligrosa?

Álvaro Verzi Rangel

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el lanzamiento de una alianza regional de seguridad contra la delincuencia que reúne a 18 gobiernos de América Latina y el Caribe, así como a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (Caricom), Interpol, el Banco Mundial y bancos regionales de desarrollo.

La iniciativa arrancará con apenas mil millones de dólares, cifra irrisoria para los objetivos trazados. Pero su mayor falencia no reside en el financiamiento, sino en la ausencia de Estados Unidos, México y Colombia, lo cual significa que el proyecto contra la delincuencia se pondrá en marcha sin tres de los países más relevantes de la región en esta materia, y principales focos de atención en el combate al crimen organizado en particular.

La Alianza operará sobre tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y reducir los mercados y flujos financieros ilegales. En ese sentido, promoverá políticas basadas en evidencia y acciones concretas. Estos son los países que se unieron a la Alianza: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.

La Alianza estará dirigida por un comité directivo y tres grupos de trabajo técnicos.. Estos grupos ya están avanzando en iniciativas específicas como la reducción de la violencia y el tráfico en comunidades en riesgo, la mejora de los sistemas de seguridad a través de la tecnología y la colaboración, y la reducción de los mercados ilícitos con herramientas y coordinación avanzadas, según el BID..

El acuerdo contempla el intercambio regional de antecedentes penales entre los miembros de la alianza y reuniones para discutir sobre el lavado de dinero vinculado a la minería ilegal en la Amazonia, con un fuerte enfoque social que busca reducir las vulnerabilidades de las comunidades, así como fortalecer la policía, las instituciones estatales de justicia y golpear el crimen financiero.

Todo se da bajo las premisas de que la delincuencia organizada no tiene fronteras y  que la seguridad debe ser parte de la solución para nuestro progreso económico. Y una forma que con esos pretextos se agudice la injerencia en terceros países y se utilice la alianza para derrocar gobiernos o imponer sanciones a las naciones.

“El crimen organizado opera a través de fronteras y exige una acción regional audaz y coordinada. Una mejor colaboración es fundamental para proteger a las comunidades, fortalecer las instituciones y capacidades, y desincentivar las actividades ilícitas en toda la región”, subrayó el presidente del BID, Ilan Goldfajn. El BID propone apoyar a los países con asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología. “Tenemos que usar herramientas de análisis e inteligencia basado en evidencias para saber dónde está el crimen, dónde hay que concentrar los recursos, porque enfrentamos a grupos más sofisticados”, explicó

En abril del año pasado, el Bid lanzó la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, herramienta para ayudar a los gobiernos de América Latina a incorporar evidencia científica para reducir el crimen y la violencia en la región. Esta plataforma abierta al público –señala entonces- contiene el primer repositorio con evidencias de seguridad y justicia dirigidas a Brasil y países hispanohablantes de América Latina.

Su objetivo es difundir de manera sencilla los mejores y más actualizados conocimientos acumulados a nivel mundial y en la región sobre la efectividad de las soluciones existentes en las áreas de prevención de la violencia infanto-juvenil, prevención de la violencia contra la mujer, seguridad urbana, justicia penal y reinserción social.

Sin México, Colombia ni EEUU

Estados Unidos no sólo es el destino de la inmensa mayoría de los estupefacientes elaborados en América Latina y otras zonas, sino además el lugar de origen de alrededor de 51 por ciento de las armas de fuego rastreadas en Centroamérica, 68 por ciento en México y 80 en todo el Caribe. Ello, con datos del gobierno estadounidense, por lo que los porcentajes podrían ser incluso mayores.

También es el mayor paraíso fiscal del planeta y una lavadora de dinero que trabaja sin descanso para blanquear e integrar a su economía los capitales provenientes del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el resto de las temas que Washington usa como pretexto para intervenir en los asuntos de otras naciones.

El señalamiento sobre lavado de dinero es admitido por la secretaria del Tesoro estadounidense , Janet Yellen, quien aceptó que ahora mismo, el mejor lugar para ocultar y blanquear las ganancias indebidas es en realidad Estados Unidos, y eso se debe a la forma en que permitimos que la gente establezca empresas ficticias sin revelar quién es el verdadero propietario.

Mientras, Colombia es el primer productor y exportador de cocaína y México, además de producir drogas que hanperdido su importancia relativa como fuentes de ingresos de los cárteles (la marihuana es legal en buena parte del territorio estadounidense y  la heroína fue desplazada por el fentanilo), es asimismo un corredor de paso casi obligado para el traslado de sustancias ilegales a Estados Unidos.

México es la principal víctima de la violencia desatada con el dinero de los consumidores de ese país y con las armas provistas por las armerías que lucran reforzando a la delincuencia. Una iniciativa de seguridad regional que excluya a estos tres actores nace muerta y se reduce a una simulación cuyo impacto en el ataque a la criminalidad o la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos será prácticamente nulo, señala un editorial del diario mexicano La Jornada.

“Queda una vez más en evidencia la inutilidad de los organismos multilaterales hemisféricos a la hora de diseñar eimplementar soluciones verdaderas a los desafíos de América Latina y el Caribe. De manera acusada, la OEA y el BID se revelan como tecnocracias frívolas que deben reformarse a fondo si se quiere que desempeñen sus funciones declaradas y sirvan como mecanismos de cohesión entre países en términos de respeto a las respectivas soberanías”, concluye.

*Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)